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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-11-2019

Medio millar de juristas denuncian que la sentencia del Procs vulnera el principio de legalidad

Ter Garca
El Salto

El informe publicado por la plataforma International Trial Watch sobre la sentencia del Tribunal Supremo seala que esta viola los derechos fundamentales por falta de previsin jurdica y por menospreciar los derechos de reunin y expresin.


Se ha atacado uno de los principios bsicos de un Estado de derecho, que es el principio de legalidad, ha afirmado hoy Beln Caballero, presidenta de la Asociacin Libre de Abogados (ALA). ALA es una de las 23 organizaciones que han firmado un informe elaborado por la plataforma International Trial Watch en el que se sealan las anomalas de la sentencia del Procs hecha pblica por el Tribunal Supremo hace apenas un mes y que condena a penas de entre nueve y 13 aos de crcel a nueve de los doce acusados por las movilizaciones por la autodeterminacin de Catalunya que tuvieron lugar en 2017.

International Trial Watch gestion durante todo el transcurso del juicio del Procs la presencia de juristas de renombre de todo el mundo como observadores internacionales. A partir de las observaciones de esos juristas, public un primer informe en el que se sealaban las irregularidades procesales cometidas en el juicio. Ahora, un mes despus de conocerse la sentencia, International Trial Watch hace pblico un nuevo informe en el que se analiza la sentencia y que ha sido apoyado por 23 organizaciones de juristas y por 533 juristas particulares de ms de 20 pases.

Otras personalidades internacionales, como la premio Nobel de la Paz Jody Williams, han querido tambin apoyar con su firma el informe, pero hasta el momento la plataforma solo ha recogido apoyos de juristas. Entre las organizaciones que apoyan las conclusiones del anlisis figuran la Asociacin Americana de Juristas, la European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights compuesta por juristas de 21 pases europeos, Irdia, Red Jurdica o European Democratic Lawyers. Este informe sobre la sentencia, al igual que otros sobre lo sucedido el 1 de octubre, ser remitido a la ONU, que en enero de 2020 realizar el informe peridico sobre derechos humanos en Espaa.

Este juicio en el Supremo no afecta solo a lderes independentistas, tiene repercusiones que afectan al ejercicio legtimo de reunin pacfica y libertad de expresin de todos los ciudadanos y ciudadanas, subraya Caballero. La dureza es tal que se ha atacado uno de los principios bsicos de un estado de derecho, que es el principio de legalidad, haciendo cuadrar un delito tan grave como el de sedicin con conductas que son ejercer derechos fundamentales como el de reunin pacfica, condenando a nueve de estas personas por sedicin por llamar a la movilizacin, contina la presidenta de ALA.

Esto tiene un efecto disuasorio para otros movimientos sociales y a las crticas legtimas al statu quo, concluye por su parte Cristina Servn, de la Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca (APDHA) y de Defender a quien defiende, otras de las organizaciones participantes en International Trial Watch. Estas conclusiones no deben ser ignoradas ni desacreditadas, hay que tomar en consideracin este anlisis y sus adhesiones, reclama Servn.

Falta de previsin jurdica Otra de las irregularidades que la plataforma seala en la condena es la falta de previsin de que se condenara por sedicin a los hechos juzgados. Consideramos que la sentencia quiebra el principio de legalidad penal, ya que hay una quiebra cuando la ley penal no es previsible para sus destinatarios, explica la abogada Anas Franquesa, abogada y miembro del Centre per la Defensa dels Drets Humans y de Irdia. Esta abogada seala que en la sentencia del Supremo, el concepto de alzamiento que contempla la jurisprudencia se ha sustituido por el desrdenes pblicos y que en el fallo del tribunal ni siquiera se ha expresado un anlisis de lo que es un alzamiento.

En cuanto a cundo se habra producido este alzamiento, Franquesa seala que la sentencia refiere dos momentos: El 20 de septiembre, cuando hubo movilizaciones multitudinarias por la detencin de altos cargos pblicos, y el segundo momento el propio 1 de octubre, cuando multitud de ciudadanos y ciudadanas se concentraron frente a los centros de votacin del referndum, que haba sido suspendido por el Tribunal Constitucional y al que se le sustrajo cualquier eficacia jurdica, como se dice en la sentencia. Sin embargo, a pesar de que la propia sentencia seala que el referndum no tena efectos legales, la abogada apunta que el Supremo considera que los ciudadanos estaban desobedeciendo. Si no haba ningn instrumento de eficacia jurdica, difcilmente se poda estar desobedeciendo, concluye Franquesa.

Robert Sabata, presidente de la Asociacin de Abogados Europeos Demcratas (AED), ha continuado detallando las irregularidades del proceso y de la sentencia. Ha explicado cmo, aunque finalmente el equipo de observadores internacionales pudo reunirse con el fiscal del Supremo, fue imposible entrevistarse con la sala o con la Abogaca General del Estado. Los observadores internacionales fueron muy mal recibidos por el resto de actores del juicio, lamenta, recordando que en la lista de observadores haba juristas de renombre de todos los continentes.

Como primera irregularidad, Sabata recuerda que el juicio debera haber sido celebrado en Catalunya. Los hechos no tuvieron efectos fuera de Catalunya. Es una interpretacin expansiva en cuanto a la competencia del tribunal, explica en cuanto a que el proceso fuera juzgado por el Tribunal Supremo. La violacin del derecho a la segunda instancia, precisamente tambin por juzgarse en el Tribunal Supremo, es la segunda anomala sealada por este jurista. Esa segunda instancia que se vulnera es importantsima para tener un juicio justo, segn la Convencin europea de derechos humanos y la Constitucin espaola.

En cuanto al derecho a un juez imparcial, ha subrayado que el juicio al Procs ha sido poltico y los jueces eran parte interesada. Hay grandes dudas sobre su imparcialidad y, sobre todo, sobre su independencia, afirma el abogado. Jams se habra aceptado una sentencia absolutoria o por desobediencia. Los propios polticos ya daban por condenados a los acusados, haba un cmulo de situaciones que haca prever que el tribunal no era imparcial ni independiente.

Sabata tambin ha recordado que, durante el transcurso del juicio, la sala rechaz que se mostraran las imgenes grabadas durante las movilizaciones cuando se interrog a los testigos. El hecho de no poder visionar aunque fuera de manera mnima, cuando se interrogaba a los testigos afecta al derecho de defensa, y segn Marchena la pauta metodolgica no lo permita, recuerda el presidente de AED, que tambin ha sealado que trato desigual que la sala mostr frente a los testigos de la defensa, a los que se pregunt por su ideologa, y los testigos de la acusacin, para los que la sala bloque cualquier pregunta en cuanto a su ideologa. Tambin seala Sabata el caos en el calendario de testificaciones. Las defensas se vieron muy coartadas a la hora de ejercitar su derecho de defensa, hasta la semana anterior no se saba quin iba a declarar.

El abogado recuerda que desde la propia ONU, a travs de su Grupo sobre detenciones arbitrarias, que tiene la misma consideracin que un tribunal internacional, se reclam a la justicia espaola hasta en dos ocasiones en mayo y junio que se pusiera en libertad a los doce acusados por el Procs y que incluso se les indemnizara por el tiempo pasado en la crcel, pero la respuesta desde el Supremo a esta reclamacin fue la burla.

El juicio se desarroll por tempos polticos para que otras cortes internacionales no se pronunciaran. Era visible que era un juicio poltico y todos quedaron muy sorprendidos porque hubiera una acusacin popular por parte de un partido fascista que adems estaba en el parlamento, contina Sabata en relacin a la acusacin popular ejercida por Vox.

El objeto de la sentencia es que los condenados convocaron movilizaciones para evitar el cumplimiento de las leyes. En el caso de Jordi Cuixart y Jordi Snchez porque alentaron la movilizacin y mediaron con los cuerpos policiales, pero anteriormente estas movilizaciones fueron consideradas desobediencia, recuerda Franquesa. La sentencia da por probado que cada uno de lo llamamientos que hicieron los condenados fue a movilizaciones pacficas y aun as da por justificadas condenas de nueve a 13 aos de prisin, prescindiendo del anlisis del ncleo fundamental de los derechos fundamentales en juego, aade.

Y es que, como subrayan desde la plataforma International Trial Watch, todas las acciones por las que han sido condenados los doce altos cargos catalanes forman parte del ncleo central de los derechos fundamentales, protegidos por distintos instrumentos jurdicos nacionales e internacionales. As lo ha expuesto tambin la abogada belga Mireille Jourdan, que ha recordado que para que un Estado haga restricciones a los derechos fundamentales, estas restricciones tienen que estar previstas previamente en la legislacin.

Lo que hemos visto son concentraciones de personas, y lo que se ve en la sentencia es que manifestaciones y la organizacin pacfica de un referndum sin valor jurdico se convierten en un alzamiento tumultario, explica la abogada belga. No se entiende cmo una manifestacin puede ser entendida como un delito y con condenas tan importantes. La sentencia prescinde de los derechos y de las garantas contempladas en la Convencin europea de derechos humanos, hace como que no existieran, concluye.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/juicio-referendum-catalunya/medio-millar-de-juristas-denuncian-sentencia-proces-vulnera-principio-legalidad



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