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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-11-2019

Comunicado
Organizaciones de derechos humanos rechazan medidas en Argentina contra investigador en seguridad informtica

Los abajo firmantes
www.vialibre.org.ar


Ciudad Autnoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019

Atte.
Juez Federal, Luis Rodriguez
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Quienes suscriben, organizaciones de la sociedad civil, acadmicas y particulares dedicados al estudio de polticas pblicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupacin frente a los reiterados casos de persecucin a investigadores de seguridad digital. En esta oportunidad, el caso que ha llamado la atencin de nuestras organizaciones a nivel local e internacional es la investigacin a Javier Smaldone, investigador en seguridad informtica, divulgador y reconocido vocero de la campaa pblica #NoAlVotoElectrnico.

Recientemente, la Justicia Federal de la Repblica Argentina orden el allanamiento de su domicilio a pedido de la Polica Federal Argentina, fuerza que depende de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La causa judicial en la que se ampar el allanamiento es la investigacin por la filtracin de datos de las fuerzas de seguridad en agosto de este ao, relacionada por la polica con la filtracin ocurrida en 2017. Segn se supo pblicamente, en este ltimo caso los datos habran sido obtenidos haciendo uso de la tcnica conocida como phishing. Este mtodo habra consistido en la creacin de una cuenta falsa a nombre de la Superintendencia de Bienestar de la Polica Federal Argentina por la que los perpetradores habran logrado acceder a los datos de usuario y contrasea de la vctima. Posteriormente se habra utilizado esta informacin para acceder a la base datos donde se conservaba informacin sensible de las fuerzas de seguridad para luego publicarla en redes sociales. Este caso recibi el nombre de La Gorra Leaks 2.

Segn el expediente de la causa, al no obtener las fuerzas de seguridad datos concretos sobre quien o quienes haban accedido ilcitamente a sus bases de datos, comenzaron a observar fuentes abiertas y redes sociales para detectar usuarios que hubieran replicado la difusin de esta informacin.

En este contexto, surge del expediente que Javier Smaldone es sealado como uno de los posibles responsables de los hechos a pesar de no haber sido imputado, y haber declarado previamente como testigo aportando informacin valiosa a la Justicia. Los indicios presentados por la polica en este sentido llaman la atencin de la comunidad y del pblico por su arbitrariedad y debilidad. En primer lugar, convierten en presunto sospechoso a Smaldone por el mero hecho de tener conocimientos especializados en seguridad informtica y, en segundo lugar, sospechan de su participacin en este acto por las publicaciones que realiz en redes sociales y sus opiniones respecto del caso (vase indicios pgina 5 del expediente). El juez de la causa consider suficientes estos indicios para autorizar el acceso a informacin sensible de Smaldone, incluyendo el requerimiento de su geolocalizacin a proveedores de telefona mvil, la intervencin de sus comunicaciones privadas, la instalacin de cmaras de vigilancia en los alrededores de su domicilio, la solicitud de seguimiento de sus movimientos a partir de informes sobre el uso de su tarjeta de transporte pblico, el allanamiento de su domicilio, el secuestro de sus dispositivos personales y herramientas de trabajo y su demora por 6 horas para la presunta investigacin de antecedentes de los que carece.

De los indicios sealados, sin embargo, no se desprende ningn hecho o circunstancia slidas que revistan carcter suficiente para constituir una sospecha fundada que autorice las graves medidas emprendidas. La Corte Suprema de Justicia Argentina ya afirm que la intervencin y el acceso a datos relativos a la comunicacin deben cumplir con un anlisis suficiente de necesidad y proporcionalidad de la restriccin del derecho del investigado. Asimismo el Cdigo Procesal Penal Federal establece la razonabilidad como parte del examen que debe hacer el juez cuando autorice medidas de comprobacin directas como el allanamiento (art. 144).

Tanto el estndar legal para acceder a los datos, como la necesidad y proporcionalidad de las medidas, son requisitos establecidos en estndares internacionales de derechos humanos. As lo explican los Principios Internacionales sobre la Aplicacin de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, producto de una consulta global con grupos de la sociedad civil, la industria y expertos en la materia. Esos principios establecen que toda medida que implique una privacin de un derecho fundamental slo puede estar justificada cuando es prescrita por la ley, es necesaria para lograr un objetivo legtimo, y es proporcional al objetivo perseguido.

Lamentablemente, este no es el primer caso de investigacin penal sin fundamentos suficientes contra investigadores de seguridad informtica en Argentina. En 2016 Joaqun Sorianello fue sobresedo por la justicia luego de haber sido allanado y procesado por haber alertado sobre las vulnerabilidades en el software de la Boleta nica Electrnica. De forma similar, Ivn Barrera Oro fue allanado en 2016 acusado de produccin y trfico de pornografa infantil coincidentemente luego de haber demostrado la posibilidad de cargar hasta 20 votos por boleta entre otras deficiencias. En 2017 fue sobresedo.

Este accionar de la justicia se encuentra en oposicin a su obligacin de garantizar el debido proceso, proteger los derechos individuales garantizados por la Constitucin Nacional (entre ellos la libertad de expresin y la privacidad) y tratados internacionales, y a fundamentar debidamente sus decisiones cuando las medidas a adoptar impliquen una limitacin a esos derechos.

El trabajo de los investigadores en seguridad informtica est protegido por el derecho a la libertad de expresin. Esto surge de la interpretacin amplia de la jurisprudencia y la doctrina del artculo 13 de la Convencin Americana de Derechos Humanos. Es un comportamiento usual para los investigadores monitorear, comentar y criticar informacin relacionadas a su expertise tcnico en las redes sociales o en medios periodsticos. Por eso, en el caso de Javier Smaldone, su opinin tcnica y crtica no debera ser vista como sospechosa, sino como una demostracin de sus conocimientos tcnicos y su pasin por la seguridad de los sistemas informticos. Ms an, y especficamente en relacin al caso de Smaldone, la libertad de expresin abarca el derecho a impartir informacin, es decir, a publicar y alertar sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informticos, con el objetivo de concientizar para su solucin. Existe tambin aqu un inters social en conocer sobre fallas en sistemas esenciales para el ejercicio y la proteccin de los derechos de los ciudadanos.

Contrariamente a lo que sucedi en este caso, la justicia debera tener la responsabilidad de controlar lo actuado por las fuerzas de seguridad en todo proceso de investigacin criminal y garantizar la proteccin de los derechos fundamentales. Ello implica desechar solicitudes temerarias, rechazar los avances sobre la vida privada de las personas sin sospechas debidamente fundadas y evitar la utilizacin del sistema penal como respuesta al trabajo de los investigadores en seguridad informtica.

Por lo antedicho, rechazamos toda persecucin a investigadores informticos y respetuosamente instamos a que se respete el ejercicio a la libertad de expresin que su actividad implica. En ese sentido, solicitamos a la justicia que revise lo actuado por las fuerzas de seguridad en el caso de Javier Smaldone y restituya sus elementos de trabajo sin avanzar en la vulneracin de sus derechos fundamentales.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Access Now (Internacional)
Asociacin de Software Libre (Ecuador)
Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina)
Cooperativa Tierra Comn (Mxico)
Datos Protegidos (Chile)
Derechos Digitales (Latinoamrica)
Electronic Frontier Foundation (Estados Unidos)
Fundacin Acceso (Centroamrica)
Fundacin Internet Bolivia (Bolivia)
Fundacin Karisma (Colombia)
Fundacin Via Libre (Argentina)
Hiperderecho (Per)
Intervozes (Brasil)
Poder Ciudadano (Argentina)
Sursiendo (Mxico)
TEDIC (Paraguay)
Usuarios Digitales (Ecuador)

Fuente: https://www.vialibre.org.ar/2019/11/01/comunicado-organizaciones-de-derechos-humanos-rechazan-medidas-arbitrarias-contra-el-investigador-en-seguridad-digital-javier-smaldone/



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