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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-11-2019

Los represores matan y los jueces ocultan

Himelda Ascanio
Rebelin


Se estn cumpliendo 3 aos del Acuerdo que desmoviliz a las FARC, pero ha crecido el exterminio de lderes populares y el trato de guerra a la protesta social, as el Gobierno de Uribe y Duque hace trizas la paz.

Segn el Informe de Somos Defensores, El Juego Final? [1], denuncia la violencia poltica aplicada a los liderazgos sociales es sistemtica, geoestratgica y goza de plena impunidad, porque nunca se determina quines estn detrs de los ataques, cules son las causas y qu est haciendo el Gobierno.

El informe enfatiza, en el propsito del Gobierno de Ivn Duque de darle un giro a la relacin con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y limitar su tarea en el pas. Modificando el Acuerdo que se firm con la ONU para borrar cualquier mencin a conflicto armado interno y en su lugar hacer referencia solo a una compleja situacin [2].

El Estado continua su trato de guerra y la estigmatizacin al movimiento popular, constantemente son intimidados a travs de amenazas individuales o colectivas; entre 2010 y el primer semestre del 2019, se registraron 3434 casos, 477 en el primer semestre del 2019.

Amenazar a los Defensores de DDHH es revictimizar

Recientemente el pas conoci las amenazas de las que es vctima el abogado Diego Martnez, representante de la familia de excombatiente Dimar Torres; torturado y posteriormente asesinado por miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejrcito estatal, con jurisdiccin en el Catatumbo [2].

Las amenazas ocurrieron despus que el Consejo Superior de la Judicatura dio va libre para que un Juzgado de Norte de Santander, decida si el Coronel (r) Jorge Prez Amzquita, el Cabo Daniel Gmez y los soldados profesionales Cristian Casilimas Pulido, William Alarcn Castrilln y Yeison Buritic Duarte, sern juzgados por la Justicia Ordinaria o por la Justicia Penal Militar.

Por su parte el Personero del Puerto Rico, Caquet, Herner Carreo, manifest que desde hace un mes est siendo objeto de amenazas de muerte, despus que denunci al Gobierno, por tener conocimiento previo de la presencia de menores de edad en la zona donde un bombardeo de las Fuerzas Militares cobr la vida de 18 menores de edad [4].

El rgimen de la impunidad

Segn el informe de Somos Defensores los casos de amenazas se encuentran en un 98 por ciento en la impunidad; entre 2017 y 2018 de 1.172 casos de amenazas que investiga la Fiscala, slo han hecho 3 condenas, 9 imputaciones y 8 juicios. Los principales factores de impunidad obedecen a:

1.- Falta de investigacin en contexto y acumulacin de expedientes.

2.- Falta de diligencia de actos preliminares investigativos.

3.- Desestimacin del contexto de la agresin y la calidad de la vctima.

4.- Fiscales locales sin la preparacin adecuada.

5.- En imputacin de cargos y condenas slo se llega al perpetrador y no al determinador.

6.- Cierre masivo de las Fiscalas especializadas en Derechos Humanos.

7.- No existe un sistema de datos pblicos que permita conocer el estado de las investigaciones y el carcter de las vctimas.

22.000 indgenas Aw s son vctimas

La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinacin de los Hechos y Conductas, de la JEP, caracteriz al pueblo Aw como vctima del conflicto armado. Reconoci la interrelacin, interdependencia e inescindibilidad del Katsa Su con el pueblo indgena Aw, integrado por 32 cabildos indgenas, representados por la Unidad Indgena del Pueblo Aw, Asociacin de Autoridades Tradicionales Indgenas Aw (UNIPA) [5]

La Comisin de la Verdad denunci el desplazamiento forzado de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Ur, Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles, Sur de Crdoba, hechos presentados desde el 12 de noviembre, en los dos ltimos meses se han perpetrado dos masacres, producto del recrudecimiento de la violencia.

El mes de enero se intensificaron los asesinatos de lderes y desplazamientos de campesinos. Desde el Brigada 11 del ejrcito en Montera, Duque inform que para frenar la guerra a sangre y fuego conformaba con 4 mil hombres la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en el Bajo Cauca Antioqueo y sur de Crdoba; decisin que ha empeorado las agresiones a indgenas y campesinos [6].


Notas

[1-2] Somos Defensores: informe el juego final? https://bit.ly/2qnGdlc

[2] Amenazan a abogado de Dimar Torres. https://bit.ly/37bdjpd

[3] Amenazan a personero de Puerto Rico. https://bit.ly/33P1a7f

[4] Antes de bombardeo, personero de Puerto Rico ya haba denunciado reclutamiento de menores. https://bit.ly/2OnTPoy

[5] Colombia reconoce que ms de 20.000 indgenas fueron vctimas del conflicto armado https://bit.ly/32TITob

[6] Ejrcito no est garantizando seguridad a campesinos del sur de Crdoba. https://bit.ly/2Xk1J6A

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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