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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-11-2019

Protesta social, modelo economico-politico e institucionalidad

Marcos Silva Martnez C.
Rebelin


Ante el generalizado descontento social que trasciende fronteras, es pertinente un tentativo anlisis sumario de las causas medulares del malestar social, que estimula manifestaciones de descontento popular, respecto a los resultados y obligaciones del ejercicio del poder pblico.

A grandes rasgos, el modelo econmico-poltico colombiano, similar al de muchas naciones en desarrollo, corresponde a polticas definidas y orientadas desde los centros de poder econmico mundial, con objetivos exclusivos de rentabilidad y acumulacin de capital. Con el tiempo, esos modelos econmicos han demostrado ser responsables del precario desarrollo industrial, tecnolgico, cientfico, de la concentracin de la riqueza y el poder econmico y de la creciente inequidad socioeconmica, en las naciones de bajo desarrollo y crecimiento.

Esa estructura de poder poltico y econmico, instrumentada y mantenida desde los rganos del poder pblico y coadyuvada por la codicia de los usufructuarios del poder, cuenta con la complicidad y tolerancia de amplios sectores de la sociedad, que estimulados por el apetito de tenencia de bienes y poder, han propiciado la corrupcin y la descomposicin moral y tica del poder, hasta alcanzar dinmicas que se tornan incontenibles.

Las dinmicas de la corrupcin, ocasionaron el colapso de los partidos polticos, la descomposicin moral generalizada del poder pblico y de las costumbres ciudadanas y el rezago del desarrollo socioeconmicamente equitativo. As se cocin el caldo de cultivo del malestar social, que se expresa en protesta social.

La corrupcin es ms daina y destructiva que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia comn, juntas. Sus efectos castigan proporcionalmente con mayor intensidad a los ciudadanos de menores ingresos y garantizan el despilfarro del presupuesto, el crecimiento del dficit fiscal y consecuencialmente el incumplimiento de las obligaciones poltico-sociales del Estado.

El origen y existencia de las organizaciones criminales de cuello blanco, de toda condicin y especificidades, tienen relacin directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional y el modelo socioeconmico-poltico. La inequidad socioeconmica e injusticia social, son crecientes, como la corrupcin.

Organizaciones no gubernamentales, sealan cifras billonarias robadas del presupuesto pblico, cada ao. Investigaciones comprueban algunas. Pero el poder institucional, no quiere entender la gravedad de esos crimenes, ni quiere articular procedimientos, para derrotar el flagelo.

Los resultados del ejercicio del poder en general, en todos los niveles, no corresponden con las necesidades del desarrollo, la inversin y las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, en general.

Esos resultados se reflejan en el desorden social, la pobreza y la miseria, el desempleo y subempleo, la inseguridad ciudadana y el subdesarrollo econmico industrial, la impunidad, inoperancia, laxitud y corrupcin del aparato judicial.

En ese caldo de cultivo se nutren los Carteles de la Toga, del Soat, de la compra venta de fallos judiciales entre exmagistrados, jueces y abogados corruptos, carteles de la contratacin y de pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higinico, de la salud, de la hemofilia, de Cajas de Compensacin Familiar, de los alimentos escolares, la contratacin pblica etc., etc. Se pudri la sal.

Los resultados de las investigaciones son cosmticos o ridculos. Lo robado, robado se queda.

Muchos hechos que investiga la Fiscala y la Corte Suprema, sobre asaltos a los recursos pblico, enriquecimiento ilcito, lavado de activos, manipulacin del ordenamiento legal, etc., la mayora duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupcin torpedean los procesos y evitan resultados en derecho.

Los delincuentes responsables de tantos hechos de corrupcin, han gozado y gozan de la impunidad en el sistema de justicia y complicidad social, de manera que no pocos terminan convertirlos en personajes admirados, mientras se apropian y disfrutan de lo que legtimamente le corresponda y corresponde a millones de ciudadanos necesitados y excluidos.

Los criminales de cuello blanco, jueces, abogados y cmplices, deben ser condenados a penas que correspondan a la gravedad de los delitos y excluidos por ley y sumariamente, de todo lo oficial y del ejercicio profesional. Pero eso no ocurre en Colombia. Quienes deben tomar esas decisiones, evitan tomarlas. Prefieren proteger intereses y mantener la anarqua del poder. Ese tipo de decisiones nunca las aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige.

Pues esa es la realidad nacional y las condiciones, hechos y resultados del ejercicio del poder, que generan el justo descontento social, la protesta y la crisis socioeconmica y moral del estado y la sociedad, condiciones que tipifican un estado fallido.

Colombia permanece ante la cruda realidad de que cada gobernante resulta peor que el anterior, con muy pocas excepciones.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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