Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-11-2019

Apuntes para un proceso de reencuentro federal

Julin Snchez-Vizcano
Pasos a la izquierda


1.- PRIMERA APROXIMACIN: EL FACTOR DE LEGITIMIDAD

Jordi Sol Tura, en su obra imprescindible Autonomas, federalismo y autodeterminacin, pone de relieve el significado fluctuante de estos conceptos y la necesidad de contemplar los diferentes contextos histricos y polticos en los que han estado presentes para poder entender con precisin su funcionalidad especfica en cada momento.

En los ltimos tiempos en Espaa se ha hablado mucho de ellos. No siempre en el marco de una deliberacin pblica acompaada de argumentos. El dogmatismo y la falta de anlisis de contexto que ha presidido la interpretacin de estos trminos ha contribuido en gran medida a la intensificacin de los conflictos territoriales y la polarizacin social, con grave dao para nuestra convivencia.

No es acertado, por lo tanto, sugerir orientaciones o escenarios para la rearticulacin territorial/federal de Espaa, ni valorar la plausibilidad de las propuestas que se formulen al respecto, sin examinar, aunque sea de forma muy breve y esquemtica, las nuevas realidades que enmarcan cualquier intento de reforma. Ms adelante se har un recuento de estos condicionantes, pero antes es necesaria una reflexin sobre la legitimidad para llevarla a cabo.

En este sentido, ser muy diferente iniciar un proceso con un estado de opinin favorable del cual emane su legitimidad, que una reforma sostenida en acuerdos superestructurales entre partidos, cuyalegitimidad dependera del grado de adhesin social y poltica que obtengan posteriormente las modificaciones que se pongan en marcha.

La importancia del factor de legitimidad, clave de bveda de cualquier proceso de reforma territorial, se percibe con nitidez al examinar las circunstancias que rodearon la aprobacin del vigente Estatuto de Autonoma de Catalua.

Desde esta perspectiva, sectores de la opinin pblica invocan que la propuesta de un nuevo Estatuto no era una reivindicacin que gozara del impulso mayoritario de los partidos catalanes, y recuerdan que no estaba en la agenda de prioridades de la entonces hegemnica CiU. Tampoco cabe valorar satisfactoriamente la forma en la que se materializ el proceso que culmin con su aprobacin.

Tanto el desencuentro entre los actores que promovieron la reforma (tripartito) y la derecha espaola,cuando tras la negociacin final Zapatero/Mas el PP impugn ante el Tribunal Constitucional el texto aprobado por el Congreso; como la inhibicin de una parte muy importante de la sociedad catalana en el referndum de ratificacin, con escasa participacin y llamamiento al voto en contra de ERC, fueron antecedentes de la situacin creada tras la sentencia del rgano jurisdiccional. Si bien esta ltima no debe ser apreciada, a mi juicio, como nica causa determinante de la deriva unilateralista del nacionalismo cataln, s es sin duda una de sus fuentes directas y proyecta sus efectos en la actual encrucijada poltico-territorial de nuestro pas.

El vigente Estatuto de Catalua se nos presenta, as las cosas, como un instrumento normativo que en lugar de constituir una referencia legitimadora fundamental del orden poltico (no nica) en esta Comunidad Autnoma, no ha contado con el inequvoco apoyo de la ciudadana catalana ni en su fase de aprobacin, ni en la de su aplicacin efectiva tras la declaracin de inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos por el mximo intrprete de la Constitucin.

No deben repetirse los mismos errores en un futuro proceso de reforma constitucional. Fijemos la mirada en otros momentos histricos en los que el alto grado de legitimidad de los cambios, tanto en su fase de configuracin como de aplicacin, dio luz a escenarios de convivencia y de normalidad democrtica de largo alcance.

Un cambio del actual ordenamiento territorial, sustancial y viable, requiere una gran legitimacin, que slo podr darse si al acuerdo bsico entre partidos se le suman otros puntos de conexin en el seno de la sociedad civil, desde la diversidad y pluralidad que la constituyen. Para ello, es indispensable un verdadero reencuentro poltico, social y cultural sobre aspectos fundamentales de nuestra vida en comn.

Sin embargo, las condiciones actuales hacen hoy mucho ms complejo y difcil el logro de acuerdos y las amplias coincidencias imprescindibles para el xito de un proceso de recomposicin del orden territorial. Sobre todo si se los compara con los incentivos que existan en el periodo de la transicin del franquismo a la democracia y que permitieron allanar el camino para la proclamacin de la Constitucin del 78 y los primeros Estatutos de Autonoma.

A continuacin se anotan algunos de los perfiles ms relevantes del nuevo contexto, para sobre esta base argumentar las propuestas concretas que estimamos posibles y necesarias.

2.- EL CONTEXTO GLOBAL

Vivimos un tiempo de grandes transformaciones del Estado, tanto en su concepcin como en su percepcin. La era de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones lleva consigo la modificacin de las estructuras sobre las cuales se fundament el Estado en el pasado y es causa de que en nuestro tiempo este adopte nuevas formas organizativas y de produccin de sentido (Vallespn).

El Estado no es lo que era y la soberana tampoco. El solo hecho de que el Brexit sea tan largo y difcil y sin un final claro demuestra lo compleja que es la idea de la soberana en el mundo actual. Cada Estado miembro de la UE tiene ms soberana neta (Giddens) como miembro de la UE de la que tendra actuando de forma individual. Sin embargo, la integracin europea est puesta en cuestin y los proyectos para articular su futuro se relacionan con tendencias contradictorias.

La fase actual del capitalismo global responde a la lgica de una financiarizacin que est limitando muy notablemente la capacidad de actuacin estatal, por cuanto los mercados financieros imponen a los gobiernos restricciones que afectan de forma crucial a la poltica econmica en todas sus dimensiones. La crisis financiera mundial y sus consecuencias son, en otro orden de cosas, la base de algunos de los cambios profundos en las condiciones de vida y trabajo que se han producido durante esta ltima dcada. En muchos pases occidentales, y en Espaa en particular, la crisis ha supuesto un gran retroceso para las clases medias y trabajadoras: el desempleo aumenta, la precariedad se extiende, los salarios reales se han estancado, la vivienda no es accesible y las desigualdades se han vuelto ms extremas.

La distribucin territorial del poder tiende a reconstruirse conforme a las nuevas prioridades impuestas por los intereses hegemnicos y el capitalismo financiero global: si el papel homogeneizador del Estado social fue sustituido por el fortalecimiento territorial de los poderes regionales, estimulados a competir entre s y a conseguir las mejores condiciones de las inversiones econmicas en el propio territorio, pugnando por la titularidad y ejercicio de competencias, a ello se le superpone ahora la carrera por la captura de los recursos econmicos que condicionan directamente el ejercicio del poder (Garca Herrera).

Se ha tejido un sistema-mundo de ciudades en cuya cspide se sitan grandes metrpolis globales (en torno a un centenar) que actan como nodos clave de las redes de informacin y comunicacin. Desde estas metrpolis/red se articulan inmensos y en ocasiones distantes espacios de extraccin, produccin y consumo integrados con los mercados financieros y comerciales internacionales, expandiendo patrones de desarrollo cada vez menos asentados en los sistemas territoriales, naturales y socioculturales de cada lugar.

Se ha producido una significativa fractura social entre una poblacin urbana, globalista, interconectada, abierta al cambio tecnolgico y que ocupa trabajos simblicamente relevantes, y la muy distinta de las periferias, ya sean de la ciudad o del mundo rural. En las grandes metrpolis se concentra una nueva burguesa, jugadores globales abiertos a la diversidad, que est fortaleciendo su propio poder econmico y cultural. Enfrente estn las clases medias en descenso, las subalternas que viven en la inestabilidad continua, los habitantes de las ciudades pequeas, de los barrios perifricos en las grandes ciudades, el mundo rural, y en medio, jubilados y funcionarios (Esteban Hernndez).

En esta divisin social tambin aparecen nuevas culturas polticas. Frente a la prdida de legitimidad de la poltica y con ella de las formaciones tradicionales, han surgido nuevas opciones. En un contexto de fuerte personalizacin de la poltica, se imponen nuevos lenguajes, nuevas formas de liderazgo y la espectacularizacin de las formas de intervencin electoral y comunicativa. Tambin una diversificacin de las bases electorales. Desde los jvenes tecncratas y profesionales a los jvenes bohemios de las clases creativas, en las generaciones de 30 y 40 aos, que han generado nuevos partidos.

Se transita hacia un menor peso de la democracia consensual o consociativa en favor de modelos plebiscitarios, mayoritarios y cesaristas. De la democracia como un sistema que incorpora en mayor o menor medida a todos los partidos polticos representativos en las tareas ejecutivas o legislativas en funcin de su peso especfico, con gran importancia de la integracin de los minoritarios y el consenso, se evoluciona hacia regmenes decisionistas donde la regla de mayora limita el juego poltico a la dinmica gobierno-oposicin. Sin embargo, esta tendencia contrasta con realidades cada vez ms atomizadas en sistemas multipartidistas que requieren gobiernos de coalicin.

Las migraciones nos han llevado a vivir en sociedades ms plurales y complejas. Los miedos sobre la inmigracin y la reivindicacin de preservar las identidades nacionales ante el multiculturalismo son ideas-fuerza del populismo de derechas. El territorio, entendido como unidad muy cohesionada cultural, identitaria e institucionalmente, tiene que competir duro frente a otros territorios para alcanzar saldos comerciales positivos y atraer inversiones (Fernndez Steinko).

La aceleracin de la revolucin digital es hoy el cambio ms relevante que afecta a nuestras sociedades. En casi todos los Estados europeos la manufactura est en fuerte declive, y la principal razn no es la deslocalizacin sino la automatizacin, que se ha acelerado en los ltimos aos por la economa digital, adems de venir acompaada por un incremento de la inestabilidad econmica. Estos cambios sealan inexorablemente nuevos retos para las organizaciones sindicales y obreras.

Los procesos de digitalizacin configuran un nuevo modo de representacin del mundo y un nuevo espacio pblico, nuevas formas de sociabilidad y de intercambios simblicos. Por tanto, nuevas adscripciones identitarias que estructuran los imaginarios personales y sociales. Las identidades sociales que se fueron conformando en la sociedad industrial o las que perviven de las sociedades tradicionales: territoriales, lingsticas, corporativas, de clase social, coexisten con las nuevas. Las sociedades predigitales que se caracterizaron por ser culturas letradasatadas al territorio, a la lengua o a las tradiciones- dan paso a nuevas culturas que permiten a las personas construir nuevas formas de expresar la identidad y esto se manifiesta especialmente en la juventud.

El mundo se enfrenta a una crisis ecolgica sin precedentes. La gran escasez de materias primas, de energa, de tierras y de espacio ambiental impiden mantener el ritmo de la economa actual, imposible de extender a todos los pases del Sur y dejarlo en herencia a las generaciones futuras. El modo de produccin y de consumo no tiene en cuenta los lmites fsicos del planeta, tal y como se hace patente en la huella ecolgica: si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadana espaola, necesitaramos tres planetas. Mientras tanto, la humanidad ya supera en un 50% su capacidad de regenerar los recursos naturales que utilizamos y asimilar los residuos que desechamos.

3.- LA SITUACIN EN ESPAA

Los problemas que deben ser resueltos en el futuro para hacer realidad un nuevo proyecto de pas guardan relacin directa con los ya enunciados, pero esto tiende a olvidarse por la preferencia general de los actores polticos hacia los enfoques jurdicos o de marcado carcter politicista. No enfrentamos nicamente en Espaa un problema tcnico o competencial en el desarrollo de la Constitucin y el Estado autonmico. La fractura social y cvica, que va ms all de la situacin creada en Catalua, no se explica nicamente desde el anlisis histrico o sociolgico.

Con toda seguridad las soluciones deben pasar por un tamiz previo, en el que entren en juego los factores de lucha por el poder, de relaciones de clase y de conductas sociales que van a venir determinadas por el modo en que cada uno de los intereses vaya a buscar su propia salida ante los diferentes escenarios conflictivos que se nos presentan. Anotamos seguidamente, agrupados en varios bloques, algunos de los que consideramos ms importantes.

a) La crisis ecolgica que sufre nuestro pas es cada vez ms profunda. El cambio climtico puede tener efectos devastadores sobre la costa, por ejemplo en el impacto que tendr sobre nuestro litoral una subida del nivel del mar, aunque sea de unos pocos centmetros. Uno de nuestros recursos ms bsicos y escasos es el agua y empiezan a producirse situaciones insostenibles. Se dispone de un modelo agrcola intensivo que est teniendo consecuencias letales sobre la diversidad faunstica. Nuestro territorio sufre las consecuencias de varios proyectos extractivos de alto impacto ambiental. En el pas del sol y el viento, las energas renovables sufren una marginacin poltica sin comparacin. Las ciudades sufren el deterioro causado por el dominio del vehculo privado y casi un tercio de sus habitantes est afectado por una alta tasa de polucin. Los incendios forestales y la deforestacin constituyen un problema cada vez ms grave en la Pennsula Ibrica.

b) Vivimos una crisis de modelo territorial, y por ello tambin de solidaridad territorial, de enorme calado.

Los indicadores econmicos, sociales y demogrficos muestran la persistencia de importantes desequilibrios. Los principales ejes econmicos se han trasladado desde la cornisa cantbrica hacia las regiones mediterrneas, aunque Madrid sigue manteniendo su importancia econmica. En el marco de una clara divisin territorial de actividades, la distribucin del PIB per cpita refleja las asimetras existentes, que se han acentuado entre las regiones de mayor crecimiento y las que han quedado al margen.

Entre las primeras se sitan las que concentran actividades industriales altamente productivas, con dotaciones de parques empresariales y tecnolgicos, servicios especializados, o aquellas en las que se ha desarrollado la actividad turstica, especialmente Catalua, el Pas Vasco y Madrid, con sectores como Finanzas, Inmobiliarias y Servicios empresariales, Electrnica, Transporte y Comunicaciones, Qumicas, o Material de transporte. Entre las segundas un conjunto de Comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-Len, Galicia y Andaluca, asociadas estrechamente a las actividades que en mayor medida tienen una relacin con la extraccin y explotacin de los recursos naturales, Agricultura, Alimentarias, Pesca, Extraccin de productos energticos, Madera, Minerales no metlicos, Energa elctrica y Agua, y Construccin.

Tambin cabe identificar una divisin entre una Espaa ms desfavorecida de pueblos pequeos y zonas rurales, y otra ms adinerada en las ciudades y territorios industrializados. Los habitantes de ciudades ms grandes tienen ms recursos econmicos que los de municipios ms pequeos, en general con menor renta disponible y mayores tasas de paro. Los municipios ms pobres se concentran en el extremo sur de la pennsula -Extremadura, Castilla-La Mancha y Andaluca- y en Galicia en el norte peninsular, salvo en las capitales de provincia, donde sube la renta media. Por contra, las mayores cotas de riqueza se concentran en la zona centro (Madrid y sus alrededores), la costa catalana, Navarra, Baleares y Pas Vasco. La Espaa vaca, vaciada o abandonada tambin est demogrficamente envejecida. La despoblacin tras los 60 y 70 ha continuado, tanto por la emigracin como por la desindustrializacin, y lo que ms sigue ocupando a esta otra Espaa es el sector agropecuario y el turismo rural.

Por su parte, en este mismo patrn se inscribe el crecimiento del parque inmobiliario y el proceso febril de ejecucin de grandes infraestructuras como seas de identidad de un modelo que hizo aguas tras la crisis y que est profundamente ligado a la financiarizacin.

Contemplamos as un futuro asociado a la intensificacin de una serie de conflictos vinculados al territorio y al abandono de los ecosistemas: desequilibrios entre las distintas zonas del pas, escasez de agua, abandono del mundo rural, desabastecimiento energtico sostenible, deteriorio ambiental, y desindustrializacin.

c) El proyecto de los nacionalismos cataln y vasco se presenta como una forma de romper con la actual estructura territorial, para desprenderse de obligaciones fiscales y aportaciones a la caja comn, buscando que se garanticen inversiones estatales, en especial en Catalua, toda vez que el rgimen de concierto econmico asegura en Navarra y Euskadi la reinversin social y productiva del excedente. Los supuestos agravios tradicionalmente objeto de denuncia se han magnificado por efecto de la crisis financiera y cristalizan en la conocida frase Espaa nos roba. El ajuste en la economa global y financiarizada de las fuerzas sociales y empresariales que han sustentado histricamente el capitalismo cataln parece estar en la base de la fuerte competencia que este despliega con otros vectores econmicos del pas, entre los que destaca su pugna con Madrid por el liderazgo como centro de captacin de inversiones financieras (Arenas Posadas).

d) En la dcada de los setenta y los ochenta el ingreso en la Europa comunitaria era un objetivo deseado en Espaa por la mayora, asociado a la homologacin democrtica del pas y a la prosperidad econmica. Hoy los efectos profundos de la crisis global se han vivido socialmente como una defraudacin de las expectativas del proceso de integracin europea. Se ha debilitado el consenso y el sentido de unidad que vena determinado por la implicacin cada vez mayor entre Espaa y la UE.La poltica regional de la Unin Europea, a travs de los Fondos Estructurales, para reducir los desequilibrios territoriales, est puesta en cuestin a pesar de haber significado un gran incentivo para el desarrollo de proyectos y de recuperacin de rentas.

e) El sistema de partidos ha experimentado una fuerte convulsin. El surgimiento de nuevos actores entra en contradiccin con el bipartidismo imperfecto de rasgos consensuales que dominaba la cultura poltica y parlamentaria. Aparece un nuevo escenario multipartidista en todos los niveles de gobierno, no solo en el sistema poltico estatal sino tambin en los subsistemas regionales, que se une a la eclosin de culturas polticas cesaristas y mayoritarias de nuevo cuo. Se ha retroalimentado de este modo una situacin de desencuentro y bloqueo institucional, en la que los incentivos a la competicin tctica vienen a situar en segundo plano el abordaje de objetivos estratgicos. Esto hace ms compleja la solucin de asuntos clave para la convivencia como lo es sealadamente la cuestin del modelo de Estado y el conflicto territorial.

f) La idea unitaria de la ciudadana compartida est afectada por una crisis de la identidad comn. La escasez de trabajo y la precariedad del existente vuelven a hacer de la componente lingstica y cultural la base de la segmentacin de los mercados de trabajo. Adems, la fragmentacin de las clases trabajadoras propia de una sociedad postindustrial ha diluido la conciencia de los intereses comunes. La crisis aade a lo anterior otros efectos colaterales: dficit fiscal, desempleo, caresta de la vivienda, y cada de la calidad de vida de las clases medias. Todo este vaco ha sido aprovechado por el ideario nacionalista, convertido en un fenmeno de penetracin transversal interclasista que alienta la dicotoma del nosotros frente a ellos (Arenas Posadas).

g) El Estado autonmico ha hecho posible una importante descentralizacin poltica, pero presenta un conjunto de problemas y dificultades que se han acentuado en los ltimos aos. El diseo constitucional no contempla con suficiente claridad la articulacin institucional y la cooperacin y coordinacin entre los distintos niveles de gobierno. La realidad ha puesto de manifiesto una dinmica de relacin bilateral en la que cada CCAA ha intentado defender su propio espacio y el Gobierno central el suyo. La deficiente tcnica constitucional de distribucin de las competencias ha sumado desincentivos a una prctica de falta de colaboracin, salvo en casos muy concretos ms ligados a la voluntad poltica existente en cada momento. Tampoco se articula adecuadamente la forma de insercin de la produccin normativa europea en nuestro ordenamiento interno. El Senado no representa a los territorios, sino que es una Cmara de segunda lectura con muy poco poder poltico. Todo ello est en la base del papel desmesurado del Tribunal Constitucional para la resolucin de los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA. Por otro lado, la insuficiente regulacin constitucional de la financiacin autonmica y las inversiones territoriales del Estado genera recurrentes enfrentamientos, tendencia a la competencia fiscal entre comunidades y percepcin de la existencia de desigualdades en la provisin de servicios pblicos. En ltimo trmino, la crisis se ha agravado an ms con la aprobacin en el Parlamento de Catalua de leyes claramente contrarias a la Constitucin y al Estatuto, incluyendo la declaracin unilateral de independencia que llev a la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin y la convocatoria anticipada de elecciones autonmicas en 2017.

4.- LA SENDA FEDERAL: UN TRIPLE REENCUENTRO

La solucin tentativa a un escenario complejo y problemtico como el descrito suele buscarse en la puesta en marcha de un proceso de reforma constitucional de matriz federal. Estamos de acuerdo. Pero el sistema federal no consiste nicamente en una estructura jurdica o en unas instituciones, sino que supone tambin una cultura y unos valores determinados que lo sustenten. El reconocimiento de la solidaridad y la aceptacin de las diferencias y la diversidad, as como la lealtad institucional entre los distintos niveles de gobierno son principios bsicos para el funcionamiento de una democracia multinivel en una sociedad compleja y plural. Por su parte, el modelo federal debe orientarse hacia un modelo cooperativo y alejarse de las dinmicas del emergente federalismo global de mercado (Garca Herrera) en el que la lgica del pacto y del consenso est ausente por los condicionantes impuestos por el mercado global y la financiarizacin.

En este sentido, como punto de partida, es necesario definir unos objetivos ampliamente compartidos y un proyecto de pas que responda a un diagnstico comn, en los trminos expuestos ms arriba. Son necesarios, a mi entender, tres procesos diferenciados pero convergentes, que renan cada uno de ellos y en el conjunto una extensa base de acuerdo, no solo en cuanto al resultado final sino tambin en el camino para llevarlo a cabo.

Un proceso de reencuentro identitario. El pluralismo cultural y el patriotismo constitucional (Habermas) seran los dos principios bsicos del proceso, lo que implica el consenso de todas las partes en torno a la pluralidad lingstica y los derechos de las personas en el uso de sus lenguas. La base popular del federalismo se encuentra en las personas que confiesan tener una identidad dual, que son la mayora en toda Espaa pero sobre todo en las Comunidades Autnomas con lengua propia. Esta identidad gira singularmente alrededor de las lenguas. La coexistencia de lenguas en Espaa produce comunidades multilinges y sujetos plurilinges. Es imprescindible recuperar el sentimiento de que ninguna de las lenguas que se hablan en Espaa se considere ajena o en desventaja, o lleve consigo una segregacin grupal. La condicin bilinge refuerza la identidad dual o compartida que el federalismo necesita.Es necesario por tanto un gran pacto que culmine el reconocimiento y articulacin del Estado plurilinge en Espaa, respetando el bilingismo dentro de las Comunidades con lengua propia e incorporando en el sistema educativo del resto de las Comunidades la enseanza de las dems lenguas, as como mejorar el status simblico de stas en las instituciones del Estado.

Un proceso de reencuentro en un modelo de solidaridad y cooperacin territorial. Un movimiento radicalmente opuesto al capitalismo financiarizado, sostenido en la apuesta por la economa real y en la formulacin de las bases para un modelo productivo y territorial con articulacin compartida y cooperativa de las inversiones del Estado, estableciendo un plan consolidado que integre las distintas planificaciones regionales. Una perspectiva integral que aporte soluciones sistmicas y por ello sostenibles, desde la visin de una planificacin cooperativa y multinivel, no solo regional o local, sin perjuicio del protagonismo que los planes locales y regionales deban asumir en la complementacin de los planes generales. Un modelo que integre en igualdad de condiciones a todos los actores sociales implicados y en el que las necesidades de conservacin del medio natural y patrimonial no se consideren un medio, sino un fin en s mismo, junto con la lucha contra las desigualdades sociales y territoriales. Es necesario elevar al debate del nuevo proyecto de pas los problemas ms bsicos y unidos directamente al papel del territorio: el agua, los incendios forestales, la contaminacin, la preservacin de los ecosistemas, la localizacin de las actividades productivas y las infraestructuras, la reindustrializacin y la reconversin ecolgica de la economa, la despoblacin, etc.

Un proceso de reencuentro constitucional, hacia la reforma de la Constitucin en sentido federal. Como se ha sealado en varios foros federalistas, es necesario clarificar el sistema de distribucin de competencias, fijando las estatales y dejando las que no lo sean a las unidades territoriales federadas, as como crear espacios institucionales de cooperacin y resolucin de conflictos. En este sentido, el Senado debe ser transformado en un rgano constitucional de representacin de las unidades federadas, contando tambin con una funcin de planificacin territorial. En materia de Hacienda federal el texto de la Constitucin debe contener una regulacin ms completa que la actual, en la que adems de la autonoma financiera y la corresponsabilidad de las unidades federadas en el sistema de ingresos y gastos, se definan los criterios de solidaridad y el modo de clculo de las transferencias del Estado a las unidades federadas y entes locales. Se debe garantizar en todo caso la Caja nica de la Seguridad Social. Tambin la congruencia del propio texto constitucional: no cabe establecer distintos regmenes econmico-financieros, ni generalizar los conciertos econmicos, mediante disposiciones adicionales que marquen estructuras distintas a la general del modelo, sin perjuicio de las excepciones ya existentes y del perfeccionamiento de estas en relacin con la afirmacin efectiva del principio de solidaridad.

5.- UN MOVIMIENTO SOCIAL PARA EL CAMBIO

Es obligado definir las fuerzas sociales que pueden desempear el protagonismo inicial en la configuracin de una masa crtica suficiente para hacer arrancar el proceso. Las etapas del mismo deben formularse no tanto cronolgicamente como de forma que permitan una acumulacin de consensos compartidos. En mi opinin, el origen del proceso debe surgir de la sociedad civil y no de los partidos, en un primer momento. El soporte ms claro es el que pueden aportar los sectores sociales vinculados a la economa productiva. Ser por tanto una iniciativa de la Espaa productiva y no de los mbitos actual y tradicionalmente unidos a la economa especulativa o rentista. Por otra parte, sera muy negativo que se contrapusieran en la iniciativa del proceso la Espaa analgica a la Espaa digital, o las diferencias generacionales a la hora de definir los objetivos a alcanzar. Todos deben participar de una u otra manera.

Tambin contamos con la existencia de fuertes lazos de diverso tipo entre una parte muy numerosa de la poblacin catalana o vasca, mayoritariamente en la clase obrera, con el resto del Estado, las de los barrios de las ciudades y las reas metropolitanas con las reas rurales. Igualmente con fuertes vnculos culturales e histricos que hoy se manifiestan en una importante presencia de jvenes de las distintas Comunidades Autnomas en los foros de creadores y las industrias culturales, muy interconectadas entre s en un espacio virtual en el que el espaol es un instrumento clave.

Con ello, y usando todos los medios existentes, lo que incluye evidentemente la reformulacin de las formas de comunicacin, podr avanzar el proceso: es necesario un apoyo concertado de sindicatos, movimientos sociales, asociaciones culturales, asociaciones empresariales vinculadas a la economa productiva, autnomos, profesionales, cuadros medios y pequeos empresarios, obreros industriales, agricultores y ganaderos, mundo rural, ecologistas, etc

Porque el desencadenamiento de las pulsiones emocionales nacionalistas de todos los signos, que ha generado tantas tensiones en la sociedad y tan graves presiones sobre los afectos, se percibe muy negativamente por una mayora de los grupos sociales e intelectuales ms conscientes, en todos los territorios de Espaa. Nos unen vnculos muy slidos, y sobre todo problemas comunes e interconectados a los que hay que hacer frente en conjunto. En consecuencia, debemos luchar por un autntico derecho a convivir, por unas nuevas pautas de conducta colectiva y una nueva cultura de lo comn, pues solo desde lo comn podremos encontrar soluciones para nuestros propios problemas particulares.

Julin Snchez Vizcano. Estudi Derecho en la Universidad Complutense de Madrid e ingres en el Cuerpo Tcnico Superior de la Comunidad de Madrid en 1986. Ha sido colaborador en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el campo del anlisis de polticas pblicas. Fue miembro del rea federal de Estado de IU, coordinador del rea pblica de IU Madrid y responsable de estudios y programas. Actualmente es uno de los promotores de la Asociacin ISEGORA.

Fuente: http://pasosalaizquierda.com/?p=5189


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter