Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-11-2019

Honduras
Radiografa actual a 10 aos del golpe

Luismi Uharte
Rebelin


El golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inaugur una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay (2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en Venezuela (2016-17).

Objetivos golpistas. El derrocamiento de Zelaya tena como objetivo expreso abortar un proceso que haba provocado un rechazo creciente de la oligarqua y el imperialismo estadounidense. Durante el primer ao de su mandato (2006) no se produce ningn cambio relevante, pero a partir de 2007 se efecta un giro con el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 ser clave ya que Zelaya se adhiere al ALBA, adems de incrementar el salario mnimo ms de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto para legalizar tierras ocupadas.

La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente ser la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.

Zelaya, adems de traidor de clase para las elites del pas, haba intentado redefinir el papel geopoltico asignado histricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los pases del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentgono planific su cada.

El golpe no cuid especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avin a Costa Rica. Al da siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunci como falsa.

Laboratorio de distopa. El rgimen que desde hace una dcada se ha impuesto en Honduras es una combinacin de autoritarismo poltico y ultra-liberalismo econmico, por lo que lo liberal se vaca de la ecuacin poltica, pero se radicaliza en el plano econmico. Es un ejemplo del nuevo tipo de rgimen que se est ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez ms extremo con sistemas polticos no literalmente dictatoriales, pero si en transicin hacia un post-Estado de Derecho. En sntesis, una muestra del laboratorio de distopas del siglo XXI.

El nuevo rgimen poltico post-liberal se expresa en la hibridacin de un modelo de eleccin fraudulento con un modelo de administracin del poder cada vez ms coercitivo. Por un lado, las dos ltimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposicin de centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a travs de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios bsicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (no es una dictadura tradicional) pero se hace inviable el derecho a gobernar.

El segundo pilar del nuevo rgimen es un modelo de administracin de gobierno en el que el poder coercitivo tiene cada vez ms peso frente al poder persuasivo. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coercin, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.

La represin legal se est materializando a travs de tres vas principales: la militarizacin, la judicializacin y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos ms prestigiosas del pas ha denunciado la creciente militarizacin, con la creacin de una polica militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, adems de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represin de los aos 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una tasa de seguridad para financiar la escalada represiva.

La judicializacin es otro instrumento privilegiado de la represin ya que se est haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpacin) para imponer penas desproporcionadas a lderes del movimiento popular. Adems, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo cdigo penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del nmero de presos polticos y la creacin de crceles de mxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).

El rgimen articula la represin legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indgena denuncia la infiltracin para generar divisin al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campaas de criminalizacin, caracterizando a lderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para as legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran nmero de lderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en rgimen de semi-clandestinidad. Por ltimo, las agresiones y asesinatos estn a la orden del da, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martnez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de ms del 90% de los crmenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho.

Rgimen econmico ultra-liberal. Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitucin del modelo neoliberal y a su vez una radicalizacin de este. Los pilares del actual modelo son: intensificacin del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reduccin abrupta del salario y privatizaciones.

A travs de la denominada diarrea legislativa (Nueva Ley de Minera de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energticos. La minera ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Va Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.

Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indgenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son mltiples. Uno de los ms destacados por LVC es la restriccin del acceso al agua por la privatizacin de cuencas, el desvo de cauces y la contaminacin de acuferos. Tambin destacan la restriccin del acceso a recursos forestales por la tala masiva.

La contra-reforma agraria que viene de los aos 90 (Ley de modernizacin agraria) se ha intensificado con la expansin del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsin de masas de campesinos de sus tierras. La concentracin de tierra se ha acelerado en torno a los productos estrella de exportacin: caf, banano, palma de aceite y caa de azcar. Paralelamente, la importacin de alimentos bsicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.

Rafael Alegra, dirigente histrico campesino, seala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su funcin las familias se ven obligadas a ocupar (recuperar lo robado histricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represin. En la ltima dcada ms de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.

La reduccin del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a travs de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mnimo. En cuanto a las privatizaciones, adems de las vas terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educacin, pero no lo ha logrado producto de la movilizacin popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la dcada han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Econmico), popularmente conocidas como ciudades modelo, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que adems se autogobiernan y disponen de polica y administracin de justicia propia. En sntesis, supresin radical de la soberana nacional.

Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopa son dramticas ya que han llevado al pas a una situacin de evidente emergencia social. Sin embargo, el apagn meditico global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y ms de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigracin se ha disparado. Segn Eugenio Sosa, socilogo y profesor de la Universidad Nacional Autnoma de Honduras, un 40% de la poblacin tiene planificado migrar y un 20% ms no descarta hacerlo.

Resistencia popular. A pesar de esta radiografa dramtica, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 aos se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politizacin en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una dcada de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el pas; la reactivacin del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la ms reciente movilizacin (exitosa) contra el intento de privatizacin de la salud y la educacin. Concluye augurando una intensificacin del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.

Luismi Uharte. Grupo de investigacin Parte Hartuz, Universidad del pas Vasco.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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