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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-11-2019

Esperando a los vndalos, construccin de otredad
Negativa en la protesta social en Colombia

Equipo Jurdico Pueblos


DYLAN no muri, a DYLAN lo asesin el Estado fue una de las consignas que retumb en las redes sociales al difundirse la noticia de su fallecimiento despus de haber resultado gravemente herido por un miembro del Esmad de la polica nacional cuando participaba en una marcha dentro del paro nacional. Desde el 21 de noviembre el pueblo colombiano ha salido a protestar. La movilizacin se ha extendido y continuado en las principales ciudades del pas, nutridas por la iniciativa de distintos sectores inconformes con las polticas genocidas y la violencia estructural de un sistema que lleva a la miseria a cada vez ms personas. Las razones materiales sobran: Colombia, es un pas en el que persisten profundas inequidades. Ha sido ubicado por la Ocde, como el segundo pas latinoamericano despus de Hait, el primero en Suramrica y el cuarto en el mundo, con mayor desigualdad. Segn las propias cifras oficiales, el coeficiente Gini alcanza hoy el 0,517, lo cual significa que los ingresos de los hogares ms pobres ha disminuido mientras que se han incrementado las arcas de las familias ms ricas [1] .

Desde hace seis das como un hecho de lejanos precedentes en el pas- alrededor de las marchas, plantones, cacerolazos y otras mltiples formas de manifestacin de la disconformidad popular, se han construido lazos de solidaridad, unidad y cooperativismo entre vecinos, organizaciones y sectores populares. Y esta es tal vez una de las grandes victorias del Paro Nacional, pues han sido justamente esas relaciones de fraternidad e identidad de lucha del pueblo, las que han pretendido ser transformadas mediante las prcticas genocidas de las clases en el poder.

La respuesta estatal a la creciente movilizacin no se aparta de su prctica histrica: La represin y el miedo. El carcter fascista del actual rgimen poltico se ha hecho evidente en las medidas adoptadas por los gobernantes en el marco del Paro.

Bajo la denominacin de vndalo el Estado ha venido creando una nueva otredad negativa a la que se legitima detener, torturar y aniquilar en los contextos de movilizacin. De esta manera se reafirma el carcter limitado del derecho a la protesta social que se reconoce en Colombia y se enva un mensaje amenazante a quienes lo ejercen. Los hechos hablan por s solos:

Militarizacin

Desde unos das antes del inicio de la jornada de movilizacin nacional, la poblacin bogotana se vio sorprendida con una fuerte presencia del Ejrcito, pese a lo cual los mandatarios nacional y distrital, negaron la militarizacin de la capital y justificaron la presencia del cuerpo blico en la proteccin de activos estratgicos de la ciudad . No obstante, pblicamente se supo el General Luis Fernando Navarro como comandante de las fuerzas militares, mediante un radiograma, orden el acuartelamiento en primer grado de todas las tropas, desde el 18 de noviembre a las 6:00 am, con ocasin del paro [1] . Disposicin que evidencia que pese a los esfuerzos por ocultarlo o maquillarlo-, desde las ms altas instancias del poder, se dise y orient una respuesta estrictamente represiva contra la protesta popular. Esto es, el gobierno nacional, opt por militarizar, antes que abrirse al dilogo con las mayoras inconformes.

Amenazas veladas

De hecho, en su alocucin presidencial, el 21 de noviembre, Duque slo atin a sealar que quienes se manifestaron pacficamente fueron escuchados por el Gobierno, pero nada dijo de las medidas que adoptara para concretar las reivindicaciones y exigencias de la poblacin que sali a las calles a protestar. Al contrario, la principal fuerza de su discurso estuvo encaminada a anunciar que caera todo el peso de la ley, contra quienes protagonizaran disturbios pblicos, y a reiterar las rdenes emitidas a las fuerzas militares para garantizar el orden que l representa, en todo el territorio nacional.

Allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias

Los allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, dos das antes al inicio del Paro Nacional contra espacios culturales y comunitarios, constituyeron tambin actuaciones disuasivas e intimidatorias, con las que buscaban generar terror y estigmatizar anticipadamente la protesta. Pero estos operativos slo pusieron en evidencia los seguimientos ilegales de la Polica a colectividades crticas, los cuales pretendieron legalizar curiosamente con un libreto muy similar al que justific el toque de queda decretado por Duque y Pealosa en la ciudad de Bogot: La supuesta llamada de fuentes no formales a la lnea 123 dando cuenta de la presunta preparacin de disturbios, desde algunos inmuebles o puntos de la ciudad. Es decir que, las comunicaciones de personas desconocidas, cuya identidad ni siquiera es registrada ni su credibilidad constatada, han pretendido ser mostradas como informaciones fiables para ordenar medidas excepcionales, invasivas y altamente restrictivas de las garantas ciudadanas (a la inviolabilidad del domicilio y la libre movilidad de las personas entre otras)

Eliminacin de garantas demo-liberales

La sola pretensin de legitimar la accin estatal mediante este tipo de coartadas ofende la inteligencia y el sentido comn de la poblacin colombiana, pero, adems, dice mucho del criterio de legalidad que ha marcado el discurso de las autoridades de gobierno en los ltimos meses, evidenciando el carcter aparente que este ostenta: Los procedimientos se surten como verdaderas mamparas de actuaciones abiertamente arbitrarias e inconstitucionales. Esta prctica, cada vez ms extendida y generalizada, deja ver la naturaleza anti-liberal en trminos ideolgicos- de tales actuaciones del Estado, muy propias del fascismo.

As las cosas, no deja de ser sorprendente el cinismo con el que Duque y sus fuerzas militares salen a la opinin pblica llamando a la poblacin a obrar dentro de la legalidad, mientras dictan disposiciones que abiertamente ilegales en el marco de las cuales se cometen abusos y crmenes graves contra el pueblo disconforme.

Brutalidad policial

La accin desmedida de la fuerza pblica en el contexto del Paro Nacional ha generado llamados de atencin de la ONU, la Defensora del Pueblo y la Procuradura General de la Nacin. Han sido mltiples los actos de violencia estatal contra los manifestantes que ha corrido por las redes sociales, la ms reciente de ellas, tiene al borde de la muerte al joven de 18 aos, Dylan Cruz.

La respuesta del Gobierno, la fuerza policial y en general, la derecha en Colombia ante estas prcticas produce tanto desconcierto como indignacin, pues por un lado justifican la represin y por el otro la banalizan creando equiparaciones de lo equiparable, desdibujando la responsabilidad de quienes trazan las polticas que aniquilamiento contra quienes protestan.

Legitimacin del autoritarismo

Las afirmaciones (no desmentidas) de Uribe Vlez sobre la agresin (mediante una patada en el rostro) contra una joven estudiante por parte de un agente del Esmad, no slo legitiman el proceder criminal de la Institucin y sus agentes, sino que lo alienta y respalda, pero adems contiene una evidente carga de autoritarismo y militarismo. Cuando este alto exponente del fascismo en Colombia dice que al Esmad no se le debe pegar porque pueden ocurrir cosas desagradables trasmite a la sociedad un mensaje claro de sometimiento irrestricto de la poblacin a la fuerza militar, so pena de ser represaliado e incluso aniquilado, porque lastimosamente la vida tiene restricciones.

Tras la justificacin de Uribe y el discurso de otros funcionarios del Estado como Nancy Patricia Gutirrez o el comandante de la Polica, se esconde adems una falsa simetra entre la gente que protesta y los efectivos de la fuerza estatal. Ellos, cuando responden a las reclamaciones por el abuso policial, piden investigaciones formales y a la par, suministran y lamentan una cifra de 300 uniformados heridos presuntamente por los manifestantes. Sin embargo, no existe tal correspondencia o equilibrio que pretenden mostrar. Los agentes del orden, estn dotados de armas (que usan abusivamente) y equipamientos tanto para su defensa como para hacer frente a situaciones de ataque. Las personas que participan en las movilizaciones y protestas, en cambio no, pues las veces que se enfrentan a la polica lo hacen con piedras o papas explosivas que como lo dicen los dictmenes periciales no tiene mayor capacidad de hacer dao.

Pero son tan cuestionables estas justificaciones, equiparaciones y voces de aliento a la fuerza pblica, como aquellas que pretenden humanizar la violencia estatal. Causan escozor las aparentes condolencias emitidas desde el Gobierno y la Polica por el asesinato del joven Dylan Cruz tras el ataque criminal del Esmad, seguidas de un llamado a compadecerse por la situacin del agente que dispar su arma letal (consciente de trasgredir los protocolos de uso)

De ninguna manera son equiparables el asesinato Dylan y las consecuencias jurdicas que ahora debe enfrentar el uniformado que cometi este crimen. Mientras Dylan representa a los jvenes pobres condenados a la exclusin social que tienen toda la legitimidad de tomarse las calles y exigir del Estado verdaderas oportunidades; el agente estatal representa una poltica de aniquilamiento de quien protesta, una poltica que como individuo nunca cuestion, sino que por el contrario, ejecut a cabalidad.

As que es verdadero cinismo, llamar a la sociedad a ponerse en los zapatos del agente que asesin a Dylan, en un impecable acto de brutalidad policial, cometido desde una de las instituciones cuyo desmonte se viene demandado desde hace ya varios aos, porque ha cobrado la vida y la integridad de muchos/as jvenes crticos/as del pas.

No son equiparables ni jurdica, ni poltica, ni ideolgicamente- los manifestantes y los policas. Quienes protestan (incluso mediante el uso de la violencia) buscan y proponen cambios estructurales que beneficien a las grandes mayoras excluidas. Los uniformados, por el contrario, representan a un poder genocida que busca conservar su hegemona. Quienes protestan, as como el grueso del cuerpo represivo, suelen proceder de estratos humildes, pero no defienden los mismos intereses, ni cumplen la misma funcin en la sociedad.

En el campo estrictamente jurdico, de ninguna manera se pueden generar simetras entre la accin de los manifestantes y la del cuerpo policial. Mientras los primeros ejercen un derecho (a protestar, a rebelarse), los segundos estn llamados constitucionalmente (al menos desde lo formal) a garantizar y a proteger la vida de las personas. A la polica no se le ha otorgado patente de corso (reiteramos, al menos desde lo formal) para asesinar a los manifestantes, ni siquiera cuando se presenten disturbios. Por eso estn sometidos a protocolos claros en los que son entrenados pero que en la prctica incumplen, conscientes de las consecuencias que pueden acarrear. La polica tiene perfectamente claro que para controlar el orden imperante, no se requiere matar o lesionar a las personas que protestan.

Por esta razn no se puede responsabilizar a los manifestantes del actuar criminal de los segundos, como sin siquiera sonrojarse lo hizo el comandante de la Polica, Hoover Penilla para justificar el asesinado del joven Dylan Cruz, al indicar que el Esmad estaba en el sitio

porque ha venido una serie de desrdenes, desmanes a nivel de la ciudad. Ya estamos completando cuatro das en esta situacin. Y vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer la normalidad. Y yo se los dije: cueste lo que cueste, pero siempre cumpliendo las normas, las leyes. Respetando a todos y cada uno, de uno y otro lado. Pero habr situaciones que se nos van a salir de las manos. Como esta [la de Dylan Cruz]. Lamentable. Soy el primero que lo lamenta.

Ni Dylan, ni ninguna de los seres humanos torturados y asesinados por el Esmad, as como tampoco quienes ejercen la violencia poltica en contextos de protesta, y mucho menos los que acuden a la manifestacin de su inconformidad por medios pacficos, son responsables de los crmenes de Estado. Ninguna de estas personas cuyas vidas han sido cegadas o su integridad fsica y sicolgica marcada por el accionar represivo de la Institucin policial, pueden ser consideradas o presentadas como situaciones que se salen de las manos.

Desde el estricto tecnicismo jurdico, a aquellas situaciones que se salen de las manos, como lo dice Hoover Penilla, se les denomina crmenes. Crmenes que el Estado comete, indistintamente de que la gente proteste pacfica o con beligerancia. El caso de Dylan Cruz lo demuestra.

Duque y todos los funcionarios del Puesto de Mando Unificado, que planearon desde el inicio, medidas fascistas para hacer frente al Paro Nacional, tienen que ser juzgados por la accin criminal del Esmad. Quienes han desdibujado con el trmino de vndalo, la identidad de lucha de un pueblo que reclama transformaciones radicales y han legitimado y promovido su aniquilamiento, deben responder a la sociedad colombiana por sus actos. Quienes han creado intencionalmente en el contexto del paro- pnico en la poblacin para polarizarla y enfrentarla, deben darle la cara al pas y explicar el objetivo de su campaa. Por su parte el Escuadrn policial de la muerte, Esmad, debe ser sin duda alguna desmontado.


 DYLAN NO MURI, A DYLAN LO ASESINARON

LO ASESIN UN ESTADO GENOCIDA

LO AESIN UN GOBIERNO FASCISTA

LO ASESIN EL TERRORISMO DE ESTADO

LO ASESIN LA BRUTALIDAD POLICIAL



[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/ordenan-acuartelamiento-de-las-fuerzas-militares-antes-del-paro-nacional-del-21-de-noviembre/640708
Ver: https://bit.ly/2rpUu1c

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