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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-12-2019

Pluralidad de Justicias y Resarcimientos
Los aportes de la antropologa jurdica ante las desapariciones y las violencias extremas

R. Ada Hernndez Castillo
A dnde van los desaparecidos


La administracin del presidente Andrs Manuel Lpez Obrador, declar desde los primeros das de su gobierno que el tema de la bsqueda de las personas desaparecidas y los procesos de justicia y resarcimiento para los casos de violaciones a los derechos humanos estaran en el centro de su agenda poltica. Este nuevo contexto poltico, ha dado pie a la creacin de mltiples espacios de dilogo y debate entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia, en torno a las estrategias a seguir para demandar el Estado que cumpla con sus responsabilidades de investigacin, bsqueda, justicia y resarcimiento.

Este nuevo clima poltico, ha puesto en el centro del debate muchos de los temas que han sido centrales en el desarrollo de la antropologa jurdica mexicana: Qu entendemos por justicia y resarcimiento en contextos de diversidad cultural? Qu implicaciones tiene que se impongan conceptos globales como el de justicia transicional en un contexto histrico y poltico como el mexicano? Cmo entender el concepto de resarcimiento integral desde perspectivas no etnocntricas de la persona y concepciones no individualistas del agravio? En este artculo quisiera compartir algunas reflexiones producto de mi experiencia acompaando procesos de activismo legal, en los que la elaboracin de informes periciales o amicus curie, han sido estrategias efectivas para construir puentes entre el conocimiento acadmico y las luchas por la justicia.

No es el objetivo de este artculo hacer un balance del primer ao de la llamada 4 Transformacin, pero si es importante sealar, que an no existe una estrategia clara para enfrentar los retos que implica la bsqueda de los ms de 40 mil desaparecidos, y el reconocimiento de los ms de 26 mil cuerpos bajo custodia del Estado, que siguen esperando su regreso a casa. Durante estos primeros once meses, el gobierno ha priorizado los actos pblicos de reconocimiento de responsabilidades, como respuesta a sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o a recomendaciones de la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH)(1).

El 27 de junio de 2019, la Secretaria de Gobernacin, Olga Snchez Cordero, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofrecieron una disculpa pblica en cumplimiento de una recomendacin de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la llamada masacre de Allende, acaecida el 18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. En este evento de desaparicin masiva, en el que desaparecieron 42 personas segn cifras oficiales, y unas 300, segn los pobladores locales, el grupo delictivo de los Zetas, ocup el pueblo, allan casas y se llev a muchos de sus habitantes en un contexto de total impunidad. El reconocimiento pblico de la responsabilidad Estatal, al haber permitido este evento oprobioso, no respondi a las expectativas de resarcimiento de las familias articuladas en la organizacin Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEC), que al respecto declararon: Si bien una disculpa es un signo de reconocimiento de la responsabilidad por estos crmenes atroces que hemos padecido por ms de una dcada, ste no puede ser un acto aislado, ni inicial, debe integrar investigaciones claras, exhaustivas, independientes que permitan conocer la verdad, fincar responsabilidad de altos funcionarios que permitieron esta masacre(2).

Esta crtica de las familias de los desaparecidos a la limitada medida de reparacin, pone el dedo en la llaga sobre la importancia de entender el resarcimiento en un sentido ms integral, y sobre todo poniendo en el centro el esclarecimiento de la verdad, que en el caso de la desaparicin forzada implica necesariamente la aparicin de las personas, y la bsqueda de la justicia, desde las concepciones y demandas especficas de las vctimas. Explorar los distintos sentidos de justicia y resarcimiento, que muchas veces se construyen desde perspectivas epistemolgicas y ontolgicas, distintas a las reivindicadas en los marcos legales nacionales, resulta fundamental en cualquier estrategia de justicia reparadora que se quiera impulsar en Mxico.

El concepto mismo de reparaciones ha sido rechazado por muchos de los familiares de personas desaparecidas o masacradas, por considerar que el trmino cosifica su dolor y reduce su prdida a una afectacin pecuniaria. El familiar de un migrante hondureo, masacrado en su trnsito por Mxico, nos sealaba en un taller Mi hermano no era un carro, para que alguien quiera venir a hacer reparaciones, esto resulta ofensivo para nosotros(3). Si bien los marcos legislativos, limitan muchas veces los trminos en los que los abogados de derechos humanos que trabajan con las vctimas hacen su activismo legal, es importante empezar a mover estos lmites epistmicos, incluyendo las propias conceptualizaciones de los actores sociales, en los espacios de litigio. Las alianzas construidas entre algunos sectores de la academia comprometidos con las luchas por la justicia y los abogados de derechos humanos, han influido en que los peritajes antropolgicos y de anlisis de contexto, se empiecen a incluir como parte de las estrategias legales para alcanzar reparaciones integrales y reconocer los distintos contextos sociales que posibilitaron los agravios.

Un elemento que empieza a reconocerse, es la importancia que tienen las medidas de resarcimiento comunitarias, cuando los agravios, individuales o colectivos afectan el tejido social de la comunidad o la regin en donde tuvieron lugar. En este aspecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ha sido pionera en problematizar la figura de la vctima reconociendo como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra una o varias personas, pueden tener impactos comunitarios y, por lo tanto, ameritar resarcimientos que vayan ms all de la reparacin pecuniaria e individual. Desde 1989 el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha reconocido el valor de los peritajes antropolgicos para contextualizar los agravios y sentidos de justicia que van ms all del dao individual y de la concepcin liberal de la persona. El Caso Aloeboetoe y Otros vs. Surinam (1990), fue el primero proveniente de un pueblo indgena que se present ante la Corte, en el que se demandaron reparaciones para un sujeto colectivo. Este espacio de justicia internacional ha reconocido tambin que las enfermedades espirituales producto de la impunidad pueden afectar la integridad colectiva de un grupo (Caso Moiwana vs Surinam 2005), y que un agravio individual puede tener repercusiones comunitarias y por lo tanto ameritar reparaciones colectivas (ver el Caso de Ins Fernndez Ortega vs. Mxico). Si bien la mayora de estos casos se refieren a comunidades o integrantes de pueblos indgenas, se ha reconocido tambin que fenmenos como la desaparicin forzada pueden afectar el tejido social de las comunidades campesinas como es el Caso Alvarado vs Mxico (2017)(4).

Paralelamente, los peritajes de contexto, han permitido tambin que se analicen las condiciones sociales, polticas y econmicas que posibilitaron un agravio, como parte del agravio mismo. En este sentido, la idea de que las medidas de resarcimiento implican, regresar a la vctima a las condiciones previas al hecho violento, ha sido confrontada por peritajes como el presentado por la especialista en estudios de gnero, Marcela Patricia Huaita Alegre, para el caso conocido como Campo Algodonero vs. Mxico(5). Al caso se le conoce como Campo Algodonero, por haber sido las madres de ocho jvenes mujeres cuyos cadveres fueron encontrados en un campo de algodn en Ciudad Jurez Chihuahua quienes interpusieron la denuncia, y es considerado un caso paradigmtico dentro del litigio estratgico a favor de los derechos de las mujeres, por el reconocimiento internacional que se hizo a las causas estructurales de la violencia de gnero. En el 2009 la CoIDH dictamin que los feminicidios del Campo Algodonero eran parte de un patrn de violencia sistemtica basada en el gnero, la edad y la clase social, instando al gobierno mexicano a proveer una serie de medidas de reparacin, orientadas a identificar y eliminar los factores estructurales de la discriminacin, con el fin ltimo de transformar las desigualdades implcitas de gnero que generaron la violencia.

La importancia que los peritajes de contexto como el de Campo Algodonero, tuvieron para ampliar el sentido del resarcimiento ms all del nivel pecuniario, influyeron en que aceptara la invitacin del Centro de Derechos Humanos de la Montaa de Guerrero Tlachinollan y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, para realizar un peritaje sobre el impacto comunitario que tuvo la violacin sexual de una dirigente indgena mephaa, Ins Fernndez Ortega, por parte de efectivos del Ejrcito mexicano, el 22 de marzo del 2002. Entre los objetivos del peritaje estaba el demostrar que la violencia sexual sufrida por la vctima haba tenido un impacto no slo en ella y en su familia, sino tambin en las mujeres de su comunidad y de su organizacin. Este proceso me acerc a Ins y a las mujeres de la Organizacin del Pueblo Indgena Mephaa (OPIM), quienes me hicieron tomar conciencia de la existencia de otras epistemologas en donde el sentido de persona se construye siempre de forma relacional y en donde las fronteras entre lo individual y lo comunitario son muy fluidas.

Ahora entiendo que la necesidad de un peritaje de este tipo surgi no slo de los representantes legales, sino de la propia Ins, quien desde el inicio de este proceso insisti en que su violacin era parte de una serie de agresiones contra su pueblo y su organizacin, y que por lo mismo, no poda ser tratada de manera aislada. Su conviccin oblig a sus abogados a justificar ante la Corte la demanda de reparaciones comunitarias ante un caso de violacin sexual individual, estrategia legal que no se haba utilizado antes ante esa instancia de justicia internacional.(6)

Al igual que en la Sentencia del Caso Moiwana vs Surinam en el 2005, cuando la Corte reconoci que la masacre cometida el 29 de noviembre de 1986 por miembros de las fuerzas armadas de Suriname contra la comunidad Ndjuka Maroon de Moiwana haba causado afectaciones espirituales(7), en el caso de Ins Fernndez Ortega vs Mxico, la sentencia reconoce las etiologas indgenas como el gamit producto de los efectos que la violacin tuvo en el alma de la vctima. En el peritaje documentamos testimonios de la vctima y su familia en torno a la enfermedad que produce el susto, llamada gamit en idioma tlapaneco, y que sufrieron varias mujeres de la comunidad despus de la incursin de los militares. Segn sus epistemologas, el alma se sale del cuerpo (nanda tiga akiin), a causa del miedo causado por la violencia y esto produce dolores de cabeza intensos, escalofros y temblores del cuerpo, prdida de apetito e insomnio. Esta etiologa est vinculada tambin con la violencia que sufri el nahual (kui) o espritu animal protector de Ins durante la violacin.

El ampliar la documentacin de los agravios, para incluir las afectaciones espirituales, implica dar un debate epistmico no solo con los impartidores de justicia, sino con los mismos abogados de derechos humanos con quienes trabajamos. El lenguaje hegemnico del derecho ha marcado los imaginarios de justicia de los abogados, an de los ms progresistas, siendo difcil que reconozcan la existencia de otras epistemologas y menos an otras ontologas, es decir, la existencia de otros mundos en los que el sentido de persona muchas veces va ms all del cuerpo material y el sentido de humanidad, incluye a otros seres de la naturaleza. Son estos lmites epistmicos del derecho, los que influyen en que algunos defensores no recuperen los planteamientos de los peritajes antropolgicos en la preparacin de argumentaciones escritas o en la defensa oral de los argumentos en la Corte.

Sin embargo, la formacin de equipos interdisciplinarios en la elaboracin de peritajes integrales en la defensa de vctimas de violaciones a los derechos humanos, est creando espacios de encuentro y dilogos de saberes, en los que abogados y antroplogos estamos aprendiendo a encontrar un lenguaje compartido que nos permite reconocer las posibilidades emancipatorias del derecho, a la vez que reconocemos la riqueza epistmica que tienen los pueblos para pensar de manera ms creativa la justicia y el resarcimiento.(8)

De igual forma mi colega antroploga, Mariana Mora, logr incluir las afectaciones espirituales que tuvieron los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, en el excelente informe intitulado Yo slo quera que amaneciera Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa. En este informe un grupo de psiclogas sociales y clnicas, lideradas por Ximena Antilln, documentaron las afectaciones emocionales que la desaparicin forzada ha tenido en las familias de los estudiantes, y fueron capaces de desestabilizar sus certezas epistmicas adquiridas en su formacin universitaria para incluir las afectaciones espirituales documentadas por la antroploga y reconocer las formas de afrontamiento que las familias indgenas han desarrollado.

Estas experiencias nos han enseado, que si bien el lenguaje del derecho tiende a limitar las posibilidades de conceptualizar los agravios e imaginar otras formas de concebir la justicia y el resarcimiento, existen espacios de dilogo en los que la antropologa jurdica puede contribuir a repensar las justicias desde otras epistemologas, para buscar estrategias ms creativas ante las justicias punitivas del Estado moderno. Como antroploga jurdica y como feminista, me enfrento al dilema de concebir al derecho positivo como un producto cultural del liberalismo que debe de ser analizado crticamente. Pero al mismo tiempo como activista, no puedo dejar de reconocer las potencialidades que ofrece como herramienta para construccin de una vida ms justa en contextos de violencias extremas como los que vivimos actualmente en Mxico.

En el contexto actual, en el que parece abrirse una ventana de posibilidad para apoyar la bsqueda de verdad y justicia, desde perspectivas ms creativas que pongan las experiencias, demandas y conocimientos de las vctimas en el centro, la antropologa jurdica tendra mucho que aportar al activismo legal. Estar dispuestas a desestabilizar nuestras certezas epistmicas y a escuchar otras formas de concebir los agravios y los resarcimientos ser una condicin necesaria para articular alianzas en la bsqueda de nuevas estrategias para sanar a nuestras comunidades.

Notas:

(1) El 27 de septiembre del 2019, la Secretaria de Gobernacin, Olga Snchez Cordero, ofreci una disculpa pblica, en nombre del Estado mexicano, a Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la Liga comunista 23 de Septiembre, torturada durante la Guerra Sucia en 1977. El 18 de octubre, la misma Secretaria de Estado, se traslad a Ocosingo, Chiapas, en donde en respuesta a una recomendacin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admiti la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la violacin y tortura que sufrieron tres hermanas indgenas tzeltales, en 1994, en un retn del Ejrcito instalado en el municipio de Altamirano.

(2) Familiares rechazan participar en Ceremonia de Disculpa Pblica por la Masacre de Allende en Proceso 27 de junio de 2019.

(3) Taller sobre Reparaciones Comunitarias en La Paz Honduras, con integrantes del Comit de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH), agosto 8, 2019.

(4) Vase el peritaje socioantropolgico sobre el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua en el que tuvieron lugar las desapariciones forzadas de los primos Alvarado, elaborado por Carolina Robledo Silvestre, Erika Liliana Lpez Lpez, May-ek Querales Mendoza y Rosalva Ada Hernndez Castillo, integrantes del Grupo de Investigacin en Antropologa Social y Forense (GIASF), registrado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el expediente nmero CDH-14-2016/011.

(5) Caso Campo Algodonero vs Mexico Claudia Ivette Gonzlez, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monrrez Casos No. 12.496, 12.497 y 12.498. Para el Peritaje de Marcela Patricia Huaita ver http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110974

(6) Esta experiencia la analizo en el libro Multiple Injustices. Indigenous Women, Law and Political Struggle (Arizona Press 2016)

(7) La Sentencia de la Corte para el caso Moiwana vs Suriname se puede consultar en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf

(8) Esta ha sido mi experiencia como parte del equipo interdisciplinario formado por la jurista internacional Clara Sandoval, el psiclogo Allang Rodrguez, la mdica social Lorena Vsquez y la antroploga Sandra Odeth Gerardo, en la elaboracin de un peritaje de reparaciones integrales para los familiares de la vctimas de la masacre de Cadereyta, en la que 49 migrantes en trnsito fueron masacrados el 12 de mayo del 2012 en Nuevo Len.

R. Ada Hernndez Castillo (CIESAS GIASF)

* El Grupo de Investigaciones en Antropologa Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la produccin de conocimiento social y polticamente relevante en torno a la desaparicin forzada de personas en Mxico. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comit Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver ms: www.giasf.org)

Fuente: http://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/11/28/pluralidad-de-justicias-y-resarcimientos-los-aportes-de-la-antropologia-juridica-ante-las-desapariciones-y-las-violencias-extremas/



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