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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-12-2019

Impunidad golpista en Bolivia
Matar a un indgena cuesta 7.184 dlares

Alejandro Saravia
Rebelin


Un nuevo decreto dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el rgimen golpista encabezado por Jeanine Aez estableci un pago global y nico de 50.000 pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos. De acuerdo con el peridico La Razn de La Paz, este monto equivale a unos 7.184 dlares estadounidenses.

Muchos de los fallecidos, en su mayora indgenas, fueron asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra las movilizaciones sociales que se oponan al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

Segn un informe del Ministerio Pblico, se registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, el expresidente del Comit cvico de Santa Cruz, entre otros responsables.

En sus cinco artculos, el Decreto Supremo 4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Aez junto su ministro de Justicia, lvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a quienes ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represin. Con tal omisin, ese decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de los fallecidos.

Segn La Razn, el lder vecinal Freddy Rojas, representante del Distrito 8, explic que se solicit al gobierno de Aez una renta vitalicia que debera beneficiar a familiares de los hermanos fallecidos lo justo sera una renta vitalicia para las viudas, los hijos que han quedado hurfanos.

Pese a que existen pruebas grficas de que el ejrcito abri fuego contra la poblacin, el Gobierno de facto, a travs de su ministro de Defensa, Fernando Lpez, mantiene que del ejrcito no sali un solo proyectil y que ninguno de los decesos fue por arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la Polica, sino que corresponden a grupos subversivos y de choque.

Este nuevo decreto de la autonombrada presidenta Aez es una prueba ms del cariz violento, racista y cruel que caracteriza a quienes ocupan funciones de gobierno tras el golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia. No solamente porque demuestra una vez ms el uso de la impunidad como mtodo de gobierno -como el decreto 4078, posteriormente anulado por la presin nacional e internacional, que exima de responsabilidad penal a los miembros del ejrcito en el uso de la fuerza militar-, sino que le pone un precio global y nico de 50.000 pesos bolivianos a la vida de un indgena boliviano.

Esta crueldad e insensibilidad de la derecha golpista boliviana queda en evidencia cuando se compara el Decreto Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de noviembre por Jeanine Aez y sus ministros en pleno, que le otorga a las Fuerzas Armadas un total de 34.796.098 millones de bolivianos para la compra de equipamiento militar.

De este modo, el Gobierno de facto de Aez pagar alrededor de 210.000 dlares a las familias de los 29 fallecidos, y por otro lado otorga ms de cinco millones de dlares a unas fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la ejecucin del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata. Al no establecer responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a quienes dieron las rdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el gatillo de los fusiles.

Estos hechos muestran que la restauracin neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Aez, sabe que, an despus de unas nuevas elecciones, solamente podr mantenerse en el poder utilizando la impunidad, la represin, la mentira y el saqueo del Estado.

Se puede prever que el actual gobierno interino otorgar amnista a separatistas, corruptos y autores de masacres como Branko Marinkovic, Mario Cosso, Manfred Reyes Villa, Carlos Snchez Berzan, Leopoldo Fernndez y otros, mediante el establecimiento de un Comit interinstitucional de defensa a las vctimas de injusticia por motivos polticos e ideolgicos de los ltimos 14 aos, anunciado ya este 5 de diciembre.

Este gobierno de transicin tambin est copando puestos de representacin y direccin con polticos neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizrraga, o la derechista Karen Longaric, quien funge de canciller y que llama a la asonada golpista y al uso del ejrcito para cometer masacres como la fuerza moral del pueblo boliviano.

Los operadores del golpe de Estado, que utilizan a Jeanine Aez como una figura de conveniencia, buscarn callar las voces crticas usando plomo, plata o la manipulacin de la justicia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje de las dictaduras de Banzer y Garca Meza al referirse a la oposicin como sediciosos y terroristas. Con esta justificacin ha lanzado una campaa de persecucin y amedrentamiento contra dirigentes de movimientos sociales, contra periodistas y contra la militancia del MAS. El objetivo es impedir a toda costa que este partido poltico pueda organizarse adecuadamente para lidiar en las prximas elecciones.

Tras el 10 de noviembre, ha regresado al Palacio de gobierno de Bolivia un racismo secular que le pone precio a la vida de un indgena. A un quechua, a un aymara al que el golpismo neoliberal mata porque se atreve a defender su voto, se atreve a defender un pas que es suyo y no de los que buscan vender Bolivia a los intereses de Estados Unidos, a sus compaas transnacionales y sus cipayos locales.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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