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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-12-2019

La justicia estresada

Llus Rabell
Blog Personal


Contrariamente a lo que poda parecer en un primer momento, la resolucin del Tribunal de Justicia de la UE dictaminando que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria a partir de la proclamacin de los resultados de los comicios europeos, el pasado 13 de junio quizs tenga como efecto facilitar la investidura de Pedro Snchez. Vivimos tiempos de constantes cruces e interferencias entre la poltica y la justicia. Consecuencia de ello es que todo el mundo opina con soltura sobre temas jurdicos complejos y cada cual cuenta la feria segn le ha ido. Doctores tiene la Iglesia: bastante trabajoso resulta para los nefitos descifrar los tecnicismos que trufan las prolijas sentencias emitidas por los tribunales.

Valgan, pues, algunas observaciones, formuladas desde el campo de poltica ms prosaica. Es curioso como los nacionalismos de uno y otro signo tienen una misma percepcin de Europa como algo ajeno. El nacionalismo espaol ms castizo, desde Vox a buena parte del PP, se ha indignado ante una resolucin que, en este punto, enmienda la plana al Tribunal Supremo. El nacionalismo cataln, por su parte, se ha regocijado del bofetn propinado desde Luxemburgo. Sentimientos diametralmente opuestos ante una misma percepcin: Europa ha humillado a la alta magistratura espaola. Para unos, se trata de una injerencia extranjera. Para otros, es una providencial intervencin que desenmascara a un Estado de rasgos autoritarios. Semejante visin de las cosas es reveladora de la manera instrumental y poco democrtica en que unos y otros conciben la justicia.

Espaa no es en absoluto ajena al TJUE, ni al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ambos forman parte del ordenamiento jurdico vigente en Espaa y la magistratura de nuestro pas participa en la conformacin de tales instancias. No est de ms recordar que el TJUE se ha pronunciado sobre la situacin de Junqueras a peticin del propio Tribunal Supremo espaol, quien dirigi a Luxemburgo una consulta prejudicial. No estamos, pues, ante una intervencin extranjera, sino ante el funcionamiento, normal y reglado, entre organismos de un mismo sistema.

Lo significativo en la resolucin del TJUE es que pone de manifiesto la necesidad de deslindar los campos de actuacin de la poltica y de la justicia. El TS formul una consulta prejudicial pero, sin esperar a la respuesta, juzg y conden. Impidiendo el acceso de Junqueras a su condicin de eurodiputado, el TS vulner derechos fundamentales en una democracia poltica: la inmunidad que no impunidad de los diputados pretende preservar la separacin de poderes, protegiendo a los representantes de la ciudadana de persecucin y abusos. Naturalmente, como cualquier otra persona, los electos deben rendir cuentas ante los tribunales cuando son requeridos para ello; pero no antes de que la justicia eleve un requerimiento un suplicatorio en ese sentido al Parlamento del que forman parte.

Veremos cmo resuelve el TS la patata caliente que tiene entre manos y de la que no puede desentenderse justamente porque Espaa forma parte de un sistema democrtico con todas las disfunciones que quepa sealar. No pocos juristas estiman que, lejos de pasar pgina y encadenar hechos consumados, correspondera anular la sentencia contra Junqueras, permitir que se acreditara en Bruselas y solicitar del Parlamento Europeo que levantase su inmunidad para juzgarlo. Veremos lo que ocurre. En cualquier caso, el despropsito del Supremo tuvo sin duda ms razones polticas que judiciales. La incomparecencia de la poltica en la gestin de la crisis catalana durante los mandatos de Rajoy desplaz hacia la magistratura el TC, la Audiencia Nacional, el TSJC y finalmente el Supremo el terreno en que se dirima el conflicto. Y as estamos. Los jueces slo pueden declinar problemas de naturaleza poltica con el lenguaje del Cdigo Penal. Un Cdigo desde el cual se haca muy difcil calificar los acontecimientos, absolutamente inditos, que se produjeron en Catalunya durante el otoo de 2017 ese levantamiento institucional con apoyo multitudinario de que habla el juez Pasquau Liao. De manera sobreentendida, la magistratura se vio investida de una alta misin: salvar la unidad de Espaa. Las togas quedaron imbuidas del sentimiento de ser la ltima lnea de resistencia del Estado; de un Estado cuyos estamentos lean los acontecimientos de Catalunya como un desafo vital. El riesgo de un castigo por elevacin estuvo latente desde la instruccin del juez Pablo Llarena. La sentencia no retuvo el delito de rebelin. Pero interpret los hechos hasta hacerlos encajar en los requisitos que concurren en el de sedicin. Con la consiguiente y severa condena, pronunciada el 14-O.

Por lo que se refiere a Junqueras, el Supremo pretenda evitar sin duda un reproche de las instancias europeas Pero, al mismo tiempo, no quera que escapase a su control aquel que consideraba como el cabecilla de la trama delictiva. Fue acaso el sentido de un apremiante deber nacional, depositado por la Historia sobre los hombros del alto tribunal, lo que nubl su razn, empujndole a la imprudencia de formular una pregunta capital, que afectaba al procedimiento judicial en curso, y no esperar a conocer la respuesta antes de dictar sentencia? No parece descabellado suponerlo. Tal vez haya que esperar a la publicacin de las memorias de Marchena para salir de dudas.

Lo que no es dudoso es el mensaje que llega desde Europa. Es doble: la poltica debe asumir sus responsabilidades en la solucin de los problemas que le incumben y, al mismo tiempo, es imperativo respetar la separacin de poderes. Puigdemont se siente exultante. Quien denost Europa como un club de Estados decadentes se deshace hoy en elogios hacia la UE. Tambin debera ser ms prudente. Puigdemont se beneficia del Estado de Derecho que l mismo pisote y de la separacin de poderes que pretenda anular aquella Ley de Transitoriedad del 7 de septiembre de 2017. Estos das, las calles de las principales ciudades de Polonia se llenan de manifestantes que protestan contra la pretensin del gobierno de someter la judicatura a sus designios, siguiendo un esquema de subordinacin del poder judicial al ejecutivo idntico al que perfilaba aquella protoconstitucin de la Repblica Catalana. La UE est llamada a intervenir contra las pretensiones del gobierno de Varsovia. No hubiese tenido mejor acogida el proyecto del independentismo.

La resolucin del TJUE se ha dado a conocer el mismo da que la condena del president Torra, inhabilitado por desobedecer a los requerimientos de la Junta Electoral. Su reaccin ha sido tpicamente populista: Slo pueden inhabilitarme las urnas. Pues no. En una democracia, la justicia emana tambin de la voluntad popular y forma parte del sistema de poderes que la encarna y la hace operativa. Si la justicia substituye a la poltica, corremos el riesgo de una deriva punitiva y de una agravacin de los problemas que nos aquejan. Pero la poltica tampoco es fecunda al margen de la ley y las instituciones democrticas. Al cabo, la democracia es un sistema de contrapesos y equilibrios destinados a formatear la voluntad ciudadana de tal modo que la mayora nunca pueda imponer su voluntad sin lmites su tirana sobre el resto de la sociedad.

El pronunciamiento del TJUE lo ha sido a favor de la legalidad democrtica y la separacin de poderes. Desde la izquierda no podemos por menos que celebrarlo. Ojal facilite el advenimiento de un gobierno de dilogo y con capacidad de iniciativa poltica. Si es as, la justicia acabar situndose en el dominio que le corresponde. El populismo sigue sin entender el mensaje democrtico de Europa.

Fuente: https://lluisrabell.com/2019/12/22/la-justicia-estresada/



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