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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-12-2019

21N
Una explosin social sin precedentes, balance y retos

Daniel Libreros Caicedo
Rebelin


El 21 de noviembre (21N), Colombia presenci una explosin social sin precedentes en la historia del pas desde mediados del siglo pasado. Ese da haba sido convocada una marcha de protesta en contra de los anuncios gubernamentales de reformas econmicas regresivas por el Comando Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales (Central Unitaria de Trabajadores Confederacin General de Trabajadores Confederacin de Trabajadores de Colombia) y por organizaciones de estudiantes, campesinos, indgenas, afros, pensionados y ambientalistas que en aos recientes haban liderado resistencias de esos sectores sociales a las polticas estatales. La iniciativa de la convocatoria de las centrales de trabajadores, repitiendo el formato de aos anteriores, de impulsar marchas rutinarias a finales del ao para ambientar la negociacin sobre el salario mnimo con los gobiernos de turno que, por obligacin legal, deben citarla en este perodo. El lmite a la capacidad de convocatoria de las centrales es la escasa cobertura de sus afiliados que representan tan solo el 4% del total de los asalariados, lo que debe explicarse por la legislacin laboral regresiva y por la criminalizacin de las resistencias sindicales (1). En el plano interno, esta fragilidad en la interlocucin social remite al aislamiento, resultado de una forma de organizacin vertical y cerrada que en su funcionamiento requiere acuerdos por arriba entre las direcciones de la burocracia sindical, de los partidos de izquierda y de la izquierda social no partidaria. Adicionalmente, sus plataformas de accin se reducen a la esfera de las reivindicaciones corporativas.

Luego, todo haca presagiar una marcha rutinaria. Sin embargo, durante las semanas previas al 21N, el malestar social que en los ltimos meses se ha expresado en barrios, universidades, informales y desempleados, comenz a focalizarse en la jornada. Las noticias internacionales ayudaron, en ese mismo lapso, el movimiento indgena ecuatoriano derrot el intento fondomonetarista de imponer un plan de ajuste y en Chile, el pas emblemtico del neoliberalismo latinoamericano, al que los tecncratas de oficio haban presentado como ejemplar, se desat una explosin social gigantesca que an tiene en dificultades al gobierno de Sebastin Piera. Entonces, el efecto contagio anim a los desesperanzados de uno de los pases ms desiguales de la regin. El anuncio de mayores sacrificios a una poblacin cada vez ms empobrecida, acompaado al cansancio que produce el tedio de observar asesinatos diarios de lderes sociales sin responsables castigados, la corrupcin practicada de manera cmplice entre polticos y grandes magnates para repartirse el patrimonio pblico, y la existencia de una justicia maniatada por los poderosos que tan solo deja estelas de impunidad.

Por ello, la convocatoria del 21N termin convirtindose en una multitudinaria movilizacin que incorpor a amplias capas de la poblacin que salieron a las calles a protestar en contra de las mltiples formas de opresin que produce el orden establecido y del cinismo de sus representantes polticos. Por primera vez en dcadas, las calles de las principales ciudades del pas presenciaron el desfile de millones de personas a pesar de los chantajes gubernamentales, a pesar de las declaratorias de toque de queda, a pesar de los allanamientos selectivos previos a lderes de la protesta. En una palabra, a pesar de las amenazas convencionales del terror de Estado.

Las movilizaciones del 21N tuvieron el respaldo nocturno de los cacelorazos en los barrios convertidos en el eco solidario de las proclamas callejeras, confirmando la enorme legitimidad social del paro. Durante los das siguientes, marchas y cacelorazos continuaron en calles, barrios y parques, acompaados con la presencia de grupos musicales y de teatro. Un espectculo de euforia colectiva y de arte callejero.

El domingo 8 de diciembre, unas 300.000 personas presenciaron en diversos sitios del centro de Bogot el llamado concierto del paro, en el que participaron orquestas juveniles que quisieron manifestar su solidaridad con las protestas. Cuando los organizadores tramitaron los permisos para realizar la jornada artstica, la alcalda les ofreci el parque Simn Bolvar, un lugar de la ciudad que posibilita la concentracin de miles de personas, diseado para este tipo de espectculos. Rechazaron la oferta y la realizaron en tarimas callejeras. Se trata de prolongar el disfrute del espacio, pblico, argumentaron, confirmando que existe un sentimiento popular por continuar en las calles, un sentimiento acompaado de la conviccin de que ha llegado el momento de abandonar el miedo que por dcadas nos conden al ostracismo. Un sentimiento verbalizado en murmullos cotidianos en los que se afirma que este pas ya no es el mismo despus del 21N.

El fracaso gubernamental en la aplicacin de una poltica de seguridad interna

Histricamente, la principal justificacin de las elites para ilegalizar las resistencias sociales fue la de presentarlo como colaborador de las guerrillas en medio de la guerra civil interna, que comenz hacia mediados del siglo XX. Cualquier protesta de cualquier sector de la poblacin era caracterizada como proclive a la guerrilla, lo que serva de pretexto para aplicar la legislacin de excepcin, detener a los dirigentes y judicializarlos.

La negociacin con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia), impidi que se siguiera utilizando este argumento, abrindole nuevas posibilidades al movimiento popular. Esta negociacin no plante el trnsito a reformas democrticas, aspiracin de partidos, organizaciones y personalidades democrticas que acompaaron la propuesta de solucin poltica al conflicto desde hace varias dcadas. Fue derrotada plebiscitariamente en octubre del 2016 por una alianza poltica de derecha liderada por el uribismo, que incluy al Partido Conservador a la mayora de la Iglesia Catlica y a los predicadores de las iglesias evanglicas, lo que oblig a una nueva negociacin entre las partes con presencia del uribismo, que redujo el contenido de lo pactado y cuya aprobacin debi pasar por el filtro del Congreso, soportando recortes adicionales. La versin final de estos acuerdos contempl un sistema de justicia, verdad y reparacin integrado por la Justicia Especial de Paz (JEP), encargada de la justicia transicional, y la Comisin de Verdad. En el caso de la JEP, el tratamiento definido frente a quienes financiaron la guerra (empresarios y latifundistas) fue tan benigno que quedaron con la opcin voluntaria de presentarse a este organismo judicial. Igualmente, se desconoci el criterio de cadena de mando para ambas partes y en el caso de las responsabilidades por violacin de derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, abrieron la posibilidad de amnistiarlos mediante una figura jurdica denominada renuncia a la accin del Estado.

La agenda econmica tampoco apunt a reformas estructurales. Dado que las FARC fueron una guerrilla de tradicin campesina y con presencia en zonas de colonato el tema de la tierra fue el central en esta negociacin. Sin embargo, el acuerdo no incluy medidas que cuestionaran a la concentracin latifundista de la tierra fortalecida en medio de la guerra tanto por el despojo a campesinos como por el lavado de dinero (2); termin por incluir la formalizacin de la propiedad de siete millones de hectreas en zonas de colonato donde las FARC tuvieron presencia y la creacin de un fondo de tierras compuesto por tres millones de hectreas para distribuir nacionalmente a campesinos pobres. Hasta el momento han quedado en letra muerta. Un punto adicional en lo pactado fue el compromiso estatal de realizar inversiones en las regiones marginadas y azotadas por el conflicto, a lo que igualmente se ha negado el gobierno con el pretexto de la actual crisis fiscal. Como si fuera poco un nmero de 170 desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde que dejaron las armas, el ltimo de ellos dentro de los propios campamentos en los que estn concentrados, conforme a lo definido por los acuerdos.

A pesar de estas limitaciones en el diseo y la implementacin de los acuerdos, el uribismo viene intentando rebajarle an ms los contenidos. El partido Centro Democrtico, al que pertenece el actual presidente Ivn Duque, present una serie de objeciones a la JEP que perseguan oficializar mayor impunidad las cuales no alcanzaron a obtener las mayoras en el Congreso e impide la oficializacin de 16 circunscripciones parlamentarias para las vctimas que fueron reconocidas en la negociacin.

En lo referente al manejo del orden pblico el gobierno actual viene implementando una poltica diseada bajo los obsoletos argumentos del enemigo interno. Coloc como Comandante del Ejrcito al general Nicacio Martnez, quien ha sido sealado por la propia Fiscala, como responsable de ejecuciones extrajudiciales (llamados eufemsticamente por la prensa como falsos positivos) en la regin Caribe (Departamentos de la Guajira y el Cesar) durante el ao 2006, cuando ofici de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada ubicada en esa regin. (3)

Una vez posesionado, Martnez volvi a incluir en los protocolos del ejrcito las directrices que llevaron a la generalizacin de ejecuciones extrajudiciales, lo cual fue denunciado por The New York Times, peridico que obtuvo informacin de oficiales (4) que certificaron adicionalmente muertes y arrestos sospechosos. En medio de estas denuncias ocurri el asesinato del ex -guerrillero de las FARC Dimas Torres en el municipio de Convencin, regin del Catatumbo, ubicada en el nororiente del pas, quien fue detenido y asesinado por militares activos en estado de indefensin. Este asesinato tuvo la particularidad de que fue conocido y denunciado por los habitantes de la localidad por lo que oblig al general Diego Luis Villegas, comandante de las fuerzas especiales de esa regin, a pedir perdn pblico, gesto que repiti ante la Comisin de Paz del Congreso.

Posteriormente, la opinin pblica conoci, en los inicios de noviembre y en medio de un debate parlamentario, el trgico resultado de un bombardeo realizado en contra de las llamadas disidencias de las FARC a finales de agosto en San Vicente del Cagun, departamento del Caquet, en el que murieron 18 nios. En este debate qued en claro que, previo a la ejecucin del bombardeo, el ejrcito tena conocimiento de la presencia de menores en el terreno y que el mando de la brigada haba sido informada oficialmente por parte del personero municipal. Igualmente qued en claro que el ejrcito escondi durante meses la informacin de lo ocurrido. El debate caus la renuncia del hasta entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero. (5)

Estas tensiones en el interior del ejrcito y entre las fracciones parlamentarias del rgimen de dominacin, confirman que existe una fisura en las elites: entre el uribismo que pretende preservar la poltica de seguridad interna y quienes acompaaron al expresidente Manuel Santos en la negociacin poltica con las FARC en La Habana, que consideran que debe adecuarse a un ejrcito postconflicto que gane legitimidad. Por ello, tambin reivindican la implementacin de los acuerdos en su versin final y conformaron un bloque poltico denominado Defensores de la Paz, al que se sumaron todos los partidos no uribistas incluyendo la izquierda y movimientos de derechos humanos el cual realiza campaas y giras nacionales. Tuvieron un papel activo en la realizacin de alianzas en las ltimas elecciones regionales realizadas el 27 de octubre en las que los candidatos del Centro Democrtico fueron derrotados en las ciudades capitales.

Ms all de estas contradicciones inter-elites, el desgaste del gobierno por intentar preservar la opcin belicista es evidente. El rechazo popular al asesinato continuo de lderes sociales, ambientales y de miembros de las comunidades tnicas en regiones perifricas, cada vez tiene mayor resonancia en las ciudades. El caso de los nios muertos en el bombardeo del Caquet produjo una indignacin colectiva que encontr un eco multitudinario en la movilizacin del 21 de noviembre.

En el propio desarrollo del paro, la poblacin ha tenido que enfrentar otra forma de terror de Estado: el escuadrn antidisturbios (ESMAD), cuerpo de la polica especializado en el enfrentamiento a las marchas de protesta. Creado en el 2007 durante el segundo gobierno de Uribe enfrentan de tal manera las movilizaciones que han sido varios los muertos, los encarcelados y golpeados por este escuadrn policial. Pero en medio de una explosin social como la actual, ese comportamiento arbitrario genera un rechazo mucho mayor. El 23 de noviembre en el centro de Bogot, un miembro de ese escuadrn antidisturbios dej malherido a un estudiante de bachillerato de tan solo 18 aos, Dilan Cruz, al dispararle con perdigones de bala recalzados a corta distancia. Dilan muri pocos das despus en un hospital de la ciudad convirtindose en un smbolo de la resistencia actual. El 11 de diciembre, miembros del mismo escuadrn intentaron secuestrar en un carro sin insignias oficiales a dos estudiantes que participaban en un mitin frente a las instalaciones de la Universidad Nacional. Un ciudadano, ante los gritos de los jvenes comenz a grabar, se subi en su vehculo y sigui al carro fantasma obligando a que detuviera la marcha y se identificaran aumentando el estupor ciudadano. Han sido muchos los manifestantes golpeados judicializados y otros que, igual que en la represin en Chile, han perdido los ojos. A causa de estos acontecimientos deleznables una de las reivindicaciones principales y unificadora del paro, al igual que del conjunto del movimiento democrtico, es la disolucin del ESMAD, que en esta oportunidad no pudo detener la avalancha callejera.

El paquetazo econmico resultado de la crisis del neoliberalismo perifrico

La actual crisis econmica internacional desnud las fragilidades del modelo financiero-extractivista en Amrica latina. La fuerte cada de los precios internacionales de las comodities durante el lapso 2013-2017, produjo dficits comerciales y fiscales en los pases de la regin, que obligaron a incrementar los endeudamientos pblicos y privados. En estas condiciones y como ocurre en perodos de declive en las economas perifricas, la Inversin extranjera directa cay; en el caso de la IED, por cuanto las inversiones en los sectores extractivos devienen menos rentables y en lo atinente a las inversiones de portafolio por cuanto aumenta la prima de riesgo, empujando la fuga de capitales. A la manera de un crculo infernal que se cierra sobre s mismo, la reduccin de la inversin extranjera produce devaluacin monetaria y aumento de las deudas, que en la macroeconoma del lenguaje neoliberal, obligan a planes de ajuste que persiguen la contraccin de la demanda. Pero la poblacin cansada de soportar el detrimento continuo en sus condiciones de vida ha salido a rechazarlos. Las movilizaciones de octubre en Ecuador y Chile lo explicitaron. Las de Colombia, el 21 de noviembre, hicieron parte de ese mismo hartazgo por los ajustes neoliberales.

Unas semanas antes del paro el gobierno Duque present al Congreso una propuesta de reforma tributaria en lnea de continuidad con una poltica fiscal que, desde los inicios de la implementacin del neoliberalismo en los inicios de la dcada de 1990, aumenta las exenciones a los grandes capitales mientras descarga sobre las capas medias y pobres el grueso del castigo tributario, en un pas que desde el ao 2000 hasta ahora ha tenido que soportar 13 reformas fiscales de este mismo tipo, una cada ao y medio en uno de los pases de mayor concentracin del ingreso en la regin.

El gobierno adicion a esa propuesta la de una contrarreforma laboral que pretende flexibilizar an ms el rgimen de trabajo, al punto de incluir el pago de salarios por horas; una contrarreforma jubilatoria favorable a los fondos privados de pensiones; y por recomendacin de la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), la creacin de un holding financiero estatal el cual centralizara la totalidad de los recursos del sector financiero estatal para competir en el mercado de capitales.

Las exigencias del capital transnacional por estabilizar la economa en crisis, despus de la cada en los precios del petrleo, el principal producto exportador, explican la propuesta del paquetazo gubernamental.

Colombia tiene un dficit en cuenta corriente superior al 4% del PIB, el cual aument de manera considerable a partir del 2013, con la cada del precio internacional del petrleo, el principal producto exportable al igual que la IED. En el lapso 2013-2017, hubo un declive pronunciado del precio internacional del petrleo y a consecuencia de ello las exportaciones petroleras bajaron en un 60,4% y la IED del sector en un 41.3%. (6) A pesar de la recuperacin parcial de los precios internacionales del petrleo durante los ltimos aos este dficit sigue en aumento, (7) al igual que la reduccin de la IED (8), lo que ha precipitado fuga de capitales de corto plazo graficado estadsticamente en el declive de las inversiones de portafolio. (9)

En medio de este cuadro recesivo la devaluacin de la moneda alcanz uno de los niveles ms altos en el promedio internacional de las monedas (10) arrastrando de paso el crecimiento de la deuda externa, lo cual es particularmente grave en el caso de la deuda pblica que ya llega al 51% del PIB, con el agravante de que existe en el pas una legislacin impuesta por el FMI, segn la cual en la ejecucin de los presupuestos anuales el pago de los intereses de deuda es prioritario. (11)

Bajo las coordenadas de la dominacin neoliberal el ajuste econmico toma el carcter de inevitable. Por ello, mientras en las calles los manifestantes reclaman una sociedad ms justa, el presidente y la mayora parlamentaria continan tramitando en el Congreso los proyectos de ley exigidos por el capital transnacional, lo que reafirma la fractura entre poblacin e instituciones, confirmando la estrechez de una democracia representativa creada a imagen y semejanza del neoliberalismo, apoyada en clientelas polticas, en lobbies empresariales y en negociaciones secretas. Lo que estamos presenciando en Colombia y en Amrica Latina en general, no es tan solo la crisis del neoliberalismo como modelo econmico basado en el despojo, sino tambin la crisis de sus formas de representacin poltica.

Los retos que plantea la nueva coyuntura poltica

Desde el 21N ha surgido en el pas un movimiento plural que involucra asalariados, pobladores de los barrios, capas medias acorraladas por impuestos y la usura bancaria en las ciudades. Dentro de esta convergencia social debe resaltarse el papel de los movimientos juveniles que han emergido a la confrontacin exigiendo derechos y explicitando su lejana frente a una guerra que ya no los convoca.

Estas expresiones juveniles tienen antecedentes en los movimientos universitarios de resistencia que aparecieron en aos anteriores. Efectivamente, en el 2011 la denominada Mesa Nacional estudiantil logr, mediante una protesta de gran espectro, derrotar un proyecto de reforma universitaria impulsado por el gobierno de Santos y el ao pasado, otro movimiento del mismo carcter logr conseguir recursos presupuestales adicionales a los que haba proyectado el actual gobierno. Pero ahora, el campo de la movilizacin juvenil es mucho ms amplio; incluye la presencia de los jvenes que no pueden acceder a las universidades, o de aquellos que habiendo logrado un ttulo profesional no encuentran empleo (12); incluye a aquellos que estudian en universidades privadas, obligados a soportar endeudamientos asfixiantes. Igualmente a los de los institutos tcnicos que antes de terminar los estudios ya les han anunciado una contratacin laboral precaria; tambin a aquellos jvenes que la pobreza no les permite terminar la secundaria y tampoco pueden acceder a los servicios de salud mercantilizados o lograr un bienestar mnimo.

Tal y como ha ocurrido en otras partes de la geografa planetaria con movimientos sociales similares, este movimiento juvenil acude a la protesta callejera de manera espontnea utilizando las redes virtuales, motivado por denunciar las consecuencias del neoliberalismo aunque sin conocer sus causas (13). Rechaza las instituciones y los partidos dominantes pero, igualmente, no se sienten representados en los partidos de izquierda como tampoco en las organizaciones populares tradicionales. Objeta las decisiones verticales, los liderazgos unipersonales, democratizando las decisiones, lo que les imprime una gran fortaleza a su accionar. Expresa, al mismo tiempo, un pluralismo ideolgico amplio en medio de la despolitizacin a la que los conden el neoliberalismo y de all su debilidad.

Dentro de esta pluralidad ideolgica deben resaltarse dos temas que denuncian la crisis civilizatoria a la que nos ha condenado el capitalismo contemporneo: el de la destruccin de la naturaleza y el de la preservacin de la sociedad patriarcal, cuestionando con mucha fuerza por mujeres jvenes universitarias y profesionales.

El movimiento social plural que acompa las protestas callejeras del 21N no cuenta con una correlacin de fuerzas que le permita plantearse rupturas institucionales, como la renuncia del Presidente o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como en el caso de Chile. Sin embargo, en su corta existencia ha logrado:

-Derrotar el terror de Estado que durante dcadas ilegaliz el accionar de las organizaciones populares al darles el tratamiento de estado excepcin, colocndolos como apndices de las guerrillas.

-Urbanizar la resistencia social tanto por la forma como irrumpi en las ciudades como por los puntos que propone en su plataforma reivindicativa.

-Potenciar un movimiento en defensa de los derechos humanos que cuestiona el asesinato recurrente de lderes sociales y que demanda una poltica democrtica que garantice el cierre definitivo del conflicto armado.

-Colocar en el centro de la discusin poltica nacional a la desigualdad social como expresin interna de la crisis que el neoliberalismo experimenta a escala internacional.

El denominado Comando Nacional Unitario que convoc el 21N mantiene la interlocucin con el gobierno, pero las franjas de la poblacin que actan de manera espontnea o que pertenecen a una diversidad de organizaciones sociales, se encuentran por fuera de este organismo aunque dispersas y sin capacidad de convertirse en una opcin poltica diferente.

De momento se coordinan en asambleas barriales, una forma territorial de democracia directa que responde al despojo causado por el urbanismo neoliberal, caracterizado como extractivismo urbano. (14) Estas asambleas barriales pueden convertirse en expresiones superiores de democracia si logran centralizarse y articularse con movimientos nacionales que resisten a las polticas estatales. Esta apuesta depender obviamente de la continuidad del paro en las semanas iniciales del ao entrante, lo que en las actuales circunstancias parece posible y de los retos que le plantee al movimiento el enfrentamiento al gobierno. La alternativa poltica seguir en disputa aunque ahora en un nuevo contexto. Urge una coordinacin unitaria de quienes estamos convencidos de la necesidad de preservar una estrategia anticapitalista.


 

Notas 

 

1) El departamento de derechos humanos de la CUT ha denunciado el asesinato de 3000 activistas sindicales desde cuando fue fundada esta central sindical, a mediados de la dcada de 1980.

2) Los niveles de concentracin de la tierra en el pas son muy altos. El 1% de los grandes propietarios rurales acaparan el 60% de la tierra apta para cultivar mientras que dos millones y medio de familias campesinas viven en la superficie restante.

3) Durante el segundo gobierno de lvaro Uribe, en el 2008, el pas conoci que miembros de las fuerzas armadas haban asesinado a civiles indefensos hacindolos pasar por bajas en combates. El jefe del Ejrcito de Colombia dirigi una brigada acusada de matar a civiles, El Pas, Madrid, 5-06-2019, https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html Los llamados falsos positivos fueron uno de los escndalos militares ms sonados durante el primer gobierno de lvaro Uribe. Para obtener bonificaciones salariales o das compensatorios de descanso, conforme a los manuales reconocidos por el Ministerio de Defensa tomados, a su vez, de los manuales del ejrcito norteamericano; miembros del ejrcito retenan arbitrariamente a jvenes humildes en la periferia de las ciudades, algunos de ellos discapacitados. Luego los llevaban a zonas de conflicto, les colocaban uniformes de guerrilleros y los fusilaban para obtener los beneficios. El nmero de ejecutados, segn organizaciones sociales y de derechos humanos, puede llegar a 10.000.

4) Los oficiales que hablaron con The New York Times aseguran que estuvieron en el Ejrcito cuando ocurran los falsos positivos, ms de una dcada atrs. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes despus del cambio de cpula militar, cuando el general Martnez reuni a 50 generales y coroneles entre los que estaban sus principales mandos en todo el pas. (..) El 19 de febrero apareci un documento titulado "Cincuenta rdenes de Comando", conocido por el diario. En esta se exigen ataques oportunos y masivos. La directriz que marcaba el mayor cambio a como vean operando las cosas, dice The New York Times, es la de los ataques mortales. Falsos Positivos 2.0 La denuncia de The New York Times, Revista Semana, 18 de mayo del 2019, en https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/%C2%BFfalsos-positivos-20-la-denuncia-de-the-new-york-times-contra-el-ej%C3%A9rcito-nacional/ar-AABxWiU

5) Esta renuncia se precipit antes de que el Congreso votara la Mocin de censura respectiva. A una semana de que las mayoras en el Congreso lo convirtieran en el primer ministro en la historia de Colombia en salir de su cargo por una mocin de censura, Guillermo Botero tuvo que dar un paso al costado.

a travs de un escueto comunicado, en la tarde de este mircoles, present la renuncia a su cargo Renuncia Ministro de Defensa, El Tiempo, 5 de noviembre del 2019, en https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/renuncia-ministro-de-la-defensa-guillermo-botero-431146

6) Marco Fiscal de Mediano Plazo-2018, pg 127 y ss, MinHacienda en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/wcnav_defaultSelection;jsessionid=xQW8RqtaVEUSc9btV37YpNENdZOs_KXXvMFKLQbz5p12rpZ59orr!1891731479?_afrLoop=3723875303771996&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3723875303771996%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dgw7pm16br_4

7) El dficit de la balanza comercial de Colombia se multiplic por ms de dos veces en agosto pasado, al ubicarse en 1.426,6 millones de dlares, desde uno de 691,7 millones de dlares reportado para el mismo mes del ao pasado. El Tiempo, 18 de octubre del 2019, en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/deficit-de-la-balanza-comercial-de-colombia-en-agosto-del-2019-424464

8) Segn las propias estadsticas oficiales, la IED cay en 14,1% durante el 2018 (lleg a US$8.679,2 millones, mientras que en el 2017 haba alcanzado US$10.109 millones).

9) Estas inversiones en portafolio vienen experimentando un desplome; durante el 2018 cayeron en un 53,4%, datos que confirman que efectivamente estamos en fuga de capitales. El pas es deficitario cuando se toma en cuenta el diferencial entre ingresos por inversin extranjera y salidas por utilidades y dividendos desde hace varios aos lo que aparece en el rubro denominado renta de factores de la balanza de pagos. El balance deficitario de este rubro lleg a US$11.441 millones en el 2018.

10) En el 2014 el peso cotizaba a $1800 con relacin al dlar. A finales del 2017 lleg a $3.000 y en la actualidad asciende a $3.500. Confirma igualmente la fuga de capitales.

11) Se trata del denominado supervit primario obligatorio no tan solo en el diseo de los presupuestos pblicos, sino tambin en la elaboracin de los planes de desarrollo y de las llamadas polticas pblicas.

12) En la Universidad Nacional, la universidad pblica ms importante del pas, procuran ingreso cada seis meses que terminan los perodos acadmicos de la secundaria aproximadamente 60.000 bachilleres. Y tan solo ingresan 7000 aproximadamente. El desempleo juvenil alcanza niveles del 22% aproximado, de lejos el monto ms alto en el globo de los desempleados. Debe tenerse en cuenta que los mtodos estadsticos.

13) Han sido caracterizados como movimientos por ciudadanas emergentes, movimientos que intentan salir de la marginalidad social a la que han sido sometidos por el neoliberalismo.

14) El reordenamiento espacial de las ciudades por parte del gran capital inmobiliario y financiero en procura de la obtencin de rentas lleva al desalojo de las poblaciones de manera similar al desplazamiento que ocurre en los territorios en los que opera la explotacin de hidrocarburos y minerales. Por ello ha sido caracterizado como extractivismo urbano.

Daniel Libreros Caicedo, Docente en la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la direccin del Movimiento Ecosocialista.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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