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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-12-2019

Panorama poltico-sindical
Ley de solidaridad entre los pobres

Mario Hernandez
Rebelin


Los que ganan $ 250.000 dicen al de $ 19.000 que tiene que ser solidario con el de $ 12.000.

Esto es para garantizar el pago de la deuda, sevuelve a sacar plata a los trabajadores que aportaron durante 40 aos pensando en los acreedores externos, seal Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

La Ley de solidaridad y reactivacin productiva en el marco de la emergencia econmica fue aprobada en el Parlamento y ha sido el eje del actual debate poltico.

Tal medida tiene ganadores y perdedores. Entre los primeros estn los sectores de menores ingresos y de las Pymes. Entre los perdedores estn los sectores medios y medios altos, adems de los productores de cereales y los jubilados -el punto ms dbil de esta poltica- que cobran ms de $ 20.000 (unos 325 dlares) y que pasan a ser el principal sostn de los nuevos recursos estatales.

Los jubilados de menores ingresos sern compensados con bonos de $ 5.000 (unos 85 dlares) para enero y otro tanto para febrero. Mientras tanto, a todos los jubilados se les suspende la movilidad fijada por ley, que les significara notorios aumentos durante el primer semestre del ao.

Esa medida fue suspendida por 180 das, a excepcin de docentes e investigadores. Pero la excepcin tambin alcanzara a magistrados y ex funcionarios, sobre los cuales una Comisin Especial deber expedirse.

Ramiro Castieira de Economtrica estim que el ajuste impulsado por el Gobierno representar una transferencia del sector privado al Estado por ms de U$S 9.000 millones. Los jubilados aportan U$S 3.000 millones. Unos $ 189.000 millones al tipo de cambio actual.

Para la consultora Quantum que dirige Daniel Marx, considerando que la suma fija de $ 5.000 la recibirn 5.600.000 personas, el impacto incremental sobre el gasto pblico sera del 0,1 en enero. Mientras, el congelamiento en jubilaciones y pensiones representa una reduccin del 0,5% del PBI.

La mal llamada Ley de Reparacin Histrica (2017) implic una cada real de los haberes jubilatorios de 13% en 2018 y 2% en 2019. Los 2 quintiles ms bajos perdieron alrededor del 18% del poder de compra.

De 6.900.000 beneficiarios, 4.400.000 estn en la mnima; 2.100.000 perciben un haber medio de $ 27.000; y unos 300.000 la mxima o ms, es decir, representan un 5% pero reciben el 20% de los recursos. All se ubica el universo de ex presidentes, ex ministros, ex diputados, ex senadores, ex intendentes, ex jueces, ex diplomticos, etc., que fueron excluidos de los alcances de la Ley.

Para destrabar la discusin en Senadores, Alberto Fernndez les comunic por twitter que haba decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un Proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomtico). Una vez ms vimos cmo la casta poltica se caracteriza por la solidaridad en base al bolsillo ajeno.

Segn Marcelo Bonelli escribi en Clarn el 20/12 papers reservados y exclusivos para los clientes del FMI avalan y aplauden el paquete que la Casa Rosada envi al Congreso. Cuatro informes de Bancos internacionales (JP Morgan, UBS, Barclays y Credit Suisse) indican que el plan incluye un fuerte ajuste fiscal equivalente a 1.5% del PBI. Por eso subieron los bonos argentinos. Jubilados que no cobran la mnima y aumento de la presin fiscal al campo (soja 33% y otros granos 15%), ahorristas e inversores seran la fuente para honrar la deuda pblica con el FMI e inversores extranjeros.

Fuera del ajuste han quedado las petroleras y la minera que vieron reducir sus retenciones del 12% al 8% y los Bancos que ganaron $ 243.000 millones en 10 meses.

Pronunciamiento de la CTA Autnoma

La CTA Autnoma saluda el debate parlamentario del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivacin Productiva en el Marco de la Emergencia Pblica, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nacin, y que ser tratado en unas horas. Sin embargo, no queremos dejar de expresar nuestra preocupacin en torno a la amplitud de la declaracin de emergencia pblica, que implica en la prctica, la entrega de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que legisle en multiplicidad de materias, sobre todo la previsional.

A dos aos de la resistencia popular del 18 de diciembre del 2017, entendemos que las medidas que se adoptan en cuanto a lo previsional en ese proyecto, tienen ms que ver con la reduccin del gasto pblico, que con mejorar la situacin de uno de los sectores ms castigados en los ltimos cuatro aos, como es el de los jubilados y pensionados.

Con esta ley, el ajuste lo pagan el conjunto de jubilados y pensionados que ven frustrados sus derechos a una movilidad jubilatoria razonable y proporcional. Los jubilados que ganan un salario por encima de la mnima, producto de haber trabajado toda su vida, ser quienes sostengan a los de menores recursos, en vez de quitarle a quienes ms se han enriquecido con las polticas de ajuste y saqueo.

Rechazamos la suspensin de la movilidad por 6 meses (artculo 51) que significa que queden en suspenso nuestras expectativas y previsiones hasta que en marzo, el Presidente decida cul va a ser el ajuste de la movilidad y para quienes. No debe ser una comisin de notables (como sancion la Ley de Reparacin Histrica) quien defina los ingresos de los jubilados y pensionados, sino que es en relacin proporcional al salario de los trabajadores y trabajadoras en actividad, camino al 82% mvil.

Objetamos la continuidad del vaciamiento del Fondo de Garanta de Sustentabilidad (artculo 53) que permite aumentar hasta el 100% los topes previstos para la inversin del fondo en operaciones de ttulos pblicos, an sin garanta hasta el presente, y que se extiende hasta el 2023.

Asimismo entendemos que la exencin de los aportes patronales del mbito privado y las Pequeas y Medianas Empresas (artculos 23 y 54), no hace otra cosa que contribuir al desfinanciamiento del sistema previsional.

Esta Ley sigue sin proponer una solidaridad de los que ms ganan en el sistema econmico y financiero de nuestro pas , a travs de una necesaria reforma tributaria y financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema previsional.

Congela adems la posibilidad de este sector de acceder a una canasta bsica total que le asegure una vida digna, derecho a la alimentacin, la vivienda, la salud, la recreacin y los servicios esenciales.

Si bien saludamos los dos bonos de 5.000 pesos cada uno, asignados a los haberes mnimos, y los 2.000 para beneficiarios de la AUH, creemos que son insuficientes y que en marzo, cuando cesen esos pagos, la situacin de indigencia a la que sumergen los haberes mnimos de nuestros mayores, ser ms acuciante.

Estos bonos adems no son universales, y no remplazan el incremento permanente de haberes que recupere lo perdido y, a partir de ah, establezca los mecanismos de actualizacin en lnea con la inflacin futura.

La marcha ms grande de la historia de Mendoza contra la megaminera

Miles de personas recorrieron ms de 100 kilmetros el domingo pidiendo que no se promulguen los cambios a la Ley 7722 que limita la minera metalfera en Mendoza.

La caravana que parti de San Carlos lleg a Casa de Gobierno, donde se haba apostado un gran operativo de seguridad con un fuerte vallado.

El viernes ltimo, se aprob en la Legislatura la reforma de la Ley 7722, que prohbe el uso de sustancias txicas en el proceso de lixiviacin en la minera. Cerca de 50.000 personas se movilizaron y llegaron a Casa de Gobierno donde exigieron el veto de la reforma por parte del gobernador de la Cambia Mendoza, Roberto Surez. La represin lleg en horas del medioda y la siesta del lunes.

Pese a la dispersin de la manifestacin, la misma se reorganiz en dos puntos: el Km0 de Mendoza y el Nudo vial. Infantera volvi a reprimir con balas de goma. Luego de la represin, una larga columna de alrededor de tres cuadras de manifestantes se dirigi al Km0, donde se plegaron a quienes ocupaban ese punto desde la desconcentracin en Casa de Gobierno. La Asamblea Mendocina por Agua Pura convoc nuevamente a la noche un cacerolazo en el Km0 y march por las calles del microcentro.

La manifestacin se extendi a lo largo de cinco cuadras por la principal arteria del centro capitalino. Y a la par, los empleados de los comercios y los mendocinos que se encontraban en ese momento haciendo sus compras de Navidad, se sumaron con aplausos a la marcha. Tambin desde los balcones y ventanas, sobre avenida Las Heras, los vecinos hacan redoblar sus cacerolas o tapas de ollas.

Entre tanto, el enojo se multiplica y se suman mayores sectores al reclamo. Se espera en las prximas horas un masivo cacerolazo y distintas medidas de fuerza en distintas partes de la provincia.

El lunes la jornada fue agobiante, una temperatura en las calles que superaban los 40 y una movilizacin que sin dudas cumpli con su llamado: La marcha ms grande de la historia de Mendoza. Las banderas mapuches y las wiphalas flamearon en cada punto de la ciudad. El pueblo mendocino ha demostrado que en la provincia no hay licencia social.

Crnica de una muerte anunciada

En poco ms de diez horas, las dos Cmaras de la Legislatura de Mendoza modificaron la Ley 7722 para habilitar el uso de sustancias qumicas como cianuro, cido sulfrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotacin de la megaminera.

La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.

La votacin ocurri con una Legislatura vallada y una fuerte custodia policial ante una Plaza de la Independencia colmada por integrantes de las asambleas ciudadanas de toda la provincia. El agua no se negocia, La 7722 no se toca eran las expresiones repetidas por los manifestantes, que el martes 17 ya se haban expresado tambin de manera multitudinaria durante el tratamiento en comisin del Proyecto.

En la jornada del viernes 20 los reclamos frente al Palacio legislativo se replicaron en las rutas de toda la provincia con ocho cortes informativos y cortes totales de algunos accesos a la ciudad para expresarse en contra de la avanzada de senadores y diputados.

Los asamblestas y una decena de organizaciones ambientales como Greenpeace, Fundacin Biodiversidad y Vida Silvestre haban advertido que la modificacin de la norma va en contra del principio de no regresividad de la Ley General de Ambiente, lo que abre, como reconocieron algunos legisladores, un camino de anulacin va judicial.

Una vez que se conozca la promulgacin de la ley, antes de fin de ao, se presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por la violacin al principio de no regresin, confirm Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua.

La Cmara Alta mendocina aprob la modificacin de la norma por una amplia mayora, con votos de los senadores del radicalismo, el PRO y el Frente de Todos. Situacin similar se repiti una hora despus en la de Diputados , donde no hubo tratamiento previo y se aprob sobre tablas.

Desde la Asamblea Popular por el Agua sealaron que el lobby minero nunca descans desde 2007 y quera a toda costa llegar a fin de ao con la modificacin. El contexto de la crisis econmica y el aumento de la desocupacin en la provincia acompa, segn Giraud, a un cerco meditico brutal por parte de los principales medios mendocinos que silenciaron las voces disidentes, entre ellas, un pronunciamiento de ms de 500 cientficos y acadmicos.  

Entre los artculos modificados de la Ley 7722, ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina, el central es el 1 que prohiba la utilizacin de sustancias txicas a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial nfasis en la tutela del recurso hdrico en una provincia que se encuentra hace 11 aos en emergencia hdrica. Mientras, la megaminera utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extrado de la montaa.

El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisin del flamante gobernador radical Rodolfo Surez, sucesor de Alfredo Cornejo. La base del proyecto fue otro presentado en 2018 por el senador del Frente de Todos, Alejandro Abraham. Surez celebr haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernndez en la reunin que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada.

Durante un encuentro con la Asociacin Empresaria Argentina (AEA), Fernndez calific a la minera como primordial y se adelant a la votacin favorable en Mendoza, como tambin la vuelta de la actividad minera a cielo abierto en Chubut.

Esto dijo Alberto Fernndez cuando almorz con los empresarios integrantes de la AEA:  

Recin Paolo Rocca me preguntaba por Vaca Muerta. Claro que Vaca Muerta para nosotros es algo primordial, si sabemos que all hay fuentes de recursos para el futuro y hablbamos tambin de minera y claro que la minera tambin es un tema primordial. Hablaba, das atrs, con Gerardo Morales y le deca: quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio y tenemos que hacer el esfuerzo de construir una empresa de bateras de litio para que al litio lo dejemos de vender como materia prima y empecemos a venderlo como un producto elaborado. Y lo mismo tenemos que hacer con el silicio. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza, tambin, se involucre en la explotacin minera; y en Chubut hemos logrado que, en la zona de la meseta, podamos explotar oro y plata. All est nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia.  

Y yo apelo a que ustedes sigan invirtiendo y sigan creyendo en el pas, porque vamos a ponerlo de pie, no tengan duda. Lo hemos hecho mil veces, mil veces nos camos y mil veces nos levantamos. Ahora lo ideal sera que esta sea la ltima vez que nos caemos, porque ser experto en levantarse no es buena idea. Y estara buensimo ser expertos en caminar juntos y en crecer juntos, no en caernos y levantarnos.

En el tratamiento en la Cmara alta el acuerdo fue casi homogneo. Solo dos senadores del Frente de Todos, tres de Cambia Mendoza y los monobloques del Frente de Izquierda y Protectora se opusieron a la modificacin. En la Cmara baja los votos negativos llegaron a 11, sobre 36 positivos y una abstencin.

Ahora Chubut zona de sacrificio

Este viernes se realizar en la Legislatura de Chubut, en Rawson, la sesin extraordinaria que podra tratar la derogacin de la ley 5001 o el Proyecto de zonificacin minera que abrira la puerta a los proyectos megamineros.  

Nuevamente los pobladores de Chubut, como los de Mendoza, manifestarn su rechazo tanto a la derogacin de la ley 5001, lograda luego de un debate y lucha popular, como a la zonificacin minera, que pretende convertir a la meseta chubutense en una zona de sacrificio, donde se realizarn los proyectos megamineros, y con la ingenua creencia que la gran contaminacin que all se provocara no se propagara por toda la provincia por medio de los grandes vientos, comunes en la Patagonia. Que seran imposibles las filtraciones de los qumicos altamente contaminantes que se usan en esta actividad, por los exhaustivos controles que efectuara la secretara de Ambiente, que en este momento cuenta con cinco inspectores para controlar los cerca de 5.000 pozos petroleros que tiene la provincia.

Un secretario de Minera a medida de las mineras

Alberto Hensel ocupa el cargo de secretario de Minera bajo la rbita del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matas Kulfas.

Hensel pertenece al rin del gobernador de San Juan, Sergio Uac; ocup el cargo de secretario durante su gobierno, y fue el propio Uac el encargado de sugerirle a Alberto Fernndez su nombre.

Hensel es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue Intendente de la localidad de Sarmiento durante ocho aos, form parte del gobierno de Jos Luis Gioja y despus volvi a ocupar su lugar como intendente de Sarmiento entre 2007 y 2011. Para Hensel no hay mejor modelo a seguir que el sanjuanino en materia de minera y generacin de empleos. Cuando se enter de la eleccin, afirm que el modelo a seguir es el local, con una mirada federal.

Durante el gobierno de Macri, el sector goz de la eliminacin de las retenciones a sus exportaciones, que ya venan siendo significativamente bajas. Segn lo estimado por consultoras vinculadas a la actividad, en Argentina operan 850 empresas mineras. De ese nmero, ms del 90% son pymes que nuclean al 40% del empleo en el sector y el 60% restante se va al 10% concentrado en grandes empresas. De acuerdo a datos de 2016 del ministerio de Trabajo, el sector emplea en total a 78.100 trabajadores, lo que representa un 0,65% del total de asalariados a nivel nacional.

Al conocerse el nombre de Hensel como secretario de Minera, organizaciones ambientalistas de San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Chubut publicaron una carta a Alberto Fernndez expresando preocupacin por la designacin. Los cuestionamientos al nuevo secretario se remontan a incidentes muy puntuales de la multinacional Barrick Gold en San Juan, donde se produjeron cuatro derrames de solucin cianurada y mineral de oro sobre las aguas en apenas dos aos. Segn un informe de la Polica Federal, cinco ros de Jchal contienen niveles de cianuro que afectan a la vida acutica y un relevamiento de la Universidad Nacional de Cuyo determin que en el afluente de ese ro haba metales pesados. Barrick reconoci en 2015 que derram 1.070.000 litros de solucin cianurada, convirtiendo el derrame en el peor desastre minero de la historia del pas. A eso se sumaron denuncias por la violacin de la Ley de Glaciares, que la Corte Suprema valid como constitucional este ao, de parte de la empresa, entre otras irregularidades.

Salarios

El Gobierno acord con los gremios el pago de una suma fija en enero para todos los trabajadores del sector privado, que ser descontada luego de los aumentos paritarios que se negocien por actividad.  

Del encuentro, con agenda abierta, participaron representantes de la CGT, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autnoma. Cada uno expuso, adems su propia agenda de reclamos a Santiago Cafiero, Gustavo Bliz, Matas Kulfas y Claudio Moroni.

Entre los presentes tambin estuvieron Omar Viviani (peones de taxis), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo Cachorro Godoy (ATE), Ricardo Peidro (CTA Autnoma), Carlos Acua (Estaciones de Servicio), Antonio Cal (UOM), Roberto Baradel (Suteba), Dante Cataln (Sindicato de Obreros Unidos Martimos), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios), Armando Cavalieri (Comercio), Jos Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martnez (Uocra), Jorge Sol (Seguros), Eduardo Llanos (Aeronuticos) y Claudia Baigorria (CTA Autnoma).

Luego de la reunin en Casa Rosada, voceros del encuentro dijeron que todava no acordaron el monto y anunciaron que habr una nueva convocatoria oficial para resolver un incremento similar para los trabajadores estatales.  

El monto del aumento est todava bajo anlisis, aunque entre los gremialistas y los empresarios circula una cifra que oscilara entre los 6.000 y los 10.000 pesos. La medida servira para apuntalar los salarios ms bajos y podra modificar temporalmente el esquema tradicional de las paritarias sectoriales, con una suma fija, cuyo monto sera el que disponga el Presidente por decreto, y otro ajuste porcentual derivado de la negociacin entre los empresarios y los sindicalistas.

Sera una especie de piso por DNU sobre el que despus cada actividad pondr la cifra definitiva. Sergio Romero, secretario General de UDA y miembro del Consejo Directivo de la CGT adelant que en la jornada del lunes el Gobierno formalizar el aumento del salario para todos los trabajadores, que ser remunerativo y a cuenta de las negociaciones paritarias.

Hoy se anuncia un aumento que ronda los 5.000 pesos para todos los trabajadores , dijo Romero.

Pablo Moyano indic que ya una Cmara firm un acuerdo por un bono de 20.000 y falta que lo haga la otra y destac que mientras la CGT dice que no se firme un bono general nosotros logramos un bono de 20.000 pesos para los camioneros.

El martes 17 la funcin de El lago de los cisnes , culmin con reclamos del parte del Ballet Estable del Teatro Coln y tambin de la Orquesta Estable a travs de pancartas y carteles que exigan no slo sueldos dignos, sino tambin la restitucin de derechos laborales.

Las protestas pblicas haban comenzado antes en las presentaciones que msicos del Coln hicieron en La Usina del Arte. Tambin la Orquesta Filarmnica se sum a los reclamos.

Poco ms tarde, los integrantes del Ballet Estable pusieron este reclamo por escrito y lo hicieron pblico. El texto termina diciendo: Llevamos aos aguardando respuestas y soluciones que han sido omitidas deliberadamente. Exigimos dignidad laboral. Y venimos a decir: Basta de Abuso. Basta de Sueldos de Elite para Directivos frente a Trabajadores Precarizados.

La Asociacin Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) reiter el lunes el pedido de apertura de la discusin paritaria al gobernador Axel Kicillof, con la expectativa de ser convocados para iniciar un dilogo.

Como resultante de la falta de inversin, los presupuestos a la baja y la desidia de sus mximos responsables durante aos, los servicios sanitarios se encuentran en estado deplorable. Guardias descubiertas, planteles desmantelados, personal desvirtuado en sus funciones, son el corolario de una poltica que puso a la Salud en los ltimos lugares de la agenda, dijeron.

Para Cicop, Cambiemos dej numerosas temticas sin resolver entre las que resaltaron que los salarios disminuyeron su valor a expensas de devaluaciones y estampidas inflacionarias sin los incrementos concomitantes.

En una nota dirigida a Axel Kicillof, la Asociacin Judicial Bonaerense consign la urgencia para encontrar una solucin acordada a la enorme brecha existente entre los incrementos de haberes dispuestos unilateralmente por la ex gobernadora Mara Eugenia Vidal y las proyecciones de inflacin para el ao en curso.

El gremio reclam adems la necesidad de reinstaurar la negociacin colectiva como mecanismo para determinar los salarios y dems condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, y poner fin de esta manera a un perodo de violacin sistemtica por parte del Estado de ese derecho laboral fundamental consagrado en la Constitucin Provincial y normas internacionales.

Tambin e l Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) entreg una nota al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la que solicita una reunin para comenzar a discutir polticas educativas, cuestiones salariales, asuntos relacionados con la infraestructura escolar y los comedores. Destacaron la necesidad de una convocatoria a paritaria docente, de recuperar prdida de poder adquisitivo, no perder contra la inflacin y discutir la mejora y aumentos de haberes, incluyendo la incorporacin de sumas al bsico.

Atento a que las Cmaras empresarias del sector lechero no hicieron lugar al pedido de actualizacin salarial solicitado por los trabajadores y trabajadoras de la actividad y en cumplimiento del mandato ordenado por las Asambleas de Base que se realizaron en todo el pas, el Consejo Directivo Nacional de ATILRA dispuso:

La realizacin de un paro total de actividades de cuarenta y ocho horas (48) horas; comenzando el mismo a partir de las cero horas del da jueves 19 de diciembre, finalizando a la hora 24 del da viernes 20 de diciembre.

Asimismo, a partir de las cero horas del da sbado 21 de diciembre y hasta las 24 horas del da domingo 22 de diciembre, se deber trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, abstenindose de trabajar el franco, como as tambin en dicho perodo no se debern realizar horas extras.

Desde la primera hora del jueves 19, trabajadores del ingenio San Juan (Tucumn) cortaron el puente Lucas Crdoba en reclamo de deudas salariales. La medida de fuerza se realiz tras no ser recibidos en la Casa de Gobierno, donde haban sido citados. Los trabajadores denuncian deudas por diferentes tems salariales, algunos adeudados desde 2017.

La situacin crtica de los trabajadores del San Juan contrasta con las respuestas del gobierno de Juan Manzur. Luego de una reunin improvisada para lograr que se levante el corte, el intendente de la Banda del Ro Sal, Daro Monteros, ofreci $ 1.500 para cada trabajador; mientras que la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, una caja navidea. Para los trabajadores la oferta fue una burla, mientras analizaban profundizar las medidas.

El 60% de la poblacin ocupada ganaba por debajo de los 25.000 pesos al trmino del tercer trimestre del ao, en medio de un deterioro de la distribucin del ingreso, inform el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Indec).

Mientras que un hogar integrado por dos adultos y dos menores necesit $ 37.596 en noviembre para no quedar debajo de la lnea de pobreza; tuvo un incremento del 5,5 % respecto al mes previo.

En tanto, el mismo hogar para no ser indigente necesit $ 15.099 en noviembre. El valor de la Canasta Bsica de Alimentos (CBA) subi 6,3 % en noviembre respecto al mes anterior.

Cresta Roja

Trabajadores de Cresta Roja realizaron una olla popular en las puertas de la planta en Ezeiza. Son operarios despedidos y cesanteados con la promesa de reincorporacin cuando adquiri las instalaciones la empresa Wade Tres Arroyos tras largos conflictos. La mayora de los movilizados perdieron sus puestos laborales durante el Gobierno de Macri cuando hubo una reapertura de la planta en abril del 2018 y volvieron a ser despedidos un tiempo despus. 

Directivos de Cresta Roja, luego de 4 aos, atendieron a los trabajadores pero afirmaron que no habra incorporaciones en puestos de trabajo.

Estamos nuevamente visibilizando nuestra lucha ya que ayer nos reunimos con los gerentes de la empresa y no tuvimos respuestas positiva. Nos dijeron que no tomaran a ningn despedido, ni cesanteado. Hoy nos vimos obligados a cortar la autopista Ezeiza-Cauelas para ver si alguien del Gobierno nos da una solucin. Tenemos mucha esperanza en este Gobierno, esperemos que llegue la solucin porque nuestra situacin es desesperada y desde hace un ao y ms que no cobramos ningn ingreso y se vienen las fiestas con las mesas vacas.

El conflicto en Cresta Roja lleva aos con continuas quiebras de las firmas que se hicieron cargo. Durante el gobierno de Macri hubo una reinauguracin bajo la direccin de Proteinsa que luego volvi a cerrar. Mientras se sucedan las reincorporaciones y los despidos con planes laborales cada vez ms precarizados. En abril del 2018, el Presidente Macri junto a la gobernadora Mara Eugenia Vidal decan: Que Cresta Roja est funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina. Hoy ms de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicndose de a cientos en los prximos meses. Parte de los trabajadores que hoy protestan son de esta camada. Con el ingreso en marzo del 2018 de la empresa Wade Tres Arroyos a Cresta Roja se acord un plan productivo que prometa reincorporaciones de operarios despedidos o cesanteados a medida que aumentaba la produccin. Segn los trabajadores las plantas incrementaron notoriamente la produccin, sin embargo, no hubo ninguna reincorporacin.

Nace la UTEP, nuevo sindicato de la Economa popular

El sbado 21, en el microestadio de Ferro, se llev adelante el acto lanzamiento del nuevo sindicato de las, los y les trabajadores de la Economa popular. Luego de ms de 3 aos de unidad de accin, desde aquella histrica marcha que le vali el nombre de Triunvirato de San Cayetano, CTEP, Somos Barrios de Pie y CCC se unirn en un mismo sindicato, la UTEP; a ellos se les sumar el Frente Popular Daro Santilln, quin en el ltimo tiempo funcion como la cuarta pata de esta alianza. Esteban Gringo Castro ser el secretario general.

Los movimientos populares que integrarn el nuevo sindicato UTEP, adems de los nombrados, son MP La Dignidad, OLP, MNER, FOB y OPS Los Pibes.

En el acto, se hicieron presentes funcionarios y dirigentes polticos y sociales como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el Secretario de Economa Social, Emilio Prsico, junto a otros dirigentes populares, tambin funcionarios de la Secretara, como Daniel Menndez, Rafael Klejzer y el Vasco Mura; por la CGT estuvo presente Juan Carlos Schmid; por la CTA de los Trabajadores, el docente Roberto Baradel; tambin estuvieron la titular del INADI, Victoria Donda y el ex jefe de gabinete, Abal Medina; entre otros. El presidente de la Nacin, Alberto Fernndez, mand un video saludando el acto.

La UTEP al reconocerse como una parte integrante de la misma clase que les trabajadores formales, reclama su incorporacin a la CGT.

Al respecto el Gringo Castro dijo: Por qu tenemos que incorporarnos a la CGT? porque somos parte de la clase trabajadora y la clase trabajadora tiene una nueva configuracin y en esa configuracin estn los trabajadores y trabajadoras de la economa popular, y esos somos nosotros. Para nosotros es fundamental el ingreso y es fundamental unirnos en una sola central, y ah, desde esa nica central hay que dar una discusin: desde dnde miramos la realidad. Nosotros y nosotras hemos decidido mirar la realidad desde la periferia, desde donde estn mirando los pobres, desde nuestros barrios, desde nuestras unidades productivas ms humildes que no producen como las grandes corporaciones.

Este sujeto social se ha conformado a partir de la lucha piquetera de la dcada del 90 y tiene su mtodo histrico en el corte de ruta. Mtodo que se corresponde con la territorialidad donde se conforma la organizacin y que tiene la fuerza de jaquear al sistema al impedir la circulacin de mercancas. Este sujeto, junto con las mujeres y disidencias, ha sido el sector ms dinmico de los ltimos aos y ha protagonizado la resistencia al macrismo.

Declararon Ruiz y Arakaki, enjuiciados por luchar contra la reforma previsional de Macri

El lunes 16 tuvo lugar una nueva audiencia en el juicio que el Tribunal Oral N 3 lleva a cabo contra los militantes del PSTU y PO, Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, procesados por participar de las masivas movilizaciones contra la reforma previsional del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2017.

Daniel Ruiz, que pas ms de un ao detenido en Marcos Paz, brind declaracin indagatoria por videoconferencia desde su ciudad, Comodoro Rivadavia, donde volvi a radicarse tras ser liberado en octubre pasado, despus de pasar ms de un ao injustamente detenido. Durante una amplia exposicin, record que la justicia federal y agentes de inteligencia, lo siguieron y espiaron durante 9 meses antes de detenerlo, por la mera razn de ser compaero de militancia de Sebastin Romero, sobre quien pesa un pedido de captura por los mismos hechos del 18 de diciembre de 2017.

En su exposicin, seal a las fuerzas de seguridad, que en la represin a esa protesta, dispararon sistemticamente al rostro de los manifestantes, dejando numerosos heridos en los ojos que perdieron la visin. Y destac que ningn polica o funcionario se encuentra detenido o en riesgo de prisin por la feroz represin de ese da, disparando, atropellando, y gaseando manifestantes indefensos.

A su vez seal que la alta recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad para capturar a su compaero Sebastin Romero, combinada con su detencin en un penal de mxima seguridad, slo poda llevar la intencin de ponerlo en grave peligro durante su encarcelamiento de ms de un ao, dictado por el ex juez federal Sergio Torres, luego nombrado en la Suprema Corte bonaerense por iniciativa de Mara Eugenia Vidal.

Csar Arakaki, detenido tambin durante casi un mes entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se neg a contestar preguntas del Tribunal y de los abogados del polica Brian Escobar, quien es querellante en la causa contra los manifestantes.

Desde las defensas reivindicaron el derecho a la protesta y la libertad de manifestarse contra un sistema de explotacin y opresin. Ruiz asegur que ms all de la sentencia que recaiga sobre l, la lucha de los pueblos contra el ajuste capitalista continuar.

El juicio va a continuar el lunes 23 con las audiencias testimoniales.

Tambin la diputada electa de Neuqun, Patricia Jure, y los trabajadores municipales, Marisol Vzquez y Juan Carlos Gonzlez, enfrentan una causa, iniciada por el fallecido Intendente de la capital provincial, Horacio Quiroga, por rechazar la reforma jubilatoria. A pocas horas del inicio de la audiencia Patricia Jure asegur: Estamos en presencia de una causa que constituye una patraa poltica del macrismo con el apoyo del MPN. Es que la causa fue armada tomando testimonios basados en los dichos de autoridades del Concejo, ediles de Cambiemos y del MPN y de policas. En tanto, concejales de cuatro bloques han declarado que no hay la menor razn para impulsar una accin judicial y solicitan la anulacin de la causa. [] Que la causa judicial importe una persecucin poltica lo refleja el hecho de que el propio Concejo se neg a sancionarme. Y esto fue as, por la sencilla razn que mi accionar fue cumplir con un mandato, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Los que deberan estar en el banquillo de los acusados son los responsables de meterles la mano en los bolsillos a los jubilados. Hasta el momento, decenas de direcciones sindicales a nivel local, nacional e internacional, como la totalidad de los organismos de Derechos Humanos de Neuqun y miles de trabajadoras y trabajadores se han expresado por la absolucin y la anulacin de la causa, al entender que se busca censurar el uso de la palabra de la oposicin en general y de la bancada del Frente de Izquierda en particular.

El debut de Sergio Berni

El lunes 16 se realiz en La Plata un operativo policial contra vendedores manteros. Un video viralizado en redes sociales muestra la brutalidad con la que los policas se llevan detenidos a dos senegaleses.

En el video se puede ver tambin que los vecinos se conmueven e intentan frenar a la polica que reduce brutalmente a los trabajadores senegaleses en diagonal 80 y 4, pleno centro de La Plata.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisara 1 con la cartula de resistencia a la autoridad y lesiones cuando se ve claramente en el video cmo una decena de policas aplasta a los trabajadores senegaleses.

Estos hechos no son aislados, hablan de un mecanismo sistemtico de la Polica Bonaerense y Control Urbano, en el que excusndose en una contravencin por la venta callejera no autorizada, la polica hostiga arbitrariamente a los migrantes hasta lograr armarles causas penales, generalmente por daos, resistencia a la autoridad u otros. Si estos mecanismos avanzan, pueden provocar la deportacin de los migrantes. Esto est habilitado por el DNU firmado por Macri en el 2017 que modific la Ley Nacional de Migraciones 25.871.

A seis das de la asuncin de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una antroploga como ministra de Seguridad de la Nacin y el ex carapintada, Sergio Berni, en Provincia, la misma Bonaerense mantiene sus mecanismos de hostigamiento y prcticas persecutorias.

Marche preso por luchar

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autnoma present el Informe represin y criminalizacin de la protesta social durante el gobierno de Macri. En cuanto a los datos ms relevantes, se destacan al menos 1.452 detenciones en el marco de protestas sociales y 234 casos de utilizacin de la violencia fsica como respuesta.

Este trabajo comienza afirmando: La represin y criminalizacin de la protesta social constituyeron un dato distintivo de la poltica implementada por el Gobierno de Mauricio Macri. En efecto, la utilizacin de las fuerzas de seguridad y el aparato represivo fue desde sus inicios una de las herramientas de respuesta estatal al conflicto social y un mecanismo necesario para imponer polticas sociales y econmica de corte regresivo. Este tipo de respuesta no se origin durante la actual gestin gubernamental. Por el contrario, podra sealarse que en gran medida ella es constitutiva de la administracin del conflicto social por parte del aparato estatal. Sin embargo, ello no impide que puedan realizarse caracterizaciones sobre las formas que asume en los distintos perodos de gobierno. En otras palabras, es necesario preguntarse cules fueron las notas principales que permiten identificar la especificidad de la represin y criminalizacin de la protesta social durante el gobierno de Cambiemos.

Adems, el informe analiza cmo el Gobierno nacional reivindica la utilizacin de la fuerza represiva como forma de intervencin ante la protesta. "La represin y criminalizacin de la protesta social fue una constante durante los cuatro aos del gobierno de Cambiemos. Ms an, fue una herramienta cuya utilizacin respondi a una decisin consciente y avalada desde los ms altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las polticas de ajuste", indica el informe.

Entre las principales conclusiones, explica que "las consecuencias sociales y econmicas de estos cuatro aos de gestin se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarizacin laboral y en una fuerte cada en trminos reales de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ni la intensidad de la represin estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles ms altos de la funcin pblica fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represin, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia".

Tambin explica acerca del proceso de construccin en el plano simblico de un enemigo interno, que "fue una decisin poltica tendiente a responsabilizar a otro la razn de los fracasos econmicos del Gobierno nacional. Ese otro fue desplazado del manifestante al extranjero, llegando al punto de modificar regresivamente la legislacin migratoria, intentando instalar una supuesta relacin entre migracin y delito".

Finalmente explica: "resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitizacin de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro aos de polticas donde la reivindicacin del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la accin estatal".

Fuentes: ACTA-CTA, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, [email protected]com, Clarn, Diario Popular, La Nacin, Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Pgina12, El Destape Radio.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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