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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2020

Consentimiento sexual
Pamplona, Manresa y Arandina, tres sentencias que marcan la pauta en violencia sexual para 2020

Marisa Kohan
www.publico.es

El nuevo ao arranca con un compromiso entre PSOE y UP para desterrar el machismo de los tribunales reforzando la formacin de jueces y modificando las leyes para que 'solo un s sea un s' y lo dems se considere una violacin. Tres sentencias emitidas en 2019 por diversos tribunales han sido claves para impulsar dichos cambios.


El nuevo ao arranca con un compromiso claro y explcito entre el PSOE y Unidas Podemos para avanzar en temas clave sobre feminismo cuando se forme Gobierno. Entre ellos dos que la sociedad viene reclamando con fuerza desde que se iniciara el juicio contra los cinco integrantes de La Manada de Pamplona y que han sido largamente postergados, entre otros motivos por las reiteradas convocatorias electorales: una reforma del cdigo penal que aclare los delitos contra la libertad sexual, y la obligada pero aplazada formacin en perspectiva de gnero de todos los integrantes del sistema judicial.

Si 2018 terminaba con una propuesta legislativa para que cualquier comportamiento sexual sin consentimiento por parte de una mujer fuera considerado violacin y tuviera pena de crcel (lo que no lleg a aprobarse ni debatirse), este 2019 acaba con miles de mujeres pidiendo en las plazas de todo el mundo que se deje de poner el foco en el comportamiento de las mujeres a la hora de juzgar su comportamiento en las violencias sexuales con el canto de "El violador eres t, iniciado por las mujeres chilenas.

"Que la culpa no era ma, ni en dnde estaba, ni cmo vesta", resumi con tanta fuerza y precisin lo que millones de mujeres sufren a diario en todo el mundo, que su grito reson en calles, plazas, avenidas y parlamentos de los cinco continentes. Pero tambin, y especialmente, ante los tribunales de justicia, una de las instituciones en donde la persistencia de estereotipos de gnero, prejuicios y mitos acaban revictimizando a las mujeres y poniendo sobre ellas el escrutinio de las acciones y los comportamientos, en lugar de hacerlo sobre el de los agresores.

En nuestro pas, en tan slo seis meses de 2019, los que van de junio y noviembre, tres sentencias sobre agresiones sexuales en grupo de tres tribunales distintos han copado la actualidad informativa y el debate pblico. Tres sentencias muy diferentes que volvieron activar la peticin por parte de juristas y expertos, pero sobre todo de la ciudadana, sobre la necesidad conseguir una justicia menos machista y que est formada en perspectiva de gnero.Tambin la urgencia de acometer cambios legislativos que aclaren la tipificacin de los delitos contra la libertad sexual en el Cdigo Penal, para que se tenga en cuenta el consentimiento explcito de la vctima y no se basen, como en la actualidad, en la violencia o la intimidacin que se ejerce contra ellas.

Este lunes, el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, se vuelve a comprometer con el impulso de muchas de estas medidas: reformar las leyes para blindar que slo un "s sea s", y para garantizar que la falta de consentimiento se entienda literalmente "que, si una mujer no dice S, todo lo dems es NO". Esta interpretacin est contenida en el Convenio de Estambul, un tratado fundamental de derechos humanos ratificado por Espaa en 2014 y que por tanto es parte de nuestro ordenamiento jurdico, pero que no se aplica en la prctica. Esta medida tambin est recogida en el Pacto de Estado contra la violencia machista que aprob el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017.

El Supremo corrige la sentencia de 'La Manada'

En abril de 2018, la sentencia de la Audiencia de Navarra que conden por abuso sexual y no por violacin a los cinco integrantes de la conocida como La Mandada de Pamplona, dispar movilizaciones sociales sin precedentes en nuestro pas y en el mundo entero. stas ya haban arrancado cuando la Audiencia acept como prueba un informe elaborado por un detective privado pagado por uno de los acusados, que hurgando en la vida posterior de la vctima, intentaba demostrar que sta no se comportaba como una vctima de violencia sexual ni tena las secuelas esperadas. La sentencia dictada por la Audiencia gener tal malestar social, que el entonces ministro de justicia del PP, Rafael Catal, pidi a un grupo de expertos una propuesta de modificacin de los delitos contra la libertad sexual en el Cdigo Penal.

En junio pasado el Tribunal Supremo cerraba el caso de La Manada de Pamplona. Tras dos sentencias de instancias inferiores que slo vieron abuso sexual, el alto Tribunal entendi que los hechos probados en la sentencia relataba una violacin en toda regla, en la que existieron dos componentes bsicos que los tribunales inferiores no haban tenido en cuenta: la "intimidacin ambiental" y la "cooperacin necesaria", es decir, que no se debieron juzgar los hechos como un nico delito continuado, sino como una pluralidad de agresiones, lo que hubiera obligado a considerar a La Manada como autores y partcipes de mltiples delitos de agresin sexual. Esto, que hubiera incrementado las penas de forma considerable, no poda ser corregido por el Supremo en el recurso de casacin, por lo que el alto Tribunal se limit a incrementar la penas de crcel de nueve a 15 aos por violacin.

No hubo grandes novedades. El Supremo ya haba sentado jurisprudencia sobre estos aspectos, por lo que la sentencia, para diversas expertas consultadas por Pblico a lo largo de esos das, "puso las cosas en su sitio". Esta sentencia confirm, segn dichas fuentes, dos cosas: que se es imprescindible una amplia formacin en perspectiva de gnero para jueces, juezas y dems actores de sistema de justicia, y que es imprescindible una reforma legal que clarifique el concepto de violaciny que ste se acerquea lo que la ciudadana entiende por dichos delitos.

'La Manada de Manresa' vuelve a encender las alarmas

Slo cuatro meses despus de esta sentencia del Supremo, otra de la Audiencia de Barcelona volvi a poner el tema del consentimiento en el debate pblico. En su sentencia sobre la conocida como Manada de Manresa, estableci que la violacin por turnos a una nia de 14 aos no constituy un delito de agresin sexualsino de abusos, y conden a penas de entre 10 y 12 aos de crcel a cinco de los seis procesados.

El tribunal descart en la sentencia la tesis de la Fiscala de que los procesados se valieron de su superioridad numrica y el estado de ebriedad de la vctima para intimidarla y agredirla sexualmente.En cambio, concluye que se trata inequvocamente de un delito de abusos sexuales no consentidos al "quedar demostrado" que la vctima estaba inconsciente y "sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales", por lo que descarta el delito de agresin sexual (violacin) al no apreciar violencia o intimidacin en esos hechos.

A pesar de que los hechos probados recogen que existieron quejas por parte de la vctima en diversos momentos de la agresin, stos no fueron tenidos en cuenta a la hora de determinar que se trat de una violacin que no cont con el consentimiento expreso de la menor. Diversos expertos y juristas consultados por Pblico sobre la sentencia, resaltan el hecho de que en los juicios por violencias sexuales se tiene ms en cuenta el comportamiento y el estado de las vctimas, que las acciones de los agresores.

"El delito contra la libertad sexual es uno de los pocos en donde el examen que se hace de la conducta de la vctima es ms intenso y extenso que el que se hace de los acusados. Parece que para la calificacin del delito diera igual lo aberrante que haya sido la conducta de los delincuentes, pero si la actuacin de la vctima no intachable o prototpica se puede poner en entredicho toda la construccin del delito. Esto sigue pasando. Se sigue valorando de forma distinta a determinadas vctimas ante distintos delitos y es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque se trata de puros prejuicios y estereotipos de gnero", afirma Carla Vallejo, penalista y portavoz de la Asociacin de Mujeres Juezas de Espaa (AMJE).

Para algunas expertas, el simple hecho de cambiar el Cdigo Penal, no es suficiente. As lo afirma la jurista Tania Sordo para la que "un cambio legislativo como el que se ha propuesto por el Gobierno en la pasada legislatura para clarificar los delitos contra la libertad sexual es importante pero no suficiente. "Es imprescindible que estos cambios vayan acompaados de una formacin en profundidad en perspectiva de gnero, en estndares internacionales y en una formacin especfica sobre violencia sexual a todos los operadores jurdicos. Si el cambio legislativo no va a acompaado de esta formacin, la experiencia de otros pases nos muestra que la interpretacin que se haga de las leyes va a continuar estando basada en estereotipos y prejuicios, que lo que hacen es juzgar a las vctimas, reducir las condenas o absolver a los presuntos violadores".

'La Arandina' aplica la jurisprudencia

Este mes de diciembre, la sentencia de la conocida como "Manada de la Arandina" marc una lnea muy distinta a la sentencia de Manresa. En ella, la Audiencia de Burgos aplica a pies juntillas las principales jurisprudencias emitidas por el Tribunal Supremo en los ltimos aos, y que record en la sentencia de La Manda de Pamplona. As el tribunal condena a los tres acusados a penas que suman en total 114 aos de prisin por considerar que violaron a una menor de 15 aos utilizando la "intimidacin ambiental" y entender que cada uno de ellos es responsable de sus propias penetraciones, as como cooperadores necesarios de las de todos sus compaeros.

Por estos delitos, la Audiencia los conden a 14 aos de prisin por sus propios delitos y a 24 por la participacin en los delitos de los dems, lo que supuso una condena para cada uno de 38 aos de prisin.

Para diversas expertas consultadas, esta sentencia supone, por fin, la aplicacin en tribunales inferiores al Supremo de la jurisprudencia que ste ha venido reflejando en los ltimos aos en diversas sentencias y supone un mensaje contundente "que servir para prevenir futuras violaciones grupales".

"Durante aos, muchas juristas venamos reivindicando la aplicacin de este concepto como una forma de valorar las agresiones sexuales, porque no se estaba aplicando en tribunales inferiores al Supremo. Esta intimidacin ambiental supone una manera de explicar aquellas situaciones en las que por el mero hecho de estar, un grupo de personas genera una situacin de indefensin a la vctima que ve mermada su capacidad de defensa, hasta el punto de imposibilitar su capacidad de defenderse",Luca Avils, portavoz de la Asociacin de Mujeres Juezas de Espaa.

Sin embargo la sentencia de La Arandina vuelve mostrar la necesidad para algunas juristas, de revisar no slo la tipificacin de los delitos penales en el Cdigo Penal, sino adems, revisar si las penas estn lo suficientemente ajustadas.

"Esto es lo que se vena pidiendo en la reforma del Cdigo Penal: que se revisaran tanto los tipos como las penas en las agresiones sexuales. No para que se aumentaran o se disminuyeran, sino para que fueran proporcionadas. Porque a veces puede haber deficiencias en un sentido y en otro. Es tan negativo el exceso como el defecto para prevencin. No estoy diciendo que sta [la de Arandina] sea excesiva, tenemos que mirar con calma la sentencia, pero entiendo que llame la atencin", coment Esther Erice,coordinadora de la Comisin de Violencia de Gnero de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD).

Juzgar sobre el consentimiento, no sobre la violencia

Los principales tratados internacionales que firmados por Espaa en materia de derechos de las mujeres establecen la necesidad de juzgar los delitos sexuales en funcin de la existencia o no de consentimiento explcito de la vctima y no en funcin de la intimidacin o la violencia que se ejerce sobre sta. As lo hace el Convenio de Estambul, ratificado por nuestro pas hace ahora cinco aos y el Convenio de antidiscriminacin de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en ingls). Dos convenios internacionales que al ser ratificados por nuestro pas son parte de la jurisdiccin de nuestro pas, aunque raramente se apliquen.

Tambin el Pacto de Estado contra la violencia de gnero aprobado por mayora de todos los grupos de Congreso en septiembre de 2017 establece este cambio de perspectiva.

La realidad es que slo una decena de pases europeos definen la violacin en relacin al consentimiento de la vctima, y Espaa no se encuentra an entre ellos. Esto supone que la vctima necesita poder demostrar que durante la agresin existi intimidacin o violencia, requisito indispensable para que se aplique el tipa penal de agresin sexual (violacin). Este proceso, tal como han repetido hasta la saciedad diversos expertos juristas, acaba poniendo el foco en el comportamiento de la vctima y no en el de los agresores.

Tal como record un grupo de expertos formado por varios relatores especiales y miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidasel pasado 25 de noviembre, con motivo de la celebracin del Da Internacional de la Violencia contra la mujer, "los sistemas de justicia penal que definen la violacin basada en el uso de la fuerza a menudo requieren evidencia de que el perpetrador us la coercin y la vctima no pudo defenderse. Esto obliga a la mujer a demostrar que se resisti al abuso, y si no puede hacerlo, el violador sale libre mientras la vctima queda estigmatizada".

Protesta contra la primera sentencia de 'La Manada' de Pamplona / Foto: Kai Forsterling

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/pamplona-manresa-y-arandina-tres.html


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