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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-01-2020

Acuerdo de investidura PSOE-Unidas Podemos
Pensiones, medidas positivas, carencias y ambigedades

Mikel de la Fuente
Viento Sur


Este escrito, redactado de forma apresurada, tiene por objetivo examinar las propuestas sobre pensiones contenidas en el Nuevo acuerdo para Espaa suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno progresista de coalicin y que, a la hora de redactar este artculo, se est debatiendo en el Congreso. Teniendo en cuenta que las pensiones estn determinadas por los salarios y el empleo, tanto desde el punto de vista del acceso y la cuanta de las pensiones, como desde el correspondiente a los ingresos del sistema de seguridad social que provienen de forma muy mayoritaria de las cotizaciones sociales y por lo tanto del nivel salarial y del empleo, se va a empezar por indicar, de forma resumida, las repercusiones en los salarios y el empleo de la reforma laboral del PP de 2012.

La reforma laboral del PP se puso en marcha con la finalidad de provocar una profunda devaluacin salarial y precarizar al mximo la situacin de las y los trabajadores. Y tuvo xito: entre 2008 y 2017, la parte salarial en el PIB cay desde el 50,1% al 47,3%, el porcentaje ms bajo de los ltimos 30 aos. La cada salarial fue principalmente fuerte para los salarios ms bajos, tardamente atenuada por el incremento a 900 euros del salario mnimo. Adems, no se ha verificado el argumento justificativo de la flexibilizacin pro-empresarial de la reforma: la eliminacin del desempleo. Este se mantiene en una tasa superior al 14% y su ritmo de reduccin se ha desacelerado el ltimo ao, pasando en el conjunto del Estado del 6,7% en 2018 al 1,21% en el 2019. Ello, sin contar que una parte del empleo se produce con contratos a tiempo parcial involuntarios.

La promesa inicial del PSOE y exigencia de Unidas Podemos- de derogacin de la misma no se ha mantenido, pasando a limitarse a la de sus elementos ms regresivos, que lo son todos segn una declaracin ante la televisin vasca de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. El acuerdo tiene importantes omisiones y carencias en esta materia, como muestran Vidal Aragons y Ral Navas, de las que sealo algunas: se mantiene la reduccin de la indemnizacin por despido improcedente; se mantiene la eliminacin de los salarios de tramitacin en los despidos improcedentes; no se recupera la necesidad de la autorizacin administrativa en la tramitacin de los ERE; se mantiene la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos en materia salarial, tiempos de trabajo, turnos, sistemas de trabajo y mejoras voluntarias de la seguridad social, cuando se produzcan causas econmicas graves. Este ltimo aspecto es singularmente grave, ya que aunque cuantitativamente ha tenido una relevancia limitada, al haberse aplicado, segn un estudio de la secretara de Accin Sindical de CCOO, a 348.229 personas cubiertas por la negociacin colectiva desde el 2010, permite soslayar, como indica Antonio Baylos, al convenio colectivo sectorial como norma que regule las relaciones laborales, introduciendo elementos de antisindicalidad y, aado, de inseguridad, en relacin con los derechos incluidos en los convenios.

En materia de pensiones hay medidas progresivas pero tambin importantes carencias e imprecisiones. As, no se hace ninguna referencia a la necesaria derogacin de los elementos regresivos de la reforma promovida por el gobierno del PSOE a travs de la Ley 27/2011, con el apoyo de CC.OO y UGT. Y ello, cuando en este mismo ao 2020 tiene lugar una aceleracin de las medidas de recorte de las pensiones, concretada en medidas tales como el aumento de la edad de jubilacin que pasa a 65 aos y 10 meses (dos meses ms que en el 2019); aumentando a 37 aos (tres meses ms que en el 2019) la duracin de la cotizacin necesaria para jubilarse a los 65 aos; el aumento de los aos cotizados para percibir el 100% de la pensin, que pasa de 35 aos y 6 meses a 36 aos; y aumento tambin del perodo de clculo que pasa de 22 a 23 aos.

Otros elementos de la reforma de 2011 afectan a la gente con carreras laborales ms interrumpidas y precarias, como la de exigencia efectiva de 15 aos cotizados para acceder a la jubilacin contributiva, mientras que en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de considerar como cotizado a estos efectos las dos pagas extras legales, era posible acceder a la pensin con algo menos de 13 aos. Esta medida contribuye a mantener la mayor brecha de gnero de la Unin Europea en la cobertura de la pensin de jubilacin, con 27 puntos menos entre las mujeres.

Si ya en los ltimos aos las nuevas pensiones de jubilacin estaban siendo inferiores a las del ao anterior, es muy probable que ese proceso se amplifique por la aceleracin en la aplicacin de varios de los citados elementos de la reforma de 2011, mientras que los salarios que forman la base de clculo se mantienen casi congelados. El mantenimiento de esta reforma es incompatible con el objetivo de garantizar unas pensiones justas que se proclama en el primer apartado del acuerdo.

Tambin lo que se incluye en el Acuerdo permite mrgenes de ambigedad que pueden permitir una aplicacin regresiva y con ello se mantienen las incertidumbres del preacuerdo entre ambas fuerzas que como ya analic en su da. La plena integracin en el Rgimen General de la Seguridad Social de las trabajadoras de hogar, a lo largo de la legislatura (Apartado 1.11), permite el mantenimiento durante un perodo muy amplio en la minusvaloracin de sus derechos, sin aclararse adems si esa integracin va a ir acompaada de la eliminacin de la restriccin de sus derechos de pensin por una cotizacin diferenciada de sus salarios, ya bajos, tal como ya explic Isabel Otxoa.

Entre las medidas progresivas se pueden citar la revisin de la cobertura de lagunas, es decir, de los perodos sin cotizar que, a efectos del clculo de las pensiones, hasta la reforma del 2011 se sustituan por la base mnima y que a partir de la misma esa base mnima solo se mantena durante los primeros 48 meses mientras que posteriormente se aplicaba la mitad de la base mnima. Tambin se propone que el complemento por maternidad debe ser ms equitativo y evitar la perpetuacin de roles de gnero. No se aclara el sentido de esta propuesta. Se recuerda que ese complemento se estableci como recargo por la tenencia de 2 o ms hijos o hijas para las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016. Para que fuera tal, el carcter equitativo debiera referirse a conceder carcter retroactivo a esos recargos, de forma que pudieran beneficiarse las mujeres de ms edad, que en muchos casos fueron expulsadas del mercado de trabajo por razones legales y sociales y que, en el mejor de los casos, solo perciben una pensin de cuanta muy reducida. Es ms; en muchos casos no han podido causar una pensin por derecho propio, por lo que los recargos son insuficientes y lo que debiera instaurarse es una pensin especfica y transitoria, de cuanta equivalente a las pensiones mnimas contributivas.

Tambin merece una valoracin positiva, pero matizada, la reinstauracin de la revalorizacin conforme al IPC. En este tema hay que sealar que el gobierno en funciones del PSOE ha cometido una enorme irresponsabilidad con las personas pensionistas al no haber restaurado esa norma durante el tiempo de su mandato. Ms an cuando en el ltimo Consejo de Ministros de hace unos das se neg a aprobar la revalorizacin para el 2020 con el estrambtico argumento de los costes logsticos de aplicar la revalorizacin en dos veces, el 0,25% inmediatamente y la diferencia hasta el 0,9% una vez se constituyera el gobierno. Cuando el resultado de la investidura era y todava en cierta media lo es- incierto, no aplicar una revalorizacin que poda quedar postergada indefinidamente es una decisin lamentable para un gobierno que se pretenda de izquierda. Adems, la revalorizacin conforme al IPC, que hoy se presenta como objetivo impostergable, no permite que se mantenga una relacin estable ente pensiones y salarios, ya que, aunque en escasa medida, los salarios han aumentado en las ltimas dcadas por encima de la inflacin, esa revalorizacin da lugar a que a la edad de 80 aos, tal como se indicaba en un informe de UGT de enero de 2018, la prdida relativa de las pensiones en relacin con los salarios es de las ms elevadas de la Unin Europea.

Las medidas para garantizar la suficiencia y revalorizacin de las prestaciones del sistema pblico de pensiones, as como para asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo se reconducen a travs del Pacto de Toledo (Apartado 2.4), lo que es escasamente garantista a la vista de las posiciones de la derecha a favor de reducir la proteccin del sistema pblico y favorecer su progresiva privatizacin, como se mostr en la ltima ronda del Pacto de Toledo, en la que no hubo acuerdo para mantener la exigencia en ese momento de Unidas Podemos de revalorizacin incondicional tambin en las situaciones de crisis econmica- de las pensiones conforme a la evolucin del IPC. Para las pensiones mnimas y no contributivas se propone que aumente su poder adquisitivo, pero sin precisar ningn objetivo cifrado de alcanzar determinadas cuantas, como para las primeras plantea el movimiento pensionista de todo el Estado espaol cuando exige 1.080 euros mensuales, en cumplimiento de las exigencias de la Carta Social Europea en su interpretacin por el rgano encargado de su cumplimiento, el Comit de Derechos Sociales.

Merece tambin una valoracin positiva la estimacin de que hay que aumentar los ingresos de forma estructural, pero, tambin aqu, ni siquiera se apunta, entre otras medidas, el posible nuevo aumento de las bases mximas de cotizacin, que son de las ms bajas de la Unin Europea. Un aumento sustancial, incluso aunque fuera acompaado de una elevacin, eso s, de menor cuanta, de las pensiones mximas, cuyo efecto en el gasto adems de ms reducido que el aumento de ingresos, se dilatara en el tiempo y permitira obtener recursos cuando ms necesarios son para hacer frente al aumento del nmero de pensiones que se va a producir en los prximos 10-15 aos.

Tambin es positiva la propuesta de eliminar el Factor de Sostenibilidad, en la actualidad en suspenso hasta el 2023. Sin embargo, el condicionante de esa eliminacin a que siempre se debe asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, exige estar vigilantes para que ese factor no sea sustituido por otros, tal como apuntaban algunas organizaciones en el Pacto de Toledo, como por ejemplo el que se aplica en Suecia que liga las pensiones a la evolucin del crecimiento econmico o por la instauracin de un rgimen por puntos como el que quiere implantar Macron, con la oposicin frontal de una poblacin trabajadora movilizada, para contener el gasto en pensiones en un porcentaje que no supere el actual 14% del PIB, por cierto varios puntos superior al del Estado espaol.

No se hace ninguna mencin en el Acuerdo PSOE-UP a medidas reivindicadas por el movimiento pensionista como la reduccin de la edad de jubilacin, que adems de ser un acto de justicia para quienes han trabajado en duras condiciones es necesaria para reabsorber el desempleo joven; ni el reconocimiento ms amplio y generoso de la reduccin de esa edad por la realizacin de trabajos penosos, insalubres y peligrosos, que debieran considerar elementos que no se han tomado en cuenta hasta el presente y que afectan especialmente a las mujeres, como son las afectaciones msculo-esquelticas de los trabajos de hogar y de cuidado, de las kellys, etc.; tampoco se apunta la jubilacin a edades anticipadas y sin aplicacin de coeficientes penalizadores de quienes han trabajado durante 40 y ms aos.

Tambin va en el buen sentido la instauracin de lo que se denomina Ingreso Mnimo Vital como prestacin de Seguridad Social, empezando por el aumento de la prestacin por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garanta de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. Esta prestacin ocupara el terreno que en la actualidad cubren las rentas de garanta de ingresos de las comunidades autnomas, a cargo de sus presupuestos, de alcance muy diverso y que, a mi entender, deben mantenerse hasta que no se desarrolle la nueva prestacin y que, una vez desarrollada, podrn complementar las insuficiencias y lagunas de la misma.

Una consideracin final. Ms all de las carencias, insuficiencias y ambigedades del Acuerdo, en esta y otras materias, lo que es seguro es que la puesta en prctica de las medidas positivas que contiene y la aplicacin de otras muchas no incluidas, va a depender, en mucha mayor medida que de las habilidades gestoras y la dedicacin de los y las responsables de Unidas Podemos, de la lucha de los movimientos sociales, no solo de los que han tenido ms protagonismo hasta ahora en el terreno de las pensiones, el movimiento pensionista y el feminista, sino de las organizaciones sindicales, del sindicalismo social, etc. La respuesta agresiva que ya han anunciado la derecha y la extrema derecha y las organizaciones patronales y que se va a producir sin ningn plazo de espera, requieren desde ya respuestas como la que est en marcha en el Pas Vasco para el prximo 30 de enero, cuya preparacin es analizada por Jon Fano y que cuenta con el apoyo de la mayora del movimiento sindical y de un gran nmero de organizaciones sociales, contando con apoyos en el Estado espaol, como se puede ver aqu.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article15480



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