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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2020

El Tribunal Supremo se sale del sistema judicial europeo

Jos Antonio Martn Palln
Ctxt

Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan


No se trata de todo el Tribunal Supremo sino de una parte de la Sala Segunda que ha intervenido en la tramitacin del proceso contra los polticos catalanes acusados de rebelin que ha terminado con la condena por sedicin, malversacin de caudales pblicos y desobediencia. A partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea el 19 de diciembre de 2019, en el caso de Oriol Junqueras, se ha desencadenado un debate en nuestro pas sobre el alcance y efectos de las resoluciones de la justicia europea, cuando, en el mbito de su competencia, resuelve sobre una cuestin prejudicial planteada por el Tribunal que sin esperar la contestacin redacta una sentencia condenatoria.

Un reciente artculo publicado en El Pas, por Diego Lpez Garrido, uno de los pioneros y el mejor especialista en Derecho Europeo y en el funcionamiento de sus instituciones, conceda a la sentencia un carcter innovador en relacin a la toma de posesin de los parlamentarios europeos electos, en el caso de Espaa, proclamados oficialmente en el BOE de 14 Junio de 2019. Al margen de sus consideraciones, que comparto en casi su totalidad, con algunas matizaciones, era de esperar la reaccin carpetovetnica y en cierto modo, nostlgica del Imperio y la autarqua, de algunos sectores polticos y de gran parte de la opinin publicada o difundida.

Ese nacionalismo resistente a los cambios o injerencias extranjeras siempre pens que era minoritario porque la mayora de los espaoles soamos, en su momento, con equipararnos a los europeos que consiguieron articular un sistema de valores democrticos al que no podamos ser ajenos. La integracin en la Unin Europea ha servido para asimilarnos a democracias con ms trayectoria histrica y por otra parte, sus fondos de cohesin nos han ayudado, entre otras cosas, a dar un salto espectacular en nuestras infraestructuras.

En el campo de la justicia, los jueces espaoles adquirieron hbitos y culturas que haban sido ajenos a nuestra formacin tradicional, enquistada en una concepcin, exclusivamente literal, de las normas. El Tribunal de Justicia de la Unin Europea pas a integrarse en nuestro sistema judicial convirtindose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurdico emanado de los rganos comunitarios, al mismo tiempo que los jueces espaoles se convertan en jueces comunitarios, obligados a la aplicacin de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto.

Con las naturales controversias que suscita la interpretacin y aplicacin de las normas jurdicas, el sistema ha funcionado con absoluta normalidad, hasta que se agudiz el conflicto cataln. Atajada la Hoja de ruta que diversos partidos polticos catalanes sometieron a la voluntad de los electores con la declaracin de su inconstitucionalidad y la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin, alguien decide que el fiscal general del Estado formule una querella contra los polticos catalanes que componan el Govern de la Generalitat y la presidenta del Parlament, calificando los hechos como una rebelin sin el uso de armas de fuego, sustituidas por leyes publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat, por la convocatoria de un referndum, seguido de votaciones en sede parlamentaria y con una declaracin de independencia condicionada a la apertura de un dilogo con el Gobierno central.

No es el propsito de este artculo entrar en el anlisis del procedimiento ni de la sentencia que le puso fin; solo pretendo denunciar dos actitudes, una del juez instructor y otra de la Sala sentenciadora, que se sitan al margen de los compromisos internacionales asumidos por Espaa y nos exponen al reproche de los rganos de justicia de la Unin Europea y al desprestigio y la crtica de la comunidad jurdica europea e internacional.

Todos los que nos movemos en el mundo jurdico sabemos que la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el reflejo del compromiso internacional con la bsqueda de la paz, la concordia y la buena fe en las relaciones entre los Estados. Nuestra Constitucin nos recuerda que los Convenios Internacionales firmados por Espaa y aprobados segn las normas constitucionales forman parte del ordenamiento jurdico espaol.

Despus de su ingreso en la actual Unin Europea, Espaa se incorpor a la decisin marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la Orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Nuestro pas se comprometi, dentro del sistema de libertad, seguridad y justicia, a cumplir con las normas que regulan su funcionamiento. La decisin marco, que ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurdico y publicada en el BOE, con fecha 31 de diciembre de 2003, es suficientemente clara al delimitar los casos en los que se puede emitir por un juez nacional una orden de detencin y entrega dirigida a un juez de otro pas.

La detencin y entrega solo funciona automticamente en el caso de los 32 delitos que figuran en el texto de la Directiva, cuyo catlogo ha sido aceptado por todos los pases firmantes, incluido Espaa. Fuera de estos especficos delitos, los jueces del Estado requerido tienen la facultad de examinar todos y cada uno de los datos que se contienen en la peticin para decidir si accede a ella, total o parcialmente, o si la deniegan en su totalidad.

El juez instructor del Tribunal Supremo, Sr. Llarena, emite una orden de detencin y entrega, dirigida inicialmente a la Justicia de Blgica, ya que era pblico y notorio que las personas requeridas se encontraban en ese pas. La respuesta de los jueces belgas no se hizo esperar. Despus de llamar a las personas implicadas para que compareciesen y alegasen lo que estimaran pertinente, se produjo la tramitacin y la respuesta. Blgica estaba dispuesta a entregar a Puigdemont y Comn solo por los delitos de malversacin y desobediencia, pero no encontraba en la peticin elementos de hecho suficientes para estimar la existencia de un delito de rebelin. La respuesta del juez instructor result inslita, al rechazar la entrega en estas condiciones. No obstante, la orden sigui vigente y los afectados se movieron por el territorio europeo con absoluta libertad y localizacin, sin que en ningn caso se les pueda considerar como fugados, ya que han demostrado estar dispuestos a acatar las decisiones de los jueces de los pases requeridos.

Posteriormente Puigdemont es interceptado en Alemania y el Tribunal del Estado de Schleswig-Holstein rechaz la entrega por el delito de rebelin. Esta respuesta repetida debi advertir al juez y al Tribunal Supremo que, en el mbito democrtico europeo, no poda equipararse la hoja de ruta seguida por los independentistas catalanes con un delito de rebelin. Lejos de aceptar la decisin, respetar el acuerdo firmado por el Estado espaol y continuar el procedimiento en los trminos en los que se haban pronunciado los jueces extranjeros, el juez Llarena le da una patada al tablero de ajedrez y adopta la inslita decisin de retirar las rdenes de detencin y entrega, cuando haba tenido la oportunidad de que fueran entregados a Espaa con esta limitacin. En definitiva, aunque no de manera explcita, el juez espaol vena a manifestar que los jueces belgas y alemanes haban prevaricado. Creo que es una muestra, lo suficientemente expresiva, de una decisin unilateral de ruptura y salida del orden judicial europeo. Como es lgico, llovieron las crticas desde diversos sectores jurdicos y con toda seguridad, los pases de los jueces que haban tramitado la orden se vieron sorprendidos por un reproche que no tena precedentes en el mbito de la Orden Europea de Detencin y Entrega. Hasta tal punto que nos encontramos ante un supuesto en el que se omite el deber de perseguir delitos, al rechazar que se les juzgase por los delitos de malversacin y desobediencia.

El segundo acto de ruptura con el orden jurdico europeo acaba de producirse hace unos das, cuando el 19 de diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, rgano supremo de interpretacin y aplicacin de la normativa europea, decide que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad por haber adquirido la condicin de parlamentario europeo desde el momento en que figuraba en las listas oficiales que el BOE haba publicado y enviado con fecha 14 de junio de 2019 al Parlamento Europeo. Esta inmunidad no solamente le protega sino que debera ser puesto en libertad hasta que el Parlamento Europeo recibiese una peticin de suplicatorio para que se levantase la inmunidad parlamentaria.

Esta decisin de carcter ejecutivo, y que afecta a un valor superior de nuestra Constitucin como es la libertad, no slo no fue cumplida, en sus propios trminos, sino que en el momento de escribir estas lneas todava no se ha cumplimentado la decisin.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo no actu de oficio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidi plantear una cuestin prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. A todos los jueces europeos y tambin a muchos nacionales les resulta incomprensible que el ms Alto Tribunal de Espaa se haya saltado las reglas de tramitacin de las cuestiones prejudiciales y, con una exhibicin de arrogancia, haya dictado sentencia sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unin Europea. Cualquier juez espaol sabe perfectamente que si plantea una cuestin prejudicial debe suspender la tramitacin del procedimiento hasta recibir la respuesta que ha solicitado. Parece que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o lo ignoran, cosa que no creo, o se han credo que estn por encima de la ley, salindose, una vez ms, del sistema judicial que estn obligados a respetar.

Las consecuencias no tardarn en hacerse visibles. Sin perjuicio de la decisin, en su momento, del Parlamento Europeo, nos encontramos en una situacin incmoda e indeseable para el prestigio de nuestra justicia. Quiz no somos tan europeos ni tan demcratas. Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan.

Jos Antonio Martn Palln es abogado de Lifeabogados. Magistrado emrito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisin Internacional de Juristas (Ginebra).

Fuente: http://ctxt.es/es/20200101/Firmas/30382/supremo-TJUE-llarena-junqueras-euroorden-martin-pallin.htm



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