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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-01-2020

La Campaa CIES No pide el cierre inmediato e incondicional del Centro de Internamiento de Extranjeros
Denuncian el encierro de menores migrantes y agresiones en el CIE de Valencia

Enric Llopis
Rebelin


Lugares de segregacin, desposesin y vulneracin de derechos; dispositivos de control, privacin de libertad y deportacin; piedra angular de la necro-poltica europea, denuncian los activistas. Un muchacho argelino de 16 aos permaneci encerrado una semana ilegalmente en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, segn ha denunciado la Campaa CIEs No. Es una prctica convertida en habitual en los ltimos tiempos, aadieron las ONG. El Artculo 62 de la Ley Orgnica de Extranjera establece que no podr acordarse el ingreso de menores de 18 aos en los CIE (la pgina Web del Ministerio del Interior, del que dependen los centros de internamiento, se hace eco de este principio legal). En un auto con fecha 2 de enero, el Juzgado de Instruccin Nmero Tres de Valencia (en funciones de control del CIE) dispuso la puesta en libertad del joven y su traslado al correspondiente Centro de Menores.

Integrada por 30 organizaciones de derechos humanos y lucha contra el racismo, la Campaa pide el cierre inmediato e incondicional de los CIE. En el caso del adolescente argelino, las ONG aportaron al Juzgado la documentacin original que acreditaba la minora de edad, la partida de nacimiento traducida y la cdula de identidad, remitidas de inmediato por la familia; sin embargo, en la mayor parte de los casos no es posible demostrar la minora de edad ante las autoridades judiciales, por lo que muchos menores acabaron siendo privados de libertad hasta 60 das en el CIE y deportados, explican las organizaciones en un comunicado. El menor arrib en patera al estado espaol por la costa de Almera, donde fue detenido el 25 de diciembre.

Asimismo las ONG alertaron, el pasado 4 de junio, de que otro chico argelino tambin llegado en patera al litoral almeriense- llevaba un mes encerrado en el centro de Zapadores; y en diciembre de 2018, organizaciones de derechos humanos dieron cuenta de la liberacin de tres menores todos de nacionalidad argelina- de los cuatro que estaban recluidos en el CIE valenciano. En el estado espaol, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) inform -citando fuentes del Ministerio del Interior- que 89 menores fueron encerrados en los CIE durante 2018, frente a los 48 de 2017; adems, a partir del trabajo de visitas y acompaamiento, el informe del SJM titulado Discriminacin de origen contabiliz 93 internos en 2018 que afirmaron ser menores de edad, en los centros de Madrid (20), Barcelona (42), Valencia (16) y Algeciras y Tarifa (15).

El portavoz de CIEs No en Valencia, Adrin Vives, comparti el 5 de enero en Twitter las reivindicaciones de las personas recluidas, en la protesta que tuvo lugar entre la noche del da 3 y el medioda del 5: El director (del CIE de Zapadores) pregunta por qu estamos haciendo huelga de hambre. La nica splica para esta huelga es la libertad. Adems del encierro durante una semana del menor, la huelga de hambre que coincidi con el debate de investidura de Pedro Snchez- tuvo presente a un chico de 20 aos, Steven, interno ms de un mes en el CIE de Valencia; segn informaron el 1 de enero las ONG, el joven denunci ante el juzgado de guardia presuntas agresiones por parte de agentes de la polica local, en el automvil que regresaba del hospital donde se le traslad por la contusin en una mano. En este contexto, son numerosos los casos en los que se ha procedido a la deportacin de la vctima despus de haber efectuado una denuncia, por lo que los procedimientos acaban siendo archivados y los presuntos agresores quedan impunes, seala la Campaa.

Los activistas difundieron en las redes sociales otros motivos de la huelga de 24 horas; por ejemplo el 5 de enero, compartieron que dos inmigrantes estaban inconscientes y en el suelo, sin que fueran atendidos adecuadamente. Adems el 3 de enero, interpelaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio: Internos del CIE nos informan de que han entrado los antidisturbios y les han sacado de las celdas para cachearles sin explicarles el motivo. A estos hechos se aade la notificacin, el 7 de enero, del traslado a Madrid para su deportacin a Venezuela de un migrante (venezolano) portador de VIH, y encerrado durante cerca de dos meses en el CIE valenciano; los colectivos sociales reclamaron que se paralizara la expulsin por razones humanitarias; finalmente qued en libertad (a mediados de diciembre ya sufri un primer intento de deportacin).

En el CIE de Valencia hay actualmente 85 migrantes privados de libertad, principalmente marroques, argelinos y colombianos, pero la poblacin es muy variable, destaca Adrin Vives; si maana llega una patera a Alicante, Murcia o Almera, puede que haya 20 personas ms; si se produce un vuelo de deportacin, entonces una veintena menos, aade el portavoz de la Campaa. Qu idea transmiten quienes se hallan tras los muros? Hay un sentimiento generalizado de no saber por qu estn all internados, no entienden que se les ingrese en una crcel (el CIE) y prive de libertad como si hubieran cometido algn delito-, slo por no tener papeles; a esto se aade que en el centro se encierra a menores, alguna persona con VIH, con algn trastorno mental, lesiones o enfermos que no reciben la atencin mdica necesaria, explica Vives.

El 8 de diciembre tuvo lugar en Granada el Encuentro estatal por el cierre de los CIE. Los colectivos recordaron que el pasado 15 de julio se produjo la muerte de un migrante marroqu, Marouane Abouobaida, de 23 aos, en una celda de aislamiento del centro de Zapadores; el joven fue aislado tras sufrir una agresin por parte de otro recluso (denunci la paliza en un escrito al director del CIE, en el que tambin daba cuenta de dolores fuertes de cabeza, lesiones oculares y adjuntaba la copia de un informe hospitalario de urgencias). Las personas encerradas en los CIE estn bajo la tutela del Estado y es este quien tiene la obligacin jurdica de garantizar su integridad fsica y psicolgica, subrayan las organizaciones. Durante el verano, adems, la direccin del centro restringi los horarios y condiciones de atencin para los colectivos sociales que apoyan a los migrantes.

Diez das despus de la muerte de Marouane Abouobaida, el Juzgado de Instruccin Nmero Tres emiti un auto con 16 medidas la mayor parte, sobre las situaciones de aislamiento- para que las cumpliera en lo sucesivo la direccin del CIE; se trataba de medidas adoptadas por el juez tras las visitas al centro y la recepcin de informes oficiales, a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de los encerrados. Por otra parte, se estn observando comunicaciones del CIE de incidentes, incluso huelgas de hambre, que se dice que se han remitido a este juzgado y que no se han recibido, cuestin a todas luces importante (), sealaba el magistrado en la resolucin.

La muerte del joven marroqu se halla en proceso de investigacin judicial; tememos que acabe una vez ms archivada y sin conseguir reparacin, expres la Campaa estatal contra los CIE en Granada. Las ONG han podido documentar, desde 2007, al menos 9 fallecimientos en situaciones de encierro o deportacin forzosa; este recuento se inicia con el surgimiento de los colectivos y campaas de apoyo, matiza el portavoz de CIEs No Valencia, que critica la opacidad del Ministerio del Interior.

Los colectivos sociales recuerdan, entre otros fallecidos, a Mohamed Bouderbala, ciudadano argelino que apareci muerto en diciembre de 2017 en la crcel-CIE de Archidona (Mlaga); a Arams Manukian, migrante armenio y padre de una nia de 7 aos: perdi la vida en diciembre de 2013 en el CIE de Zona Franca (Barcelona); en el mismo centro de internamiento muri en 2012 Idrissa Diallo, de 21 aos, natural de Guinea Konacry; y unas semanas antes, en diciembre de 2011, Samba Martine, de la Repblica Democrtica del Congo y madre de una nia de 9 aos: muri tras 3 meses en el Centro Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y 38 das en el CIE de Madrid sin tratamiento de una posible infeccin derivada del VIH, denunciaron las organizaciones.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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