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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-01-2020

Empresas y paramilitares
Alianza para asesinar a lderes y lideresas sociales

Colombia Informa


La Universidad Javeriana elabor una base de datos sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. La relacin entre estas empresas y paramilitares permiti la muerte de opositoras al modelo econmico y poltico neoliberal. Una crisis humanitaria que en menos de 12 das de 2020 ya cobr la vida de 14 lderes y lideresas sociales.

Sectores de la economa nacional como el de la explotacin de hidrocarburos, los monocultivos de caa de azcar y palma de cera, la ganadera extensiva junto a la produccin de contenidos en medios de comunicacin tradicionales, colaboraron con grupos paramilitares y son responsables de su promocin y consolidacin en toda Colombia desde hace ms de dos dcadas.

Para las empresas los lderes y lideresas no permiten desarrollar sus negocios, por ello necesitaron que los paramilitares utilizaran la violencia en favor de los intereses econmicos de empresas como Chiquita Brands y Postobn.

La Ley de Justicia y Paz Ley 975 de 2005, que permiti la desmovilizacin problemtica de grupos paramilitares en el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010)-, fue un escenario para que paramilitares como Salvatore Mancuso, el Iguano, Monoleche y muchos ms confesaran cmo funcionaban estas estructuras criminales. Varias empresas colombianas e internacionales apoyaron con dinero y logstica a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, segn estos comandantes.

RCN Televisin, la Federacin Nacional de Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobn, Cementos Argos, son algunas de las varias empresas sealadas durante las confesiones de los paramilitares.

Extractivismo

Por ejemplo, Ecopetrol es sealada por Salvatore Mancuso de pagar un porcentaje del monto de los contratos adjudicados oscilaba entre el 2 % y el 5 %, dependiendo del valor y la naturaleza del mismo, obras civiles, prestacin de servicios o suministro de bienes.

El pago del porcentaje, que confes Mancuso, poda cancelarse de contado o en cuotas mensuales. En ocasiones, estos desembolsos se hacan en especie, representados en artculos de primera necesidad. Igualmente, Ecopetrol realiz entrega de dinero voluntario a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- a cambio de seguridad.

Ecopetrol promovi varios homicidios en la mal llamada limpieza social en la zona en donde estaban instaladas las sedes petroleras, decan que combatan a extorsionistas y guerrilleros, y los pagos a los paramilitares eran hechos directamente por los directivos y administradores de cada una de las empresas. Se consideraba a Ecopetrol como un integrante orgnico de la estructura del Bloque Catatumbo pues tena capacidad para determinar delitos, sentenci Mancuso.

Monocultivo de caa

Postobn, que pertenece al grupo empresarial de Carlos Ardila Lulle, segn Javier Antonio Quintero Coronel, responsable del Frente Hctor Julio Peinado Becerra en el departamento Cesar, le daba mensualmente 15 cajas de bebidas al Frente paramilitar para luego negociarlas en un depsito. Le ordenaban a un carro que reparta las bebidas que las dejara en determinado lugar, y la persona del depsito le daba al Frente $150.000 pesos mensuales. Eso lo orden el gerente de Postobn que estaba el ao 1999 o 2000, reafirm Armando Madriaga Picn.

Jorge Ivn Laverde Zapata, conocido como El Iguano, seal que Postobn en Norte de Santander ayudaba por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de seguridad. Los mayores aportes los recibi el Frente Fronteras. Postobn fue una de las empresas ms representativas en contribuir con las finanzas del Bloque Catatumbo, una regin golpeada significativamente por el paramilitarismo.

Ganadera extensiva

De igual manera, en este departamento del nororiente colombiano, la Federacin Nacional de Ganaderos Fedegan- integr activamente la estructura del Bloque Catatumbo, hasta el punto de ostentar poder de mando y control, declar Mancuso. Se le sindic de utilizar su rol econmico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales aliados a la ganadera extensiva.

En Crdoba, el Fondo Ganadero es sealado pues el ganadero Rodrigo Garca Caicedo sirvi como intermediario para contactar a otros empresarios industriales como Hernn Echavarra, para concretar formas de cooperacin con los paramilitares y expandir su alcance criminal en el departamento del Valle del Cauca.

Multinacionales

La empresa Chiquita Brands, de Estados Unidos, segn Jess Ignacio Roldn Prez, conocido como Monoleche, asegur que el 5 de noviembre de 2001, en el puerto de Chiquita Brands, en el departamento Magdalena, ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, trados en el buque Otterloo.

Los contenedores, descargaron en la bodega de Chiquita Brands y la empresa envi una gra sofisticada para su movilizacin. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la Dian como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita explic Roldn, comandante del Bloque Bananero de las AUC.

En Antioquia Las multinacionales bananeras Chiquita Brands y su filial BANADEX, junto a las Comercializadoras Sunisa S.A, Conserva S.A, Uniban, Tropical S.A, Proban, Banafrut, Bagatela S.A y Agrcola Rioverde, financiaron de forma peridica a los grupos paramilitares: pagaron 3 centavos de dlar por caja de banano exportado desde 1997 a 2007, confes Jos Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras.

Segn la Sala judicial que recibi el testimonio de Mangones, la canalizacin de los recursos -que se dio mediante la CONVIVIR Papagayo-, incidi en las formas de victimizacin del Bloque Bananero, pues hubo incentivos materiales para asesinar a trabajadores sindicalizados y militantes de partidos polticos de izquierda.

Coca-Cola, que no es mencionada por el estudio de la Universidad Javeriana, fue llevada a juicio en Estados Unidos gracias a las denuncias del sindicato colombiano Sinaltrainal. Esto, porque la empresa norteamericana contrat paramilitares de las AUC para asesinar a 9 sindicalistas en sus plantas embotelladoras entre los aos 1990 y 2002.

Uno de los lderes sindicales asesinados fue Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa -Antioquia-. La maana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC lleg hasta el sindicato de la embotelladora y lo asesin.

Sin embargo, en 2003, la Corte norteamericana desestim a The Coca-Cola Company como responsable porque el asesinato tuvo lugar fuera de Estados Unidos y por tanto demasiado lejos (fsica y causalmente) del Cuartel General de la compaa en Atlanta. El Tribunal permiti que el caso siguiera adelante contra dos embotelladoras de Coca-Cola.

Medios de comunicacin

En cuanto a RCN Televisin -tambin del grupo empresarial Ardila Lulle-, el comandante nacional de las AUC, Salvatore Mancuso afirm que RCN y otros medios de comunicacin como Caracol tuvieron complacencia con el accionar de las autodefensas por haber transmitido entrevistas en las que se mostraba a Carlos Castao como el lder de la lucha contra la subversin.

A pesar de que algunas empresas han sido encontradas culpables de apoyar a los grupos paramilitares, tanto en Justicia y Paz como en la Justicia Especial para la Paz -JEP-, creada en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se excluyen a estas empresas y personajes como Ardila Lulle para ser condenados.

La verdad es una de las reparaciones ms importantes para las vctimas del conflicto social, poltico y armado que sufre Colombia desde hace dcadas. Conocer los responsables de las masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, amenazas, entre otros, es un reclamo fundamental para superar la guerra y sus causas.

Entonces, aunque la justicia ordinaria colombiana es la responsable de condenar a personajes de la vida poltica y empresarial de nuestro pas vinculados a crmenes como el asesinato de lderes y lideresas sociales, jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP han demostrado la importancia de su quehacer.

Reparar a las vctimas y garantizar la paz en condiciones de vida digna son responsabilidades del Estado. Negar que grandes empresas como Ecopetrol y Chiquita Brands, as como empresarios como Carlos Ardila Lulle tienen vinculos con el paramilitarismo es como negar la sistematicidad de los asesinatos a lderes y lideresas sociales en Colombia.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25008


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