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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-01-2020

Fiscala General del Estado de Chiapas, institucin de sometimiento y represin

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


Comienza el ao y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, contina en la lnea de represin y sometimiento al descontento y organizacin popular, afirma que La prioridad para el presidente Andrs Manuel Lpez Obrador y el gobernador Rutilio Escandn es la seguridad, sin embargo, para el pueblo organizado esa afirmacin resulta un crculo de demagogia, en los hechos la seguridad y justicia no encuentra respaldo con la realidad.

Para quin? La seguridad que tanto pregona el gobierno chiapaneco, para empresarios y no para el pueblo, por esta razn, con el argumento del desarrollo Rutilio Escando Cadenas fortalece, adiestra, equipa y vigila a los cuerpos policacos, para asegurar la imposicin de un nuevo ciclo de desarrollo capitalista en la entidad, mientras tanto, el pueblo padece severos daos fsicos y sicolgicos debido a los cientos de actos de represin ejercida por los cuerpos policaco militares. Policiaco

Los daos ocasionados en cada acto represivo durante la actual administracin son incuantificables, hablamos de miles de familias vctimas de desplazamiento forzado, desaparicin forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, decenas de presos polticos que purgan condenas sin culpa alguna, graves violaciones a los derechos humanos que las fuerzas municipales, estatales y federal ejecutan contra integrantes de organizaciones populares y pueblo no organizado.

Las familias que la Fiscala General del Estado de Chiapas deja sin hogar, las vctimas de injusta prisin, tortura, represin, persecucin y desalojos violentos no contemplan en su vocabulario actual de tranquilidad y justicia. Qu pueden expresar aquellas 40 familias que fueron desalojadas recientemente en el municipio de Cintalapa? Sin tierras donde vivir o trabajar, sin techo, seis presos polticos, es decir, sin una mnima garanta de sus derechos humanos, un contexto poltico adverso para los desposedos del campo y la ciudad.

La seguridad y la tranquilidad no encuentran respaldo en la realidad que viven los trabajadores chiapanecos, estrictamente, para quienes forman parte de la larga lista de vctimas durante ms de un ao de este gobierno. Hombres y mujeres llenan las crceles de esta entidad pero en ningn momento se atiende las exigencias o necesidades histricas que el pueblo demanda, en este caso, tierras, vivienda, educacin y salud pblica y gratuita, justicia por casos de desaparicin forzada y ejecucin extrajudicial con autora del Estado.

La seguridad que plantea el gobierno en Chiapas es ms la necesidad de garantizar el proceso de concentracin y centralizacin de la tierra como medio de produccin, despojo de recursos naturales y explotacin de mano de obra barata, es decir, seguridad para la inversin empresarial y sus ganancias, por tanto, someter al pueblo a punta de represin con respaldo en el estado de derecho burgus, justificar cada acto de represin y encarcelar al sujeto proclive a defender sus derechos como pueblo trabajador.

La Fiscala General del Estado de Chiapas cumple la funcin de instrumento de represin y sometimiento, ajustado a los marcos legales del estado de derecho burgus, puede encarcelar y torturar a quien decida imputar un delito. Si la Fiscala se erige como el gendarme de la justicia con propaganda en todos los medios escritos y no escritos, la veracidad de los actos de tortura cometidos en contra de nuestro compaero Javier Gonzlez y Armando Hernndez pone en duda a ms de uno.

Pero los testimonios no mienten, Javier, Armando as como el comerciante Anibar detenido en Tuxtla Gutirrez durante la represin contra los normalistas de Mactumactza, fueron torturados y es la prueba del carcter de la Fiscala General del Estado. Para la Fiscala lo que importa es asegurar que nadie rompa las reglas que la clase burguesa impone para satisfacer sus mezquinos intereses tanto que puede cometer crmenes que quedan en total impunidad.

El discurso gubernamental es fundamental para tales objetivos burgueses, para el gobierno no importa las condiciones de miseria del pueblo o su exigencia de justicia por los crmenes de lesa humanidad, no existe otra voz ni otra realidad que la que propaga el gobierno actual, quien diga lo contrario es enemigo del desarrollo e incitador de la violencia, quien desenmascare la realidad es objeto de criminalizacin.

Para la Fiscala, el objetivo es de dar mejores resultados, una promesa que cumple a caciques y cmaras empresariales en el proceso de despojo violento y legal de tierras, encarcelar a luchadores sociales y criminalizar a organizaciones populares para justificar todo acto de injusticia y violaciones graves a los derechos humanos. ste es la encomienda del ao 2020, doblar el nmero de operativos, el nmero de desalojos, de presos polticos, de la elaboracin de expedientes incriminatorios, es decir, eliminar todo cuando huela a organizacin popular.

Para el trabajador no existe resultados favorables en ningn rubro a pesar de la incansable propaganda meditica del gobierno de Rutilio Escandn, la voz populi dice no observar el cambio en sus condiciones de vida, esa es la verdad. Tambin es una realidad que la Fiscala al frente de Jorge Luis Llaven Abarca tiene la tarea en el gobierno actual de abrir paso a travs de le represin condiciones para imponer legal y violentamente los designios de las cmaras empresariales.

La realidad chiapaneca no demuestra coincidencia con las afirmaciones del fiscal Llaven Abarca, para el pueblo organizado no existe seguridad y tranquilidad que venga de las instituciones del Estado y de las polticas del nuevo gobierno, la incursin policaca militar contra las comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo el segundo semestre del ao pasado no es sinnimo de paz, por el contrario, representa una ofensiva del Estado mexicano para sofocar la lucha del pueblo que vive en la pobreza y miseria.

ste es el papel del fiscal y la Fiscala, especializada en ejecutar la ley de la represin que se ampara en un estado de derecho forjado bajo los intereses de la clase burguesa, por tanto, el organismo que representa Llaven Abarca forma parte del engranaje de opresin del Estado burgus contra las masas trabajadoras a quienes se les imputa todo tipo de delitos o conductas que el gobierno llama antisociales como una forma de criminalizar la protesta popular independientemente y las formas que ste adquiera segn creatividad.

Es un hecho que las corporaciones policacas bajo la direccin del fiscal endosan cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, donde la impunidad de sus crmenes rebasan el silencio que pretenden imponer, si la Fiscala como institucin sirve para someter y reprimir al pueblo y sus organizaciones, queda del pueblo estrechar los lazos de unidad que permita revertir los daos que genera la violencia de Estado a los trabajadores del campo y la ciudad.

Mientras las violaciones a los derechos humanos persistan, mientras no se detengas los despojos de tierras, y los presos polticos continen detenidos de manera injusta e ilegal, motivos para organizarse y protestar habr, es una tarea necesaria no permitir ms agravios en contra del pueblo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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