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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-01-2020

Elecciones en medio de persecuciones y amenazas
Dudosas credenciales

Fernando Molina
Brecha


Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicacin y del aparato de justicia, el gobierno boliviano contina con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todava conservan la mayor intencin de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los das con noticias sobre la investigacin, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, adems, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine ez.

 

La noticia ms reciente fue la detencin del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscala de un caso de corrupcin. Romero entr a la crcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente primero en su domicilio y luego en una clnica mdica por grupos de civiles que se llaman a s mismos la resistencia y que tienen el aval de la Polica para imponer su ley en las calles. Morales los considera grupos paramilitares y fascistas.

 

Estas organizaciones civiles tambin operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de Mxico en La Paz, en la que estn refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrn obtener, del gobierno de ez, salvoconductos para salir del pas. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomtica.

 

Actan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La resistencia al Mas est compuesta por vecinos organizados de clase media y por jvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendan neutralizar las protestas en contra de lo que la oposicin de entonces llam el fraude electoral del 20 de octubre, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis poltica y al fin de su gobierno.

 

En la mira

 

El hombre ms odiado por la resistencia es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramn Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana est procesado por sedicin y terrorismo. Junto a l estn atrapados en la lujosa casa diplomtica los ex ministros de Justicia, Hctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos tambin enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaa Nicols Laguna, el antiguo encargado de informtica del Estado, acusado de fraude electoral, as como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

 

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedicin por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que no entren alimentos en ellas. Hace poco, el ex presidente se consigui otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algn da volviera al poder, tendra que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedicin por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se deba combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en un moderno Vietnam. El gobierno encarcel a la niera de este personaje, as como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendi en una clnica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicacin, los que, en trminos institucionales, aplauden al gobierno de ez y celebran la existencia de la resistencia. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupcin; tambin se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

 

En riesgo

 

Adems de policial y judicial, la presin sobre el Mas es poltica. Andrnico Rodrguez, lder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunci que este 22 de enero, el da en el que el mandato de Evo Morales se habra cumplido, comenzar otra etapa de la resistencia pacfica al fascismo, con lo que sugiri que se realizaran movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuite: Andrnico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro. Rodrguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningn delito y denunci que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

 

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprob en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de ez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represin de las manifestaciones en su contra, poco despus de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y polticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley innecesaria y anticonstitucional.

 

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la poblacin, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algn caf de La Paz.

 

En campaa

 

La pacificacin del pas, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta ez en la dirigenta poltica contraria a Evo con la mayor intencin de voto (15 por ciento, segn una encuesta realizada por Ciesmori para la televisin Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, slo tiene el 13 por ciento). Pero ez asegur que no se candidatear en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido an quin ser su candidato, es la principal minora del pas, con el 20 por ciento de la intencin de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayora de los electores, evitar que los tiranos y los narcoterroristas saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupacin de la parte de la poblacin comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinin pblica.

 

La presin por la constitucin de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripcin de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opcin de centro, un puesto que probablemente le ser disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la resistencia y principal dirigente del movimiento cvico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta frmula constituye la expresin de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus grupos de choque y su fuerte presencia en las redes sociales.

 

Se prevea que Camacho y Pumari se convertiran rpidamente en la principal opcin del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento poltico entre ellos termin en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no ira a las elecciones con Pumari y luego divulg el audio de una conversacin con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dlares y el control de la aduana de Potos, la regin de la que Pumari es oriundo. Este no neg haber tenido esta conversacin, pero dijo que quera el dinero para financiar su campaa electoral y que la nominacin de un representante cvico en la direccin de la aduana regional era una reivindicacin del pueblo de Potos.

 

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policas, fiscales y jueces, y su propia divisin entre un grupo conciliador y otro leal a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, ampli el mandato de los parlamentarios, que deba acabar el 22 de enero, hasta la transmisin de mando, que se calcula para mediados de ao.

Fuente: http://brecha.com.uy/?s=dudosas+credenciales


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