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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-01-2020

Las Fuerzas Armadas en la custodia de infraestructura crtica
Entre estado de sitio exprs y golpe de Estado institucional

Francisco Herreros
Red Digital


La aprobacin por 28 votos contra doce de la mocin parlamentaria que origin el proyecto de reforma constitucional que permite el resguardo de infraestructura crtica por parte de las FF.AA., constituye un paso ms del golpe de Estado institucional que est desplegando el partido del orden, en respuesta a la sublevacin popular del 18-0.

Las implicaciones son tan serias, que motejar de traidores a los "opositores" que votaron por el mini estado de sitio legalizado, es errneo, desde el punto de vista su identidad poltica.

Por opositor se tiene a quin est en contra de determinada poltica pblica, en el marco de determinada estrategia de desarrollo, en un sistema poltico dado.

En el caso de la Democracia Cristiana, la asiduidad de su apoyo a la agenda neoliberalizadora y de seguridad de Piera, no admite la calificacin de opositora.

Aunque en proporcin desmedrada, comparte intereses econmicos, lazos ideolgicos y parentezco de clase con la derecha.

Como siempre ocurre en tiempos revueltos, la lbil identidad poltica del centro poltico, su congnito terror al "caos" y su extraordinaria elasticidad doctrinaria, lo inclinan a refugiarse en la seguridad autoritaria, lo cual materializa con su incorporacin al partido del orden, an al costo de la alteracin de un estado de derecho democrtico; bastante poroso y flexible, por lo dems, y de la violacin de derechos humanos, los cuales subordina al derecho de propiedad y orden pblico.

La misma dinmica atrapa a otros partidos centristas, como el Partido Por la Democracia y el Partido Radical Social Demcrata, cuya ala liberal tambin participa activamente en el partido del orden.

Y de ser necesario, dicho partido cuenta con una caterva de aventureros, francotiradores y oportunistas, tales como el senador Pedro Araya, o los diputados Ren Alinco y Pepe Auth, entre otros.

En cambio, son claramente traidores a la luz de su pretendida condicin de demcratas, porque, por las razones que sea, en los hechos se alinearon con Piera en el golpe de Estado institucional contra la apertura de la precaria democracia de baja intensidad que nos leg la constitucin de Pinochet.

Como fuere, el hecho es que esta correlacin parlamentaria acogi la estrategia palaciega de la seguridad y el orden pblico, anunciada por Piera el pasado 7 de noviembre, de la cual ya se han aprobado la ampliacin del control de identidad y la ley antisaqueos y barricadas, sin perjuicio del secuestro de la soberana popular, perpetrado con el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitucin.

Para la historia, los "demcratas" marrones que votaron por la dictadura constitucional fueron los senadores/as Carolina Goic, Francisco Huenchumilla, Jorge Pizarro y Ximena Rincn, de la Democracia Cristiana; Guido Girardi, Felipe Harboe, Ricardo Lagos W., Jorge Soria y Jaime Quintana, del Partido por la Democracia, y el independiente asilado en el comit PPD, Pedro Araya.

Originalmente, la iniciativa entr como proyecto de ley del Ejecutivo, el 26 de noviembre pasado. En el silencio de la cocina del Senado se negociaron los matices que la hicieran ms presentables, hasta que, por cuestiones de quorums y tcnica legislativa, se determin que lo mejor era proponerla como reforma constitucional, patrocinada por los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, independientes en lista con Renovacin Nacional.

Por esas ironas de la poltica de los compromisos recprocos, el quorum asignado a la dichosa reforma fue de tres quintos, y no los dos tercios que le endosaron al cepo constitucional del proceso "constituyente".

Su inspiracin es la misma que rezuma la totalidad de la "agenda de seguridad y orden pblico" de Piera:

"La Constitucin Poltica de la Repblica consagra en el inciso quinto del artculo 1, que "es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar proteccin a la poblacin y a la familia, propender al fortalecimiento de sta, promover la integracin armnica de todos los sectores de la Nacin y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional." (1)

Agrega:

"Para lo anterior, el Estado debe adoptar una serie de medidas en favor de los ciudadanos con el objeto de garantizar servicios bsicos, asegurar derechos fundamentales, proteger el territorio nacional, definir las directrices de la economa nacional, brindar seguridad a los ciudadanos frente a amenazas externas (guerra), internas (narcotrfico, catstrofes, delincuencia), entre otras. Por su parte, el artculo 101 de la Carta Fundamental, seala que las Fuerzas Armadas "son esenciales para la seguridad nacional". Del mismo modo lo establece la Ley Orgnica Constitucional de las Fuerzas Armadas".

Por seguridad nacional entiende un revoltijo conceptual entre nociones de la tristemente clebre Doctrina de Seguridad Nacional, aderezado con concepciones ultraconservadoras, como las del constitucionalista Enrique Evans de la Cuadra, citado as en el proyecto:

"La seguridad nacional se ha definido por Evans, como el "conjunto de exigencias de la organizacin social y de cautelas jurdicas que garanticen la inexistencia de riesgos y de conflictos que conduzcan o puedan conducir a un deterioro de la normalidad en lo externo y lo interno".

Y por qu -cabe preguntarse- la convivencia democrtica de los chilenos debe supeditarse a opiniones y posiciones como las de Evans, que por muy respetables y "expertas" que sean, reflejan solo los intereses de un sector de la sociedad, del sector ms privilegiado, por lo dems?

El proyecto original del Ejecutivo, estableca:

"Incorpora un nuevo artculo 1 bis a la Ley Orgnica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que establece la facultad del Presidente de la Repblica, cuando exista un riesgo para la seguridad de la Nacin, previo informe del Comit de Inteligencia establecido en el artculo 6 de la ley N 19.974, de ordenar, por decreto supremo fundado, el empleo de unidades de las Fuerzas Armadas para la proteccin de infraestructura crtica del pas, sealando la forma de determinar las autoridades militares, los medios humanos y materiales necesarios y la infraestructura crtica especfica a proteger.

A su turno, el informe de la Comisin de Legislacin, Justicia y Reglamento, agrega el artculo 42 bis a la Constitucin:

Artculo 42 bis. El estado de Alerta, en caso el Sistema de Inteligencia del Estado emita una alerta de ataque probable a la Infraestructura Crtica, el Presidente de la Repblica estar facultado, para declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crtica y deber establecer especficamente qu infraestructura debe ser custodiada o resguardada". (2)

En definitiva, despus del paso por la cocina del Senado, el proyecto de reforma constitucional qued en un artculo nico, que dispone:

"Cuando exista peligro grave para la infraestructura crtica del pas el Presidente de la Repblica podr decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo".

Agrega:

"El referido decreto, debidamente fundado, ser suscrito, adems, por los Ministros encargados de la Seguridad Pblica y de la Defensa Nacional. Esta medida no podr extenderse por ms de treinta das corridos y slo se podr prorrogar por una vez con el acuerdo del Congreso Nacional".

Extraordinariamente peligrosa es la amplitud y discrecionalidad de lo que se entiende por "infraestructura crtica":

"La infraestructura crtica comprende las instalaciones, sistemas o componentes de:

a) empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o funcin, que atiendan servicios de utilidad pblica, cuya perturbacin en su funcionamiento o su destruccin tendra un grave impacto sobre la poblacin y

b) el Gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los rganos de la Administracin del Estado. La ley determinar los rganos, empresas y servicios que quedarn comprendidos en esta categora".

Para hacer menos amargo el tsigo, aade:

"En ningn caso el ejercicio de esta atribucin presidencial podr implicar la suspensin, restriccin o privacin de los derechos y garantas que establece esta Constitucin o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pblica o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad".

El Presidente de la Repblica puede limitarse a informar "a la brevedad" al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribucin.

Un artculo transitorio dispone que en tanto no se apruebe la ley que reglamente la atribucin, la determinacin de los rganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crtica se realizar mediante un decreto supremo que ser suscrito, adems, por los Ministros encargados de la Seguridad Pblica y de la Defensa Nacional.

O sea, un traje a la medida de los cortos brazos de Piera.

En pocas palabras, con la aprobacin del proyecto en la Cmara de Diputados, Piera quedara investido de poderes propios de un dictador, con facultades a discresin.

Lo primero a resaltar es la ilegitimidad de la maniobra, fraguada por el gobierno del 6% y operada por el parlamento del 3%.

Enseguida, el proyecto es inconstitucional por varias razones.

Primero, porque le entrega al Presidente la atribucin de determinar de manera autnoma, sin considerar al Congreso, que la Nacin atraviesa por una situacin de riesgo que hace necesaria la colaboracin de las FF.AA.

Segundo, porque vulnera el principio de legalidad penal, reconocido en la Constitucin, en el Cdigo Penal y en numerosos tratados internacionales, consistente en que las normas penales estn contenidas en leyes, descritas con la mayor claridad posible, libre de ambigedades y sin vacos de contenidos.

Los abogados y acadmicos Juan Pablo Castillo Morales y Jos Luis Guzmn Dalbora, en la columna de opinin Por qu es inconstitucional el proyecto del gobierno sobre las Fuerzas Armadas y la infraestructura crtica (3), lo consideran "particularmente peligroso":

"Esto sera particularmente peligroso, por ejemplo, si un militar alega haber obrado en legtima defensa, pues este proyecto permitira que sea un decreto (y no la ley) el que determine que un disparo de armamento de guerra es un medio necesario para repeler una agresin verbal (o, en cualquier caso, una agresin materialmente de menor entidad que el disparo)".

En tercer lugar, es inconstitucional porque desva a las Fuerzas Armadas de su misin originaria, consistente en la defensa de la Nacin ante una agresin externa.

Junto con eso, es un grueso error poltico, porque politiza a las Fuerzas Armadas, al someterla a una contingencia generada por intereses encontrados, y refuerza su condicin de guardia pretoriana de intereses privados -de los exhorbitantes intereses de la oligarqua plutocrtica del uno por ciento- que les ha enajenado, en importante medida, el apoyo ciudadano esencial para su misin principal.

Adems, las expone al estrs de las violaciones a los derechos humanos, inevitables en un contexto comparable al del 18-O; perpetradas las cuales, el hilo suele corta por los ejecutantes directos, y no por los que dan las rdenes.

El proyecto original contemplaba la hiptesis de que "un efectivo pueda verse en la necesidad de hacer uso de su arma en el ejercicio de la custodia, estableciendo que en dicho caso quedar exento de responsabilidad penal.

Durante la negociacin en la cocina del Senado, desapareci esa indicacin, lo cual no significa en absoluto que no pueda pasar de contrabando en la letra chica de la ley que debe reglamentar el estado de alerta, como el partido del orden denomin al engendro a medio camino entre mini-estado de sitio con patente legal y golpe de Estado institucional.

El abogado y acadmico Daniel Alvarez, estima el proyecto inaceptable:

"Lo es porque no solo no es el rol que cabe a las FFAA en tiempos de paz sino tambin porque el proyecto de ley de resguardo de infraestructura crtica les entrega una nueva atribucin para la cual no slo no estn preparadas sino que no cuentan con capacidades, herramientas, polticas ni recursos humanos especializados para asumir esa funcin de manera adecuada". (4)

Adems, afirma que los requisitos para que el Presidente de la Repblica -quien sea est en el cargo- decrete dicha autorizacin son demasiado laxos lo que implica que la decisin sea esencialmente discrecional y no sujeta a control:.

"El concepto de infraestructura crtica que propone el proyecto es extremadamente amplio. Contempla las instalaciones, sistemas o componentes de empresas que atiendan servicios de utilidad pblica. Aqu caben empresas elctricas, de transportes incluso productores de alimentos.

Pero tambin caben sus redes informticas, sus plataformas tecnolgicas o sus procesos (sistemas o componentes), es decir, el Presidente de la Repblica podra autorizar a que las FFAA tomen el control de redes o sistemas informticos privados del pas".

Agrega:

"Como si esto no fuera suficiente, el concepto de Infraestructura Crtica comprende Gobierno, Congreso Nacional, Poder Judicial y rganos de la Administracin del Estado esto es, el Presidente de la Repblica podr decretar que las FFAA resguarden a los otros poderes del Estado.

Tal como ley, el Presidente de la Repblica -quien quiera que ste sea, repito- podr mediante decreto movilizar a las FFAA para resguardar la Corte Suprema, el Congreso Nacional, incluyendo la toma de control de sus redes o sistemas informticos".

Luego de anotar que, obviamente no suena demasiado prudente, concluy:

"La improvisacin que se manifiesta en este proyecto de ley es una amenaza directa a nuestra democracia y a nuestra historia y no supondr una mejora en la proteccin de la infraestructura crtica, en ningn caso. Por eso, espero que el proyecto se rechace".

Sin embargo, lo ms grave de la seal que emite el Congreso al aprobar estos nuevos y amplios recortes de las libertades pblicas y derechos ciudadanos, es la voluntad poltica que trasunta, en el sentido de que la casta poltica del partido del orden decidi blindar los intereses de la oligarqua plutcrata del uno por ciento; en lugar de hacerse cargo de la advertencia representada por el alzamiento popular en curso; en el contexto de una estrategia de desarrollo en clara fase de agotamiento, que por todo lo ms, slo puede ofrecer menos de lo mismo.

Es tambin, desde luego, una bofetada al rostro del Chile movilizado desde el 18 de octubre pasado, y una inequvoco portazo a sus legtimas demandas y reivindicaciones.

Si a esto se suma la agitacin poltica del proceso constituyente, as como la del del ciclo electoral de los prximos dos aos, y el malestar social por las demandas no escuchadas, la preservacin intocada de arbitrariedades, desigualdades y privilegios, y los efectos de la crisis econmica, que la actual crisis poltica no provoc pero s ha agravado, se configura un panorama potencialmente conflictivo, peligroso y violento; todo lo contrario de lo que pretenden estas legislaciones represivas, que a su turno no hacen sino retroalimentar la dinmica de crisis sistmica.

En el probable caso de que las tornas viren hacia ese rumbo ominoso, los pretendidos "demcratas", que le estn dando la pasada a la dictadura del partido del orden, nada sacarn con su arrepentimiento -al estilo de Boric y Jackson- ni podrn evadir el juicio condenatorio de la historia, como ya irrevocablemente lo hizo con Piera.

(1) https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=13631&tipodoc=mensaje_mocion

(2) https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=22035&tipodoc=info

(3) https://ciperchile.cl/2019/11/30/por-que-es-inconstitucional-el-proyecto-del-gobierno-sobre-las-fuerzas-armadas-y-la-infraestructura-critica/

(4) https://reddigital.cl/2020/01/20/ojo-chilenos-pretenden-pasar-contrabando-despliegue-las-ff-aa-custodia-infraestructura-critica/

https://reddigital.cl/


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