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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2020

Las elecciones "libres, justas, inclusivas y transparentes no existen bajo un estado de excepcin, policial y de contrarrevolucin

Jos Luis Ros Vera
Rebelin


Candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, dice que sin siquiera reportar su ingreso al pas en Migracin, y en las gradas del aeropuerto, fue notificado por un polica para una declaracin en el caso Fondioc. Arce seal: 'esto es eminentemente poltico contra nuestra candidatura'

(Nota de prensa, 29/01/2020)


En nuestro artculo anterior sealamos que el script golpista se bas en una cadena de tres eslabones principales: 1) defenestracin; 2) gobierno de transicin; 3) elecciones libres. Al consumarse la defenestracin del gobierno de Evo, empujada por el neofascismo y el papel decisivo de los aparatos de fuerza del Estado -que sorprendentemente el MAS nunca demoli ni transform en unin cvico-militar-, el bloque golpista es obligado a seguir con el guin y celebrar elecciones excepcionales.

Reside entonces en el gobierno de transicin emanado del golpe de Estado, y que en esencia es un rgimen de excepcin, no slo organizar elecciones libres, sino asegurar el dominio poltico al servicio del bloque golpista y las fuerzas reaccionarias.

Si en condiciones de la institucionalidad democrtica liberal, el Estado es un organismo de clase, bajo un Estado de excepcin, resultado de la agudizacin de las contradicciones, son exacerbados escarnecidamente los papeles y funciones de clase de esta entidad. No obstante, el gobierno de transicin propaga con gran fuerza su trabajo de auto-legitimacin presentndose de modo ficticio como encarnacin de la imparcialidad, de la libertad y de la democracia, incluso, sobre el propio cuerpo de los muertos y asesinados.

Cuanto ms el Estado recurre a la fuerza, ms requiere de su fetichizacin. Mientras ms se agudiza la dominacin de clase de la maquina estatal, ms se exige revestirla de ideologa, enmascararla bajo la figura de democracia y del Estado de derecho. De ah que el tercer da de enero, ez junto al Tribunal Constitucional inauguraron el nuevo ao como Ao Constitucional-Judicial 2020.

Detrs de la apariencia del gobierno de transicin democrtica, se oculta una forma poltica de excepcin armada y apoyada por el imperialismo estadounidense. Es en esta forma de Estado situada en la fase del eslabn golpista de elecciones libres, que debemos poner nuestra atencin.

Reside en esta nueva forma estatal el vehculo esencial para construir las condiciones de control poltico, militar, judicial e ideolgico-meditico para la desarticulacin de las fuerzas polticas del MAS, y barrer con ello sus capacidades polticas y de representatividad de masas en esta fase golpista que nos presentan como de elecciones libres, justas y transparentes.

Bajo esta forma poltica, las elecciones en Bolivia estn impedidas de representar un mecanismo que pueda manifestar la voluntad de la mayora de la sociedad boliviana as como imposibilitadas de garantizar la prctica de los derechos polticos y constitucionales de sta. Bajo esta forma, las elecciones son libres pero respecto de los ciudadanos, en el sentido de la existencia de una absoluta centralizacin poltica liberada y escindida de la voluntad popular mayoritaria, y de la emanacin de un gobierno opresor articulado en un bloque golpista orientado por completo al desmantelamiento y liquidacin del principal adversario progresista aglutinado en el MAS-IPSP.

Gobierno de transicin, Estado de excepcin y despliegue de la contrarrevolucin

Segn ya hemos observado, el proceso del golpe de Estado ha tenido sus eslabones y momentos propios. Por ejemplo, las acciones del neofascismo, la desestabilizacin de la OEA, la autoproclamacin-instauracin del nuevo gobierno. Como parte de este proceso, la defenestracin e instauracin del gobierno de transicin dieron nacimiento al Estado de excepcin en el que toma cuerpo la ruptura de las reglas del juego institucionales y democrticas, as como el divorcio del Estado apropiado por un bloque golpista (ver nota 7) respecto de la sociedad.

Con la instauracin del nuevo gobierno, el da 12 de noviembre, fecha de la autoproclamacin, se inaugur una nueva etapa del golpe de Estado. Es la etapa de la contrarrevolucin vuelta gobierno, la cual est conformada de innumerables tareas prcticas y de distintas fases de desarrollo.

El despliegue de esta etapa solo ha sido posible mediante el cambio de forma del poder estatal, del contenido de sus actividades, del predominio de sus objetivos y funciones, de sus modos de intervenir en las relaciones sociales, de la reconfiguracin de sus prioridades, etctera. Tras la consumacin del golpe, el poder del Estado se convierte en un arma de guerra de la oligarqua y el imperialismo contra las clases populares, del capital contra el trabajo.

Se trata de una forma de Estado constituida por un macro desenvolvimiento poltico de excepcin que ha puesto en despliegue la totalidad del aparato estatal al servicio de la contrarrevolucin, y ello dentro del cuadro del vigente script golpista (imperial) basado en el gobierno de transicin-elecciones libres.

La contrarrevolucin, si bien abierta y radical, es encubierta y enmascarada tras lo que el gobierno usurpador llama sus tres objetivos para unir al pas: 1) la pacificacin; 2) las medidas orientadas hacia la transicin democrtica; 3) la gestin eficiente y honesta del aparato estatal.

La contrarrevolucin usurpa la soberana popular, conculca los derechos democrticos, controla las condiciones sociales e institucionales del proceso electoral mediante: a) polticas de claro predominio de contra-inseguridad (combate a la sedicin, al terrorismo, a la corrupcin, a la impunidad, etc.,); b) una monumental campaa de mentiras que acusan de Fraude en la eleccin del 20 de octubre; c) las violentas acciones neofascistas lideradas por La Resistencia, d) un Estado policial que arbitrariamente ejecuta detenciones preventivas y asedio judicial contra dirigentes y representantes de masas entre las fuerzas del MAS.

Apoyado en el siniestro juego de cartas propio de los parmetros dementes de la guerra hbrida imperial y sus polticas implacables y de presin interminable (Mike Pompeo, dixit), el gobierno que se autodenomina de transicin democrtica tiene por objetivo despojar a las clases populares, de sus medios, mecanismos e instrumentos de lucha, as como solidificar su desmantelamiento y desmovilizacin en estos tiempos de elecciones excepcionales.

El gobierno de transicin, delineado desde Washington, no es ms que la instalacin del ejercicio prctico y total de una contrarrevolucin operada por un Estado de excepcin sustentado en la maquinaria militar-policial, el rgano del Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Procuradura, Fiscala, Ministerio de Justicia, etc.), la descomunal capacidad ideolgico-meditica de sus aparatos (Presidencia, Ministerio de Comunicacin, de Educacin, etc.) y sus vnculos con los aparatos ideolgicos privados, as como su realineamiento geopoltico en la regin y en el mundo conducido por la destructiva y antibolivariana canciller Karen Longaric.

Al abrigo del Estado de excepcin, la contrarrevolucin no solo se plantea el desprestigio y deslegitimacin ideolgica y moral de las fuerzas populares-indgenas cohesionadas en su gran parte en el MAS. En la prctica, busca minarlo y desmantelarlo, para lo que hace uso de la materialidad de los instrumentos de represin militar, judicial, penal, segn el escenario cambiante de las correlaciones de fuerza.

La parasitaria mquina judicial, burocrtica y militar que en su momento el MAS equivocadamente no destruy, y que ahora lo persigue asfixindole todos sus poros, se despliega como una sombra contra sus candidatos a la presidencia [1] y para ocupar los distintos cargos de representacin popular.

Brevemente, inscribimos en este papel desempeado por el Estado de excepcin, algunos de los elementos ms relevantes en su abierto ejercicio de contrarrevolucin:

Las masacres militaristas acontecidas en Sacaba y Senkata; la creacin de rganos de inteligencia antiterrorista; la reformulacin organizativa de aparatos militares, su redefinicin ideolgica (respecto del anti-imperialismo) y sus nuevos nexos con aparatos de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos e Israel; los procesos de fortalecimiento de los cuerpos represivos (compra de armamento, municiones, gases, etc.); las operaciones de militarizacin y patrullajes preventivos en las distintas ciudades y regiones del pas [2];

El desenvolvimiento de la inmensa maquinaria del aparato estatal gubernamental alrededor de una poltica de Estado que criminaliza a un adversario sometido a un Estado de contra-inseguridad y/o policial  [3]  que judicializa la lucha social imputndola de narcoterrorismo, sedicin, corrupcin. Quin mejor para desempear este papel que Arturo Murillo, empresario hotelero, exdiputado y exsenador por el partido de ez (Unidad Democrtica), actual ministro de Gobierno, quien en 2016 recibi una sentencia de dos aos de prisin por falsificacin de documentos, y que ahora lleva a cabo con gran furor una cacera contra los dirigentes del MAS. Poco menos de 600 exministros y funcionarios del MAS se encuentran bajo investigacin por el Director General para la Lucha contra la Corrupcin, Mathas Kutschel. [4]

La manipulacin meditica, de censura y supresin de discursos populares y democrticos. El trabajo del Ministerio de Comunicacin respecto al cese de los servicios de transmisin de agencias tales como Telesur y RT, as como la criminalizacin de periodistas de Argentina, la destruccin y control de las radios comunitarias, el uso de decretos supremos respecto a las asignaciones de publicidad a los medios de comunicacin privados, mediante los cuales se paga a la prensa sus labores de propagacin de aquellas narrativas contra el Fraude electoral de Evo, contra los centenares casos de corrupcin del gobierno pasado, y a su vez, narrativas que justifiquen la represin militar, el Estado policial y la judicializacin del adversario poltico enmascarando al gobierno usurpador como uno de tipo inclusivo, transparente y de reconciliacin nacional.

La organizacin y fortalecimiento por parte del gobierno de excepcin de los grupos paramilitares neofascistas apoyados en una pequea burguesa propietaria y no propietaria venida a menos por las polticas del proceso de cambio, entre las que destaca la Resistencia Juvenil Cochala, que ha protagonizado las olas de violencia de clase, racistas y neo colonialistas por todo el territorio nacional.

La misma ez ya instalada en el gobierno, se congratul de su participacin en el golpe de Estado recompensndola con reparto de motocicletas, incidiendo as en el fortalecimiento de los grupos neofascistas. A ello le han seguido, por ejemplo, las amenazas de La Resistencia de cerrar la Asamblea Legislativa si los parlamentarios del MAS llevan adelante la llamada Ley de Garantas (Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos [5]), con la que los legisladores masistas pretenden defender los derechos polticos, democrticos y humanos frente a la profundizacin del Estado policial en el marco de las elecciones del primer domingo de mayo.

No puede dejarse de lado el papel activo (el Estado de excepcin no solo es represivo y censurador) relativo a sus supuestas funciones sociales (clientelares) del aparato estatal (ms presupuesto a la salud, ms educacin, abaratamiento de energa elctrica, ms empleo, etc.), las cuales estn dominadas completamente por los objetivos de un gobierno orientado por completo al desmantelamiento y liquidacin del proyecto del MAS y su proceso de cambio.

Dentro de este papel activo, constructor y organizador que desempea el Estado, ste dirige y organiza la unidad de las clases dominantes (fracciones de clase, fuerzas polticas y sociales). El gobierno de transicin trabaja en la organizacin y fortalecimiento de un bloque en el poder conformado por las fracciones oligrquicas, fuerzas militares y policiales, los aparatos de Justicia, clases medias (comits cvicos, burocracia poltica, mdicos, etc.), medios de comunicacin, instituciones, partidos polticos, iglesias, y en menor medida, sindicatos, sectores sociales, indgenas, entre otros.

En plena guerra abierta contra el MAS, de un modo ininterrumpido, con un abrumador coro en la totalidad de los rganos y ministerios estatales, el Estado de excepcin interpela sistemticamente a la sociedad boliviana bajo un discurso de estigmatizacin, des-legitimidad y denuncia en contra de los gobiernos del MAS, en contra de la tirana de Evo, el Fraude monumental, el abuso de poder para usar los recursos pblicos a favor del MAS, etc.

Es alrededor de esta aplastante labor de toda la maquinaria estatal del gobierno transitorio que se pretende construir una especie de unidad de la nacin en contra del MAS. En este sentido, la presidenta de facto, Jeanine ez, ha sealado que busca convocar a una cumbre de lderes polticos, con el objetivo de evitar la dispersin del voto como ocurri en la eleccin del 20 de octubre, y as conformar un frente nico para no permitir el retorno de ningn rgimen que ponga en riesgo la democracia (ABI, 10-1-2020).

Como organizador y gua de las fuerzas reaccionarias, el gobierno de ez busca preservar a la contrarrevolucin de las divisiones y de la dispersin de las fuerzas. Amparada en la capacidad estatal de unificar y cohesionar las contradicciones, el gobierno revestido de reconciliacin ha venido operando para poner a girar a toda la sociedad sobre un eje anti-socialista, anti-neoliberal y anti-masista.

Sin embargo, con la autoproclamacin pblica de ez como candidata presidencial (el da 24 de enero), las disputas en el seno del bloque golpista por el aparato estatal se acentan [6] , no obstante, dentro de este mismo proceso violento de Estado de excepcin y guerra abierta contra el MAS.

Esta nueva autoproclamacin, seguida de la inconstitucional prrroga del mandato del gobierno provisional que deba terminar el 22 de enero, inaugura una nueva fase de la contrarrevolucin.

En esta nueva fase, comienzan a reproducirse nuevas contradicciones en el bloque golpista [7], y que no necesariamente podran terminar por cohesionarse y solucionarse, de acuerdo a los clculos que ha hecho quien usurpa hoy el poder Ejecutivo.

En conclusin, las elecciones libres, justas, inclusivas y transparentes solo pueden existir en los ensueos de quienes presiden y respaldan la existencia real de un Estado de excepcin, policial y de contrarrevolucin. Ms all de los Estados vasallos del imperialismo, la comunidad internacional deber manifestar su profundo rechazo a la barbarie que se ejerce contra la democracia en Bolivia.

Notas

[1] El director de facto del Fondo de Desarrollo Indgena, Rafael Quispe, seal que la denuncia contra el exministro de Economa y candidato presidencial del MAS, Luis Arce, no es persecucin poltica, sino que se intenta llevar a la justicia a uno de los principales responsables del millonario desfalco en el ex Fondo Indgena. Al mismo tiempo asegur que de no presentarse para hacer su declaracin en la fiscala el da 29 de enero puede emitirse su orden de aprehensin (ABI, 28-1-2020). Cabe sealar que es precisamente Luis Arce el candidato que lidera las encuestas electorales en la carrera por la presidencia.

[2] Todo esto bien puede caracterizarse como la instalacin de lo que Ruy Mauro Marini denomin Estado del cuarto poder, esto es, un Estado en el que las Fuerzas Armadas ejercen un papel de vigilancia, control y direccin sobre el conjunto del aparato estatal al mismo tiempo en que se impone a la vida poltica un ordenamiento legal de origen militar en el que destacan las leyes de seguridad nacional. Ver: La cuestin del fascismo en Amrica Latina. Puede consultarse en lnea: http://www.marini-escritos.unam.mx/282_fascismo_america_latina.html

[3] Ver mi artculo: Nuevas elecciones bajo Estado policial (Qu hacer?), 25-11-2019. https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262831

[4] Ver, Gobierno investiga a 592 exautoridades del gobierno de Morales por presunto desvo de bienes, La Razn, 8-1-2020, https://www.la-razon.com/nacional/Investigacion-Gobierno-exautoridades_Evo_Morales-desvio-corrupcion_0_3290670925.html

[5] Dicha Ley que entre otros elementos pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y garantas constitucionales para todos los bolivianos, y por tanto, garantizar que no habr persecucin poltica para los dirigentes sociales del MAS, fue aprobada a mediados de enero en las dos Cmaras, que cuenta con la mayora de parlamentarios del MAS. Ante el rechazo del poder Ejecutivo a promulgarla por considerarla como una Ley de impunidad, la presidenta del Senado, Eva Copa, del partido del MAS, ha sealado que al no ser promulgada por el Ejecutivo, como presidenta de dicha Cmara, ella tiene la facultad de promulgarla en el plazo que corresponde.

[6] Adems de sus claras ambiciones personales, la aventurera ez justifica su decisin de participar como candidata en la eleccin presidencial debido a que fracasaron los intentos de consolidar una candidatura de unidad que haga frente al MAS, esto es, auto-asumindose en este sentido como aquel factor poltico en quien reside la capacidad de articular la unidad de las fuerzas reaccionarias para que nunca ms los bolivianos tengamos que vivir con el miedo de la extorsin de los ltimos 14 aos. Por otro lado, distintos candidatos presidenciales del bloque golpista, junto con distintas fuerzas polticas, tal como el golpista Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), le solicitaron a ez que desista de su candidatura, ya que ello debilita el proyecto de un frente comn anti-masista. Ver, Crisis en la derecha boliviana, 27-1-2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/341157-crisis-derecha-boliviana-decision-anez-elecciones

[7] El artculo de Mara Galindo titulado Sedicin en la Universidad Catlica, 29-1-2020 (http://radiodeseo.com/sedicion-en-la-universidad-catolica/), censurado por la prensa, confirma a travs de una entrevista que sta le practic a Waldo Albarracn, miembro del Conade, una decisiva reunin secreta realizada hora y media despus de la renuncia de Evo el 10 de noviembre. En esta reunin (una verdadera Junta Golpista) entre actores golpistas y sus delegados (de Mesa, de Camacho, el propio Quiroga, el mismo W. Albarracn del Conade, Iglesia Catlica, diplomticos de Brasil, de la Unin Europea, entre otros) se llev a cabo al margen de la constitucin y a espaldas de la sociedad boliviana un acuerdo con Jeanine ez para que sta asumiera la presidencia, previa factura de miles de dlares que ez les exigi por los riesgos de aceptar el papel protagnico en la aventura golpista. Con la autoproclamacin como candidata presidencial de ez, sta le pateo el tablero al bloque golpista resquebrajando con ello sus acuerdos, lo que hace proliferar una nueva serie de contradicciones en su seno y abrir una nueva fase del golpe de Estado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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