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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-02-2020

Los presos de la revuelta y la prisin poltica

Julio Corts Morales
Dario Radio Universidad de Chile


"Prisionero poltico: una persona encarcelada por sus creencias o acciones polticas /(Diccionario Oxford) //Si quieres saber lo que es la libertad, pregntale al preso, no al Estado /(The Ex, Una celda es una celda, 1989).

La gran cantidad de personas que han estado o siguen en prisin desde el 18 de octubre del 2019 por delitos asociados a la revuelta popular ha llevado a reactivar la discusin sobre si estas personas, que se calcula seran ms de 2000, son o no son presxs polticxs[1].

Tradicionalmente hay quienes han sealado que todo presx es un presx polticx, atendiendo a que es la propia estructura social del capitalismo la que genera una poblacin excedentaria que al quedar fuera del acceso al sistema formal de trabajo asalariado se ve impulsada a delinquir de manera habitual como parte de su estrategia de sobrevivencia, suministrando as la mayor parte de la poblacin penal que llena las crceles del pas.

Adems, el sistema penal y carcelario de Chile y cualquier pas es definido y organizado en base a decisiones polticas que se expresan tanto en la consagracin de delitos y penas (Cdigo Penal y diversas leyes penales especiales), como en las garantas penales y procesales que se contienen en la Constitucin Poltica y el Cdigo Procesal Penal. As, por ejemplo, hay claramente definiciones polticas profundas -aunque no siempre explcitas- cuando se decide concesionar algunas crceles a privados, o cuando se decide que el hurto-falta del artculo 494 bis del Cdigo Penal tiene como lmite media Unidad Tributaria Mensual en vez de una completa[2].

En este sentido es cierto que la existencia misma de la institucin penitenciaria y su funcionamiento cotidiano constituyen o reflejan decisiones polticas del ms alto nivel, y por ende que algo hay de motivacin poltica en cada aplicacin de medidas cautelares o penas privativas de libertad.

Pero de ese modo, el concepto de prisin poltica pierde su especificidad para confundirse con la prisin en general, comn o social.

En el otro extremo, hay quienes sostienen una nocin ultra-restrictiva de prisin poltica, aplicable solamente a lxs denominadxs presxs de conciencia, excluyendo a todxs quienes hayan ido ms lejos que una mera expresin de opiniones, pasando a la accin, cometiendo delitos comunes y/o ejerciendo alguna forma de violencia.

En verdad el concepto de prisin poltica no es tan abierto ni tan restringido como pretenden estas dos posiciones extremas. Histricamente el delito poltico por excelencia en los orgenes de la modernidad fue el crimen de lesa majestad. A partir de ah es posible apreciar que la delincuencia poltica es la que de una u otra forma se opone al Estado en general o a determinados regmenes en particular. Por eso es que, a pesar de lo que ellos mismos digan, no son presos polticos los criminales de lesa humanidad encerrados en el muy especial recinto conocido como Punta Peuco ni ningn agente del Estado que haya cometido delitos contra la poblacin civil.

En el medio nacional, la Comisin Valech tuvo que elaborar criterios y definiciones que permitieran calificar de poltica la prisin y/o la tortura sufridas por miles de personas durante la dictadura (1973-1990). Dando cuenta de ello, en el Informe de la Comisin se explica la definicin de motivacin poltica con que trabajaron, sealando que existira dicha motivacin en la privacin de libertad o la tortura cuando tal motivacin estaba presente en los agentes del Estado que las ordenaron o realizaron. La motivacin poltica no siempre es evidente y de hecho la actividad represiva siempre busc respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden pblico, de la lucha contra el terrorismo, etc.[3].

Lo ms interesante para el contexto actual es que el Informe de la Comisin Valech seala claramente que existira esta motivacin poltica no slo cuando sea el fundamento nico del acto represivo, o cuando se apliquen medidas privativas de libertad sin juicio ni fundamento, sino que tambin cuando se aplican normas jurdicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos, o en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, que contiene una clara motivacin poltica[4]. Tambin existira dicha motivacin en la detencin y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislacin ordinaria de un pas, que fueron cometidos con la intencin de derrocar el rgimen o impulsar cambios polticos[5].

A estos ejemplos del nivel nacional podemos agregar las definiciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que incluyen dentro de los supuestos que definen la prisin como poltica cuando la duracin de la detencin o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido[6].

Son entonces presxs polticxs quienes han sido encarceladxs o perseguidxs por delitos en el contexto de la revuelta popular? Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar tenemos una serie de actos de evasin del metro protagonizados por adolescentes, desde principios de octubre, acompaados a veces de cierto nivel de destruccin de instalaciones (la mayora de las veces como respuesta a la violencia de las Fuerzas Especiales de Carabineros). El mismo 18 de octubre en la tarde estas acciones fueron calificadas por el entonces Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla como delincuencia pura y dura. La verdad es que la evasin en s misma es slo una falta que cometida por personas adultas se sanciona con penas de multa, y en el caso de menores de 18 ni siquiera entra al sistema de responsabilidad penal adolescente[7], sino que a lo ms amerita sanciones muy leves por parte de una Tribunal de Familia.

En la parte final de nuestro decimonnico Cdigo Penal tenemos los delitos de daos, que por ser simples delitos y no crmenes no acarrean en principio la posibilidad de medidas o penas privativas de libertad.

Por eso es que en el caso del profesor Roberto Campos, que estuvo encarcelado casi dos meses por haber pateado un torniquete en la estacin San Joaqun, la nica manera de justificar su encarcelamiento fue calificar estos daos dentro de los delitos especiales de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicha Ley fue aprobada en 1958, bajo la presidencia de Carlos Ibaez del Campo, un ao despus de la gran insurreccin popular de abril de 1957 en Valparaso, Concepcin y Santiago: masiva, espontnea, y gatillada tambin por un aumento en los precios del transporte pblico. La dictadura encabezada por Pinochet la reform y reforz considerablemente, y subsiste en el ordenamiento jurdico chileno junto a la Ley Antiterrorista de 1984, ms como una trinchera que como una Ley[8].

Ms escandaloso y evidentemente poltico es el caso de Rubn, Betor y Esteban, tres integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro acusados de hacer una barricada sobre la lnea del Metrotren. No tenan antecedentes penales y fueron formalizados por un delito del artculo 105 de la Ley de Ferrocarriles que tiene asignadas penas bajas, pero as y todo se les dej en prisin preventiva en atencin a su condicin de lautarinos. El procedimiento fue avalado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en ms de una ocasin, y por si fuera poco, ahora han sido reformalizados por los mismos hechos pero en el contexto de la Ley de Seguridad del Estado.

Hasta el momento ya existen 45 personas formalizadas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado, 17 de las cuales estn en prisin. Las acciones recientemente presentadas por el Ministerio del Interior en contra de adolescentes hacen recordar la frase del jurista sovitico Pashukanis, que deca que cada poltica criminal tiene el sello de clase del sector que la propone. En este caso: desesperacin y cobarda.

Respecto de otros delitos subversivos como el uso de artefactos incendiarios y atentados a la autoridad no cabe mucha duda sobre el carcter poltico de las acciones, aunque el Estado oculta la evidente justificacin poltica de su represin en base a la Ley de Control de Armas y Explosivos, una Ley penal especial de curiosa trayectoria[9]. Ms oculta an queda la motivacin poltica cuando los hechos se catalogan como delitos de incendio.

Un elemento adicional a destacar es que la calificacin del carcter poltico de una accin -y de la represin que ella desata- debe tener en cuenta el contexto de ocurrencia y la percepcin de la misma por parte de sus protagonistas. Como ha hecho ver Furio Jesi, la revuelta es una batalla en la que se elige participar deliberadamente, y la mayor parte de aquellos que participan en una revuelta eligen comprometer su propia individualidad en una accin cuyas consecuencias no pueden conocer ni prever[10].

Por eso es que no todo imputado por estos delitos es unx presx de la revuelta: Karim Chahun (concejal de Renovacin Nacional en La Calera) a pesar de estar formalizado por saqueos en el marco de la Ley de Seguridad del Estado no es un preso poltico, sino que un poltico preso.

En conclusin: todas las personas que estn siendo criminalizadas por su participacin en la revuelta son blanco de una represin abierta y explcitamente poltica. Y tal como ya nadie puede negar que las violaciones de derechos humanos han sido graves, masivas y sistemticas, ahora debemos agitar para instalar la idea de que todxs nuestrxs compaerxs que estn encarceladxs por ejercer el derecho de rebelin son, en efecto, prisionerxs polticxs[11].

NOTAS:

[1] Estos apuntes fueron elaborados para exponer sobre el concepto de prisin poltica en una actividad organizada por la Coordinadora por la libertad de lxs prisionerxs polticxs 18 de octubre. No siempre escribo con correcciones inclusivas, pero me parece indispensable en esta ocasin, para enfatizar el hecho de que hay hombres, mujeres y adolescentes en privacin de libertad. Opt por el uso de x en vez de de e o @ pues en vez de dar por superado el problema indica que en ese punto opera una supresin. Algo que el lenguaje no puede resolver por s solo.

[2] Tras una fuerte campaa de victimizacin de los supermercados respecto al robo-hormiga, se modific ese lmite mediante la Ley 20140 del ao 2006. Con eso, miles de personas que antes slo quedaban citadas a una eventual investigacin penal, ahora pasan a control de detencin en el Centro de Justicia de Santiago o los tribunales de garanta que correspondan.

[3] Informe de la Comisin Nacional sobre Prisin Poltica y Tortura, 2004, pgina 29.

[4] Ibd., pg. 30. Los destacados son mos.

[5] Ibd.

[6] The definition of political prisoner, Resolucin 1900 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 3 de octubre de 2012.

[7] Ver el artculo 1 de la Ley 20.084 y su sistema que sanciona slo determinadas faltas calificadas cuando so9n cometidas por adolescentes de 16 y 17 aos, quedando el resto de las faltas y las personas de 14 y 15 bajo la competencia sancionatoria del tribunal de familia.

[8] Sigo en esto a Karmy cuando seala que la Constitucin del 80 en rigor, no fue una Constitucin, sino una trinchera; no ha sido un texto legal, sino un aparato de guerra (Rodrigo Karmy, La crisis. La guerra civil como tcnica de gobierno, publicado en El Desconcierto el 8 de noviembre de 2019 e incluido bajo el ttulo Crisis en su libro El porvenir se hereda: fragmentos de un Chile sublevado, Sangra, Coleccin Ensayo, Santiago, 2019, pg. 89).

[9] Aprobada durante la Unidad Popular y usada para desarmar a los cordones industriales, fue luego reformada y reforzada por la Dictadura a fines de los 70. Posteriormente el Presidente Lagos incluy expresamente en esta Ley la bomba molotov (rebautizada por la juventud actual como mecha) y el 2014 la Presidenta Bachelet la endureci considerablemente, teniendo en cuenta explcitamente que en muchos casos en que se intent aplicar la Ley Antiterrorista a anarquistas y/o mapuche, los tribunales que no consideraban acreditado el delito terrorista recalificaban los hechos como delitos de la Ley de Control de Armas. De este modo, la motivacin poltica una vez ms es manifiesta.

[10] Furio Jesi, Spartakus. Simbologa dela revuelta, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2014, pg. 70

[11] La Declaracin Universal de Derechos Humanos, de 1948, seala en su artculo 28 que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaracin se hagan plenamente efectivos. Y qu pasa en un mundo como el que habitamos, donde esto claramente no es as? La respuesta est en el tercer prrafo del Prembulo de la Declaracin, que advierte que los derechos humanos deben ser efectivamente protegidos a fin de que el hombre (sic) no se vea compelido al supremo recurso de la rebelin contra la tirana y la opresin.

https://radio.uchile.cl/2020/02/03/los-presos-de-la-revuelta-y-la-prision-politica/



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