Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-02-2020

La reeducacin y reinsercin social como finalidad
Una propuesta revolucionaria de poltica penitenciaria

Valentn Aguilar y Francisco Miguel Fernndez Caparrs
APDHA

La principal tarea que tiene por delante el actual Gobierno es revertir una poltica penal y penitenciaria punitiva tanto en el plano discursivo como en el legislativo


En 2019, se cumplieron 40 aos de la entrada en vigor de la Ley Orgnica General Penitenciaria (LOGP). Fue la primera norma en ser aprobada despus de la Constitucin; antes, incluso, de aquella otra ley que dio lugar a la creacin de nuestro actual Tribunal Constitucional. Como sabemos, nuestra ley fundamental consagra en el artculo 25.2 uno de los principios esenciales que rige o -mejor dicho- que debera regir a todo nuestro sistema penitenciario: la reeducacin y reinsercin social como finalidad de la pena privativa de libertad.

El significado de esos dos trminos, reeducacin y reinsercin, hay que buscarlo en la exposicin de motivos del proyecto de ley. As comenzaba aquel texto que, de manera un tanto simblica, despus no fue recogido en la ley aprobada: Al defender en primer trmino la finalidad resocializadora de la pena, la ley pretende significar que 'el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que contina formando parte de la misma', incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular rgimen jurdico, motivado por el comportamiento antisocial anterior de aquel y "encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad".

Al menos dos razones explican tanto el espritu garantista como la rapidsima ratificacin de esta ley. Por un lado, se deseaba poner cierta distancia lo antes posible con el modelo penitenciario franquista. Como recordaba recientemente Gemma Ubasart, superar la crueldad de las crceles franquistas devena una apuesta cargada de contenido pero tambin de simbolismo. Muchos dirigentes de la oposicin antifranquista haban pasado por este tipo de establecimientos y se encontraban muy sensibilizados con el tema.

Por otro lado, como muy bien recoge Eduardo Romero, en su maravillosa Autobiografa de Manuel Martnez, no se puede olvidar el contexto de fuerte movilizacin y lucha social que se estaba produciendo dentro de las prisiones del Estado en la dcada de los 70. Sin embargo, cuatro dcadas ms tarde y tras un sinfn de reformas penales, el modelo penitenciario dibujado durante la Transicin se ha transformado hasta tal punto que resulta mucho ms prximo a esquemas penales de principios del siglo XX que a un sistema propio de un Estado social y democrtico de Derecho. En nuestra opinin, esta crisis responde a tres causas.

En primer lugar, la traduccin del principio de reeducacin y reinsercin social se materializ dentro de la LOGP en el denominado -de forma un tanto ostentosa- sistema de individualizacin cientfica, esto es, que el principal fin de la pena est dirigido a la reincorporacin a la sociedad de la persona penada. Sin embargo, desde el inicio el modelo penitenciario diseado contemplaba una quiebra de este principio respecto a aquellas personas que se encuentren en rgimen cerrado o en prisin preventiva. En ambos regmenes se ve desplazada la finalidad recogida en la norma constitucional. En su lugar, como observa la jurista Puerto Solar en su estudio sobre el sistema penitenciario espaol, los preceptos que regulan tanto el rgimen cerrado como la prisin preventiva responden a un fin securitario que, al no permitir el disfrute de permisos ordinarios o la reduccin de las horas diarias de patio, pone el acento en las ideas de peligrosidad e inseguridad.

Por lo dems, esta excepcin al ideal resocializador no es una anomala de nuestro sistema penitenciario, sino que a nuestro parecer se inscribe en una profunda transformacin que en la dcada de los 70 estaban experimentando de forma especialmente intensa los sistemas penales norteamericano y britnico.

En segundo lugar, la mutacin del rgimen penitenciario que hemos vivido durante las ltimas cuatro dcadas est relacionada con algo que hemos sealado un poco ms arriba: nuestro Cdigo Penal ha sido modificado al menos una treintena de veces desde el ao 1995. No descubrimos nada si apuntamos que el contenido de esas reformas, ya fuese a propuesta del Partido Popular o del Partido Socialista, ha tenido como consecuencia tanto un aumento del nmero de acciones que se consideran delito como la ampliacin de la duracin del tiempo de privacin de libertad. A la conjuncin de ambas tendencias es a lo que solemos denominar "populismo punitivo".

La cristalizacin ms extrema y conocida de este fenmeno ha sido la (re)introduccin de la prisin perpetua en el Cdigo Penal, una medida que haba sido desterrada de nuestro ordenamiento jurdico en el ao 1928. Sin embargo, desde las organizaciones y colectivos que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas presas solemos prestar mucha menos atencin a otra de las consecuencias que ha provocado el activismo legislativo de corte punitivista. A travs de la reforma del Cdigo Penal no solo se han aumentado y ampliado tanto el nmero como la duracin de las penas privativas de libertad, sino que -tambin- se ha endurecido el rgimen de ejecucin y cumplimiento de la condena.

Se trata de una tendencia que comienza con la primera gran reforma del Cdigo Penal en el ao 1995 y que, despus de los numerosos cambios impulsados desde entonces, ha configurado un rgimen penitenciario que, segn la profesora Rodrguez Yage en su imprescindible trabajo El sistema penitenciario espaol ante el siglo XXI, en lo referido al cumplimiento de la pena de prisin, es de mayor dureza que el de pocas anteriores curiosamente bajo un rgimen dictatorial. Este cambio del sistema de ejecucin penitenciario ha operado de un modo muy concreto introduciendo mayor rigidez en el cumplimiento de la pena, especialmente desde la reforma que introdujo Jos Mara Aznar durante su segundo mandato a travs de la Ley Orgnica 7/2003. Una reforma que -recordemos- se produjo bajo el teln de fondo del accidente del Prestige, ETA y la guerra contra Irak. La idea del cumplimiento ntegro de las penas se puso en marcha entonces con especial fuerza alegando que no poda salir tan barato ser terrorista en Espaa.

En ltimo lugar, la tercera razn que est detrs de la severa transformacin que ha experimentado el sistema penitenciario esbozado durante la dcada de los 70 se encuentra en la crisis econmica de 2008. Sus consecuencias se han sentido tambin dentro de prisin. Por una parte, porque se ha producido una retraccin del gasto destinado a prisiones. Desde el ao 2010 se ha producido una reduccin de alrededor del 10% en el presupuesto destinado a centros penitenciarios. Esa contraccin del gasto se ha producido al mismo tiempo que tena lugar un descenso de la poblacin penitenciaria que, como ha puesto de relieve el profesor Jos ngel Brandariz, no se haba producido de forma tan sostenida desde el ao 1958.

Sin embargo, cuando analizamos en detalle cmo se ha producido ese recorte en el presupuesto dedicado a Instituciones Penitenciarias, observamos una aparente paradoja y es que, como pusimos de manifiesto en otro lugar, en trminos relativos, el presupuesto total ha aumentado en relacin al descenso de poblacin penitenciaria en los ltimos aos: 18.504 en 2010 y 19.648 en 2018 por persona presa y ao. Ahora bien, cuando analizamos en qu partidas se han producido aumentos y disminuciones, nos damos cuenta de que mientras el gasto dedicado a personal en prisin ha aumentado, ha ocurrido todo lo contrario con el presupuesto destinado a convenios sanitarios: si en 2010 se destinaban 356 euros, en 2018 la cantidad presupuestada ha sido de 122 euros por cada persona que se encuentra encarcelada, lo que supone una reduccin del 73%. Adems, esta disminucin de los convenios sanitarios hay que analizar en paralelo a la reduccin de la plantilla mdica dndose el caso de crceles que no cuentan con ningn mdico.

De esta manera, como apuntaba Rodrguez Yage en el trabajo que hemos mencionado ms arriba respecto a los efectos de la crisis dentro de prisiones, la crisis ha supuesto el inicio de un procedimiento generalizado de menoscabo y empeoramiento de las condiciones de vida en la prisin. La propuesta de contratar a personal sanitario sin el MIR, la idea de aumentar el nmero de funcionarios de prisiones a travs de personal militar retirado o las 210 personas que murieron bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias durante el ao 2018 dan cuentan del deterioro continuado de las condiciones de vida dentro de las crceles desde el inicio de la crisis.

Las propias excepciones contempladas en el rgimen penitenciario, las transformaciones que han introducido las reformas penales en el modelo de cumplimiento de las penas y las consecuencias de la crisis econmica iniciada en 2008 son el sustrato de una profunda crisis del principio de reinsercin social consagrado en la Constitucin de 1978. La otra cara de esa crisis es un sentimiento generalizado de tibieza de nuestro ordenamiento penal que convierte a quienes defendemos el principio de reeducacin y reinsercin social, aunque solo sea como un programa de mnimos, en unos radicales.

En este sentido, tal vez la principal tarea que tiene por delante el actual Gobierno es revertir una poltica penal y penitenciaria punitiva tanto en el plano discursivo como en el legislativo. Podra ser un momento propicio para ello. Ese programa se podra resumir de este modo: no alimentar el populismo punitivo en el plano legislativo y no alimentar el odio en el plano social.

Valentn Aguilar y Francisco Miguel Fernndez Caparrs, miembros del rea de crceles de APDHA

Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2020/02/11/una-propuesta-revolucionaria-de-politica-penitenciaria-apdha/


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter