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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2020

El gobierno federal y los detenidos desaparecidos

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


La magnitud del problema de la desaparicin forzada en Mxico es grande, igualmente lo es la impunidad que persiste en cada uno de los casos. Este tema es parte de la agenda del gobierno federal, sin embargo, la atencin y manejo que le da es exclusivamente para intentar evadir su responsabilidad de investigar, dar con el paradero de las vctimas y enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del cometido de este crimen de lesa humanidad.

Alejandro Encinas Rodrguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Poblacin y Migracin, recientemente present el dato de que existen 61 mil 637 vctimas de desaparicin forzada en el pas, cifra que supera las presentadas en el sexenio pasado que eran de 35 mil 410 . Entre una cifra y otra lo que resalta es el papel de las instituciones de tratar de esconder los verdaderos saldos de la prctica de la desaparicin forzada.

Quienes viven en carne propia este flagelo y quienes de manera solidaria se suman a la exigencia de justicia como lo son los organismos independientes de derechos humanos, organizaciones populares, colectivos de familiares de vctimas de desaparicin forzada, periodistas y acadmicos presentan la cifra de 300 mil vctimas, muchos de ellos documentados, otros no porque los familiares temen a denunciar debido a las represalias o amenazas.

Ms all de las cifras, lo grave es la existencia de esta prctica y la impunidad en los casos, Andrs Manuel Lpez Obrador mantiene un silencio extrao sobre este tema, en otras ocasiones opina slo para excusar a las instituciones de justicia por la impunidad imperante, muestra de ello es lo que expres en el mes de noviembre refirindose a que la desaparicin forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es un crimen de Estado.

Por definicin la desaparicin forzada es un crimen que el Estado comete por omisin, comisin o aquiescencia. Decir lo contrario slo puede entenderse como un intento de deslindar la responsabilidad del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad y otorgar impunidad a los perpetradores.

Sus declaraciones esta en estrecha relacin con su plantamente del perdn que ofreci a los familiares de las vctimas durante su campaa y a inicios de su gobierno, la cual sin duda alguna fue rechazada tajantemente, desde ese momento busca nuevas formas de hacer valer ese perdn que en otras palabras significa dar carpetazo a los casos e impunidad a los responsables materiales e intelectuales.

Una prueba concreta de la actitud del Estado y sus instituciones hacia los detenidos desaparecidos es el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Snchez, detenidos desaparecidos en mayo de 2007.

En Mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mxico, orden a la Fiscala General de la Repblica (FGR) investigar el caso de la desaparicin forzada de Edmundo y Gabriel en cuyo crimen participaron: el Ejrcito Mexicano; Secretara de Seguridad Pblica del Estado de Oaxaca; Polica Ministerial de la Fiscala General de Justicia de Oaxaca; y Secretara de Seguridad Pblica del Municipio de Oaxaca de Jurez . Tambin ordena a la SEDENA la apertura de cualquier campo militar para la bsqueda de los desaparecidos.

Resulta esto un hecho jurdico trascendental, porque las propias instituciones aceptan la participacin de elementos policiacos y militares en el cometido desaparicin forzada y la responsabilidad del Estado y sus instituciones de investigar y dar con su paradero, por su puesto, un logro del movimiento popular, abogados y organismos independiente de derechos humanos que durante aos han abrazado la lucha por la presentacin con vida de los detenidos desaparecidos.

La FGR y la SEDENA segn con autonoma, decidieron no acatar la orden del Juzgado, se negaron a llevar acabo la justicia para las vctimas, Por qu optaron por la impunidad?, porque todo indica que esa es la decisin poltica hacia los casos de desaparicin forzada por parte del ejecutivo federal.

El status jurdico actual del proceso es que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, solicit a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin la atraccin del caso , porque la considera de suma importancia y trascendente por la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Edmundo, Gabriel y sus familiares.

Este caso pone en tela de juicio el papel de la actual administracin gubernamental con el tema de la desaparicin forzada, cul ser la poltica de esta administracin impunidad o justicia? Verdad o demagogia? Solucin a las demandas de justicia o represin? Mientras se decide el pueblo mantiene viva la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Esta administracin se dice ser diferente a los otros sexenios, pero esto slo es vlido si en los hechos est demostrado, de lo contrario ser demagogia pura. Los sexenios pasados los caracterizo el cometido de crmenes de lesa humanidad de manera sistemtica contra el pueblo organizado y no organizado y una enorme impunidad, en esta administracin no se alcanza a ver aun esa diferencia en estos temas.

El movimiento popular consigna Ni perdn, ni olvido! Presentacin con vida de los detenidos desaparecidos! Y estos gritos no cesaran hasta que haya justicia, verdad y garantas de no repeticin. Mientras prevalezca la impunidad razones para luchar habr.

Por la unidad obrero, campesino, indgena y popular!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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