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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-03-2006

Masacre de Margarita Beln
Comienza el juicio poltico contra dos jueces cmplices de la dictadura

Rebelin


El Jurado de Enjuiciamiento comienza el lunes a juzgar el desempeo de los jueces Toms Inda y Mara Fernndez integrantes de la Cmara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, en la causa que investiga la masacre de Margarita Beln.
El prximo lunes comienzan las audiencias del Jurado de Enjuiciamiento en las que se analizar el desempeo de los jueces chaqueos Inda y Fernndez que intervinieron la causa judicial en que se investiga la masacre de Margarita Beln. En la primer audiencia del lunes, a las 15 horas, declararn como testigos de la acusacin Horacio Verbitsky (presidente del CELS), Mirta Clara (viuda de Nstor Sala, una de las vctimas de la masacre) y Javier De Luca (fiscal ad-hoc de la causa Margarita Beln). El da martes declarar Mario Bosch (abogado querellante) y comenzarn a declarar los testigos ofrecidos por la defensa, entre los que se encuentran Jorge Milton Capitanich y Emma Tacta de Romero.
"Este juicio poltico es fundamental para consolidar un Poder Judicial Federal respetuoso del Estado de Derecho. Los jueces sern juzgados por haberse apartado intencionalmente del derecho aplicable para colaborar directamente con la estrategia de la defensa, destinada a conseguir la libertad anticipada de los imputados por la inapropiada va del habeas corpus, y paralizar la investigacin sobre la masacre de Margarita Beln", seal Gastn Chillier, director Ejecutivo del CELS, organizacin que en agosto de 2003, con apoyo de la agrupacin H.I.J.O.S Regional Chaco, denunci ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes de la Cmara Federal de Resistencia por mal desempeo en sus funciones.
"Los jueces adems sern juzgados por las acciones intimidatorias que emprendieron contra el fiscal de la causa, Jorge Auat" aclar Chillier, quien record "que el juez Inda deba haberse excusado de intervenir en la causa debido a que como juez al momento de los hechos no investig el asesinato de las 22 personas".
En septiembre de 2005, el Procurador General de la Nacin, Esteban Righi, resolvi exonerar a Ana Mara Torres, quien se haba desempeado como fiscal ad hoc, por su participacin irregular en la misma causa.
El 13 de diciembre de 1976, un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcalda policial de Resistencia, Chaco, fueron fusilados por personal que responda operativamente a la VII Brigada, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecucin fueron brutalmente torturados, algunos de ellos incluso castrados.
La versin oficial afirm que las vctimas haban muerto a causa de un enfrentamiento con "delincuentes subversivos" mientras eran trasladadas a la unidad penitenciaria N10 de Formosa. Sin embargo, las contradicciones en que incurrieron las autoridades y las investigaciones oficiales posteriores permitieron establecer fehacientemente que se trat de una masacre.

En mayo de 2001, el CELS present una querella criminal contra todos aquellos responsables de los delitos de homicidio agravado, desaparicin forzada y torturas. Estos crmenes fueron cometidos contra diecisiete personas que pudieron ser identificadas, y cinco ms cuyas identidades an no se han podido determinar. La responsabilidad en la Masacre de Margarita Beln no slo involucr a militares sino que se extendi finalmente sobre miembros del Ministerio Pblico y del Poder Judicial, que an teniendo a algunos de los detenidos a su disposicin, nunca investigaron lo sucedido en Margarita Beln.
El 17 de junio de 2003, diez militares fueron detenidos por orden del juez federal de primera instancia de Resistencia, Carlos Skidelsky, quien haba considerado, pocos meses antes, que las leyes de punto final y obediencia debida eran nulas y, por lo tanto, haba dispuesto continuar con las investigaciones criminales. El defensor oficial de los militares, Carlos Pujol, present dos recursos.
En primer lugar: un incidente en el que solicitaba la declaracin de incompetencia territorial de los tribunales de Resistencia para actuar en la causa Margarita Beln; ya que entenda que deba hacerlo la Cmara Federal de Rosario. En segundo lugar: una accin de hbeas corpus por considerar que la orden de detencin era ilegtima en tanto provena de un juez incompetente en razn del territorio. En primera instancia, el hbeas corpus fue rechazado y, consecuentemente, el expediente fue elevado en consulta ante la Cmara Federal de Resistencia. sta, hizo lugar al hbeas corpus ordenando la inmediata libertad de los detenidos y declar, de manera oblicua, la incompetencia territorial del juez de Resistencia.
El Fiscal Dr. Auat que interviene en la causa en calidad de subrogante se inhibi de opinar en el trmite de habeas corpus debido a que ya haba sentado su posicin respecto a la competencia territorial en el expediente principal. Por su parte, el fiscal de primera instancia, Carlos Flores Leyes, tambin se inhibi ya que se encontraba imputado en la Mascare. Finalmente intervino el Secretario del Fiscal Flores Leyes, Carlos Enrique Sanserri, que plante la nulidad de la decisin que deneg el habeas corpus por no haber sido odo el Ministerio Pblico. El juez hizo lugar a la nulidad y, luego de darle intervencin, dict una nueva resolucin rechazando una vez ms el recurso.
El expediente de habeas corpus fue elevado en consulta a la Cmara Federal de Apelaciones de Resistencia (cf. lo establece el art. 10 de la ley 23.098), que dio intervencin como fiscal a Roberto Mazzoni, quien tambin se apart porque al igual que Flores Leyes estaba denunciado por su participacin en la Masacre y, por lo tanto, se consideraba interesado en el resultado del proceso. En su reemplazo actu como fiscal ad hoc la Dra. Ana Mara Torres, secretaria de Mazzoni, quien dictamin que el juez de primera instancia no era competente en razn del territorio para intervenir en la investigacin por los hechos de Margarita Beln, cuestin absolutamente ajena al proceso por habeas corpus. La Cmara Federal, hizo suyo el dictamen de la fiscal Torres, hizo lugar al habeas corpus, y decret la inmediata libertad de los imputados.
Tanto el fiscal de primera instancia, Carlos Flores Leyes, como el fiscal de Cmara, Roberto Mazzoni, se encuentran siendo investigados por su participacin en el encubrimiento de la Masacre y por haber presenciado sesiones de tortura.
Si bien los funcionarios judiciales imputados en la causa se inhibieron de intervenir en el procedimiento de habeas corpus, dejaron al frente a sus subordinados: Ana Mara Torres, secretara de la fiscala a cargo de Mazzoni, y Carlos Sanserri, subordinado de Flores Leyes. El resultado de la intervencin del Ministerio Pblico Fiscal fue la absoluta complicidad con la estrategia de la defensa.
Como resultado de la resolucin de la Cmara en el habeas corpus, el expediente en el que se investigaba la Masacre qued totalmente paralizado. El juzgado de primera instancia de Resistencia no fue declarado incompetente por lo que, tal como lo prescribe la normativa procesal aplicable, deba continuar con la tramitacin del expediente. Sin embargo, no posea el poder de coercin personal sobre los imputados de la misma causa.
La actuacin de los integrantes del ministerio pblico y del poder judicial vulner el debido proceso de los querellantes. Ello, en cuanto se les neg el derecho a ser odo y a exponer sus argumentos en condiciones de igualdad con respecto a la defensa sobre la cuestin debatida que, en el fondo, es la competencia territorial del juez federal de la ciudad de Resistencia.

Por ltimo, el mal desempeo de los funcionarios puede ser evidenciado en que si se hubiera considerado que el juez de Resistencia era incompetente para entender en la causa en razn del territorio, la solucin no podra haber sido liberar a los imputados sino ponerlos a disposicin del juez que se considerara competente (cf. arts. 39, 40 y 50 del CPPN). Sin embargo, la intervencin de los integrantes del Ministerio Pblico y del Poder Judicial estuvo destinada a garantizar la libertad de los imputados por un procedimiento diferente al legalmente establecido para ello; es decir, la excarcelacin. Si se hubiera ordenado la libertad de los imputados a travs de este remedio, se hubiera concedido bajo caucin juratoria, real, o personal (arts. 320 a 324, CPPN). La ausencia de esta caucin, junto con el resto de los factores, permiti que uno de los imputados se profugara.


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