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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-03-2006

La muerte de Milosevic: un acto de guerra judicial

John Brown
Rebelin


Se vuelve a hablar hoy del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a raz de la muerte en cautividad de Slobodan Milosevic. El ex-presidente serbio, como quiz no se sepa, es el sexto preso que se les muere en la prisin de Scheveningen cercana a La Haya. Extraa mortalidad en una crcel que, segn parece, sera casi de lujo. Extrao tribunal tambin este, desde el punto de vista del derecho penal, y ello por diversos motivos. En primer lugar por su carcter de tribunal especial, de rgano destinado a castigar los crmenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados exclusivamente durante el conflicto que determin la destruccin de Yugoslavia. En segundo lugar, por la absoluta falta de independencia de la que ha dado sobrada muestra en sus aos de desempeo: se trata de un tribunal prcticamente financiado por los Estados Unidos que no slo ha actuado despus de la guerra como hiciera el de Nremberg, sino que ha ido siguiendo de cerca el desarrollo del propio conflicto, siendo los Estados Unidos y la OTAN a la vez su polica judicial y su brazo ejecutor.

La temporalidad del crimen y del juicio y castigo se ve invertida en el caso de tribunal tan singular, conforme al esquema que imaginara Philip Dick en Minority report y que se ha convertido en el modelo de todo tipo de actuaciones preventivas. En el relato de Dick, la polica conoca a travs de un grupo de personas con poderes de precognicin las intenciones de los criminales y era capaz de detenerlos antes de que perpetraran sus actos; en la crisis yugoslava, la OTAN tena entre sus funciones la de detener y poner en manos de la justicia a los protagonistas del conflicto en curso que considerase culpables potenciales de crmenes de guerra. No se trata ya de limitarse a enjuiciar los actos, sino de intervenir directamente en el escenario donde se perpetran a fin de evitarlos. Se trata de una fantasa contrafctica propia de la ciencia ficcin, pero al mismo tiempo de un extraordinario dispositivo real por el que se justifica la intervencin en un conflicto y se establece su interpretacin oficial. Este nuevo tipo de intervencin desdibuja los contornos de la guerra y la justicia en un modo de articulacin entre ambas cuyo precedente ms evidente son las guerras santas medievales. Lo que nos ensea el TPIY como instrumento y motor de la guerra justa es una nueva relacin con el tiempo, desde el punto de vista de la justicia y de la poltica.

El tiempo de la justicia penal pretende ser un tiempo lineal. El esquema es el siguiente: un sujeto responsable de sus actos realiza un determinado acto, este acto es descubierto y reconocido como constitutivo de un delito previamente tipificado, tras lo cual el sujeto es juzgado por ese delito. Lo que se juzga es siempre un hecho consumado y, adems, un hecho cuyas caractersticas deben corresponder de la forma ms precisa posible a tipos delictivos previamente establecidos y descritos con la mxima precisin. No cabe en derecho penal, al menos en el derecho penal de los Estados que se consideran de derecho la aplicacin de ningn principio de analoga: no puede enjuiciarse a nadie porque su comportamiento hubiese sido parecido o anlogo al descrito en un tipo delictivo. El encaje del acto en la descripcin tipificada del delito debe ser pues riguroso. En caso contrario, nos encontraramos ante una puerta abierta a la arbitrariedad de las que nos da sobrados ejemplos la legislacin sobre ese delito indefinible e indefinido que es el terrorismo, donde lo que se juzga no son slo ni siempre los actos, sino sobre todo la intencin (poltica) con la que se cometen. En el decurso clsico de la justicia penal del Estado de derecho, se reconoce que unos determinados actos corresponden a un arquetipo previamente definido por el legislador. Esta necesaria posterioridad temporal del acto respecto de la norma corresponde al principio nullum crimen sine lege, no hay crimen sin ley que tambin supone la aplicacin del principio general de legalidad al mbito del derecho penal. Esta temporalidad lineal puede, sin embargo quedar subvertida por una interpretacin analgica del delito segn la cual lo que debe juzgarse no es ya el acto sino la intencin o incluso el agente como tal.

Cuando se persigue que todo crimen sea debidamente castigado, el nullum crimen sine lege queda sustituido por el principio contrario, nullum crimen sine poena, no hay delito sin castigo que centra la accin de la justicia y de sus instrumentos no ya en hechos consumados sino en el conjunto de posibilidades de que estos se cometan. Para pasar de la realidad a la potencialidad, del pasado al futuro anterior, la doctrina penal securitaria recurre tradicionalmente al principio de analoga.

Gracias a la analoga, la descripcin precisa de los actos se ve sustituida por una reagrupacin de estos en categoras de mayor o menor universalidad en funcin del reconocimiento de cierta caracterstica abstracta comn. Puede as darse una analoga de intencin que permite considerar que la finalidad con la que se lleva a cabo un acto equivale al acto mismo, o una analoga de agente por la cual el acto queda calificado en funcin del sujeto que lo realiza. Ejemplo de la analoga de intencin es el delito de apologa del terrorismo en el que se considera que el apologeta o justificador de los actos terroristas comparte la opinin y los fines de sus perpetradores o incluso, de manera ms general, el propio delito de terrorismo en el cual de manera modlica toda una serie de actos delictivos ya castigados por el derecho penal se unifican bajo una intencin poltica. La analoga del sujeto se ve a su vez ilustrada por la definicin de personalidades criminales o peligrosas en la que las ciencias humanas y la psicologa en particular son valiosos auxiliares de este tipo de justicia. En aplicacin del principio de analoga se pasa as de juzgar un acto a juzgar una persona o una intencin, elementos, como se sabe, anteriores al acto. El sueo de todo agente de la justicia penal que aplique el principio nullum crimen sine poena es adelantarse a los actos para impedir que estos tengan lugar, previendo los distintos grados de peligrosidad de las personas o viendo en intenciones anlogas a las de los delincuentes el motor siempre ya delictivo de posibles delitos. Se trata, en nombre de un determinado orden social que se pretende defender, de borrar ni ms ni menos que la historia y la poltica, en cuanto estas constan de acontecimientos y de actores a menudo imprevisibles y peligrosos.

La actuacin conjunta de la OTAN y del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se inscribe en el punto de convergencia entre esta peligrosa tentacin judicial y policial y el no menos peligroso proyecto de imponer en las actuales circunstancias de la historia humana la paz mediante un pretendido derecho cosmopolita. Sabemos que el pacifismo de las grandes potencias siempre consisti en que cada una de ellas se arrogase para s y sus aliados el derecho exclusivo a emplear la violencia legtima contra los dems. Para ello, resultaba indispensable acabar con las categoras que haban regido y limitado la guerra en pocas anteriores, al menos en suelo europeo, sustituyndolas por categoras jurdicas o morales. El pacifismo oficial prohibe la guerra. De hecho, desde el pacto Briand-Kellogg, la guerra de agresin se convierte en un crimen y quien la promueve en un criminal. Con ello, se pone fin a varios siglos de derecho pblico europeo, ese ordenamiento europeo comn que, tras la paz de Westphalia, permiti a Europa vivir una paz relativa entrecortada por conflictos limitados. Segn interpreta este fenmeno el politlogo Hedley Bull, la sociedad de Estados europeos postwestphaliana se haba convertido, no ya en un modelo de orden jurdico conforme a la analoga nacional en la que un poder nico guardian del derecho preserva el orden, sino en una sociedad anrquica. Esa anarqua sustentaba el equilibrio europeo en correlaciones de fuerzas en permanente proceso de correccin y adaptacin, sin que mediara ningn tipo de derecho comn y an menos cosmopolita. Y es que se haba llegado en Europa a esta situacin precisamente porque el derecho de base teolgica comn a la cristiandad se desmoron tras las guerras de religin que slo pudieron concluir con la afirmacin del principio cujus regio ejus religio, a cada pas la religin de su prncipe. El universalismo cristiano qued sustituido por un pluriversalismo sin base teolgica. Cada Estado era juez absoluto de su propia conducta, y ningun otro poda enjuiciarla desde un punto de vista ms elevado o universal. En tales circunstancias, la idea de una guerra justa propia de la teologa poltica cristiana pierde toda pertinencia. Todo prncipe puede recurrir a la guerra sin ningn tipo de justificacin universal, siempre y cuando haga la guerra a otros prncipes. No hay ya ningn criterio comn de la guerra justa, pero s una norma para determinar al enemigo legtimo. En este contexto, la guerra desteologizada se convierte en una guerra limitada por el reducido nmero de sus agentes legtimos que slo son los prncipes y sus ejrcitos y por las numerosas restricciones que el equilibrio entre Estados impone. As si la poblacin civil no es ni puede ser un objetivo militar, ello se debe no a que hayan prevalecido los valores humanitarios, cosmopolitas, ya sean cristianos o ilustrados, sino al riguroso equilibrio de fuerzas entre Estados soberanos que no podan ni necesitaban recurrir en sus relaciones internacionales a tan altos valores.

El Tribunal penal para Yugoslavia, como instrumento y motor a la vez de la primera guerra humanitaria del siglo XX llevada a cabo por las democracias (las anteriores las llevaron a cabo los fascismos alemn e italiano en los Sudetes y Etiopa), marca el fin de lo que quedaba de esta tradicin de derecho internacional para abrir una nueva era con sesgos declaradamente medievales.

Con la teora de los derechos humanos vuelve a entrar en escena precisamente la instancia universal que haba desaparecido con la paz de Westphalia. En nombre de estos derechos que se sitan por encima de cualquier ordenamiento poltico y jurdico, es ahora posible cuestionar las soberanas terrenas. Naturalmente, quien lo hace no es una Razn universal, sino potencias de este mundo, Estados cuyo inters consiste en descalificar a sus enemigos polticos como enemigos morales de la Humanidad. La poltica internacional, basada al igual que la nacional o interior en el antagonismo y el equilibrio de fuerzas, se ve sustituida por una gigantomaquia simplista en la que se enfrenta el Bien contra el Mal, la Humanidad contra los Monstruos que son enemigos suyos. Las principales potencias poltico-econmicas dirigidas por el do EEUU-Unin Europea defienden el Bien y los derechos humanos contra el Mal. Eso naturalmente les permite pasar por encima de las molestas limitaciones que impona el derecho internacional en pocas menos humanistas y violar la soberana de los Estados, atacar objetivos civiles, destruir las estructuras productivas de los pases, invadirlos y alterar su ordenamiento jurdico y poltico, y, por supuesto juzgar a sus dirigentes. Quien acta en nombre del bien es a la vez guerrero y juez, el problema es que se ve condenado a una guerra ilimitada pues carece de enemigo y slo con el enemigo, nunca con el criminal, se puede hacer la paz.

Un proceso judicial basado en estas premisas es un acto muy singular. En l, naturalmente, el acusado no tiene ninguna posibilidad de absolucin. Si la tuviera, sus propios captores y jueces tendran que ser condenados, pues la guerra que han llevado a cabo contra el monstruo para sentarlo en el banquillo de los acusados perdera toda justificacin si este pudiera ser inocente. De que no lo pueda ser se ocupa una cuidadosa gestin del tiempo judicial en la que la norma se estructura en conceptos que se rigen por el ms riguroso principio de analoga. El concepto de genocidio puede aplicarse as al responsable de la muerte de un milln de personas, de 1000 o de 40, puede, segn los casos aplicarse a situaciones en las que las vctimas se han producido en actos de combate, como en el clebre caso de la aldea de Raak en Kosovo. Por no hablar del los actos de lesa humanidad. Tesoros de imprecisin jurdica como los que estos conceptos albergan dan bastantes garantas de que la farsa judicial culmine en condena. En el caso de Milosevic al que fue sumamente difcil imputarle responsabilidad directa en los actos de los que se le acusaba, el proceso se alarg hasta el ridculo, cambindose durante su transcurso los motivos de acusacin. Milosevic, al igual que los otros seis serbios muertos en la siniestra prisin humanitaria de La Haya estaba condenado desde el principio, pues contrariamente a lo que pretenden los partidarios del derecho cosmopolita, el enjuiciamiento del enemigo degradado a criminal no constituye nunca un primer acto de paz sino un nuevo acto de guerra.

 



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