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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-03-2006

La fuerza de la memoria y el poder constituyente del NO en la reconstruccin de la izquierda revolucionaria en el Estado espaol

ngeles Maestro


El presente trabajo pretende identificar la necesidad ineludible de que la reconstruccin del proyecto revolucionario en el Estado espaol reanude la continuidad histrica de la lucha por la emancipacin de la clase obrera y de los pueblos del Estado espaol truncada por una Transicin que, en aras de la instauracin de formas polticas propias de una muy limitada democracia burguesa, garantiz la continuidad en lo esencial de la estructura de poder econmico, militar, policial y judicial de la Dictadura. Este proceso se sustent en una monarqua sin otra legitimidad que su designacin por Franco.

Si bien el proceso de desmoronamiento ideolgico, poltico y organizativo de las organizaciones de la izquierda tradicional, poltica y sindical, del Estado espaol, comparte caractersticas y causas con el sufrido por estas entidades en otros pases capitalistas europeos, hay factores especficos directamente vinculados con su papel la Transicin sin cuyo anlisis es imposible entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y compleja tarea de la reconstruccin de la izquierda revolucionaria.

Dice Rodolfo Walsh que las clases dominantes siempre han procurado que los pueblos no tengamos historia, ni hroes, que se pierda la experiencia colectiva y que cada lucha deba empezar de nuevo. Cuando las principales organizaciones de las clases oprimidas se hacen cmplices de la amputacin de la memoria, el desastre es mucho mayor.

Este proceso de demolicin lento y sistemtico de las organizaciones de clase tiene origen en su decisiva participacin en un gran consenso que consagr la intangibilidad del Estado surgido de la Transicin y en un gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro dcadas anteriores, y que, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho ms fcil ir desvirtuando los ejes estratgicos de su programa poltico hasta hacerlos desaparecer: la reivindicacin de la Repblica como instrumento de soberana popular, la agudizacin de la lucha de clases para la destruccin del Estado capitalista, el derecho de autodeterminacin de los pueblos y su carcter antiimperialista.

Las claves del marco jurdico-poltico de la Transicin

El objetivo de la ruptura democrtica que vertebr la lucha contra la Dictadura nunca vio la luz. Ms bien todo lo contrario. El apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda a la Ley de Amnista[1] de 15 de octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la Moncloa[2] doce das despus y, como colofn, su defensa de la Constitucin de 1978 definen la Transicin y expresan otra muy diferente ruptura: la del PCE, organizacin que hegemoniz la lucha antifascista, con los elementos esenciales de su programa poltico.

La ley de Amnista liquidaba cualquier responsabilidad por todos los actos de intencionalidad poltica, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al da quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis. Quedaban impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas, encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra todo un pueblo. Era y es una de las ms gigantescas leyes de punto final que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado. Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de nmero dos en la Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la polica de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernacin.

De su carcter de ley de punto final vigente hasta la fecha da cuenta lo siguiente: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante las demandas judiciales de anulacin de los juicios militares sumarsimos como en los casos antes citados, en el de Julin Grimau, en los de los anarquistas Granado[3] y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y los de tantos otros, han utilizado la Ley de Amnista y la Constitucin de 1978 como verdaderas leyes de punto final para denegar cualquier revisin, garantes as de la impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicacin, ni en crculos polticos o judiciales, parece haberle llamado la atencin que el mismo alto tribunal espaol haya declarado en varias ocasiones competente a la justicia espaola para procesar a dirigentes de otros pases responsables de crmenes de Estado, considerando para ello como ilegtimos marcos jurdicos semejantes al nuestro.

Significativamente, doce das despus de la Ley de Amnista se firman los Pactos de la Moncloa. Podra pensarse que en la citada Ley se trataba exclusivamente de la anulacin de la responsabilidad penal por los delitos y que el punto final era as mismo borrn y cuenta nueva para depurar los elementos ms comprometidos con la Dictadura de los nuevos aparatos del Estado. Nada ms lejos de la realidad. En el prembulo de los Pactos se alude exclusivamente como justificacin de los mismos a la crisis econmica por la que atraviesa el pas y a la necesidad de abordar unnimemente las medidas necesarias. Dos son los grandes apartados abordados: Accin Jurdica y Poltica, y Saneamiento y Reforma de la Economa. En el primero de ellos se trata de la libertad de prensa, reunin, asociacin y manifestacin y de medidas de reorganizacin administrativa de las fuerzas de seguridad del Estado. Ni una palabra acerca de su democratizacin, nada acerca de responsabilidades, nada sobre el ejrcito, sobre la judicatura, sobre la corrupcin en empresas pblicas, etc.

La Constitucin de 1978 consagra una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarqua heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisin popular acerca de la forma de Estado. El rey es el jefe supremo del ejrcito, quien a su vez es instituido como garante de la unidad de Espaa. Niega uno de los pilares de la lucha por la libertad de los pueblos del Estado espaol: el derecho de Autodeterminacin. Establece como inalienable el derecho de propiedad y la libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de garanta alguna. La soberana popular y la democracia directa quedan reguladas por la Ley de Referndum ms restrictiva de la UE. La soberana nacional, ya pisoteada por los patriotas fascistas con la instalacin de numerosas bases de EE.UU., se hipoteca definitivamente con la entrada en la OTAN y la UEO.

El consenso sobre el papel del Estado y la poltica antiterrorista, 30 aos antes de G. W. Bush

El incesante recurso al consenso para justificar la aceptacin por parte de la izquierda de un orden poltico y econmico a la medida de la oligarqua espaola, y el pacto de silencio sobre la Guerra Civil, los cientos de miles de asesinatos tras la entrada de los nacionales en cada pueblo y en la larga posguerra, el maquis, la brutal represin de las organizaciones populares y el frecuente recurso al espantajo de la amenaza de golpe de estado, consumaron, excepto en Euzkadi, la profunda desvertebracin poltica e ideolgica de los pueblos del Estado espaol. Fenmenos de subcultura como la movida de los aos 80 y la entrada masiva de droga en los barrios obreros de las grandes ciudades, sirvieron para narcotizar la voluntad de resistencia y de rebelda de una juventud, difcil de domesticar de otra manera, y que vea el avance inexorable de las polticas neoliberales al tiempo que se hundan sin alternativa los proyectos revolucionarios de generaciones anteriores.

El gran consenso, origen de todos los dems, fue el que se teji, con la complicidad de partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del carcter neutral del Estado. La quiebra definitiva del ms mnimo planteamiento de transformacin social fue asimilar que todo lo que es el Estado (ejrcito, fuerzas represivas, aparato judicial, poltica exterior, institucionesetc.), no representa intereses de clase, sino que se sita en un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales.

La limitadsima democracia burguesa, con un rey a la cabeza nombrado por Franco y con unos aparatos del Estado heredados de la Dictadura, con sus jerarquas intactas[5], eran la Democracia. Quienes salieran de sus lmites eran, terroristas, sobre quienes deba caer el peso de sus democrticas leyes y de la violencia del nico depositario legtimo de la misma. La defensa del Derecho de Autodeterminacin de los pueblos como principio democrtico bsico por parte de la izquierda[6], fue una de las primeras desaparecidas en las turbias aguas de la Transicin. Se abra as un abismo insalvable entre la izquierda institucional y la izquierda abertzale y, lo que es ms grave, con la decidida complicidad de CC.OO. y UGT se inocul el espaolismo antiterrorista, situado ideolgicamente en los aledaos del fascismo, en amplios sectores populares.

La negacin por parte de la izquierda de la naturaleza del Estado como instrumento privilegiado de la burguesa en la lucha de clases mxime cuando conserva intacta la herencia fascista - que impregna a todas y cada una de sus instituciones y que ejerce la ms brutal violencia social para sostener un sistema que se sustenta en la dictadura del capital sobre el resto de la sociedad, es el autntico pilar de la Transicin sobre el que se edifica el famoso consenso. Esa es la clave de bveda que ha sustentado y sustenta la complicidad de la izquierda en toda la trama antiterrorista; desde el apoyo del PSOE y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1980, al ejercicio directo del terrorismo de estado con el GAL del PSOE, el Pacto Antiterrorista PSOE-PP, la Ley de Partidos Polticos, la ilegalizacin de Batasuna con la abstencin de IU, el voto favorable del grupo socialista y de IU a la Orden de detencin europea, la aceptacin durante las primeras 48 horas de la tesis de la autora de ETA en los atentados del 11M por parte del PSOE, PCE e IU, etc.

El fantasma del golpe de estado ha sido profusamente agitado y utilizado en ocasiones claves para prevenir actitudes o decisiones que rompieran el guin establecido. Algunos de los sucesos ms significativos son los siguientes:

- la reiterada afirmacin de Santiago Carrillo de que el color de una bandera no merece una Guerra Civil ante la traumtica decisin de prohibir a su militancia la exhibicin de banderas republicanas.

- la intervencin de Tierno Galvn en 1979 en el Congreso del PSOE, cuando Felipe Gonzlez vio derrotada su tesis preconizadora del abandono del marxismo, advirtiendo a los delegados que si adoptaban una direccin no aprobada por Gonzlez maana mismo los alemanes cortan la financiacin del partido, en unos das ms los tanques ocupan las calles de Madrid[7].

- el intento de golpe de estado del 23 de febrero, como los analistas independientes[8] muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans del Bosch como conejillos de indias de la versin ms burda de un doble montaje. De la operacin, tambin golpista, pero de guante blanco y mucho ms compleja, formaban parte lderes de los grupos parlamentarios comprometidos en un gobierno de concentracin nacional[9] presidido por el general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el rey y ambos contaban con l como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Finalmente Tejero desbarat la operacin Armada y el rey apareci como salvador de la democracia.

A la desnaturalizacin ideolgica y poltica de lo que fue izquierda revolucionaria, le sigui su liquidacin organizativa. Decenas de miles de militantes abandonaron el PCE entre 1977 y 1982, ao en el que se produjo su debacle electoral. Algo semejante ocurri en otros partidos situados a su izquierda. La institucionalizacin de sus cuadros se continu con una militancia clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creacin masiva de ONGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos se configur desde entonces como un privilegiado aliado de la coartada de la cooperacin y la ayuda humanitaria para enmascarar procesos de recolonizacin e intervenciones militares; es, adems, un valiossimo aliado de privatizaciones y, sobre todo, un poderoso instrumento de integracin econmica y de neutralizacin de rebeldas juveniles.

El auge de IU en la etapa de Anguita no ha sido ms que un parntesis en este proceso. Como se ha demostrado estaban en su cdigo gentico los elementos fundamentales de la desnaturalizacin del PCE. Los intentos del Coordinador General de cuestionar la Constitucin en 1997 y de abordar el Derecho de Autodeterminacin con la integracin de Ezker Batua en el pacto de Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organizacin y quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurri con la Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo ao: naci con vocacin de proyecto estratgico para enfrentar el entreguismo sindical y desapareci sin dejar rastro apenas un ao ms tarde, cuando Frutos sustituy a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el ao 2000. Se inauguraba formalmente su subordinacin al mismo y se liquidaba cualquier veleidad anti-sistema.

El principio del entreguismo sindical

El escenario de las relaciones laborales es el otro mbito privilegiado en el que se pone de manifiesto el cambio cualitativo operado en la izquierda poltica y sindical durante la Transicin, con las desastrosas consecuencias para la clase obrera que estamos viviendo.

En abril de 1976, con los sindicatos de clase y la izquierda poltica an en la clandestinidad, pero con un alto grado de organizacin y combatividad de la clase obrera, se promulgaba la Ley de Relaciones Laborales[10] ms avanzada que se ha conocido. En ella se reconocan amplios derechos laborales y, sobre todo, se estableca por primera vez el objetivo general de la estabilidad en el empleo y el carcter bsico de la contratacin indefinida, concretndose unas pocas excepciones. Llama la atencin que esta Ley se promulgase en plena crisis econmica y cuando la mayor parte de los ordenamientos jurdicos de Europa occidental estaban evolucionando hacia la flexibilidad. La clase obrera era fuerte y la correlacin de fuerzas mandaba.

Su vigencia dur poco ms de un ao. Los Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, cuestionaron frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se reintroduce la contratacin temporal[11], vigente durante toda la Dictadura y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes ms tarde se public un Real Decreto[12] que autorizaba la realizacin de contratos temporales a trabajadores en paro y a trabajadores juveniles, sin tener que someterlos a la formalidad de justificar su causalidad. En una de tantas paradojas de la Transicin, la recin estrenada democracia conculc por Real Decreto el contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recin legalizados sindicatos, ni el recin elegido Parlamento dijeran absolutamente nada. Para dar una idea de las dimensiones del hecho que inaugur un proceso de entreguismo sindical que parece no acabar nunca, hay que recordar que ese tipo de contrato basura para jvenes es el mismo contra el que estn luchando estos das millones de trabajadores y estudiantes en Francia.

Contrarreforma tras contrarreforma, lo sucedido despus es una cadena sin fin de privatizaciones, desregulaciones, generalizacin progresiva de la temporalidad, subvenciones, exenciones fiscales y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de la patronal.

Tres grandes huelgas generales se han sucedido en 1988, 1994 y 2002 sin que la amplia respuesta de l*s trabajador*s se utilizara como instrumento de presin sindical. La aceptacin de la competitividad como ley suprema a la cual se subordinan las relaciones laborales ha marcado la ms absoluta domesticacin de las dos grandes centrales sindicales, generosamente lubricada con dinero y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los Presupuestos Generales del Estado.

Los muertos que vos matis gozan de buena salud

Desde finales de la dcada de los 90 tiene lugar en el Estado espaol, como en otros lugares del mundo, un significativo resurgimiento de la movilizacin de masas, con participacin mayoritaria de jvenes, al margen de las organizaciones tradicionales de la izquierda, con contenidos de crtica radical al capitalismo y profunda vocacin internacionalista.

Una peculiaridad se aade. Si bien la existencia de alguna bandera republicana era constante en cualquier movilizacin popular, su presencia masiva y creciente en las manifestaciones antiglobalizacin, contra la LOU,.. etc, culmina en miles de tricolores portadas sobre todo por jvenes, ondeando en las manifestaciones contra la invasin de Iraq. Al tiempo, dos lemas se imponen como demoledoras acusaciones al sistema de ilegitimidad: Lo llaman democracia y no lo es y No nos representan.

El 6 de diciembre de 2003, por primera vez, mientras el Congreso de los Diputados presidido por el rey se celebraba con gran boato el 25 aniversario de la Constitucin se convoc en Madrid una manifestacin por la III Repblica y contra la Constitucin de 1978, por el Derecho de Autodeterminacin de los Pueblos y por la Soberana Popular. Se pas de la mera conmemoracin nostlgica y de pequeas concentraciones a la presencia de miles de personas en la calle, muy mayoritariamente jvenes, con reivindicaciones claramente rupturistas.

Cuatro meses despus, el 13 de marzo, tras los brutales atentados de Atocha, en todos los pueblos y ciudades la gente protagoniz una verdadera revuelta popular sin referente poltico alguno para denunciar la manipulacin informativa y echar al gobierno del PP. El anlisis de comunicados y declaraciones documenta el amplsimo seguimiento de la tesis gubernamental de la autora de ETA[13], no slo por parte del PSOE, CC.OO. y UGT, sino tambin por parte del PCE, IU, Ezquerra Republicana de Catalunya o el sindicato CGT, lo que confiere an mayor valor a la autonoma de pensamiento mostrada por la gente en la calle.

Al igual que otros medios de comunicacin alternativos como la haine, kaos en la red, indymedia barcelona o nodo50, una modesta organizacin como Corriente Roja [14] fue capaz de denunciar el mismo da 11 y al da siguiente las mentiras del gobierno, la complicidad de la izquierda poltica y sindical y la responsabilidad del PP y las multinacionales espaolas. An a las 19h del 12 de marzo se poda ver en la manifestacin de Madrid a los mximos dirigentes del PSOE, PCE, IU, CC.OO y UGT al lado de Aznar y de la familia real tras la misma pancarta en la ensima reedicin de la unidad antiterrorista. Al da siguiente la ira de gente ocupando las calles cambiara radicalmente el panorama poltico. Al igual que sucedi el trece de abril de 1931 con Alfonso XIII, el pueblo grit a Aznar, para que no cupiera ninguna duda: Que no te has marchao, que te hemos echao!.

Tres colores que remueven los cimientos del sistema

La trascendencia y el progresivo carcter masivo de la reivindicacin republicana ha llevado al gobierno, con el apoyo de IU, a intentar convertirla en un icono inofensivo, mellando su esencia antisistema, reducindola a la mera reivindicacin nostlgica e incluso intentando equiparar responsabilidades entre los dos bandos.

Dos ejemplos ilustran suficientemente este nuevo intento de desvirtuar y castrar la semilla revolucionaria que en este pas, contiene la Repblica. El ms pattico tuvo lugar el 12 de octubre de 2004 cuando en el desfile de las Fuerzas Armadas acto que en s mismo recuerda vivamente la continuidad del franquismo se hizo marchar a un combatiente de la Repblica, junto a otro que fue a defender el III Reich con la Divisin Azul.

Mucho ms sutil es la Proposicin de Ley presentada por Izquierda Verde (antes IU) y aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por la que Se declara 2006 como ao de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda Repblica como antecedente de la Constitucin de 1978...[15] La legalidad constitucional de la II Repblica, truncada salvajemente por un golpe fascista seguido de tres aos de guerra civil, es el antecedente de una monarqua surgida directamente de la Dictadura... La falta absoluta de lgica de la propuesta muestra con claridad la colaboracin impagable por proceder precisamente de IU para intentar ocultar, ante el arraigo popular de la reivindicacin republicana, que el rey est desnudo.

Est apilndose material altamente inflamable...

Es evidente que el poder intuye que pueden mezclarse ingredientes altamente peligrosos. Por un lado la rebelda radical ante un sistema que niega cualquier esperanza de futuro a la inmensa mayora de los jvenes y que se ha expresado en un movimiento antiglobalizacin de contenidos mayoritariamente anticapitalistas, que la socialdemocracia intent con todas sus fuerzas ocultar pero que sigue ah latiendo. Por otro, su capacidad de entroncar con una memoria histrica rota, oculta y silenciada, y por lo tanto, con toda su fuerza intacta. El pnico, el recuerdo del terror, utilizado de forma desvergonzada como argumento definitivo y aplastante frente a las ansias de libertad de generaciones anteriores, no vale ya ahora.

Lo ms fecundo del movimiento republicano es precisamente la utilizacin espontnea de esa bandera por los jvenes para expresar rebelda, contrapoder, cuestionamiento radical del orden existente.

Como se deca en el manifiesto del 6 de diciembre de 2003, los jvenes de hoy, que sufren la precariedad y el paro y que asisten cada da a la impdica exhibicin de la barbarie y la hipocresa, ni vivieron la Transicin, ni se sienten rehenes de ese proceso poltico en el que no participaron. Unas veces a tientas y otras a borbotones van mezclando poco a poco muchos ingredientes: la rebelda, la voluntad de resistir, la reivindicacin de la soberana como construccin de la democracia directa, la ruptura con todas las instituciones del sistema capitalista, la denuncia del cinismo de los partidos y sindicatos que actan como apagafuegos del orden establecido, el antiimperialismo como mtodo de anlisis y de solidaridad internacionalista, la bsqueda constante de la unidad desde la aceptacin primaria de la diversidad ideolgica y el convencimiento de que slo ese caldo de cultivo, en el que son necesarias todas las partes, aportar la masa crtica para la reconstruccin del proyecto revolucionario, al calor de las luchas sociales.

No ha sido suficientemente analizado el papel devastador de todas las renuncias de la Transicin en la conciencia y la identidad de los pueblos del Estado espaol[16]. No se trat slo de retrocesos en conquistas sociales, ni de la dolorosa comprobacin de la desintegracin ideolgica y organizativa de organizaciones que fueron referentes de la dignidad individual y colectiva. Se vivi una autntica anomia[17] como pueblo que actu como poderoso catalizador de la desintegracin de la resistencia popular despus de la Transicin.

En la anttesis, la izquierda nacionalista vasca (y otras organizaciones menores de Catalunya y Galiza) intrprete y representante de una buena parte de su pueblo no acept la Constitucin de 1978 y ha sido capaz de mantener, en clamorosa diferencia con la izquierda del resto el Estado, sus organizaciones y sus reivindicaciones nacionales y de clase. Treinta aos despus, tras persecuciones, ilegalizaciones, encarcelamientos y torturas demuestran con la presencia masiva de jvenes y su enorme capacidad de movilizacin la fuerza de su proyecto poltico.

Precisamente la necesidad de que la fuerza de ese ejemplo de resistencia frente al Estado y sus aparatos ampliamente reconocido por los jvenes ms conscientes de los diferentes territorios del Estado se convierta en patrimonio colectivo, junto a la posibilidad y necesidad de que todo ello frage en una nueva recomposicin de la unidad de clase entre los pueblos del Estado espaol, que, por supuesto, parta del derecho inalienable a decidir su futuro como nacin, es otro imprescindible elemento que es preciso incorporar a la conciencia y a la identidad colectiva.

La lucha antisistema, la voluntad de contrapoder, aqu y ahora de jvenes, mujeres, inmigrantes y de tod*s aquell*s que no somos vistos por el poder ms que como mercancas, es el terreno abonado para que germine la semilla revolucionaria, libertaria y comunista. Si el arma ms importante en manos de los dominadores es la aceptacin de su inevitabilidad por los dominados, la fuerza de la memoria de uno de los ejemplos ms luminosos de rebelda, de resistencia y de internacionalismo, el que ofrecieron los pueblos del Estado espaol en defensa de la repblica y de su revolucin, debe vertebrar el si, se puede primario, imprescindible, fundante.

Madrid, 21 de marzo de 2006
Corriente Roja


Notas

[1] El texto de la misma puede verse en: http://www.derecho.com/xml/disposiciones/trini/disposicion.xml?id_disposicion=31992
[2] El contenido literal de los Pactos de la Moncloa puede consultarse en: http://www.fuenterrebollo.com/Pactos-Moncloa/menu.html
[3]. A Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, se le ha negado recientemente la indemnizacin concedida a losexpresos del franquismo con el argumento de que su marido, ejecutado 17 das despus de haber sido detenido, por no haber hecho el tiempo mnimo de prisin exigido por la normativa que regula dichas ayudas.
[5] La mejor crnica de la Transicin, de las brillantes carreras en la democracia los jerarcas del rgimen y de los 104 asesinatos perpetrados entre 1976 y 1980 por fuerzas del orden y paramilitares, est en Grimaldos, A. (2005) La sombra de Franco en la Transicin. Ed. Anaya, Obern.
[6]Espaa, estado multinacional. Informe al Comit Central del PCE presentado por Dolores Ibrruri en septiembre de 1970. En su discurso del 2 de junio de 1935, el Secretario general del PCE, Jos Daz, enunci como 2 punto del programa mnimo de un gobierno de Concentracin Popular Antifascista: Liberacin de los pueblos oprimidos por el imperialismo espaol. Que se conceda el derecho de regir libremente sus destinos a Catalunya, a Euzkadi, a Galicia y a cuantas nacionalidades estn oprimidas por el imperialismo de Espaa.
[7] Garcs, J. (1996) Soberanos e intervenidos.Ed. Siglo XXI. Pg. XXVII
[8] Junto a la obra de Joan Garcs, para el anlisis de la red de complicidades del intento de golpe del 23 de febrero de 1981 debe consultarse Sverlo, P. (2000) Un rey golpe a golpe. Ed. Ardi beltza.
[9] Op. Cit. Tejero declara en la instruccin del sumario que Armada me dijo que en el gobierno habra Felipe Gonzlez, , Mgica Herzog (equipo Gonzlez) Sol Tura (equipo Carrillo) y otro UCD. Pg. 202
[10] La Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976 introdujo por primera vez en el ordenamiento jurdico espaol el principio de estabilidad en el empleo. En su artculo 14 establece: El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin ms excepciones que las contempladas en el artculo siguiente.
[11] En el apartado relativo a empleo de los Pactos de la Moncloa se enuncia: Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretar, la contratacin temporal por un plazo mximo de dos aos, para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempean por primera vez jun puesto de trabajo.
[12] El Real Decreto Ley 43/1977, de 25 de noviembre, autoriz la contratacin temporal de trabajadores en paro y/o juveniles sin necesidad de someter la finalizacin de esos contratos a la regla de la causalidad.
[13]Un riguroso anlisis de la contrainformacin y de la manipulacin informativa en esas 48h. cruciales puede encontrarse en Lpez, S. y Roig Domnguez, G. Del desconcierto emocional a la movilizacin poltica: redes sociales y medios alternativos del 11 al 13 M. Se encuentra en www.nodo50.org/lecturas/13m_contrainfo.pdf
[14] Estos dos comunicados dan testimonio, no de dotes extraordinarias de anlisis, sino de independencia poltica compartida con otros medios de comunicacin alternativos
http://www.nodo50.org/corrienteroja/corriente_roja.php?seccion=comunicados&id=99
http://www.nodo50.org/corrienteroja/corriente_roja.php?seccion=comunicados&id=100
[15] Boletn Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legislatura. Serie B: Proposiciones de Ley. Nm. 221-1. Proposicin de Ley 122/000180.
[16] En el artculo la Patria Perdida http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=15423 se parte de la afirmacin de Len Felipe: Espaa esta muerta, la mataron los fascistas para ilustrar la identidad popular que Franco pretendi asesinar en la Guerra Civil, que se reconstruy pese a todo en la lucha contra la Dictadura, y se pretendi enterrar de nuevo en la Transicin.
[17] El texto de Antonio Machado escrito para la Espaa de la posguerra, es vlido tambin para los aos posteriores a la Transicin: Fue un tiempo de mentira, de infamia/A Espaa toda, la malherida Espaa, de carnaval vestida nos la pusieron/pobre, esculida y beoda, para que no acertara la mano con la herida.



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