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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-03-2006

A Juan Francisco Martn Seco

Iaki Errazkin
Insurgente


He ledo con suma atencin su artculo Negociacin con ETA, publicado en La Estrella Digital y reproducido en inSurGente, y con todos los respetos, don Juan Francisco, opino que en esta ocasin no ha estado usted a la altura intelectual que se le supone.

Aborda usted un hipottico escenario de negociacin entre la organizacin armada ETA y el Estado espaol desde la ptica clsica de los progresistas liberales, eludiendo entrar a discutir el meollo de la cuestin, a saber: las causas que llevaron a un importantsimo sector del pueblo vasco a considerar la necesidad histrica de emplear la lucha armada y obrar en consecuencia por accin, comprensin u omisin.

En primer lugar, no es cierto que los sujetos del conflicto sean ETA y el Gobierno de turno. Los protagonistas son: por un lado, la gran parte de la sociedad vasca citada; y por otro, el Estado espaol en su conjunto (lase, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los medios de comunicacin a su servicio, el Ejrcito, los sindicatos sistematizados, la Conferencia Episcopal...). El juicio poltico 18/98, las leyes especiales (vg: la de Partidos), los tribunales de excepcin (vg: la Audiencia Nacional), y un largo etctera de instituciones, son paradigmas de lo que digo.

ETA no nace para combatir a la dictadura del general Franco. Esa es una falacia tan manida como interesada. ETA se funda y, poco a poco, se define como una respuesta ante la pertinaz conculcacin por parte de Espaa de los derechos del Pas Vasco como pueblo. De ah que no tenga sentido la tan habitual como ingenua reflexin: "Si ya no hay dictadura, si ya se puede defender cualquier idea, por qu no se disuelve de una vez ETA? Su tiempo ya pas..."

Como pensar an no es un hecho delictivo, es evidente que, en el plano terico, se puede compartir o no la estrategia de lucha armada aqu, all o acull. Incluso, en el caso de estar de acuerdo, es totalmente legtimo marcar los lmites, ms all de los cuales uno no est dispuesto a darle cobertura ideolgica. En el otro extremo, considero que quien la rechace tiene la obligacin de ser consecuente y combatirla. Pero un intelectual que haga honor al ttulo no debera servirse de sofismas, a sabiendas de que sus trucados argumentos intoxicarn sin remedio a sus lectores, contribuyendo a su alienacin.

Es incierto que en el actual marco legal se pueda defender cualquier idea. Al menos, es imposible realizar algunas aspiraciones, por muy legtimas que sean, dentro de la reglamentacin vigente. La letra de la Ley no es imparcial. Forma parte del Estado y, por lo tanto, est a su servicio, escrita para que ste se perpete. Esta obviedad, sin embargo, los propagandistas del Sistema la ocultan dolosamente a la poblacin, su pblico objetivo.

Pero es el final de su artculo el que ha motivado mi respuesta. Permtame que lo reproduzca para orientacin de los lectores:
"Sin duda es una exageracin identificar, como se ha hecho en ocasiones, nacionalismo con terrorismo, pero tampoco se puede olvidar que por procedimientos distintos ambos persiguen iguales objetivos y que siempre existe la tentacin, por supuesto de forma no confesada, de que el nacionalismo aproveche la presin que realiza el terrorismo para conseguir estos objetivos. En el frontispicio programtico de ambos aparece el derecho de autodeterminacin, aun cuando se disfrace bajo otras expresiones menos claras como la de mbito vasco de decisin, y que por lo visto tambin se ha trasladado a Catalua, no ya slo en el lenguaje de los nacionalistas sino en el del propio PSC cuando su presidente afirma que eso slo compete decidirlo a los catalanes. En definitiva, con lo que se est jugando es con el concepto de soberana. Saber si la soberana radica en la totalidad de ciudadanos que conformamos el Estado espaol o, por el contrario, si se puede trocear en mltiples compartimentos segn interese a las clases polticas de turno. Planteado as el problema, la negociacin es mucho ms cuestionable y resulta comprensible que sean muchos los que se opongan a pagar este precio, afirmando que para este viaje no hacan falta tales alforjas y que nos podamos haber ahorrado veinticinco aos de terrorismo. La crtica es tanto ms lgica cuanto que la actitud adoptada por el Gobierno y por el propio partido socialista en el Estatuto de Catalua no presagia precisamente desenlaces felices. Pero para hacerla hay que cargarse de razn, y sta se pierde cuando desde una postura cerril uno se opone a toda salida dialogada del terrorismo."

Hablar a estas alturas de "precios polticos" refirindose a derechos reconocidos, firmados y no cumplidos, se me antoja indecente. Cualquier jurista con conocimientos de Derecho Internacional podra disertar largo y tendido sobre la impecabilidad de la reivindicacin del Derecho de Autodeterminacin, que es el verdadero ncleo del conflicto sobre el que tratamos. Otra cosa es la subjetiva consideracin de su pertinencia poltica dependiendo de qu lado de la barricada se est.

Desde su libertad de opinin, no restringida, sienta usted plaza de forma voluntaria en la legin de los conculcadores desde el mismo momento en que recurre a la estafa argumental que supone criminalizar objetivos polticos, cualesquiera que sean, por el hecho de ser compartidos por organizaciones perseguidas por la Ley. El artculo 20 de la Constitucin es todo suyo. El resto del articulado, se lo regalo yo.




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