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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-04-2006

Manifiesto "Por una educacin pblica, democrtica, laica y de calidad"

Rebelin


Ante el trmite final de la LOE, las personas que suscribimos este artculo queremos hacer pblicas las principales razones por las que consideramos que esta ley contiene aspectos que perjudican claramente los intereses de la escuela pblica como garante del derecho a la educacin de todas y todos en condiciones de igualdad, y que -de no corregirse en el trmite parlamentario an pendiente- puede tener efectos perniciosos sobre su futuro.

Cuando en septiembre de 2002, en plena tramitacin parlamentaria de la LOCE, la Plataforma Estatal por la Escuela Pblica -sindicatos de profesorado y de estudiantes, asociaciones de madres y padres, y movimientos de renovacin pedaggica, junto a PSOE e IU-, organiz un masivo acto en Madrid, con la participacin de sus mximos dirigentes -Jos Luis Rodrguez Zapatero incluido-, suscribimos un manifiesto conjunto que hoy merece la pena recordar y recuperar.

Reivindicbamos entonces que "las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros pblicos como red vertebradora de la oferta educativa y slo deben mantener conciertos con los centros privados que estn dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningn tipo de discriminacin, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestin transparente y controlable socialmente".

Frente a ello, la LOE -tras los acuerdos del PSOE con sectores de la enseanza privada concertada- no slo ha renunciado a reconocer ese papel a la educacin pblica, sino que ha reforzado los conciertos extendindolos a etapas no obligatorias, tal como hizo el PP. Por otro lado, la ley no impide la segregacin por razn de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos pblicos -aunque no se discrimine por ello en la admisin al centro-; ni corta de raz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseanzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de stos con la red pblica; ni asegura que la cesin de suelo pblico sea para la creacin de centros pblicos; ni siquiera se ha logrado que el despido improcedente del profesorado -an con sentencia firme- sea considerado como falta grave, lo que es sencillamente escandaloso.

Por primera vez en la historia de la educacin espaola se equipara por ley -en derechos, que no en obligaciones- a la red privada concertada con la pblica. La LOE contempla que "el servicio pblico de la educacin puede ser prestado por los poderes pblicos y por la iniciativa social, como garanta de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; el Estado hace as dejacin de una de sus obligaciones fundamentales contraviniendo el artculo 27.5 de la Constitucin por el que "los poderes pblicos garantizan el derecho de todos a la educacin". Cmo se pretende que la "iniciativa social", la enseanza privada, garantice un derecho fundamental como es la educacin cuando, por su propia naturaleza, su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar?

Por otro lado, se claudica ante la vieja exigencia de la derecha de equiparar el derecho de todos a la educacin con la "libre eleccin de centro", supeditando a ello el deber de los poderes pblicos de programar las plazas escolares. Se pretende presentar como iguales a las dos redes, pblica y privada, que siguen siendo muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gestin, admisin del alumnado o contratacin del profesorado, con el objeto de que la red privada concertada pueda recibir todo tipo de sobredotacin econmica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la ley. Y todo ello en detrimento de los recursos para la escuela pblica y para el mbito rural en particular.

La ley no ha satisfecho ni de lejos las expectativas generadas. Por el contrario, las muchas concesiones hechas por el Gobierno a la patronal confesional de la enseanza concertada nos permiten atribuirle lo que hace tres aos deca el manifiesto antes citado: "Se camina hacia la consolidacin de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pblica, condenados en la prctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores ms desfavorecidos de la poblacin, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia ser cada vez mayor".

Hay otros aspectos que hace tres aos tambin se consideraban cruciales por todas las fuerzas progresistas, incluido el PSOE. La participacin democrtica en la gestin de los centros es uno de ellos. Se deca entonces y reiteramos ahora que los consejos escolares, mximos rganos de representacin de la comunidad educativa, deben tener la funcin de ejercer el control social en la gestin de los centros. Pues bien, la LOE ni potencia el papel de los consejos escolares (se les resta competencias muy importantes con respecto a la LODE) ni ha recuperado la eleccin democrtica de los equipos directivos.

Mencin especial merece lo que deca el manifiesto sobre los recursos necesarios para mejorar la calidad del sistema educativo: "Es imprescindible la aprobacin de una ley de financiacin extraordinaria que garantice la aplicacin de una autntica ley de calidad en todas las comunidades autnomas. Es necesario invertir ms en educacin pblica y alcanzar la media de los pases de la Unin Europea". La LOE ha incluido finalmente un ttulo de financiacin, con el compromiso (a 10 aos!) de equiparar nuestro gasto educativo a la media europea, pero no se aborda la compensacin interterritorial, cuestin que resulta clave para que haya un sistema compensador que trate en igualdad a todo el alumnado, independientemente de su origen social y territorial.

En cuanto a la enseanza de la religin, lejos de solucionar la problemtica actual de una manera coherente con nuestros valores constitucionales, como vienen demandando amplios sectores de la sociedad espaola, se cede nuevamente a los intereses de la jerarqua eclesistica y se retrocede al vincular, por primera vez en democracia, una ley orgnica a unos acuerdos con la Santa Sede claramente contradictorios con nuestra Constitucin (Captulo 3, del Ttulo III), lo que resulta, sencillamente, inadmisible.

La LOE, pues, nos aleja an ms del modelo de escuela laica que corresponde a un Estado aconfesional, manteniendo el adoctrinamiento en las aulas, generando con ello segregacin entre el alumnado en funcin de las creencias o convicciones morales de sus familias, y financiando con el dinero pblico escuelas confesionales que estn transmitiendo a su alumnado, a travs de la enseanza religiosa, contravalores ajenos a nuestra propia legislacin, a los fines de la educacin, a la convivencia en igualdad y a la propia razn, como son el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, la interpretacin sesgada de los derechos civiles, las relaciones humanas, el origen de la vida y la concepcin de la muerte, la prevalencia de la fe sobre la razn, el cuestionamiento de avances cientficos que son positivos para la salud y el conocimiento...

Consideramos que ante estas deficiencias y retrocesos, las organizaciones y colectivos progresistas del mbito educativo tienen la obligacin de plantear al Gobierno y a los partidos polticos, durante lo que resta del trmite parlamentario de la LOE, la necesidad de abordar las cuestiones de fondo, expuestas en este escrito. Y exigir su rectificacin.

Animamos, pues, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron contra la LOCE a sumarse a esta iniciativa y a movilizarse conjuntamente, como vienen haciendo algunas de ellas en los ltimos meses, en defensa de una educacin pblica y laica de calidad, en condiciones de igualdad, y con financiacin suficiente.

* Firman este artculo Loles Dolz (coordinadora del rea Federal de Educacin de IU), Augusto Serrano (Secretariado Confederal de STES), Gins Martnez (vicepresidente de la Confederacin laica de Padres de Alumnos, CEAPA), Maite Pina y Eulalia Vaquero (ex presidentas de CEAPA), Juan F. Gonzlez Barn (presidente de Europa Laica), Francisco Delgado y Beatriz Quirs (miembros del Consejo Escolar del Estado), Agustn Moreno (Comisin Ejecutiva Confederal de CC OO), Julio Rogero (Movimientos de Renovacin Pedaggica), Jaume Martnez Bonaf, Xose M. Souto Gonzlez y Fernando Ballenilla (profesores universitarios).


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