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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-04-2006

El veneno de las verdades parciales (en una prensa que se cree imparcial en Venezuela)

Concha Mateos
Rebelin


Ninguna escuela de periodismo del mundo concede ttulos acadmicos con licencia para robar, ni para estafar a la hacienda pblica, ni para difamar basndose en la mentira.

No hay carnet de periodismo profesional que libre a los periodistas de cometer errores ilegales que les pueden conducir a la crcel. Ser periodista no es ser inmune judicialmente.

Ni en Espaa, ni en los EEUU, ni en la Repblica Bolivariana de Venezuela ni tantos otros pases democrticos. En ese sentido, las cosas son iguales aqu y all. Y en otros sentidos, tambin: en los tres pases citados rigen constituciones que protegen el derecho a la informacin, y en los tres pases gobiernan presidentes elegidos por las urnas con sistemas democrticos. Hay algunas diferencias. En EEUU, por ejemplo, el pas que presume de la madre de todas las democracias, el resultado electoral que llev a Bush a la presidencia tard en conocerse ms das que en algunos de los pases llamados tercermundistas. Pero en los tres, si un periodista comete un delito y es acusado por un particular, tiene juicio. Y nadie puede acusar por ello al gobierno de persecucin a la prensa.

Nadie puede, aunque en Venezuela se hace, y hay una cierta prensa que lo repite y lo amplifica, en nombre de una libertad de expresin que conviene analizar.

Derecho a ser parcial o derecho a despistar

Constitucin espaola de 1978, artculo 20: libertad de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones y derecho a comunicar y recibir informacin veraz por cualquier medio de difusin. Los constitucionalistas estuvieron redundantes, la redaccin del texto es epittica: la informacin si no es verdad no es informacin. Y la verdad a medias, tampoco, induce a error.

Puede ser verdad que Repsol financie obras sociales en Amrica Latina. Sin embargo, no por eso hay que creer que Repsol es una empresa solidaria con el desarrollo social de Amrica Latina. Que divulguen los medios ampliamente las investigaciones judiciales en curso en Bolivia sobre presuntos delitos de contrabando de Repsol-YPF (8 millones de euros), irregularidades arancelarias (8 millones de dlares), fraude (falta de autorizacin de una planta gasificadota en Campo Margarita) As los lectores podremos llegar a conclusiones veraces.

Rodeados de fragmentos veraces, los lectores y telespectadores terminamos condenados a defendernos de tanta informacin muy veraz pero muy insustancial.

La constitucin espaola del 78 no protegi la garanta de ser informados sobre aquello que atae, condiciona, afecta y regula efectivamente nuestras vidas: la informacin pertinente. Lo oportuno.

Los gabinetes de prensa y comunicacin de empresas e instituciones inundan las redacciones de informacin fcil, regalada. Pero informacin no suele ser aquello que la fuente informativa est encantada de decir sobre s misma. Informacin es aquello que la fuente trata de ocultar: los datos resistentes. Materia cara, costosa. Y peligrosa. Por qu los medios espaoles nunca publican noticias negativas sobre El Corte Ingls?

Los fabricantes de denuncias

Un periodista de cualquier parte del mundo viene a Venezuela y encuentra peridicos y emisoras de televisin y radio que insultan a diario al presidente y a las instituciones bolivarianas. No hay que rastrear para encontrar ejemplos.

Organizaciones internacionales colaboradoras con la oposicin al gobierno de Chvez se hacen eco de informes tendenciosos en los que se relatan casos de persecucin judicial a periodistas en Venezuela.

Hablamos por ejemplo de la SIP (Sociedad Interamericana de Periodismo). La SIP no representa a la profesin periodstica. No la forman periodistas profesionales en defensa de los principios ticos y los valores del periodismo. Es un foro de empresarios capitalistas, gestores afanados por lograr que sus empresas produzcan dividendos, econmicos o polticos, es decir, dinero o poder de presin.

La SIP, entre otras entidades que entran en el juego de la oposicin en Venezuela, denuncia a veces como atentados contra la libertad de expresin asuntos judiciales de carcter ordinario y privado.

Un editor fue presuntamente asesinado por publicar informacin relativa a redes de narcotrfico. Es un problema, grave y serio, que afecta a todos y que debe ser prevenido por las estructuras del Estado. Pero no se le puede atribuir al gobierno.

Tambin un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) ahora, en este ejemplo, el muerto est en la parte del Estado- muri a balazos en medio de la calle das antes de que se celebrasen las elecciones legislativas el 4 de diciembre de 2005. El Gobierno Bolivariano podra haber esgrimido ese crimen como un atentado terrorista de la oposicin contra las instituciones electorales, en el marco de la campaa de adversidad y acoso que la oposicin mantena contra el CNE. No lo hizo. Claro.

La libertad de expresin se defiende haciendo uso riguroso del periodismo. Intoxicando no se defiende. Y esgrimir como agresiones del estado los enjuiciamientos penales que sufren algunos periodistas por su vulneraciones del Cdigo Penal, es, cuando menos, un desliz intoxicante.

Se acaba de celebrar en Quito (Ecuador) la asamblea semestral de la SIP. Periodistas sin Fronteras, a travs de su representante, Marcos Fernndez, tuvo que reconocer en este encuentro del sindicato continental de editores, que se han vertido infundios sobre la situacin de la prensa y la informacin en Venezuela, y que existe plena libertad de expresin.

La SIP, con gran satisfaccin de los socios afines a la poltica de EEUU, acord emitir una resolucin de condena a Venezuela, por lo juicios que se estn desarrollando contra dos periodistas, Ibyise Pacheco y Gustavo Azcar.

Esos juicios tienen causas estrictamente personales, incoadas por terceros, que han visto vulnerados sus derechos y han cursado la correspondiente demanda contra los periodistas. No es el estado quien est persiguiendo a periodistas. Son sus acciones y los particulares que se sienten vctimas de ellas, quienes les han conducido ante los jueces. No hay ingerencia gubernamental.

El victimario

A Gustavo Azcar, se le acusaba de estafa. Y a Ibyise Pacheco, de injuria, mediante informaciones falsas de algunas de las cuales se ha retractado y pedido perdn pblicamente-.

Ambos disfrutan de libertad actualmente. Aunque siguen pendiente de otros juicios.

Ambos trabajan para medios abiertamente opositores al gobierno bolivariano. Azcar es presentador del programa Caf con Azcar en el canal Televisora del Tchira, corresponsal del diario El Universal. Ibyise escribe en el diario El Nacional.

El coronel ngel Vellor present dos denuncias contra Ibyise, una por difamacin y calumnia y otra por difamacin agravada. Ella haba escrito en una crnica que el oficial haba conseguido diplomas falsos para obtener el ttulo de abogado. Se le dict una condena de 9 meses de crcel, aunque finalmente el 15 de marzo qued en arresto domiciliario, con autorizacin para seguir trabajando. Respecto a la primera denuncia la Pacheco reconoci sus errores ante el querellante. Y la segunda se retir despus de que ambas partes llegaran a un acuerdo: el acusador privado, coronel ngel Vellor, ha utilizado la figura del perdn del ofendido para permitir el cese de cumplimiento de la condena. El coronel estaba cansado de que le utilizasen como excusa para argumentar que en Venezuela se persigue judicialmente a los periodistas.

A esta periodista le queda pendiente an otro proceso judicial por otra denuncia.

A Gustavo Azcar Alcal se le ha investigado por desvo de fondos pblicos y estafa como consecuencia de una demanda presentada por Ronaldo Blanco La Cruz, gobernador del Estado de Tchira. Gustavo qued en libertad el 22 de marzo, tras una audiencia especial.

El ordenamiento jurdico de Venezuela respeta el artculo 11 de los Derechos Humanos que se promulgaron el 5 de octubre de 1978. La libertad de expresin se reconoce como derecho inalienable y a la vez se fijan responsabilidades ulteriores en su ejercicio.

Quien use la libertad de expresin es responsable de los abusos de esa libertad en los casos determinados por la ley. Nadie puede ampararse en l para vulnerar la honra de otras personas, atentar contra el orden o la salud pblicas, la seguridad nacional, etc.

Tampoco se pueden esgrimir como agresiones del Estado los actos administrativos ordinarios que se realizan en cumplimiento de la normativa fiscal.

No es un atentado contra la libertad de expresin que el Seniat el organismo encargado de la gestin de impuestos- cierre durante cuarenta y ocho horas el diario El Impulso.

Es una medida sancionadora por no estar al da en el pago de los impuestos. El Seniat cierra durante cuarenta y ocho horas a cualquier empresa que no tenga actualizadas sus cuotas y les impone una multa simblica de 700 bolvares, la cuarta parte de un euro, adems de exigirles la actualizacin del impuesto adeudado. Le ha ocurrido lo mismo a montones de empresas, desde La Joyera La Francia situada en la Plaza Bolvar en el centro de Caracas a la empresa petrolera Shell, que sufri en enero de 2006 una multa de ms de 28 millardos de bolvares en concepto de impuestos e intereses.

Tampoco son un atentado las medidas cautelares que un juez pueda aplicar para proteger otros derechos que entran en colisin con la libertad de expresin.

Todos los ordenamientos jurdicos de cualquier estado de derecho limitan el ejercicio de cada libertad pblica con el necesario respeto a los otros derechos fundamentales.

El Fiscal General de la Repblica de Venezuela ha restringido la posibilidad de que los medios sigan publicando las actas del procedimiento judicial abierto por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Las actas son secretas mientras el procedimiento judicial est en curso, es un delito filtrarlas, porque su divulgacin pone en riesgo la vida de los testigos y es preciso protegerles para que sus testimonios se produzcan sin presiones o amenazas chantajistas.

La libertad de informacin no se protege por ninguna constitucin para que obstaculice la administracin de la justicia, ni el ejercicio de otros derechos.

De qu hablan los medios y de qu no hablan: la parcialidad

Hay organizaciones internacionales que pasan los das elaborando informes de denuncia de agresiones contra la libertad de expresin en Venezuela. Los medios, los mismos que olvidan hablar de los problemas de Repsol YPF con la justicia en Bolivia, se hacen eco de esos informes acusatorios, sin contrastar lo que contienen.

Se trata de los mismos medios que tambin olvidan hablar, por ejemplo, de que en enero una delegacin norteamericana de 23 juristas, organizada por el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, realiz una auditoria sobre derechos humanos en Venezuela y emiti un informe de situacin favorable al ejercicio de los derechos. Los tcnicos norteamericanos concluyeron afirmando que existe una total libertad de expresin y las ideas "se debaten con emocin pero con tranquilidad".

Derecho a la informacin oportuna

La Constitucin Bolivariana de 1999, protege la libertad de expresin en su artculo 57. En el 58 protege el derecho a la informacin. Y lo protege con un trmino que hubiera sido interesante que apareciese tambin en la Constitucin espaola del 78. Literalmente dice: toda persona tiene derecho a la informacin oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitucin. Oportuna.

La informacin precisa, para ser realmente informacin y no propaganda, precisa ser oportuna. Lo irrelevante puede ser cierto, muy cierto, y conducir a conclusiones errneas. Es verdad que esos dos periodistas estaban retenidos, arrestada en casa ella y en la crcel l. Pero es oportuno explicar por qu razones. No explicarlo significa intoxicar.



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