La persona que se crea que la
corrupción en Marbella es una excepción, vive en el país de las
fantasías. Es sabido que la especulación urbanística sostiene las
economías de casi todos los Ayuntamientos del reino, por eso, en estos
días, se trata de ocultar esa realidad, para que, fundamentalmente los
dos partidos mayoritarios, queden impolutos de una situación que
salpica, y de qué manera.
El viejo código morse ha vuelto a funcionar. Pero ahora ya no alerta
sobre barcos a la deriva o peligros inminentes para la navegación.
Ahora, su uso ha comenzado a extenderse por Internet, donde aumenta el
número de asociaciones de vecinos que piden ayuda para acabar con las
tropelías urbanísticas de sus ayuntamientos.
"SOS,
SOS... SOS. Somos una agrupación de vecinos de la villa pontevedresa de
La Estrada que necesitamos desesperadamente ayuda por parte de todo el
mundo con el fin de que no se llegue a aprobar por parte de la Xunta el
plan de ordenación municipal... Es un auténtico abuso".
El
SOS está colgado de la Red desde hace casi un mes, pero mucho más
tiempo llevan denunciando la misma situación los vecinos de Espartinas,
en Sevilla, donde las sospechas de corrupción urbanística han llegado a
los tribunales. El colectivo "Ciudadan@s" de Espartinas denuncia la
corrupción municipal y las ramificaciones de la 'Operación Malaya' en
Marbella, Murcia, Madrid y la propia localidad sevillana, donde se
pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una
empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.
El
asunto está en los tribunales, como otros muchos que recorren la
geografía nacional de norte a sur; de este a oeste. En total, y
haciendo únicamente acopio de los casos más relevantes -que por su
transcendencia han saltado a los medios de comunicación-, la Justicia
investiga a concejales y alcaldes de más de medio centenar de
municipios españoles, en la mayoría de los casos por cohecho (cobrar
cantidades ilegalmente) o prevariación (dictar normas ilícitas a
sabiendas).
Los
presuntos casos de corrupción se han extendido como una mancha de
aceite, principalmente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Pero también en la Comunidad de Madrid o Galicia. Las corporaciones
locales de Orihuela, Torrevieja, Mijas, Manilva, Los Alcázares, Lorca,
Aguilas, San Javier, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Almuñécar o Camas
están en el ojo del huracán, así como las de Nerja, Torremolinos, Punta
Umbría, Fuengirola, Gibraleón, Las Rozas, Majadahonda, Alcorcón, Jimena
de la Frontera, Cullera o Villanueva del Trabuco.
Canarias, protagonista del último escándalo
El
último caso conocido es el de Candelaria Sánchez, concejal del
Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), detenida en el marco de la
llamada 'Operación Faycan', que investiga una trama de supuesta
corrupción por el cobro de comisiones en la adjudicación de obras
públicas. Otra concejal del mismo municipio fue detenida hace unos días.
Estas
detenciones no son, desde luego, un caso aislado. El Congreso estudia
en estos momentos una propuesta de Izquierda Unida destinada a pactar
una especie de código de buen gobierno en los ayuntamientos españoles
de cara a las próximas elecciones municipales, que deben celebrarse en
mayo del año próximo. La propuesta cuenta con el apoyo inicial del
Partido Socialista, con algunos de sus alcaldes implicados
presuntamente en casos de corrupción, principalmente en Murcia y
Andalucía.
Fuera
de España, el Parlamento Europeo estudia 15 quejas contra el Estado
español por corrupción urbanística, principalmente en la Comunidad
Valenciana.
