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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-05-2006

Anlisis crtico del decreto de nacionalizacin de hidrocarburos

Mauricio E. Ochoa Urioste
Rebelin


La prensa boliviana e internacional informa que el gobierno boliviano nacionaliz los hidrocarburos. El Decreto Supremo 28701 - D.S. 28701 promulgado por el Presidente Evo Morales nacionaliza verdaderamente la industria petrolera en Bolivia? El jurista Eduardo Novoa Monreal, define la nacionalizacin como "un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor manejo de la economa nacional o su reestructuracin, por el cual la propiedad privada sobre empresas de importancia es transformada, de manera general e impersonal, en propiedad colectiva y queda en el dominio del Estado

La nacionalizacin permite alcanzar por su propio efecto y mediante un solo acto integral los complejos procesos y resultados necesarios para que un rea de la actividad econmica nacional, en actual explotacin por empresarios particulares: a) quede sustrada a la posibilidad jurdica de ser realizada por particulares; b) pasen en dominio al Estado los bienes y elementos con que los empresarios privados la llevaban a cabo anteriormente; y c) corresponda al Estado la futura explotacin de ella". En primer lugar, el D.S. 28701 se inscribe - tal como anunci el Presidente de la Repblica y el Ministro de Hidrocarburos y Energa dentro del denominado "proceso de nacionalizacin".

Sin embargo, la nacionalizacin es un solo acto integral, por lo que no es posible un proceso de nacionalizacin, es decir una nacionalizacin llevada por etapas. En efecto, la naturaleza de la nacionalizacin se diferencia de la expropiacin, el monopolio estatal y otras formas de participacin del Estado en la economa, en que se trata de un solo acto integral que abarca todos los procesos necesarios para convertir la propiedad privada de las empresas en propiedad colectiva de dominio del Estado.Por esta razn, es impropio hablar de un "proceso de nacionalizacin".

En segundo lugar, el D.S. 28701 no imposibilita a los empresarios particulares la explotacin de los hidrocarburos; sino, por el contrario, mantiene vigente la posibilidad que stos realicen todas las actividades de la cadena productiva, ya sea individualmente o por medio de convenios de asociacin con el Estado boliviano.

En tercer lugar, mediante la indicada norma jurdica no pasan al dominio del Estado los bienes de las empresas petroleras que operan en el pas - plantas, maquinarias y otros activos -. A pesar de que se infiere del art. 7 num. II que YPFB controlara el 50% ms 1 de las acciones de las empresas capitalizadas, las dems acciones de las empresas petroleras quedaran vigentes, as como sus bienes. Por estas tres razones, la llamada nacionalizacin de los hidrocarburos en Bolivia no es tal.

Adems, el texto del D.S . 28701 presenta una cantidad considerable de imprecisiones jurdicas y ambigedades: El art. 1 indica que se "nacionalizan los recursos naturales hidrocarburferos del pas". Cualquier nacionalizacin afectara a la industria del sector que explota un recurso natural, pero no as a los recursos naturales que son, constitucionalmente, de dominio inalienable e imprescriptible del Estado. El art. 7 num. II prescribe que "se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mnimo el 50% ms 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrs Bolivia Refinacin S.A. y Compaa Logstica de Hidrocarburos de Bolivia S.A" .

A simple vista podra pensarse que YPFB sera, bajo la nueva norma jurdica, propietaria del 50% ms 1 de las acciones de las empresas capitalizadas. Sin embargo, esto no es muy claro: el texto refiere el "control" de las acciones y no as la titularidad o la propiedad del 50% ms 1 de las acciones. Tampoco queda claro si el Estado debera o no indemnizar a las empresas capitalizadas. El art. 4 indica que para ciertos campos se crea una participacin adicional de 32% para YPFB, con lo que el Estado incrementara su renta petrolera hasta alcanzar un 82% del valor de la produccin.

Esta nueva participacin adicional es un tributo: son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines (art. 9 Cdigo Tributario). Segn el art. 6 del Cdigo Tributario, en concordancia con la Constitucin boliviana, slo la ley entindase la ley aprobada por el Poder Legislativo - puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligacin tributaria; fijar la base imponible y alcuota o el lmite mximo y mnimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. Por lo tanto la creacin de este nuevo tributo mediante decreto supremo es completamente ilegal. Pero las mayores ambigedades e imprecisiones de este decreto se presentan en el art. 3 y en el art. 9. El art. 3 otorga un plazo de 180 das a las empresas petroleras para suscribir nuevos contratos; caso contrario instruye al Ministerio de Hidrocarburos y Energa a tomar a su cargo la operacin de los campos. El art. 9 indica que se mantienen vigentes los reglamentos y normas vigentes hasta que sean modificados de acuerdo a ley. Esto significa que la plena vigencia del decreto promulgado por el Presidente Evo Morales est subordinado a la suscripcin de nuevos contratos con las empresas petroleras.

Ahora bien, segn el art. 450 del cdigo civil boliviano "hay contrato cuando dos o ms personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre s una relacin jurdica". Uno de los requisitos para la formacin de los contratos es el consentimiento de las partes. Segn el art. 473 de la norma civil sustantiva "no es vlido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo". En otras palabras, el Estado y las empresas petroleras, al momento de suscribir nuevos contratos, pueden introducir los trminos que vean convenientes, pero en ningn caso pueden ser obligados a firmar contratos que sean lesivos a sus intereses, porque ello sera causal de anulacin de los mismos.

El art. 3 y el art. 9 no definen en qu condiciones se llevara a cabo esta toma de control de los campos en caso de que el Estado y las empresas petroleras no llegasen a un acuerdo para la suscripcin de los nuevos contratos. Seran los campos petroleros ocupados por la fuerza pblica?, Cul sera la situacin laboral de los trabajadores de estas empresas?. En el rgimen jurdico actual los campos petrolferos son de propiedad de las empresas petroleras, por lo que el Estado slo podra tomar a su cargo la operacin de los campos si existe una norma jurdica que regule la nacionalizacin de la industria petrolera, o la expropiacin de las empresas petroleras.

Cul fue el verdadero motivo del Presidente Evo Morales para promulgar este decreto supremo que no nacionaliza los hidrocarburos y subordina la participacin del Estado en este sector de la economa a la suscripcin de nuevos contratos?. La primera hiptesis es que el Presidente pretende con esta norma jurdica y toda la parafernalia de discursos, vtores y aplausos - presionar a las empresas petroleras para mejorar las rentas petroleras. La segunda hiptesis es que desea desquitarse de manera burda de una de sus principales promesas electorales para preservar su todava elevada popularidad en vsperas a la Asamblea Constituyente. En ciento ochenta das o antes - lo sabremos. Por el momento, la nacionalizacin de la industria petrolera ha sido desechada por el nuevo gobierno.


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