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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2006

Repsol YPF, la historia de un delito
El da que la lenta Justicia argentina hable...

Fabin Viegas
APM


La privatizacin de YPF fue ilegal. Fueron cmplices los ex presidentes Menem y Duhalde, el sindicato y funcionarios que an ocupan cargos pblicos. La justicia investiga. La compra de la petrolera estatal argentina YPF por parte de la espaola Repsol fue fraudulenta, segn denunci ante la justicia local la abogada Alejandra Dibo, representante legal de los ex trabajadores de Yacimientos Petrolferos Fiscales (YPF), Gas del Estado y Petroqumica Mosconi. En la comisin de ese delito participaron ex presidentes, ex ministros, sindicalistas, agentes de bolsa y hasta individuos que ocuparon cargos pblicos en el actual gobierno.

Tendran que ser juzgados por traicin a la patria argument la letrada. La causa 8568/99 est radicada en el Juzgado Federal 2 del Juez Carlos Bonado y ya declararon 19 de los 33 directivos imputados y unos 20 funcionarios, sindicalistas y agentes de bolsa implicados.

La semana pasada declar Juan Carlos Crespi, quien fuera secretario adjunto de la Federacin del SUPE (Sindicato Unin Petroleros del Estado), Secretario General del SUPE de Ciudad de Buenos Aires y luego parte del directorio de YPF y Repsol YPF. Fue recibido por sus ex representados al grito de Traidor!. Con bombos y pancartas, ex-empleados de YPF, Gas del Estado y Petroqumica Mosconi, repudiaron a uno de los imputados en el quiza sea el caso ms grande de corrupcin en Argentina.

La denuncia penal se basa en los delitos de compra hostil e ilegal, venta de bienes litigiosos, daos de accin pblica, violacin de los deberes pblicos y malversacin de caudales pblicos, delitos fundados en la compra ilegal y fraudulenta de las acciones, el manejo ilegal del patrimonio argentino, el ocultamiento de resoluciones y la complicidad de funcionarios, presidentes, ministros, directivos de Repsol, integrantes del SUPE y hasta agentes de bolsa, como la empresa MBA Sociedad de Bolsa S.A.

En el escrito presentado el da 19 de abril, Crespi expuso haber sido parte del gremio hasta 1993 y luego integrante de la mesa ejecutiva de la empresa. Declara que se rigi por las normativas 1270 y 1507 de los ministerios de Economa y Trabajo del ao 93, que regularon el accionar denunciado en esta causa como Delitos de accin pblica, ya que fueron en contra de la ley de Reforma del Estado y la Constitucin, y no fueron publicadas en el boletn oficial. El principal estudio de abogados que defiende a los imputados es Novak y Asociados, abogados del ex presidente Carlos Menem. A Juan Carlos Crespi lo defiende el estudio Rigui y Asociados, del actual Procurador de la Nacin.

Al igual que la mayora de los pases latinoamericanos, en los aos 70 y 80 se tejieron los hilos que permitiran la implementacin de las polticas aperturistas; orientadas hacia la eliminacin del dficit fiscal, la desregulacin de los mercados y la privatizacin acelerada de las empresas pblicas. A fines de la dcada de los ochenta, se aplic sobre las empresas estatales las polticas de las tres D: se las desprestigi, desmantel y desarticul socialmente.

Durante los ochenta se implementaron campaas mediticas para defenestrar a las empresas estatales y proponer como solucin la privatizacin de stas. El argumento era que el moribundo Estado de Bienestar no poda administrar el patrimonio, ya que acarreaba con enormes cargas sociales.

En 1989 se cre la ley N23.696, denominada de Reforma del Estado: con ella se daba lugar al cambio de las empresas estatales a sociedades annimas.

Para poder desprenderse de esas cargas lase una vida digna para los trabajadores, jubilaciones, obras sociales que funcionen, vacaciones y otros despilfarros- el gobierno nacional gener mecanismos de despidos encubiertos para que no fueran stos un peso para los futuros inversores.

La ley estableci que los empleados que laboraran hasta el momento de la privatizacin, eran parte del Programa de Propiedad Participada (PPP), que los haca acreedores del 10 por ciento accionario. Con el decreto 2778/90 del 1 de enero de 1991, YPF S.E. (sociedad del Estado) pasa a ser Sociedad Annima y asume la presidencia del directorio Jos Estensoro, Presidente de Sol Petrleo S.A. y allegado al poderoso empresario Prez Companc.

Para "flexibilizar" la empresa se generaron cuatro formas identificables de expulsin: los retiros voluntarios (despido encubierto), los despidos abiertos; las jubilaciones anticipadas y los cursillos de perfeccionamiento de los que, en ningn caso, los trabajadores obtenan la calificacin correspondiente para mantener su puesto de trabajo.

Paralelamente, se generaron campaas desmoralizadoras con la complicidad de periodistas como Bernardo Neustad y Mariano Grondona famosos por las encendidas defensas que hicieran de la dictaduras militares de la ultima mitad del siglo XX, y de agentes del sindicato que operaban sobre los obreros.

El 13 de septiembre de 1991 el SUPE convoc a una huelga general en apoyo a los trabajadores salteos de YPF. El Secretario General del SUPE, Diego Ibez, pese a que en Salta ya haban solucionado el conflicto, llam a la huelga. A los trabajadores de YPF que se sumaron a la protesta orquestada por el SUPE y el Directorio de YPF, los despidieron al da siguiente; alrededor de 4.000 trabajadores fueron separados de la empresa, recordaba Carlos Guaciarrossa, delegado de la Mesa Regional de La Plata, Berisso y Ensenada, que agrupa a los ex trabajadores de YPF, Gas del Estado y Petroqumica Mosconi.

El ao 1991 fue el ao del xodo: De los 32 mil empleados de planta, despidieron a 14.000. En el ao 93 solo quedaban 8.000 empleados, y para julio de1997 se haba reducido a 4.763 el nmero de trabajadores.

Segn datos del INDEC (organismo oficial de censos y estadsticas), en los 90, el desempleo argentino creci un 156,3 por ciento y el subempleo el 115,4 por ciento. Para mayo de 1999, el 37 por ciento de la poblacin era pobre. Entre 1991 y 1999, el poder adquisitivo de la clase obrera descendi un 60 por ciento.

Diego Ibez, secretario general de la Federacin del SUPE falleci en 1993. Despus de su muerte asumieron Antonio Cassia y Juan Carlos Crespi, ste ltimo secretario general de SUPE Capital Federal. Estos continuaron con las polticas asociadas a los intereses del gobierno de Menem.

Como solucin a la devastacin que produjo la privatizacin, el SUPE propuso crear cooperativas para tomar las tercerizaciones (servicios contratados) de la empresa.

Dibo explic a APM que la ley de Reforma del Estado estableca que los trabajadores tenan el control de las acciones clase C, a travs de un representante votado en asamblea. Hay dos instancias ilegales: Con el decreto 2886/90 (no publicado en el boletn oficial) se estableci que los ministerios de Trabajo y Economa se arrogaban el manejo del Programa de Propiedad Participada (PPP), quitndoles el manejo a los trabajadores. Y, en 1993, por decreto presidencial, Juan Carlos Crespi se convierti en representante de las acciones clase C en el Directorio de YPF S.A. Asumiendo el denominado silln obrero por el 10 por ciento accionario. Hasta 1992 las acciones haban permanecido en un solo paquete a cargo del Estado nacional. La divisin accionaria fue regulada por la ley 24.145, que las desglosa en acciones clase A, B, C y D. Las A pertenecan al Estado (51 por ciento en 1992), las B a las provincias petroleras (39 por ciento), las C a los trabajadores del PPP (10 por ciento) y las D eran las destinadas a los particulares (virtuales an).

Las acciones comenzaron a cotizar en bolsa en el ao 93. En ese entonces, el ministerio de Trabajo junto con el de Economa dictaron resoluciones internas (tampoco publicadas), segn las cuales todo el personal que se haba retirado voluntariamente de la empresa perda el derecho sobre las acciones clase C.

Esas resoluciones, al no ser publicadas son nulas legalmente, pero igual fueron seguidas al pie de la letra por los implicados. Fue un perfecto robo, fue una arquitectura legal para robar, pergeada con el Poder Ejecutivo, la Sociedad Annima y el sindicato, recalc la representante legal de los ex trabajadores de YPF, Gas del Estado y Petroqumica Mosconi, Alejandra Dibo.

Hasta 1997, los empleados no saban de su derecho a las acciones clase C, ya que las resoluciones haban permanecido ocultas. Dibo recalc que lo irnico del caso es que el artculo 41 de la ley de Reforma del Estado, estableca que uno de los objetivos de esa ley es que los trabajadores siguieran trabajando y tuvieran una mayor ganancia y participacin en la empresa.

Mediante premios que oscilaban entre los 1.000 y 1.500 pesos o dlares, se presion a los empleados que quedaban en la empresa a firmar cuatro convenios: El de Transferencia de Acciones al Estado Nacional, el de Sindicacin de Acciones, el de Fidecomiso y el de Adhesin del Programa de Propiedad Participada. As suprimieron la representatividad que tenan los obreros sobre sus acciones y sta pas a los ministerios de Economa y de Trabajo. La abogada. Dibo explic que esos papeleos se hacan a travs del Banco Nacin en el momento en que Aldo Daddone era el presidente de la entidad. Por lo tanto, aadi, tambin l debera estar imputado en la causa.

Con el argumento de que YPF S.A. no era rentable, decidieron vender las acciones para pagarles a jubilados y docentes. En 1997 la Comisin Nacional de Valores (CNV), que era la encargada de fiscalizar la venta de las acciones, determin que para poder vender las acciones clase C en forma legal, se necesitaba de un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente. Es as que Menem firm el 628/97, que convierte las acciones clase C en tipo D y le delega a MBA Sociedad de Bolsa S.A. la venta de las acciones de los trabajadores en los mercados internacionales.

MBA vendi las acciones el 16 de julio de 1997 en asociacin con la Salomon Brothers S.A., a sabiendas de que venda bienes en litigio, situacin probada en la causa 8568/99. En el ao 2005, Dibo denunci a la empresa MBA Sociedad de Bolsa S.A. por venta de bienes pblicos en litigio. La causa est caratulada como MBA Sociedad de Bolsa S.A. y otros y por razones de "conexidad" fue sumada a la causa de origen 8568/99, en el Juzgado Federal N 2, a cargo del Juez Bonado.

Por la Ley de Reforma del Estado estipulaba que estando entre 5 y 20 por ciento de las acciones en manos del Estado, deba existir una banca en el directorio de la Empresa en representacin de ste.

Con el decreto presidencial 1063/92 se reglament que la Subsecretara de Bancos y Seguros era la encargada de designar ese representante. A travs de la nota N 141 de esa subsecretara, el 1 de enero de 1999, designaron a Alfonso Cortinas, presidente de Repsol S.A., como Director de las acciones clase A del Estado, violando la ley de Sociedades Annimas. En otras palabras: El zorro cuidando al gallinero.

En mayo de ese ao, todo el directorio refrend a Cortinas en ese cargo, por lo cual los miembros del mismo tambin estn imputados. En ese momento se encontraba Alejandra Miniccelli como Directora Sndica Suplente de las acciones clase B. Minicceli es esposa del actual ministro de Planificacin, Julio De Vido y ostenta el cargo de Sndica Adjunta de la Nacin, o sea que controla los gastos de su esposo.

Durante esos aos, Repsol S.A. haba comprado acciones paulatinamente. Primero un 8 por ciento clase D, luego continu comprando hasta que, con Cortinas como representante del 14,99 por ciento de las acciones clase A (del Estado), compra todo el paquete accionario, incurriendo en el delito de compra hostil e ilegal.

A comienzos de la dcada del 90, Juan Domingo Stork era el Secretario General del SUPE filial Crdoba, y es echado junto a todo su equipo en 1992, por oponerse a la privatizacin de YPF. Entre ellos se encontraba la abogada Alejandra Dibo como asesora legal. En 1997, Dibo comenz con los juicios civiles al Estado, exigiendo indemnizaciones para los ex empleados de YPF por la venta de sus acciones sin consentimiento.

Para resguardarse de la posibilidad de futuros juicios, que efectivamente luego se produjeron, Menem creo con el decreto 628/97 un Fondo de Garanta de Compra, con una parte de las acciones del Estado. En 2005, Marcelo Villegas, funcionario del ministerio de Economa y que haba participado en la venta fraudulenta de acciones en 1997, desafecta las acciones correspondientes al Fondo de Garanta de Compras, ya que stas vencan en julio de ese ao, para pagarles a los empleados que en el 97 haban recibido sus acciones. Tal es as que 4.763 empleados (de 32.000) cobraron, al 11,05 por ciento de su valor real.

La causa 8568/99 involucra tanto el ex presidente Carlos Menem como a la Bolsa de Comercio de Madrid. Otros de los involucrados son ex funcionarios del gobierno argentino, 33 directivos de YPF, Repsol SA y Repsol-YPF; directivos de la Comisin Nacional de Valores; actuales funcionarios del gobierno nacional, como Alejandra Miniccelli, Marcelo Villegas y Daniel Camern; componentes del entonces secretariado general de la Federacin de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE), Antonio Cassia y Juan Carlos Crespi; diputados y senadores; Banco COMAFI y Sociedades de Bolsas, como la Salomon Brothers, la Bolsa de Comercio de Madrid y la Securities Comision Exhange.

Es llamativa la lentitud de la causa YPF N8658/99, pese a la gravedad de los delitos que la atraviesan, en comparacin con la rapidez con que se proces a los ex trabajadores de YPF, Petroqumica Mosconi y Gas del Estado cuando, desesperados por su situacin, bloquearon la entrada de camiones a Repsol en noviembre de 2003. Siete de ellos estn imputados por Intimidacin pblica y dos por coaccin agravada. La paradoja llega al punto tal que Pepino Fernndez, uno de los dirigentes de la Unin de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, pueblo fantasma de Salta, luego de la privatizacin de YPF, tiene procesos en 73 causas penales.

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