La presente es una entrevista al miembro de ATTAC-España, Juan
Hernández Vigueras (autor del libro Los Paraísos Fiscales), realizada por la Revista TEMAS
en Abril de 2006. Este mismo cuestionario se planteó también a Cándido Méndez,
Secretario General de la UGT, Francisco Fernández Marugán, diputado
socialista, y Viçens Navarro, catedrático.
1. ¿La reducción de impuestos es una política de izquierdas?
Si entendemos por política de
izquierdas aquella que busca mayor justicia
favoreciendo a los grupos sociales menos afortunados, no puede
catalogarse como tal la reducción de impuestos que obstaculiza ese
objetivo, porque conlleva reducción de ingresos públicos y sistemas
tributarios injustos, como la experiencia demuestra. En Europa los
ingresos fiscales representan hoy más del noventa por ciento de los
ingresos del Estado, desde que las privatizaciones acabaron con sus
ingresos patrimoniales. Y cuando
se habla de reducción de impuestos se esta pensando en la reducción de
los tipos impositivos sobre los beneficios de las grandes empresas y
sobre las plusvalías, pero no de los impuestos sobre el consumo y las
nóminas que suelen aumentar.
2. ¿Es
positivo procurar una reducción general de los impuestos cuando en
España la presión fiscal es muy inferior al promedio de las economías
más desarrolladas de nuestro entorno comunitario (6 puntos menos)?
Si
los gobernantes optan porque los hospitales sean un negocio privado,
que cada pareja pague la escuela del niño y el cuidado del abuelo,
obviamente deberían exigirnos menos impuestos y tendríamos una presión
fiscal menor que si optan por mantener el llamado Estado de Bienestar.
Eso se refleja en el informe de Eurostat sobre Tributación en la Europa
de los Veinticinco. En 2003 la presión fiscal media ha bajado al 41,5 %
del PIB, dado que en los países del Este era inferior al nivel medio de
los Quince y dados los recortes en impuestos y en prestaciones sociales
en los países donde ya eran mucho más altas que en España; y aquí en
ese año era del 36,5 % del PIB, cinco puntos menos. Para España el reto
sigue siendo disponer de un nivel de servicios públicos y de
prestaciones sociales suficiente y adecuado a la presión fiscal propia
de nuestro nivel de desarrollo económico. Pero está claro que los
recortes no son el camino.
3. Las
reformas del IRPF reducen la tributación de la mayoría de los
contribuyentes (los que por su nivel de ingresos están sujetos al
ingreso) Pero, ¿quiénes son los beneficiarios reales de las
disminuciones de los tipos y tramos de la tarifa?
En
los últimos años los sistemas fiscales europeos se han hecho más
injustos, porque han disminuido los impuestos directos, mientras que se
han incrementado los impuestos indirectos y las contribuciones a la
Seguridad Social. Está demostrado que el recorte del IRPF para
las franjas de rentas más elevadas conduce al incremento del consumo de
productos y servicios de lujo pero no necesariamente genera incremento
de la inversión productiva que crea empleo y riqueza. Y, excluidos los
mínimos vitales, las rentas bajas han de favorecerse con beneficios y
servicios esenciales más que mediante aparentes rebajas del IRPF.
Resulta curioso que en España las famosas reformas fiscales de los
anteriores gobiernos han llevado a un aumento de la presión fiscal al
36,5 % en 2003, cuando en 1995 estaba en 34,3 % del PIB. Peor aún,
entre el 2000 y el 2003 en nuestro país se produjo una disminución de
los impuestos directos y un aumento de las contribuciones sociales.
4. ¿Cómo
influye la rebaja de los impuestos en la sanidad y la educación
pública, las viviendas accesibles, o las mejores prestaciones por
desempleo, es decir, en el mantenimiento del Estado del Bienestar?
Las
sociedades abiertas en que nos encontramos dejan crecientes espacios
sociales desprotegidos ante la rotación en los empleos o la
transformación de la familia, que superan la capacidad individual para
hacer frente a los períodos sin trabajo o a la atención a los niños y
los mayores. Las rebajas de impuestos responden a una intencionalidad
ideológica que pretende limitar la capacidad del Estado para atender
necesidades compartidas, dejando
mayor margen para los capitales financieros; que en el marco de la
mundialización de los mercados no solo compran y venden bancos y
empresas sino que mercantilizan las escuelas, las viviendas, los
hospitales, y hasta en algún país comercian con las pensiones y la
escolarización.
Porque luego el grave riesgo de déficit fiscal y de saneamiento
financiero trae las consiguientes privatizaciones de servicios y bienes
públicos para allegar recursos. Antes que de impuestos, hay que
plantear el control democrático del gasto público que debe cubrir
objetivos transparentes.
¿Hay que pagar miles de millones de euros para comunicar a los
pensionistas que se les revisa la pensión como manda la ley? ¿Hay que
pagar con impuestos medallas del Congreso de EEUU?
5. ¿Pueden
mantenerse los objetivos de equidad y progresividad en un sistema
tributario en el que el peso recae sobre los impuestos indirectos?
En
el reciente Foro económico de Davos, la representante de la única ONG
presente, Social Watch, describió las nefastas consecuencias en
Filipinas de las políticas de recortes de impuestos, porque señalaba
que el aumento de los impuestos sobre el consumo no significa lo mismo
para los grupos de rentas bajas que para las rentas altas. Para las
gentes con ingresos que apenas cubren las necesidades básicas, el
aumento del IVA puede significar menos alimentos, menos higiene y
empobrecimiento generalizado. El problema hoy es que resulta más fácil
hacer tributar al consumo, que es en gran parte local,
y al trabajo inamovible geográficamente, que hacer tributar a las
entidades financieras, a los capitales golondrina, especulativos, que
picotean en los mercados financieros globalizados y hacen subir las
Bolsas, pero que no tributan haciendo pasar sus grandes operaciones por
esa red mundial de centros offshore, para no residentes, homologados ya
por el FMI y la UE.