Portada :: Otro mundo es posible :: Viena. Cumbre AL-UE. Abril 2006
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-05-2006

Tribunal a las empresas transnacionales europeas en Amrica Latina. Encuentro Enlazando Alternativas 2, Viena (Austria) 10-13 de mayo de 2006
Acusacin Popular a Repsol YPF

Rebelin


Del 10 al 13 de mayo de 2006 tendr lugar en Viena el Tribunal Permanente de los Pueblos Tribunal a las empresas transnacionales europeas en Amrica Latina en el marco del Encuentro Enlazando Alternativas 2. Este tribunal surge de la Red bi-regional Europa Latinoamrica.

El objetivo del Tribunal no es otro que buscar la verdad, la justicia y la reparacin, as como determinar las responsabilidades de las empresas transnacionales europeas con actividad comercial o financiera en Amrica Latina por las violaciones de los Derechos Humanos. Asimismo, intentar sealar instrumentos y caminos de superacin de la impunidad con que actan estas empresas.

Este es un Tribunal Permanente de los Pueblos, no una corte judicial. Sin embargo, este Tribunal se fundamenta y recoge lo mejor de diversas tradiciones jurdicas y ticas partiendo de una argumentacin rigurosa y una documentacin fidedigna. La acusacin se basa en un amplio material documentado y aporta testimonios.

CONSIDERANDO:

1. QUE el sector de hidrocarburos es elemental para el funcionamiento de la economa global y fue la base para la internacionalizacin de las economas nacionales y regionales, as como para la transnacionalizacin de las empresas.

2. QUE los hidrocarburos son la fuente energtica ms importante en el mundo tanto para la produccin de electricidad como para el transporte motorizado, siendo ambas actividades las causas fundamentales del cambio climtico, que supone una de las crsisi ambientales ms amenazantes para la humanidad, la flora y la fauna.

3. QUE el Estado espaol, como el resto de los pases de la Unin Europea, tiene con Amrica Latina y el Caribe una Deuda Ecolgica, Histrica y Social por la apropiacin ilegtima de los recursos naturales desde la poca colonial hasta hoy da, adems de por la actual imposicin de un modelo econmico que favorece los intereses de las empresas transnacionales europeas. Como dato que atestigua dicha Deuda Ecolgica, puede sealarse la contaminacin de suelo, agua y aire a causa de actividades industriales o extractivas que adems amenazan la soberana alimentara de las poblaciones afectadas y producen desechos txicos que ponen en riesgo la salud pblica del sector de los hidrocarburos. En este sector del< petrleo y gas, destaca la presencia de la empresa transnacional hispano-argentina Repsol YPF, que se convirti en una transnacional global tras la compra de la empresa estatal argentina YPF en 1999.

4. QUE la empresa espaola Repsol YPF opera en 32 pases en todo el mundo, y slo en Amrica Latina y el Caribe posee actividades en 14 pases. En 2005, esta multinacional aument su beneficio un 29,2%, alcanzando la cifra histrica de 3.120 millones de euros. Segn el ranking de la revista Fortune, Repsol YPF ocupa el puesto 97 en la lista de las 500 mayores multinacionales del planeta, y si slo nos fijamos en las empresas transnacionales espaolas, Repsol YPF es la mayor multinacional del pas. En la lista de las mayores empresas del sector de los hidrocarburos (petrleo y gas) a nivel mundial, confeccionada por Petroleum Weekly International teniendo en cuenta la ponderacin de varios criterios (reservas, produccin, capacidad de refino, ventas, ingresos, beneficios, activos y empleados), Repsol YPF es la decimoctava empresa petrolera del mundo, pero, si descontamos las empresas estatales, es la octava mayor empresa transnacional del planeta en el sector de los hidrocarburos.

5. QUE Amrica Latina es el continente que ms beneficios aporta a Repsol YPF, puesto que de all extrae gas y petrleo con muy bajo control y carga impositiva. En 2004, el 88% de su resultado operativo provino de esta regin.

6. QUE la presencia de Repsol YPF en los pases donde opera ha provocado violaciones a los Derechos Humanos, daos ambientales irreversibles e importantes impactos sociales, as como perjuicios econmicos, vendiendo a estos mismos pases los hidrocarburos a los precios del mercado internacional. Adems, en caso de conflicto con los gobiernos locales, la transnacional hispano-argentina dispone de mecanismos internacionales utilizando instrumentos jurdicos y diplomticos de los organismos multilaterales y el Gobierno espaol para proteger sus inversiones, como se ha podido comprobar recientemente en el caso de Bolivia y Guinea Ecuatorial.

7. QUE Repsol YPF est realizando su actividad en el interior de reas Protegidas de importancia mundial, tales como el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Piln Lajas, el Parque Nacional Isiboro Scure, el Parque Nacional Ambor, el Parque Nacional Aguarage (todos ellos en Bolivia), el Parque Nacional Yasun (Ecuador) y la Reserva Llancanelo (Argentina).

8. QUE Repsol YPF tambin est presente en 17 territorios indgenas en Bolivia, en el Resguardo nico Uwa en Colombia, en el Territorio Indgena Huaorani en Ecuador, en varios territorios indgenas de los pueblos Ashanika, Shuar y Shipibo en Per, as como en territorios de las comunidades Mapuche en Argentina.

9. QUE Repsol YPF se enfrenta a varias causas judiciales abiertas:

a) En Argentina, destaca la demanda civil presentada en 2002 por las comunidades Mapuche de Loma de la Lata, donde Repsol YPF explota el mayor yacimiento de gas y petrleo de Argentina. Dichas comunidades demandan a la empresa 445 millones de dlares en concepto de los daos que sufrieron en su territorio: por un lado, 138 millones de dlares por impactos sobre la salud , vegetacin y fauna; por otro, 307 millones de dlares como coste de remediacin de la superficie afectada. La consultora Umweltschutz estima que los trabajos de recuperacin llevarn, por los menos, 20 aos. Otro juicio, esta vez con resolucin firme en 2005, mantiene la prohibicin de explotar hidrocarburos en la reserva de Laguna Llancanelo.

b) En 2003, en la refinera de Puerto Llano (Ciudad Real, Espaa) murieron 9 trabajadores por un incendio que podra haber sido evitado con mejores medidas de seguridad. Las investigaciones de este suceso llevaron a que la Consejera de Industria de Castilla-La Mancha descubriera graves infracciones. En base a este informe, la Inspeccin de Trabajo propuso dos sanciones con la mxima cuanta que establece la ley, por un total de 1,2 millones de euros. Adems, recientemente la refinera ha sido multada con 61.348 por el vertido de hidrocarburos al ro Ojailn.

ACUSAMOS a la empresa Repsol YPF, como responsable de las actividades de su empresa matriz y sus respectivas filiales en los pases donde opera, de la comisin de los siguientes hechos:


1. En Colombia: las actividades de Repsol YPF afectan a los pueblos indgenas Uwa y guahibos y, adems, la empresa est relacionada con la financiacin de grupos paramilitares.

En el ao 2004, Amnista Internacional present su informe Un laboratorio de guerra: represin y violencia en Arauca (Colombia), donde se acusaba a las empresa petrolera espaola Repsol YPF y a la empresa petrolera estadounidense Oxy (Occidental Petroleum) de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejrcito colombiano con vnculos probados con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la regin ms miltarizada de Colombia, donde se cometen abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla.

Repsol YPF, en su asociacin con la empresa estadounidense Oxy, con la cual explota la Asociacin Cravo Norte (dentro de la cual se encuentra el yacimiento de Cao Limn), es corresponsable de la destruccin de la Laguna de Lipa as como del desplazamiento de los pueblos guahibos.

2. En Ecuador: Repsol YPF particip, junto a otras seis empresas petroleras, en la construccin del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), durante la cual se produjeron violaciones a derechos humanos como la libertad de expresin, la salud, la alimentacin, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano.

Hasta la actualidad an existen causas legales de parte de los afectados que no se han resuelto y la presencia del tubo significa daos ambientales y sociales. Las actividades que han venido realizando empresas europeas como Perenco, Eni Agip y Repsol YPF han aplicado las mismas caractersticas que tuvo la construccin del OCP. Las prcticas denunciadas por la construccin del nuevo oleoducto estn relacionadas con las polticas de operacin que estas compaas mantienen dentro de sus propias concesiones, como son los contratos de seguridad con los militares ecuatorianos, la inseguridad ambiental, el deterioro de la calidad de vida de los afectados, entre otros.

Despus de treinta aos de actividades petroleras en el Ecuador, la explotacin de petrleo ha provocado la destruccin de aproximadamente cuatro millones de hectreas de bosque tropical. Como consecuencia de esto, hoy en da la poblacin amaznica campesinos e indgenas que han vivido por varias generaciones en la Amazonia ha perdido sus medios tradicionales de subsistencia, y las culturas se encuentran en riesgo de desaparecer, debido a la permanente destruccin de los ecosistemas, resultado del robo de los recursos naturales, de parte de las transnacionales.

Hace ms de dos aos y medio se termin de construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual atraviesa 503 kilmetros de selva amaznica, pramo andino y costa ecuatoriana. Siete petroleras conformaron un consorcio para su construccin entre ellas la espaola Repsol YPF, la italiana ENI AGIP y la francesa Perenco. El financiamiento de este proyecto fue dado por varios bancos europeos liderados por el Banco de propiedad Estatal West-deutsche Landesbank (WestLB).

El funcionamiento del oleoducto ha permitido continuar con la bsqueda de nuevos yacimientos de petrleo sobre 2,4 millones de hectreas de selva virgen, donde se encuentran los territorios ancestrales de numerosas comunidades indgenas: Shuar, Ashuar, Huaroni, Kechua, Shiwiar y Zapara y tambin reservas protegidas como el Yasuni, Cuyabe y Limoncocha.

Este proyecto ha generado un dao ambiental que ha afectado a 11 reas protegidas. Durante su construccin, este proyecto ocasion el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la poblacin asentada a lo largo de la ruta. Adems, durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron 5 derrames de crudo que contaminaron las reas cercanas. Al ampliar la frontera petrolera se multiplicaron los desechos txicos que luego fueron arrojados al ambiente. La deforestacin de 15 millones de m2 expropiados ha causado perdidas irreparables de biodiversidad y terrenos agrcolas a lo largo de la ruta.

La deuda ecolgica en Ecuador, creada a partir de la presencia de la industria petrolera, se expresa en la devastacin de la cuenca amaznica. Los pasivos ambientales generados han afectado gravemente tanto a las poblaciones locales como al medio ambiente. El deterioro ambiental ha conllevado a una extema situacin de pobreza, prdida de conocimientos ancestrales y afectaciones a la salud. Los indicadores de desarrollo humano en zonas petroleras son los ms bajos en el pas, lo cual demuestra el permanente saqueo y la irresponsabilidad socio ambiental con que operan las trasnacionales. Actualmente, la poblacin amaznica presenta las mayores ndices de cncer en el Ecuador.

Este proyecto gener un amplio rechazo dentro de las organizaciones sociales y solo se pudo concretar de manera autoritaria, mediante el uso de la violencia y la represin de parte del ejrcito y la polica nacional: 73 personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse pacficamente a su construccin. Actualmente, los campos operados por las empresas petroleras se encuentran militarizados impidiendo el libre ejercicio de organizacin social y denuncia, y el libre ingreso de los pueblos indgenas a sus territorios.

Las concesiones son contratos de explotacin de petrleo entre las transnacionales petroleras con el gobierno ecuatoriano, en lo que se ha denominado Bloques Petroleros. Cada bloque tiene una extensin de 200.000 hectreas de bosque amaznico. Los contratos firmados con Repsol YPF y Perenco aseguran un margen de ganancia para el Estado que va del 18 al 27%, respectivamente, mientras que la mayor ganancia se la llevan las empresas. Durante los aos en que se construy toda la infraestructura que beneficiara a las transnacionales, la deuda externa del Ecuador creci casi 22 veces. La deuda actual, luego del la construccin del OCP, es de 13.906 millones de dlares. El 44% del presupuesto nacional est destinado al pago de la deuda externa, creando un perjuicio econmico al Estado.

Con la construccin del nuevo oleoducto, las empresas privadas se han apoderado de la cadena productiva en su totalidad. Por un lado, se apropian de los territorios nacionales y sus recursos naturales (biodiversidad, petrleo, agua, conocimientos ancestrales) y por otro lado, se convierten en los propietarios absolutos de la cadena productiva y de la comercializacin, dejando a un lado cualquier forma de intervencin estatal o manejo social de este patrimonio. Las empresas transnacionales se toman el derecho de contratarse a s mismas dentro de toda la cadena productiva, a travs de la creacin de holdings. De esta manera, los capitales invertidos regresan inmediatamente al pas de origen, recuperando su capacidad de inversin, mientras que los Pueblos deben de pagar esta deuda por generaciones.

3. En Bolivia: segn las leyes bolivianas y la Constitucin Poltica del Estado Boliviano (CPE), las empresas asentadas en el pas se sujetan a las leyes del mismo, y esta norma ha sido vulnerada reiteradas veces por la empresa Repsol YPF[1].

En Bolivia, Repsol es responsable (junto con otras empresas transnacionales y organismos multilaterales) de impulsar a travs del Estado boliviano una serie de reformas cuyo fin es la transferencia del derecho propietario del Estado sobre sus empresas, bienes y recursos naturales a las empresas transnacionales y principalmente a Repsol YPF.

Todas las operaciones de Repsol YPF estn sujetas al D.S. 24806, que le confiere propiedad sobre las reservas hidrocarburferas de forma ilegal, ya que va en contra de la Constitucin Boliviana en los artculos 136[2], 137[3] y 139[4] .

Adems, los artculos 132[5] y 133[6] de la CPE han sido violados a travs de las reformas de privatizacin y a partir de la entrega ilegal de los recursos hidrocarburferos a Repsol YPF, eliminando los principios de justicia social, una existencia digna de sus habitantes, profundizando la dependencia nacional y eliminando su desarrollo.

Repsol controla, mediante su filial y mediante asociaciones, ms del 50% de las reservas y la produccin de hidrocarburos, lo que le permite ejercer un verdadero monopolio privado que pone en peligro la independencia econmica del Estado, situacin absolutamente ilegal dentro de la normativa del pas segn el artculo 134[7] de la Constitucin.

Los contratos firmados con el Estado boliviano, mediante los cuales Repsol YPF opera en Bolivia, son ilegales y han sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional (sentencia incumplida), ya que en ningn momento han sido aprobados por el Congreso Nacional como corresponde segn la CPE[8].

Repsol YPF ha intervenido en la determinacin de polticas de Estado y de Gobierno, en el proceso de privatizacin y en la elaboracin de las polticas nacionales del sector de hidrocarburos, mediante sus operadores nacionales, violando el derecho a la autodeterminacin, soberana e independencia del pas y su forma de gobierno democrtico reconocidos en su Constitucin[9] .

Mediante sus agentes en el gobierno nacional, Repsol YPF ha usado las fuerzas represivas del Estado (Guerra del Gas) para garantizar sus intereses (Proyecto Pacific LNG), en contra de los intereses del pas y de la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas se constituyen en un rgano que resguarda la seguridad de la nacin, siendo absolutamente ilegales sus operaciones para otros fines contrarios a la seguridad del Estado. Mediante esta represin se asesin a 74 personas y se hiri a ms de 500, siendo incalculables las violaciones a los DDHH en este periodo. Hasta el momento la empresa y sus operadores polticos y militares en el gobierno han quedado impunes.

Por otra parte, varias de las concesiones de la Repsol YPF se encuentran cercanas a las fronteras internacionales y por lo tanto son ilegales segn las normas bolivianas[10].

Existen una serie de delitos de fraude econmico realizados por la empresa al pas, entre los que destacan el fraude fiscal, desde 2002 a 2006, inscribiendo en la Bolsa de Nueva York como reservas propias las reservas hidrocarburferas bolivianas pertenecientes al Estado; el contrabando de diesel, en 2005, defraudando al Estado en aproximadamente 9,2 millones de dlares; el contrabando de equipos para la instalacin de una planta de compresin, en 2006, ocasionando un fraude al Estado de aproximadamente 8 millones de dlares.

Repsol YPF se encuentra operando en territorios indgenas reconocidos por ley, provocando un verdadero etnocidio y violando la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)[11], el Convenio 169 de la OIT[12] y la propia Constitucin Boliviana[13] .

La apropiacin de los recursos y su explotacin por parte de Repsol YPF han determinado el empobrecimiento del pas, el saqueo de sus recursos, el debilitamiento fiscal del Estado y la violacin de los derechos reconocidos por el Estado en su artculo 7 de la Constitucin[14].

4. En Argentina: Repsol YPF ha originado graves impactos ambientales, como en el humedal de Llancanelo, impactos sobre la salud de las personas, como en los territorios mapuches de Neuquen, as como impactos laborales y econmicos en la provincia de Salta, tras la privatizacin y compra de la empresa estatal YPF.

a) Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indgenas Mapuche en la provincia de Neuqun. El conflicto ms conocido es la contaminacin del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayi y Paynemil presentan niveles de intoxicacin alarmantes por la acumulacin de ms de 17 metales pesados en sus tejidos corporales.

Loma de la Lata, que es uno de los yacimientos gasferos ms grandes de Sudamrica y una de las ms grandes reservas petroleras, fue descubierto por la empresa argentina YPF en 1977. Desde la privatizacin y posterior venta a Repsol YPF, esta empresa multinacional espaola es el principal operador en la zona, que le proporciona el 70% de sus reservas de petrleo en los yacimientos de Argentina.

Ante las evidencias de contaminacin con metales pesados y otras sustancias txicas de las aguas fluviales y subterrneas, muerte de animales de crianza, intoxicacin en los organismos de nios y adultos, las comunidades decidieron efectuarse exmenes en centros especializados de Buenos Aires. En tanto el gobierno neuquino resolvi realizar una investigacin toxicolgica, de la que hasta la fecha se ignoran los resultados. Las primeras inspecciones y anlisis realizados dieron lugar a una denuncia formal de la contaminacin del suelo, aire y agua, adems del impacto socio-cultural sobre las comunidades mapuche ante organismos oficiales. En 1997 el gobierno provincial solicit al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la evaluacin del impacto y dao ambiental producido por las empresas petroleras, que fue calculado en el orden de los 925 millones de pesos o dlares, segn la paridad monetaria de la poca.

Segn la Evaluacin de Dao Cultural/Ambiental (EDA) realizada en 2001 por la consultora Umweltschutz, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces ms altos de lo permitido por la legislacin argentina. La consultora desarroll labores de investigacin sobre los niveles de contaminacin en el organismo de los mapuches, comparndolos con los de las personas que trabajan en empresas siderrgicas europeas. Los resultados de les muestras "determinan una fuerte exposicin de las comunidades a metales pesados, que hacen que los valores detectados sean muy superiores a la mediana de comparacin". En este punto, indica Umweltschutz, "el grupo de comparacin est constituido por individuos que desarrollan su vida en grandes ciudades, rodeados de un ambiente fuertemente industrializado y con grandes emanaciones de Plomo, Cadmio y Mercurio", describe el informe. Los tcnicos de Umweltschutz Norte Argentina SRL establecen en su informe que las comunidades tienen niveles de presencia de "elementos txicos" por encima de los normales. En el informe se detalla que se encontraron altos valores "principalmente de Aluminio, Magnesio y Talio", y "fueron encontrados algunos valores significativamente altos de Plomo, Cadmio, Arsnico y Nquel". En el caso del Aluminio se detectaron niveles altos en 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres.

Repsol YPF procede al entierro de los residuos de la explotacin de manera que, cuando llueve, los residuos llegan a afectar a los niveles freticos contaminando as las aguas, obligando as a la comunidad mapuche a dejar de utilizar el agua de los pozos y comenzar a potabilizar el agua de la lluvia. Las consecuencias ms desastrosas se manifiestan en que la comunidad comienza a sufrir enfermedades en la piel, dolores de cabeza bastante fuertes, algn caso de cncer y alguna malformacin de feto.

Los dirigentes de la Coordinacin de Organizaciones Mapuches denuncian que los nios, por efecto de la contaminacin de sus organismos, sufren de poca capacidad de concentracin, prdida gradual de la vista, dolores en las articulaciones y problemas renales. Y que los ms viejos empiezan a sufrir de manera anticipada la prdida de memoria. La vibracin producida en las tareas de exploracin y cuando se encienden las chimeneas por donde se evacua el gas produce el agrietamiento de las casas de la comunidad. Muchos animales han muerto al beber el agua de los ros, y las plantas, utilizadas para la medicina ancestral, mueren por exceso de plomo y mercurio.

b) Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo en la poblacin de General Mosconi, un pueblo de las sierras sub-andinas, en la provincia de Salta, zona gasfera y petrolera por excelencia. La privatizacin de YPF y la adquisicin por parte de la empresa Repsol del 98% de las acciones de la ex compaa estatal implic en General Mosconi un fuerte proceso de prdida de puestos de trabajo, afectando al 60% de la poblacin activa.

La empresa hispano-argentina ha provocado alteraciones del orden pblico y ha ordenado la intervencin de las Fuerzas de Seguridad del Estado argentino para reprimir las manifestaciones frente a la refinera de Repsol YPF y en otras manifestaciones, hechos que causaron la muerte de un nmero sin concretar de personas.

Repsol se apropi de una deuda contrada con los ex-trabajadores por el Estado, en el momento de la privatizacin, hace 12 aos, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF. Durante el proceso de privatizacin se acord con el movimiento sindical que un porcentaje de las acciones de la empresa seran de los empleados como Propiedad Participada. Esto nunca se cumpli y los trabajadores y ex trabajadores an se encuentran reclamando por ello. Existe adems un juicio en curso en el cual se investiga que ocurri al traspasarse la petrolera estatal con el llamado Programa de Propiedad Participada, se trata del 10 % del paquete accionario que estaba en mano de los trabajadores y termin siendo propiedad de Repsol YPF.

5. En el Estado espaol, por su intencin de desarrollar operaciones poniendo en grave riesgo espacios protegidos y a la poblacin de las Islas Canarias.

En las Islas Canarias, plataformas ciudadanas de Lanzarote y Fuerteventura se movilizan para defender su litoral marino. All, Repsol YPF pretende explotar petrleo a 20 km de estas islas, abarcando un rea de exploracin de 616.000 hectreas y poniendo en peligro ms de 10 espacios naturales protegidos.

Adems, teniendo en cuenta que el agua de consumo se obtiene desalando el agua del mar, cualquier vertido o fuga afectara la calidad del agua y la salud de la poblacin canaria. Ante esta situacin, la ciudadana ha mostrado su rechazo al proyecto, expresado en manifestaciones multitudinarias y en numerosos actos.

Ante todos estos hechos, DEMANDAMOS a la empresa transnacional espaola REPSOL YPF:

QUE devuelva todas las compaas pblicas privatizadas fraudulentamente (como YPF en Argentina y YPFB en Bolivia) a los legtimos dueos que son segn las legislaciones vigentes los pueblos de cada pas.

QUE cancele todos los contratos de exploracin y explotacin suscritos bajo procesos no democrticos, a espaldas del pueblo y bajo esferas corruptas.

QUE se retire de aquellos lugares en los que las poblaciones locales no quieren que desarrolle su actividad o donde represente un riesgo para la salud pblica y ambiental.

QUE reinvierta sus beneficios en investigacin para reparar el medio ambiente daado, curar a los enfermos (pulmonares y leucemia entre otros) y resarcir a las vctimas de accidentes y a las comunidades afectadas.

QUE no intervenga en reas protegidas y territorios indgenas.

QUE informe con transparencia al afectado de los impactos implcitos de la produccin petrolera y al consumidor de los costos ambientales y sociales del producto.

1) En COLOMBIA:

QUE suspenda su acuerdo de asociacin con la empresa estadounidense Oxy y con la empresa estatal colombiana Ecopetrol, dado que su actividad en la explotacin de la Asociacin Cravo Norte, en el Departamento de Arauca, es responsable del desplazamiento de pueblos indgenas, como es el caso de los Uwa y de los guahibos en los llanos orientales del pas.

QUE deje de facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejrcito Nacional con vnculos probados con los grupos paramilitares, contribuyendo a perpetuar la dinmica de guerra sucia contra las organizaciones sociales de Arauca.

2) En ECUADOR:

[UTF-8?]QUE, sin dejar de tener presente la obligacin primordial del Estado Ecuatoriano de respetar, proteger y garantizar todos los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos, las empresas petroleras Eni Agip, Repsol YPF y Perenco, miembros del consorcio OCP, detengan inmediatamente la exploracin de nuevas reservas de combustibles fsiles en reas protegidas y territorios indgenas y restauren todas las a?reas afectadas por la construccin del OCP y la exploracin y explotacin de petrleo e indemnicen a todas las poblaciones que han sido afectadas.

QUE el Estado espaol garantice que la Repsol no contribuyan a violaciones de Derechos Humanos en el Ecuador. El Estado espaol tiene que garantizar el respeto de la ley nacional respecto a reas Protegidas y territorios indgenas, como es el Parque Nacional Yasun, y asumir su obligacin en la reparacin por las daos causadas a la Nacionalidad Indgena Huaorani y a los pueblos en Aislamiento Voluntario que all viven. Que se reconozca la deuda ecolgica causada por las operaciones de Repsol en Ecuador.

3) En BOLIVIA:

QUE cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que declar nulos los contratos firmados con el Estado boliviano, mediante los cuales Repsol YPF opera en Bolivia, puesto que son ilegales ya que en ningn momento han sido aprobados por el Congreso Nacional como corresponde segn la Constitucin Boliviana.

QUE respete la soberana nacional y no intervenga en la determinacin de polticas de Estado y de Gobierno, en el proceso de privatizacin y en la elaboracin de las polticas nacionales del sector de hidrocarburos, porque esto supone una violacin del derecho de autodeterminacin, as como de la soberana e independencia del pas, derechos reconocidos en su Constitucin.

QUE cese el etnocidio que provocan sus operaciones en territorios indgenas reconocidos por ley, que de hecho conlleva una violacin de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitucin Boliviana.

4) En ARGENTINA:

QUE abandone y repare la contaminacin de comunidades indgenas, como en el caso de los territorios mapuches de Loma de la Lata, en la provincia argentina de Neuqun, donde las comunidades Kaxipayi y Paynemil presentan niveles de intoxicacin alarmantes por la acumulacin de metales pesados en sus tejidos corporales.

QUE devuelva la deuda contrada con los ex-trabajadores por el Estado cuando se privatiz la empresa hace 12 aos, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF.

QUE atienda a los reclamos laborales en la provincia de Santa Cruz, libere a los trabajadores detenidos y responda por los perjuicios ocasionados a las familias de los nueve detenidos durante un ao en Caleta Olivia.

QUE no aplique sobre precios en el suministro de las garrafas de gas, la cual, con un aumento del 150% en los ltimos tres aos, se ha convertido en una carga para las ya de por s debilitadas economas familiares.

5) En el ESTADO ESPAOL:

QUE reconozca la deuda ecolgica adquirida con los pases latinoamericanos lo que implica pedir pblicamente perdn por los daos y perjuicios causados, estableciendo mecanismos para su restitucin y aplicando polticas empresariales que eviten su generacin.

QUE cree un fondo de compensacin por los daos producidos a causa de la deuda ecolgica adquirida en los pases donde opera.

QUE respete la prohibicin de no invertir en proyectos que no cumplan los estndares ambientales, laborales y sociales aplicables en el pas de origen, adems de derogar todos aquellos modelos de produccin, transporte y comercializacin dependientes de la importacin de energas no renovables as como la utilizacin de espacios ambientales fuera del territorio espaol.

Firmado:

Accin Ecolgica (Ecuador)

Asamblea del Pueblo Guaran (Bolivia)

Campaa Quin debe a quin? (Estado espaol)

Campaa Contrajunta de [email protected] por Repsol YPF 2006 (Estado espaol)

Campaa de Solidaridad con Colombia (Inglaterra)

Centro de Documentacin e Informacin de Bolivia, CEDIB (Bolivia)

Cono Sur Sustentable (Argentina)

Corporacin Social para la Asesora y Capacitacin Comunitaria en Casanare (Colombia)

Ecologistas en Accin (Estado espaol)

Ekologistak Martxan (Estado espaol)

FIAN International (Alemania)

Global 2000 (Austria)

Instituto Nacional Sindical, CED-INS (Colombia)

Libres del Sur (Argentina)

Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (Estado espaol)

Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina Paz con Dignidad (Estado espaol)

Observatorio sobre Turismo y Sostenibilidad (Estado espaol)

Observatorio de Corporaciones Transnacionales (Estado espaol)

Repsol Mata (Estado espaol)

Viva Amazona (Austria)


Viena, 11 de mayo de 2006


[1] Segn el artculo 24 de la CPE, las empresas y sbditos extranjeros estn sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningn caso puedan invocar situacin excepcional ni apelar a reclamaciones diplomticas.
[2]
Artculo 136. I. Son de dominio originario del Estado, adems de los bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, as como los elementos y fuerzas fsicas susceptibles de aprovechamiento.
[3]
Artculo 137. Los bienes del patrimonio de la Nacin constituyen propiedad pblica, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.
[4]
Artculo 139. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesin o contrato podr conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploracin, explotacin, comercializacin y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado.
[5]
Artculo 132. La organizacin econmica debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano.
[6]
Artculo 133. El rgimen econmico propender al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del pas mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.
[7]
CPE.-Artculo 134. No se permitir la acumulacin privada de poder econmico en grado tal que ponga en peligro la independencia econmica del Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado.
[8]
CPE: Artculo 59. Son atribuciones del Poder Legislativo: 5. Autorizar y aprobar () los contratos relativos a la explotacin de las riquezas nacionales. 7. Autorizar la enajenacin de bienes nacionales.
[9]
Artculo 1. I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multitnica y pluricultural constituida en Repblica Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrtica representativa y participativa, fundada en la unin y la solidaridad de todos los bolivianos.
[10]
CPE.-Artculo 25: Dentro de cincuenta kilmetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningn ttulo, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad.
[11]
Que reconoce los territorios indgenas como territorios inalienables y sobre los cuales no se puede intervenir sin una consulta previa a las comunidades afectadas y sin una declaratoria de Utilidad Pblica realizada por el Estado.
[12]
En el que se establecen los derechos de los pueblos indgenas al territorio y a la organizacin de este segn sus usos y costumbres, la proteccin del Estado y el derecho a la consulta para cualquier intervencin.
[13]
CPE.- Artculo 171. I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, econmicos y culturales de los pueblos indgenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
[14]
CPE: Artculo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a la vida, la salud y la seguridad; a recibir instruccin y adquirir cultura; a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una funcin social; a una remuneracin justa por su trabajo que le asegure para s y su familia una existencia digna del ser humano; a la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitucin y las leyes.



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