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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-05-2006

El gobierno espaol tiene que anular las sentencias del franquismo

Carlos Jimnez Villarejo
sinpermiso.info


El texto que reproducimos a continuacin fue ledo por Carlos Jimnez Villarejo en el acto celebrado el 25 de abril pasado en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid para reflexionar sobre las leyes elaboradas durante la II Repblica y, muy particularmente, sobre el franquismo como rgimen de ilegalidades. Intervinieron en dicho acto, presentado por Santiago de Torres, Delegado del Gobierno de la Generalitat de Catalua en Madrid, el Magistrado del Tribunal Supremo, Jos Antonio Martn Palln; el Ex Fiscal Jefe de la Fiscala General Anticorrupcin, Carlos Jimnez Villarejo; la Magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y Miguel Nuez, Presidente de la Asociacin para la Memoria Social y Democrtica (AMESDE).

La ponencia de Carlos Jimnez Villarejo, miembro del consejo asesor de AMESDE, pidiendo una declaracin de nulidad de las sentencias dictadas por los rganos represores de la dictadura franquista, en aplicacin de sus leyes de excepcin, ilegales, pretende ser el inicio de una campaa en todos los estamentos de la sociedad espaola, a fin de reparar y rehabilitar, moral y jurdicamente, a las vctimas de la brutal represin a lo largo de los cuarenta aos de rgimen dictatorial. Una declaracin de este carcter supondra un paso decisivo en la superacin de las heridas abiertas por el pasado reciente, la superacin de las barreras an existentes y un camino seguro para fortalecer nuestro sistema de derecho y nuestra democracia para alcanzar en plenitud la convivencia de todos los espaoles, en la pluralidad de sus opciones polticas o de cualquier ndole, dice Miguel Nez, veterano de la lucha antifranquista y Presidente de AMESDE.

El 20 de noviembre de 2002, el Congreso de Diputados aprob una Declaracin Institucional condenando, sin mencionarlo expresamente, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Como dijo en aquel momento un Diputado "la casa no ser totalmente habitable" mientras no se afronte la recuperacin de la memoria histrica y la rehabilitacin moral y jurdica de los "ex presos, guerrilleros, represaliados, exiliados y los enterrados clandestinamente".

La casa, nuestro sistema democrtico, pese a los avances producidos, sigue sin ser totalmente habitable. Porque an permanecen zonas de olvido como, entre otras, la conservacin de validez de los procesos ante los tribunales militares y especiales subversivos que condenaron con terrible dureza a los republicanos y demcratas y el insuficiente tratamiento por el Gobierno del gravsimo problema de los desaparecidos.

El sistema impuesto de barbarie,ese terror saludable de que hablaba el General Mola, es necesario tenerlo presente este ao 2006, setenta aniversario del golpe militar y del comienzo de la guerra civil. Las elevadsimas cifras de fusilados y encarcelados por las Autoridades franquistas, adems de torturados, depurados profesionalmente, exiliados, desposedos de sus bienes y perseguidos personal y familiarmente, justifican que el Consejo de Europa haya planteado no solo instituir el 18 de julio de 2006 como Jornada de condena internacional del rgimen del General Franco sino que inste al Gobierno espaol, como ya lo haba hecho Amnista Internacional, a la constitucin de una Comisin nacional de investigacin sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el rgimen franquista. Pero el Gobierno continua aplazando injustificadamente la respuesta. Es ms, el 21 de febrero rechaz, alinendose con el PP, las Proposiciones de Ley sobre la Memoria histrica presentadas por Izquierda Verde y Esquerra Republicana. Los datos que a continuacin se exponen, de fuentes oficiales franquistas, deben tenerse presente cuando se aborde cualquier solucin a los problemas que deben afrontarse. Los presos polticos, segn el Director General de Prisiones, ngel B. Sanz, en 1943,el 7 de Enero de 1940 eran 270.719 y el 10 de abril de 1943 todava eran 92.477. Segn cifras facilitadas por el Ministerio de Justicia, del Rgimen, los presos polticos fallecidos, entre los que inclua los ejecutados tras un proceso y los muertos en las crceles, desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944 fueron 192.684. A estos datos habra que aadir los 30.000 desaparecidos segn la evaluacin del Consejo de Europa. Son datos que expresan, sin paliativos, un genocidio.

Para avanzar en esa direccin debe tenerse presente que los procesos ante los Consejos de Guerra y los Tribunales especiales eran la culminacin de un rgimen de terror impuesto a los encausados desde que eran detenidos. Eran detenidos ilegalmente por la ausencia de causa que justificara la detencin, detencin policial que se prolongaba indefinidamente, sin control judicial alguno, sus domicilios eran registrados con ausencia de toda clase de garantas, eran salvajemente torturados y, cuando ya haban sido condenados, aquellos a quienes se imponan penas privativas de libertad era sometidos a un rgimen penitenciario presidido por la venganza y la crueldad, malos tratos sistemticos, que prolongaban la tortura policial, y trabajos forzados para reparar los daos causados por su cooperacin a la rebelin marxista, segn deca el P. Prez del Pulgar, uno de los idelogos de la represin en las prisiones.

Resulta ya urgente que ante el derecho de las vctimas a la verdad histrica, el Estado asuma el deber institucional de adoptar las normas necesarias para privar de toda validez a los procesos a travs de los cuales se consum la represin. La respuesta del Estado debe consistir en proclamar la anulacin de las sentencias dictadas en los procesos penales de los tribunales militares a travs de los que se impusieron condenas de cualquier clase a los demcratas espaoles. Es urgente, porque en el momento actual, mientras esa anulacin no se produzca, miles de espaoles permanecen formalmente condenados como delincuentes por haber defendido la Repblica y las libertades democrticas. Es un estado de cosas que no puede continuar. Para ello, el Estado debe dictar, como ya propuso el PSOE en el Congreso, las disposiciones legales precisas para que dicha anulacin se produzca de oficio sin necesidad de que las partes, los condenados o sus familiares, tengan que acudir a los Tribunales (a qu Tribunales?), en un largo proceso que significara aadir ms humillacin a la que ya padecieron. Es evidente, que fueron procesos con vicios profundos de forma y con ausencia radical de garantas, determinantes de una completa indefensin y, por tanto, las sentencias eran nulas de pleno derecho. Afortunadamente, el Parlamento de Catalua ha abierto una va en esa direccin. El 18 de junio de 2004 aprob la Resolucin 89/VII en la que se acordaba instar al Gobierno de Catalua para que traslade al Gobierno del Estado la necesidad de que sadoptin les mesures adequades per a decretar la nullitat de tots els judicis i les sentncies subsegents dictades a lempara de lanomenada Instruccin de la causa general i del Tribunal del Honor y Jurisdicciones Antimasnicas y Anticomunistas i que es declari el carcter illegtim daquells tribunals i de les normes en que semparaven.

Los Consejos de Guerra constituidos desde el 18 de julio de 1936, mxime por el procedimiento sumarsimo, en modo alguno podan calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura. Consejos constituidos con la activa participacin de jueces que, como los militares, tambin traicionaron la Constitucin republicana que, en el Art. 94, proclamaba que los jueces son independientes en su funcin. As, muchos jueces y fiscales, al servicio y bajo las directrices de los Jefes y Oficiales sublevados, cooperaron, sumisos, a la represin franquista.

Los procesos ante los Consejos de Guerra, especialmente los sumarsimos, segn los Art. 649 a 662 del C.J.M, vigente el 18 de julio de 1936, eran radicalmente nulos por varias causas. En primer lugar, no merecen la calificacin de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos, ya desde el Decreto 55 del general Franco, por el Poder Ejecutivo, es decir, por la mxima instancia de los sublevados contra la Repblica. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecan radicalmente de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de que dependan y compartan plenamente los fines polticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas por esos Tribunales en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad tanto en la exposicin de los hechos como en los fundamentos jurdicos si es que as pudieran calificarse en los que asumen expresamente como legtimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Son numerosos los procedimientos en los que el Comandante Militar de la Plaza ordena al Juez Militar que eleve a Procedimiento sumarsimo el procedimiento ordinario que estuviera tramitando. Asimismo, las sentencias que dictaban carecan de todo valor en cuanto deban ser supervisadas y aprobadas por el Auditor de guerra, condicin para que adquirieran firmeza y prueba indiscutible de la estructura jerarquizada del tribunal. La sumisin a las ms altas instancias del Poder Ejecutivo quedaba de manifiesto cuando la ejecucin de la pena de muerte exiga del enterado del Jefe de Estado.

Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarsimos, tambin en menor grado en los ordinarios, concurra una total vulneracin de todas las garantas y derechos fundamentales. La instruccin del procedimiento era inquisitiva y bajo el rgimen de secreto, sin ninguna intervencin del defensor. El Juez Militar instructor, practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisaras de investigacin y vigilancia y otros cuerpos policiales y militares, limitndose la relacin con los investigados, siempre en situacin de prisin preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. El instructor acuerda una diligencia de procesamiento en la que relata los hechos y su calificacin penal y, finalmente, emite un dictamen que, conforme al Art. 532 del C.J.M., resuma los hechos, las pruebas y las imputaciones y que elevaba a la Autoridad militar superior que sola ser el General jefe de la Divisin correspondiente. Resumen que prcticamente es el documento que va a fundamentar la acusacin y la sentencia ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducan en el plenario con una manifiesta infraccin del principio de inmediacin en la prctica de la prueba y la correspondiente indefensin de los acusados. A todos estos procesos se refera el apartado 57 de la Declaracin de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa sobre el franquismo denominndolos un sistema de justicia militar expeditiva en el marco de la imposicin de la ley marcial.

Por todo lo expuesto, es procedente que el Gobierno del Estado promueva la declaracin de nulidad de las sentencias condenatorias dictadas por los Consejos de Guerra, en procedimientos sumarsimos, en aplicacin de las disposiciones citadas durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975 por los delitos de rebelin militar, traicin militar, cualquiera que fuese el grado de consumacin y participacin, los asimilados a ellos y conexos, de naturaleza militar o comn, con cancelacin definitiva de cuantas anotaciones pudieran haber producido aquellas sentencias. Para ello, tiene un fundamental punto de referencia, el voto particular emitido en la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo sobre la revisin de la condena a muerte de Julin Grimau: la condena de Julin ha de reputarse inexistente, fue un acto estremecedor para la conciencia jurdica, mas que una sentencia era una apariencia de sentencia. Aquella muerte, continuaba, no fue el desenlace de un proceso, fue un acto despojado de todo respaldo jurdico, un hecho mximamente reprobable por su absoluta contradiccin con el Derecho. Criterio que deba haberse aplicado a miles de procedimientos sumarsimos. Desde otro mbito institucional, el Congreso de Diputados ha instado al Gobierno para la anulacin de los Consejos de Guerra que condenaron a muerte al Presidente Companys y a Manuel Carrasco i Formiguera.

Otros instrumentos esenciales de la represin constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represin de la masonera y del Comunismo y los Tribunales de Responsabilidades Polticas. La opcin por la anulacin de las Resoluciones y Sentencias sancionatorias dictadas por los mismos parte de la consideracin del carcter radicalmente ilegitimo de dichos tribunales tanto por su origen, como por su composicin y, sobre todo, por constituirse organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y, por tanto, con facultades para la imposicin de sanciones penales.

La Ley de 1 de marzo de 1940, creadora del primero de aquellos tribunales, es la mxima expresin de la arbitrariedad jurdica al servicio de la represin ideolgica y poltica. En primer lugar, crea figuras delictivas como pertenecer a la masonera, al comunismo y dems sociedades clandestinas... que se oponen a todos los principios inspiradores de un derecho penal basado en el respeto a la persona humana, como los principios de tipicidad y legalidad. La Ley establece penas gravsimas de reclusin menor y mayor para las conductas que describe, adems de las penas de separacin o inhabilitacin perpetua para ciertos cargos pblicos o privados, confinamiento y expulsin, lo que es de mayor gravedad, para la persecucin y castigo de los autores de dichos delitos constituye un Tribunal Especial que designa y controla el Jefe del Estado y el Gobierno. Es el Poder Ejecutivo constituido en Poder Judicial con unas amplias competencias penales y procesales dado que puede comisionar a tribunales militares y ordinarios para lo que se denomina instruccin de expedientes y sumarios. Es importante destacar que el Jefe del Estado nombra al Presidente y a sus miembros, que deban ser un General del Ejrcito, un Jerarca de Falange Espaola Tradicionalista y de las JONS y dos letrados. Es la ms rotunda negacin del Estado de Derecho.

De similar naturaleza son los Tribunales establecidos por la Ley de 9 de Febrero de 1939, de responsabilidades polticas. Son tambin Tribunales administrativos, el Tribunal Nacional depende de la Vicepresidencia del Gobierno, los miembros de los Tribunales Regionales, presididos por un Jefe del Ejrcito, son nombrados por el Ministerio que corresponda y los jueces instructores son militares. Resulta necesario describir cual es el fundamento de las responsabilidades que se exigieron al amparo de esta Ley: contribuir a crear o a agravar la subversin de todo orden de que se hizo victima a Espaa desde el primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y, desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, haberse opuesto al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. A partir de estas conductas, ms especificadas en el art. 4, esos tribunales, integrados por responsables polticos de la dictadura, por falangistas y por militares, con la colaboracin de la magistratura, estaban facultados para imponer sanciones de orden penal como las penas-en la Ley se denominan sanciones de inhabilitacin absoluta y especial, extraamiento, confinamiento, destierro y prdida total o parcial de bienes, es decir, sanciones gravemente privativas y restrictivas de derechos.

Los daos causados a las vctimas fueron irreparables. Ahora, ante tanto y tan grave despropsito y completa vulneracin de derechos y garantas, es inaplazable una reparacin que la democracia debe a quienes sufrieron una represin tan brutal. Reparacin que tambin debe extenderse a los desaparecidos y sus familiares.

Las desapariciones provocadas por el franquismo tienen su origen, en su mayor parte, en la comisin masiva de delitos de detencin ilegal sin que posteriormente se diera cuenta del paradero de la persona detenida, que era ejecutada extrajudicialmente, conducta delictiva en cualquier ordenamiento penal, tanto entonces como ahora. Conductas gravsimas que, desde hace muchos aos, constituyen delitos de lesa humanidad, crmenes internacionales que atentan contra todos los derechos bsicos de la persona.

Se trata de un delito de ejecucin permanente, que sigue cometindose mientras se mantenga la detencin o desaparicin. As lo entiende Naciones Unidas: Todo acto de desaparicin forzosa ser considerado delito permanente mientras sus autores continen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

Por su carcter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la Ley de Amnista, que solo alcanzaba a los actos delictivos que relacionaba realizados, es decir consumados, con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Por tanto, en ningn caso poda incluir hechos delictivos que en esa fecha aun estaban producindose dado que no era conocida la suerte de los desaparecidos. Por esta causa, tiene un riguroso fundamento requerir a la Administracin de Justicia que asuma un papel ms activo en la localizacin de fosas, exhumaciones, identificacin de restos y restitucin a sus familiares (A.I.) porque, sin lugar a dudas, es a quien corresponde, de oficio o a denuncia de particulares, investigar y esclarecer hechos de naturaleza penal. Es la jurisdiccin penal la que, por mandato del art.340 de la L. E. Criminal, debe, ante una posible muerte violenta o sospechosa de criminalidad, proceder a la identificacin y reconocimiento del cadver o los restos humanos. Lo que no poda continuar ocurriendo es que el Estado abdicase de tan relevante responsabilidad trasladndola, sin ms, al esfuerzo personal y econmico de los familiares de vctimas y Asociaciones comprometidas en esa tarea. El Gobierno, a travs de la Orden de 16 de diciembre de 2005 de la Vicepresidenta del Gobierno, ha corregido parcialmente su anterior pasividad y se ha comprometido a otorgar subvenciones publicas a aquellas iniciativas. Concretamente, podrn concederse a quienes pretendan la investigacin, exhumacin e identificacin de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represin poltica posterior y cuyo paradero se ignore. Es una decisin acertada pero tarda e incompleta. Pero, en todo caso, la Fiscala General del Estado, no necesita de una decisin ni del impulso del Gobierno para actuar frente a las desapariciones violentas producidas por la represin franquista. Est obligada a ello por la Constitucin y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Qu espera el Gobierno?, Desde 1948 est vigente de Declaracin Universal de Derechos Humanos, que la Dictadura no solo ignor sino que viol de forma generalizada y sistemtica. En 1948 se aprueba la Convencin para la prevencin y sancin del Genocidio, que en ese momento estaba cometindose en Espaa, que fue igualmente ignorada y violada durante 20 aos. Solo 20 aos despus de su entrada en vigor, en 1971, se incorpora al C. Penal el delito de genocidio a sabiendas de que nadie va plantear la exigencia de responsabilidades por la comisin de ese delito por las Autoridades franquistas. La Ley de Amnista, salvo nen los supuestos de desaparecidos y de los delitos ya prescritos, favorece de forma singular a los responsables franquistas de toda clase de delitos y, en particular, a los miembros de los Consejos de Guerra, en muchas ocasiones constituidos ilegalmente, y de aquellos pseudotribunales responsables de gravsimos delitos como, entre otros, el de prevaricacin y otros conexos. En definitiva, no ha habido exigencia de responsabilidades penales. Cunta impunidad! Y todava el Partido Popular habla de reabrir heridas cuando la realidad ms patente es que algunas, las derivadas de represin de la dictadura, an no se han cerrado. Es inaplazable reparar tamaa injusticia y tanta ofensa a las victimas de la represin franquista. Y solo puede repararse y rehabilitarse moral y jurdicamente a esas victimas, por va legislativa, mediante una declaracin de nulidad de las sentencias dictadas por los rganos ya dichos en aplicacin de las leyes, todas de excepcin, de represin poltica por los delitos referidos anteriormente. Es una exigencia perfectamente acorde con el marco normativo del Estado de Derecho cuando est abordndose una situacin histrica de excepcin, generada por un golpe de Estado, que produjo una violacin total absoluta de los Tratados internacionales suscritos por Espaa y ahora vigentes.

* Carlos Jimnez Villarejo, Ex Fical Jefe de la Fiscala General Anticorrupcin destituido por el gobierno derechista de Aznar, es un veterano de la lucha democrtica en el mbito de la justicia, y fue un destacado y generoso militante de la resistencia antifranquista.



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