Es sabido que en Correos llaman corrientemente estampilla a los sellos que utilizamos para el franqueo de cartas y paquetes. Suele reservarse la palabra “estampita” para las reproducciones sobre papel de motivos religiosos en tamaño reducido. Aprovechándose de las creencias religiosas de personas inadvertidas o simplemente de su codicia, se daba el conocido “timo de la estampita”, que no debe confundirse con el actualmente famoso en España “timo de la estampilla”, aunque ambos tengan en causa común en la codicia y, a veces, en la ignorancia concomitante.

Que este timo haya entrado por la considerada noble puerta de la filatelia, que es, según el Diccionario de la Real Academia Española, afición a coleccionar y estudiar sellos de correos (proviniendo del griego, de “filo” y de otra palabra que se traduce por “exención de impuestos”), no varía su causa, que para mí es de orden moral y económico, sin que vaya yo a entrar en consideraciones jurídicas, pues no podría mejorar las querellas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción contra AFINSA y contra FÓRUM FILATÉLICO, presentadas ante el Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional el 21 de abril de 2006.

Quienes buscan amparo en los poderes públicos para resarcirse de la mengua de su capital invertido, usando y abusando de su condición de “afectados”, debieran reflexionar más allá de sus inmediatos intereses y percatarse de que han actuado como “afectadores”, pues afectaron su dinero y afectaron a terceros con su credulidad codiciosa en este timo piramidal del que no todos tienen que haber salido necesariamente mal parados.

Tiene el sistema económico capitalista sus normas y mecanismos, que parecen ser aceptados, o acatados sin preocupación por la mayoría de quienes tienen derecho de voto en las democracias modernas. En España, por ejemplo, estas normas contemplan la inviolabilidad del Rey y su no sujeción a responsabilidad (artículo 56.3 de la Constitución Española de 1978), sin que se manifiesten protestas airadas por ello. Este sistema contempla también la publicidad de las leyes a las que se somete el ciudadano, leyes que han sido aprobadas en las Cortes por los representantes votados por la ciudadanía, no pudiendo argüirse desconocimiento de las mismas, pues se publican oficialmente. Leyes, normas y mecanismos pueden conocerse y más por quien dispone de algún dinero, que siempre podrá recurrir al consejo profesional o a las orientaciones de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios.

Los “afectados” no lo serían si se hubieran conformado con recibir un modesto dos por ciento como retribución de sus ahorros y los hubieran depositado en establecimientos del sistema financiero español (o de la “zona euro”) supervisado por el Banco de España (o su equivalente de la “zona euro”) y protegidos, hasta donde alcanza la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de la Banca o de las Cajas de Ahorro (20.000 euros por titular y entidad, y la misma cifra como inversor).

Queriendo el pequeño ahorrador −y no tan pequeño, en este caso de las estampillas, por las cifras que se manejan y por más que cada cual se considere pequeño a la hora de clamar su desgracia− gozar de mejor remuneración de sus ahorros, debe asumir un riesgo, el riesgo de no obtener lo esperado o incluso el de perder lo puesto; no hace otra cosa, por poner un ejemplo extremo, cuando compra un billete de la lotería. En la gradación del riesgo está el busilis, pero no se olvide que Adam Smtih, reconocido como el fundador de la economía y citado con gusto por los liberales −por aquello de la mano invisible que gobierna el mercado−, no hacía concesiones al ser humano cuando escribía, en el año 1776, que “El éxito universal de las loterías es buena prueba de que los hombres sobrevaloran sus posibilidades de ganar.” (Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Primera edición en lengua castellana, 1988 oikos-tau, s. a.) Entre la lotería y la seguridad absoluta de retribución, el sistema financiero ofrece una amplia gama de posibilidades al ahorrador, con mayor o menor certidumbre, con mayor o menor interés y con garantía total o parcial del capital invertido, pero es el ahorrador quien elige y de su cuenta deben correr las consecuencias mientras las Administraciones públicas cumplan con las leyes y no sean causantes directos del perjuicio.

Tiene el dinero su precio, cosa sabida al menos desde que Nicolás de Oresme, obispo de Lisieux, escribiera su Tratado sobre el origen, la naturaleza, el derecho y las mutaciones de las monedas a mediados del siglo XIV. Hoy en día ese precio viene determinado por los mercados financieros internacionales y por los Bancos centrales de las principales economías, dependiendo destacadamente de las cantidades de ahorro acumuladas y de los proyectos de inversión y de su rentabilidad esperada, así como del crédito concedido. A partir de ese precio de base, la seguridad, la liquidez y la rentabilidad (podemos incluir aquí los efectos fiscales) se conjugan ofreciendo al ahorrador diversas oportunidades de inversión.

Hay quien cree que lo mejor es conservar su dinero en casa (liquidez inmediata, rentabilidad negativa como consecuencia de la inflación y seguridad al albur de un robo). Otros aceptan pagar comisiones a cambio de la seguridad que supone su depósito en una cuenta en establecimiento bancario. Otros se aventuran a invertir en fondos de inversión colectiva, sin percatarse de que incluso en los de renta fija cabe perder dinero (de ahí la expansión de los fondos garantizados, aunque quepan dudas acerca de que su generalización, usando todos de las mismas coberturas, no acabe en insolvencia de alguno de los garantes). Los hay que, con fe ciega en el valor del ladrillo, ven imposible la pérdida de valor en la compra de un piso o similar, aunque no faltan ejemplos de importantes desvalorizaciones que dan al traste con el capital de muchos propietarios −normalmente los últimos en comprar−. Los hay más arriesgados que invierten en sociedades por acciones que cotizan en mercados organizados, a sabiendas de que pueden perder aquello que han invertido y que nadie les recompensará por ello −y, de no saberlo, mejor sería que no anduvieran metiendo sus ahorros−. Y, por último, aunque no hayamos agotado los casos, están los que llevados por la codicia o por creer en cuentos de hadas, acaban siendo timados.

No hay razón alguna para que la sociedad, a través de los poderes públicos, compense a quien ha querido lucrarse sin tomar las debidas precauciones. Ningún jugador puede solicitar ni que cambien las reglas del juego porque él haya perdido ni que se le restituya lo perdido. Aquellos que han invertido sus ahorros en bienes inmuebles no les cabe esperar compensación alguna por desvalorización de los mismos cuando explota la burbuja inmobiliaria. No puede esperar el inversor en acciones que algún poder público le restituya lo perdido.

En este timo de la estampilla se han concitado tres humanas debilidades: como motor, la codicia; como alimentador, la autocomplacencia transmutada en credulidad; y como coartada, la ignorancia.