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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-06-2006

La implantacin del Estado neoliberal y de sus polticas en educacin y salud

Eduardo F. Toro Leontic
Rebelin


1. Introduccin

2. El establecimiento de las bases del desarrollo capitalista neoliberal

3. La dictadura militar y las polticas sociales (1973-1989).

3.1 Las Polticas de Educacin

3.2 Las Polticas de Salud

4. Palabras Finales


1. Introduccin

Despus de 26 aos de haberse impuesto la reforma neoliberal de la educacin chilena que convirti el derecho a educarse y desarrollarse de las personas en una mercanca regida por los vaivenes irracionales del mercado, los estudiantes secundarios, a travs de sus movilizaciones, han hecho evidentes las caractersticas de exclusin e inequidad que, por definicin, ella posea. Pese a los argumentos se han esgrimido, y que an hoy se aducen, para mantener o embellecer este modelo de educacin neoliberal mediante distintas acciones de maquillaje, es inobjetable que dicho modelo solo poda terminar en un fracaso, comprometiendo a largo plazo las posibilidades de desarrollo nacional. Las puntuales demandas reivindicativas de los estudiantes secundarios -gratuidad del pasaje escolar, gratuidad de la PSU y modificacin de la jornada escolar completa- han desembocado en una crtica radical al sistema educacional chileno -impuesto por la dictadura militar a principios de la dcada de los 80 y cuya perpetuacin e inamovilidad fuera asegurada mediante la promulgacin de la ley orgnica constitucional de educacin das antes de que asumiera el primer gobierno de la Concertacin- en la que coinciden tambin los profesores, los estudiantes universitarios y los apoderados.

La dinmica de los acontecimientos ha puesto en el primer plano el problema de la educacin chilena, pero, junto a ella, subsisten los grandes problemas que afectan a la mayora de la poblacin derivados de la imposicin de las polticas neoliberales de salud, vivienda y previsin durante la dictadura militar y cuyos diseos respondieron a la misma lgica. Comprender esa lgica, oculta por la ideologa imperante, es el objetivo de las notas siguientes.

2. El establecimiento de las bases del Desarrollo Capitalista Neoliberal.

Desde fines del siglo XIX, y a medida que se desarrollaba en el pas el proceso de modernizacin capitalista, el Estado fue asumiendo un creciente papel amortiguador de los adversos efectos que dicho proceso estaba provocando en las condiciones materiales de existencia de diversos sectores sociales.

Numerosos escritos de la poca revelan las condiciones de vida y trabajo que prevalecan a comienzos de este siglo. Alrededor de la cuarta parte de las familias que vivan en las ciudades lo hacan en conventillos, en los que se hacinaban ms de cuatro personas por pieza. La inexistencia de alcantarillado y agua potable, junto a un deficiente sistema de recoleccin de basuras, generaba serios problemas sanitarios. La tasa de mortalidad superaba los 30 por 100 habitantes, y a nivel infantil se elevaba a 304 por cada mil nios nacidos. Prcticamente la mitad de la poblacin era analfabeta.

En cuanto a las condiciones de trabajo, no existan los convenios colectivos; todos los acuerdos eran individuales y verbales. No existan normas que obligaran al descanso dominical ni que impusieran una duracin mxima a la jornada laboral. El trabajo infantil y femenino se prestaba a numerosos abusos. Las remuneraciones no slo eran bajas sino que, adems, se encontraba difundida la prctica del pago en especie y/o con fichas. Estas ltimas obligaban a comprar en las pulperas que monopolizaba el empleador. No existan normas de higiene y seguridad en el trabajo, as como tampoco indemnizacin por accidentes laborales.[1]

Por dcadas los trabajadores se movilizaron para revertir esta situacin con escasos resultados. Recin en 1924, despus de 34 aos de haberse producido la primera huelga general en Chile, y paradjicamente ante presin militar, el Congreso Nacional aprob un conjunto de leyes sobre contratos de trabajo, sindicatos, derecho a huelga, tribunales de conciliacin y arbitraje, indemnizacin por accidentes del trabajo; y se crearon la Caja de Seguro Obligatorio y la Caja de Previsin de Empleados Particulares. Ese mismo ao se cre el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsin Social. Al ao siguiente se cre la Caja Nacional de Empleados Pblicos...[2].

Con la aprobacin de esta legislacin, el Estado inici un proceso de progresivas intervenciones en el campo social, destinando cada vez mayores recursos para proveer a la poblacin de servicios sociales, principalmente de educacin, salud, previsin y vivienda y urbanismo, hasta llegar, en 1972, a emplear prcticamente el 26% del producto geogrfico bruto en esta finalidad [3]. Desde 1920 hasta 1972 los gastos sociales crecieron diez veces ms rpido que el producto nacional, demostrando el fuerte nfasis y la alta prioridad que el Estado chileno le otorg a la entrega de prestaciones en educacin, salud, vivienda y previsin social.

En gran medida, constituy tambin una respuesta a los avances que se daban simultneamente en el proceso de democratizacin poltica del pas. A lo largo de estos cincuenta aos, se estableci una estrecha correlacin entre el aumento de la participacin de las clases populares en los procesos polticos y el continuo incremento de las prestaciones sociales del Estado. Aunque parte de la ampliacin de los beneficios sociales fue el resultado de la capacidad reivindicativa y de presin de los sectores populares, no es menos cierto que otra parte respondi al surgimiento de compromisos sociales que se establecieron a partir de la dcada de 1920 entre sectores capitalistas industriales, capas medias y obreros urbanos y mineros, en un contexto de dominacin poltica de la oligarqua terrateniente. Sobre la base de esta alianza, el Estado asumi, fundamentalmente a partir de 1938, la funcin de promover y conducir la industrializacin sustitutiva de importaciones convirtindose en un Estado empresario, pero, simultneamente, defini e implement polticas pblicas orientadas a corregir las desigualdades provocadas por el mercado y mejorar las condiciones de distribucin de la riqueza, con lo que adquiere su carcter de Estado benefactor o de compromiso.

La expresin mxima de estas tendencias de desarrollo: la progresiva industrializacin sustitutiva de importaciones liderada por el Estado, la creciente integracin social y democratizacin poltica y la ampliacin de la intervencin social del Estado, se alcanz en el gobierno de la Unidad Popular.

Con el golpe militar de septiembre de 1973 y el advenimiento del rgimen dictatorial, esas tendencias se interrumpieron abruptamente.

Comprender el significado y el alcance de las trasformaciones experimentadas por las polticas sociales y redistributivas definidas e implementadas por el Estado chileno en el perodo 1973-1989, as como la disminucin de sus responsabilidades en materia de otorgamiento de beneficios sociales, implica necesariamente remitirse al nuevo proyecto de sociedad que se propuso materializar la dictadura militar una vez derrocado el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. En efecto, aunque inicialmente las medidas adoptadas por el rgimen militar parecieron responder a las supuestamente crticas condiciones polticas, econmicas y sociales existentes en esos momentos[4], sus alcances concretos iban ms all de lo exigido por la coyuntura[5]. En realidad, era slo el comienzo de un largo proceso de intervenciones tendiente a resolver por la va autoritaria, y claramente a favor de la clase dominante, la crisis global a la que haba llegado la sociedad chilena despus de veinte aos de infructuosos intentos por remover, dentro de los cauces democrticos, los obstculos estructurales que impedan seguir profundizando sus procesos de desarrollo econmico y social.

Consecuentemente, las medidas que la dictadura militar comenz a imponer drstica y progresivamente en la formacin social chilena a partir de septiembre de 1973 apuntaron tendencialmente hacia tres objetivos estrechamente relacionados.

a) En primer lugar, reimponer un sistema de dominacin capitalista, ahora reestructurado y reorganizado bajo la hegemona del capital financiero, en reemplazo del anterior sistema de relaciones oligrquico-capitalista que, fuertemente cuestionado desde mediados de la dcada de 1960, haba entrado en abierta crisis durante el gobierno de la Unidad Popular.

b) En segundo lugar, instalar y consolidar un nuevo patrn de acumulacin capitalista en sustitucin del supuestamente agotado modelo de industrializacin sustitutiva de importaciones, el que, adems, deba estar estrechamente alineado con las nuevas tendencias que exhiba el desarrollo del sistema capitalista mundial.

c) Finalmente, reinstaurar la hegemona de la vieja concepcin ideolgica liberal, en que se planteaba que solo a travs de la competencia y el esfuerzo personal era posible alcanzar el xito individual y el reconocimiento social, eliminando las equivocadas ideas socializantes basadas en obsoletos valores democrticos y de solidaridad forjadas en el pas desde principios del siglo XX.

En las condiciones chilenas del perodo, la clase dominante requera de un rgimen poltico extremadamente autoritario, que dispusiera y utilizara amplios recursos de coercin fsica para, por una parte, imponer sin contrapeso su proyecto de refundacin capitalista a la clase trabajadora y a las capas medias, quienes seran las ms fuertemente afectadas por las transformaciones a realizar, y, por otra, neutralizar las presiones de aquellas fracciones de la propia clase dominante que se veran perjudicadas por la imposicin del nuevo modelo de desarrollo.

Desde sus inicios, aunque quizs con una postura ms reactiva[6] que estratgica, el gobierno militar adopt una serie de medidas represivas que configuraron una concentracin, histricamente indita, de poder poltico en el Estado, proceso que se desarroll simultneamente con uno de personalizacin y centralizacin del poder en el Ejecutivo. Entre dichas medidas figuraron, entre otras[7]:

a) Las destinadas a eliminar o controlar las diferentes instancias de representacin propias del rgimen democrtico anterior. Se prohibieron los partidos y movimientos polticos de la Unidad Popular, mientras los restantes entraron en receso hasta que, en 1977, tambin quedaron proscritos. Se ved toda actividad, manifestacin pblica u organizacin poltica de base. Se reglament las actividades de las organizaciones gremiales, vecinales, estudiantiles y comunitarias y las de los Colegios Profesionales. Simultneamente, se dictaron una serie de normas tendientes a privar a las organizaciones sindicales de autonoma y libertad: se suspendieron las elecciones sindicales, el gobierno se reserv el derecho a designar dirigentes laborales y sus reuniones quedaron sujetas a autorizacin previa de la polica.

b) La clausura del Congreso Nacional, la disolucin del Tribunal Constitucional y la quema de los registros electorales. La concentracin del ejercicio de los Poderes Constituyentes, Ejecutivo y Legislativo en la Junta Militar, la que se reserv a la vez el control jurdico de sus propias decisiones, al igual que las atribuciones de la Contralora General de la Repblica. Con ello, la soberana dej de residir en el pueblo, -quien manifestaba su voluntad mediante elecciones, con mandatos renovables a plazo fijo-, y desapareci toda norma objetiva e impersonal en la generacin del poder poltico y de las leyes, as como cualquier forma de control sobre el ejercicio y lmites de las autoridades de Gobierno.

c) La declaracin del Estado de sitio; la suspensin de las garantas individuales; la imposicin del toque de queda en todo el territorio nacional; la creacin de la Direccin de Inteligencia Nacional (DINA), a principios de 1974, y su sustitucin por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1977; la detencin y tortura en campos de concentracin de decenas de miles de hombres, mujeres, adolescentes e incluso nios; el asesinato y desaparicin forzada de miles de personas; las purgas dentro de la administracin pblica; la represin dentro de las propias fuerzas armadas, todo bajo el pretexto de estar en un escenario de guerra interna contra el terrorismo y el comunismo internacional.

d) El cierre de peridicos, revistas y radios de izquierda, la censura de la prensa escrita, radio y televisin; la autorizacin para la publicacin slo de medios adscritos al rgimen; la intervencin de las universidades, la exoneracin de cientos de acadmicos, la eliminacin de institutos de investigaciones universitarios, la supresin de carreras del campo de las ciencias sociales y la designacin de rectores militares.

e) El inicio de un proceso de descentralizacin poltico-administrativo del pas cuyo objetivo fue transferir las decisiones que no revestan un carcter poltico y que, en la prctica, signific aumentar el poder central al reforzar la verticalidad del mando y ubicar al Presidente en la cspide del poder.

La drasticidad y lo prolongado con que se aplicaron estas y otras medidas polticas similares, adoptadas inicialmente con un fuerte nimo revanchista y, posteriormente, con fines de disciplinamiento social, fue configurando el cuadro de un rgimen poltico de caractersticas totalitarias nunca antes vistas, que se propuso como misin lograr, en un tiempo no precisado[8], la refundacin, reconstruccin y restauracin de una sociedad[9] de nuevo tipo.

Aunque el contenido de clase del proyecto de refundacin y recomposicin de la sociedad chilena fue, desde el primer momento del golpe militar, claramente capitalista, recin en 1975, con ocasin de la aplicacin de un conjunto de medidas econmicas de choque destinadas a solucionar enrgicamente el problema inflacionario e intensificar las reformas estructurales, comenz a perfilarse el nuevo patrn de acumulacin que se impondra y la fraccin de la clase dominante que lo hegemonizara.

En efecto, dados los desequilibrios macroeconmicos que presentaba la economa chilena en septiembre de 1973 y la fuerte intervencin que haba realizado el gobierno de la Unidad Popular en la estructura de propiedad privada y de administracin de los principales medios de produccin del pas, el primer objetivo que se propuso el rgimen militar fue reinstaurar las condiciones mnimas que permitieran el funcionamiento de una economa capitalista. Para ello, en sus inicios el rgimen militar defini e implement un conjunto de polticas que apuntaron a:

1. Imponer el mercado y el sistema de precios como los principales instrumentos de asignacin de recursos de la economa, en detrimento del tradicional y creciente papel que haba jugado el Estado como promotor y planificador del desarrollo econmico y social. En trminos concretos, ello signific la liberacin de la mayor parte de los precios sujetos a control estatal, la devaluacin del tipo de cambio y la postergacin de los reajustes salariales, lo que se tradujo en una cada vertical de los sueldos y salarios reales[10]. Era el comienzo de un proceso de profunda redistribucin regresiva del ingreso y de jibarizacin del Estado.

2. Ampliar el espacio econmico del capital privado, restableciendo, por una parte, los derechos de la propiedad privada y de administracin que el proyecto de la Unidad Popular, -dirigido a constituir un rea de propiedad social-, haba restringido y, por otra, reimponer coercitivamente la quebrada disciplina laboral a nivel de las empresas y a nivel global. Lo anterior se tradujo, por un lado, en la devolucin de los predios agrcolas ilegalmente ocupados, la disolucin de las formas colectivas de la propiedad de la tierra en las reas reformadas y la devolucin de las empresas requisadas e intervenidas segn normas legales de excepcin y, por otro, en la suspensin de las negociaciones colectivas, la limitacin de la actividad sindical y la interdiccin de los partidos de izquierda, rompiendo as sus histricos vnculos polticos con el movimiento sindical.

3. Reintegrar la economa chilena al sistema capitalista mundial y recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales, como el FMI; para obtener su apoyo financiero y renegociar en mejores trminos la deuda externa. Entre los gestos que se hicieron en el sentido descrito estuvo la restitucin de diversas empresas extranjeras requisadas o intervenidas y el pago de una indemnizacin a las compaas norteamericanas nacionalizadas, en particular las cuprferas.

A mediados de 1974, y ante la persistencia de los desequilibrios macroeconmicos, los nfasis del programa de estabilizacin se pusieron en la reduccin del dficit fiscal, -y, de paso, de los crditos internos a las empresas de propiedad estatal- lo que se reflej en el presupuesto para 1975, en el que se contempl una reduccin del gasto fiscal superior al 30% en trminos reales. Como parte de esta poltica se dictaron las normas que regiran la privatizacin de las empresas y la banca comercial estatizada y se introdujeron importantes modificaciones tributarias, como fueron la derogacin del impuesto al patrimonio y a las ganancias del capital y la introduccin del impuesto al valor agregado[11].

En los hechos, la disminucin del dficit fiscal se realiz a travs del recorte de la inversin, el gasto y el empleo pblicos y la privatizacin de la mayor parte de las empresas en poder del Estado[12], provocando, en definitiva, una drstica reduccin del tamao y los mbitos de accin econmica del Estado[13]. Pero ese no fue el nico efecto: simultneamente al proceso de eliminacin o minimizacin de las funciones de fomento, regulacin y conduccin econmica del Estado se fueron configurando las condiciones para reducir el papel que histricamente haba desempeado en la promocin del desarrollo social y en la reduccin de las desigualdades sociales.

En 1975, ante la persistencia de los desequilibrios internos y en un contexto externo desfavorable a consecuencias del aumento del precio internacional del precio y la cada en los precios del cobre, el rgimen militar decidi llevar a cabo un programa de ajuste o de recuperacin econmica que se distingui por la drasticidad de su aplicacin. En lo esencial, el tratamiento de choque como se denomin, mantuvo las orientaciones de poltica que se venan implementando: contraer el gasto pblico, acentuar la liberalizacin de la economa y fortalecer el rea privada[14], disminuir la emisin de dinero, aumentar los ingresos tributarios, potenciar el desarrollo del mercado de capitales, acelerar el proceso de minidevualuaciones del tipo de cambio, etc[15].

El costo para la sociedad que tuvo la aplicacin de este programa de ajuste fue altsimo[16], pero con l se establecieron las bases definitivas de lo que posteriormente sera conocido como el modelo de desarrollo neoliberal. Lo esencial del proyecto global de la dictadura, como era la privatizacin de la economa, la transferencia de recursos desde el sector asalariado y el Estado a la clase capitalista, la consolidacin del ncleo financiero como fraccin hegemnica de la clase dominante y la destruccin del Estado Benefactor, hacia 1979 estaba realizado. La mano invisible del mercado haba sido repuesta con la ayuda de la mano militar y juntas mostraban el verdadero contenido de clase del discurso ideolgico y del modelo neoliberal impuesto.

3. La Dictadura Militar y las polticas sociales (1973-1989)

Desde sus inicios la aplicacin de las diversas medidas polticas y econmicas del rgimen militar provoc un proceso de deterioro progresivo en las condiciones materiales de existencia de la mayora de la poblacin chilena. Paralelamente a la cada directa de las remuneraciones reales y el empleo, a la violenta y sostenida represin al movimiento social obrero, campesino, estudiantil y profesional que haba apoyado el gobierno de la Unidad Popular, a la interdiccin de los partidos polticos de izquierda, a las purgas realizadas en el aparato del Estado, etc. se produjo una importante disminucin en el nivel del gasto pblico social (GPS), que se mantuvo durante todo el resto de la dcada de los 70. Slo en 1974 el GPS cay prcticamente 8 puntos porcentuales respecto de lo alcanzado en 1972, para seguir disminuyendo hasta 1981[17]. De esta manera, el gasto social por habitante durante el perodo 1974 y 1983 nunca recuper su nivel de 1970[18].

Al menos dos fueron los factores principales que actuaron para producir esta situacin:

a) En primer lugar, la aplicacin de medidas antiinflacionarias que apuntaban a lograr una sustancial disminucin del dficit fiscal mediante la combinacin de acciones destinadas, por una parte, a aumentar los ingresos del Estado mediante la privatizacin de empresas pblicas y la realizacin de reformas tributarias y, por otra, a contraer la mayor parte de los gastos del Estado, entre ellos el gasto fiscal social y el de las instituciones descentralizadas prEstadoras de beneficios sociales;

b) En segundo lugar, la implementacin de polticas orientadas a ampliar el campo de accin del capital privado y a restituir el mercado como el principal instrumento de asignacin de recursos.

En la prctica, ambos conjuntos de polticas tendieron a converger hacia un solo resultado: la eliminacin, minimizacin y/o modificacin de aquellas funciones que haba asumido el Estado benefactor en su rol de promotor, conductor y planificador del desarrollo econmico y social del pas. En el plano estrictamente de lo social, esto signific la eliminacin de las funciones redistributivas y de otorgamiento de beneficios sociales de cobertura universal que, desde 1920, crecientemente haba asumido el Estado chileno.

En el discurso ideolgico neoliberal, este proceso de transformacin y jibarizacin se justific mediante la argumentacin de que el Estado slo deba jugar un papel subsidiario en la sociedad, o sea, realizar nicamente aquello que el sector privado no poda hacer[19]. Respecto a la distribucin del ingreso, su mejora slo poda responder a un mayor crecimiento econmico; en consecuencia, lo primero era hacer crecer econmicamente el pas y, despus, automticamente, por rebalse, repartir los frutos del progreso econmico segn criterios de mercado. El Estado deba concentrar su accin asistencial en la implementacin de programas destinados a hogares que no estaban en condiciones de satisfacer con sus propios medios sus necesidades ms esenciales, y proceder a distribuir subsidios de acuerdo a criterios de necesidad y no de capacidad de pago[20].

Esta nocin del Estado subsidiario se utiliz ampliamente para fundamentar la privatizacin de aquellos beneficios que, hasta 1973, haban sido consideradas como derechos socialmente adquiridos: la educacin, la salud, la seguridad social y la vivienda.

Observadas en su conjunto, las reformas que se introdujeron en las polticas sociales durante el rgimen militar obedecieron, en general, a una nica matriz que posea muy pocas orientaciones fundamentales y que eran:

a) La reduccin del gasto social con el propsito de equilibrar las cuentas fiscales;

b) La ampliacin del papel del sector privado en la produccin y entrega de prestaciones sociales, simultneamente con la reduccin de la funcin social del Estado de acuerdo al principio de subsidiariedad;

c) La introduccin de subsidios a la demanda como instrumento para la asignacin de recursos pblicos;

d) La eliminacin o reduccin de los programas sociales basados en el concepto de cobertura universal y su sustitucin por programas focalizados segn distintos criterios, predominando el criterio de pobreza.

e) La descentralizacin (municipalizacin) de la provisin de servicios sociales

f) La subordinacin de los objetivos de las polticas sociales a objetivos de polticas macroeconmicas (monetarias, fiscales, etc.)

El primer sector social que cay dentro de este esquema fue el sector Vivienda. Posteriormente, en 1980, le sigui la Educacin y, en 1981, la Salud y la Previsin Social.

4. Las polticas en Educacin

Bajo el rgimen militar, este sector experiment, al igual que el resto de los sectores sociales, todo el rigor del ajuste estabilizador iniciado en 1975. En ese ao, el gasto fiscal social (GFS) en educacin se redujo en un 16% respecto del nivel que tena en 1970 y comparado con el GFS alcanzado en 1972, la cada fue de 68 puntos porcentuales.

En el resto de la dcada de 1970, los recursos fiscales destinados al financiamiento de las prestaciones educacionales nunca superaron los montos utilizados en 1971 y 1972. Durante todo este perodo, a la educacin chilena tambin se le exigi que contribuyera tanto a los equilibrios macroeconmicos como al desarrollo del sector privado, traspasndole recursos indirectamente. Con posterioridad a 1980, empezara su contribucin directa al desarrollo de la empresa educacional privada.

Ciertamente, hacia 1980, la dictadura militar decidi reformar radicalmente la organizacin y el modo de funcionamiento del sector educacional chileno. Para ello se argument que la calidad y la cobertura de la educacin debera aumentar en la medida que se descentralizara la gestin educativa, disminuyendo la participacin directa del Ministerio de Educacin en ella; se incrementara la oferta educacional privada y hubiera plena libertad de los padres para elegir los establecimientos en donde educar a sus hijos de acuerdo a la calidad del servicio educacional que ofrecieran.

De acuerdo a esta concepcin, la primera medida de la Reforma Educacional fue el traspaso de todas las escuelas pblicas dependientes del Ministerio de Educacin, aproximadamente 6.370 establecimientos, a las Municipalidades correspondientes, lo que implic, adems, transferirles toda la gestin administrativa y financiera de las escuelas fiscales de la comuna, as como la asignacin de fondos fiscales para que los canalizaran a las escuelas particulares que, en forma gratuita, colaboraban con el Estado en educacin[21].

La segunda medida fundamental fue el cambio en la forma de asignar los recursos a cada escuela. Histricamente, stos se otorgaban de acuerdo a un presupuesto anual que se elaboraba considerando las necesidades de los establecimientos. Con la reforma, los recursos pasaron a entregarse a cada establecimiento bajo la forma de un subsidio directo per cpita, que se pagaba inicialmente segn el nmero de alumnos matriculados y, una vez iniciado el ao escolar, mensualmente segn la asistencia efectiva de los ltimos tres meses. El valor de la subvencin escolar qued establecido por ley y difera segn el nivel educacional, el tipo de educacin y los horarios de la escuela.

Junto con estas medidas, la oferta educacional se desregul completamente, posibilitando que organizaciones privadas con fines de lucro entraran a proveer servicios educacionales utilizando el subsidio directo implantado[22], lo que provoc un aumento importante en el nmero de escuelas particulares subvencionadas[23].

En el caso de la educacin universitaria, las reformas apuntaron a aumentar la oferta privada, a descentralizar las universidades pblicas creando universidades regionales y a otorgar un rango formal de educacin superior a alternativas no universitarias que ofrecan carreras y aos de estudios diferentes a las universidades tradicionales[24].

Dos aos despus de haberse iniciado la reforma educacional el pas entr en una profunda crisis. En 1982, el PIB cay un 15% y en 1983 volvi a caer en un 5%. La brusca contraccin econmica que experiment el pas tuvo fuertes impactos en el rea de la educacin, pues se redujo significativamente el gasto pblico en el sector[25] y, por consiguiente, disminuyeron los montos destinados a subvenciones. Los ms afectados con este descenso fueron los niveles de educacin bsica y enseanza universitaria, situacin que, pese al repunte experimentado por la economa a partir de 1986, se mantuvo hasta el fin del rgimen militar.

La evaluacin que se hizo en 1990 de los resultados obtenidos en educacin despus de 10 aos de aplicacin de la reforma seal, entre otros, los siguientes problemas[26]:

a) Un 3.4% de la poblacin entre 6 y 13 aos no estaba incorporada al sistema educativo formal y de ellos un 67.7% perteneca al tercio ms pobre de la poblacin;

b) Graves problemas de calidad en el nivel bsico detectados por las pruebas PER (Pruebas de Evaluacin del Rendimiento Escolar) y SIMCE (Sistema de Medicin de la Calidad de la Educacin), especialmente en los establecimientos municipalizados

c) La Educacin Media tambin presentaba graves problemas de calidad e inequidad;

d) Importantes ndices de desercin y repitencia en los niveles bsicos y medio;

e) Un 19.7% de los jvenes entre 14 y 17 aos (197.114 jvenes) no estaba incorporado al sistema educacional. De ellos, el 41.4% perteneca a hogares del 30% ms pobre de la poblacin;

f) La Educacin Superior, especialmente la universitaria, presentaba, entre otros, serios problemas de gobierno, coordinacin, fragmentacin institucional y financiamiento. Como consecuencia de la reforma se produjo un proceso de diversificacin del sistema y adems una proliferacin de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formacin Tcnica que demandaban examinacin no siempre posible de satisfacer.

g) La Educacin de Adultos experiment un decrecimiento de 49.2% entre 1980 y 1988.

Esta era la situacin que, en 1990, heredara el primer gobierno democrticamente elegido despus de 17 aos de dictadura.

5. Las Polticas en Salud

Al momento del golpe militar, el sector salud era administrado y financiado principalmente por el Estado. El sector se organizaba en torno al Ministeriode Salud (MINSAL), el Servicio Mdico Nacional del Empleados (SERMENA), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el sector privado, quien cubra a particulares no adscritos a ningn rgimen previsional o a afiliados al SERMENA a travs del sistema de libre eleccin. Alrededor del 90% de los egresos hospitalarios y sobre el 85% de las atenciones ambulatorias eran efectuadas en la infraestructura estatal[27].

El SERMENA, creado en 1942, tena como poblacin beneficiaria a los empleados, activos, pasivos y sus cargas, afiliados a las distintas cajas de previsin pblicas y privadas. Financiaba las acciones de medicina preventiva y de recuperacin y rehabilitacin de la salud de sus afiliados. Estas ltimas se efectuaban en los establecimientos del SNS o a travs de proveedores privados mediante la modalidad de libre eleccin creada en 1968. La mayor parte del financiamiento del SERMENA (97% de sus ingresos totales) provena de los aportes previsionales de los empleados (67%) y sus patrones (30%) canalizados a travs de las distintas cajas de previsin, as como los desembolsos en que incurran los beneficiarios[28]. El SNS fue creado en 1952. Posea una infraestructura de cobertura nacional y se encargaba de las acciones de fomento y proteccin de salud de la poblacin en general, incluyendo entre sus beneficiarios a obreros y trabajadores independientes activos y pasivos y sus cargas, as como a la poblacin indigente. El SNS reciba aportes fiscales directos financiados con cargo a impuestos generales, aportes previsionales de los obreros y sus empleadores, de los trabajadores independientes y desembolsos propios. La mayor parte de sus ingresos (87% del total) provena de aportes previsionales (26%) y fiscales (61%). Ambos sistemas cubran aproximadamente el 90% de la poblacin, cubriendo casi a la totalidad de los trabajadores activos y pensionados y sus familias.

Respecto a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales el sistema de salud contaba (y an cuenta) con Mutuales de Seguridad, entidades privadas creadas en 1958 y la afiliacin de los trabajadores a ellas pas a ser obligatoria a partir de 1967. Su financiamiento se realiza mediante aportes previsionales de los empleadores con un mnimo de 0.8% de la renta imponible y porcentajes adicionales por riesgo.

En los primeros cinco aos del rgimen militar, es decir, hasta 1978, las polticas de salud se mantuvieron prcticamente intactas, pese a los intentos que se hicieron desde fines de 1974 por reorganizar el sector de acuerdo a los criterios neoliberales que empezaban a imponerse. Sin embargo, esto no impidi que el sector salud sufriera los efectos de las polticas de estabilizacin y, por consiguiente, de disminucin del gasto fiscal social, en particular desde 1975 en adelante[29].

El proceso de adecuacin del sector salud al modelo neoliberal se desarroll en cuatro grandes etapas[30]:

a) Etapa preparatoria de la reestructuracin del sector pblico de salud (1974-1978);

Esta etapa se inici con la elaboracin de un diagnstico crtico del sector, concluyndose que el sistema en su conjunto se encontraba en crisis. Respecto del Servicio Nacional de Salud (SNS)[31] se diagnostic su agotamiento, su excesivo centralismo, su exagerada burocracia administrativa, una estructura organizativa central difusa que tenda a una planificacin inorgnica y un importante grado de descoordinacin con el MINSAL, que se traduca en frecuentes conflictos.

A fines de 1974, el general designado como ministro de salud seal que 1975 era un ao

de transicin para la incorporacin de la salud a la poltica econmica de libre mercado del gobierno. El pago de la atencin de salud deber estar de acuerdo a la capacidad de los ciudadanos para costearla y proporcional al ingreso familiar...desaparecer la gratuidad de los servicios...el concepto estatista socializante imperante hasta la fecha solo quedar como obligacin en caso de extrema indigencia[32].

Lentamente se estaban introduciendo en el sector de la salud chilena las concepciones neoliberales, aunque con cierta resistencia de los mdicos y el resto de profesionales de la salud. Hacia 1976, el MINSAL defini trabajar en funcin de cuatro objetivos principales: (i) reorganizar el sector reforzando la funcin ministerial y descentralizar y desconcentrar las estructuras ejecutivas; (ii) aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; (iii) actuar sobre los grupos ms expuestos y (iv) abrir las puertas a la iniciativa privada.

b) Reestructuracin definitiva del sector pblico de salud (1979-1980);

En el ao 1979 se imponen definitivamente las ideas neoliberales en el sector. En ese contexto, las medidas principales que se adoptan se orientan hacia dos objetivos, por una parte, a crear las condiciones para que opere sin restricciones la libertad de eleccin y, por otra, aumente la eficacia del sector. Para ello, se reestructura el MINSAL, separando ntidamente las funciones normativas, que se asignan al MINSAL; las ejecutoras, que recaen en los Servicios de Salud, y las financiera, que se delegan en el Fondo Nacional de Salud (FONASA)[33].

c) Participacin del sector privado y municipalizacin del nivel primario (1980-1984);

En 1981, la dictadura militar impone un cambio radical en el sistema previsional chileno. Construido ste desde 1924 bajo la concepcin de un sistema solidario pblico, inclua salud y previsin social y tena un financiamiento tripartito: Estado, empleadores y trabajadores. La reforma que se emprende excluye e independiza la salud de la previsin social, creando para esta ltima un rgimen de capitalizacin individual. Paralelamente, se introduce la obligacin de que los trabajadores depositen una cotizacin especial, explcita y creciente en el FONASA para cubrir las atenciones de salud. Con esta medida se crea un sistema de salud previsional separado de la seguridad social. Posteriormente, se introducen nuevas modificaciones permitiendo que los trabajadores cotizaran en instituciones privadas, creando as las condiciones para introducir las Instituciones Privadas de Salud Previsional (ISAPRES).

En 1985, se establece por ley que los usuarios del sector pblico de salud deben hacer pagos adicionales (copago), de montos diferenciados segn niveles de ingreso, por las prestaciones de salud recibidas. Detrs de esta definicin estaban los propsitos de terminar con el acceso universal gratuito a la salud pblica, disminuir progresivamente el GFS en salud, transferir a los usuarios la responsabilidad creciente del financiamiento de la salud y reducir la funcin del sector pblico como prestador de servicios de salud amplindole el espacio al sector privado.

Con la creacin de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), se inicia la participacin del sector privado en la administracin de seguros de salud y en el desarrollo de sistemas de atencin mdica a travs del establecimiento de convenios con los Servicios de Salud y profesionales privados. Creadas las condiciones de participacin de la empresa privada en el sector salud, comienza un rpido proceso de afiliacin a las Isapres de los cotizantes de ms altos ingresos del sector pblico con el objetivo de acceder a servicios de salud supuestamente de mayor calidad y menores copagos. El resultado es una disminucin importante de los recursos del sector pblico provenientes de las cotizaciones. Inicialmente stas correspondan al 1.5% del sueldo imponible; con la reforma aumentaron al 4% obligatorio y, en 1982, nuevamente se aumentaron al 6%.

En 1981 se impuso el traspaso de los establecimientos de atencin primaria (postas y consultorios generales urbanos y rurales) desde el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) a las Municipalidades. Esta transferencia afect la unidad e integralidad del sistema y fue tremendamente resistida por mdicos y profesionales de la salud.

d) Trmino de la reforma del sector salud (1985-1990).

En 1985, tanto para permitir una mayor rentabilidad a las Isapres como para compensar la cada de ingresos del FONASA, se aument la tasa de cotizacin obligatoria al 7%, tanto para los cotizantes del sector privado como pblico.

En este perodo se produce un fuerte crecimiento del subsistema Isapres y se termina el proceso de municipalizacin de los consultorios y postas, consolidndose el proceso de traspaso de infraestructura. En 1990 se modific la ley de Isapres y se cre su organismo fiscalizador y regulador: la Superintendencia de Isapres.

Aunque la evaluacin del sector hecha en 1990 sealaba que, en general y de acuerdo a los indicadores de salud usuales, el sistema de salud se haba mostrado eficaz, los resultados de las reformas no eran halageos. Por ejemplo:

a) La municipalizacin de la atencin primaria y los mecanismos que se utilizaron para transferir los recursos financieros (en esencia un subsidio directo por atencin prestada), indujeron a privilegiar la atencin curativa sobre la preventiva y orientaron el gasto hacia la prestacin de consultas desalentando la produccin de atenciones ms complejas.

b) Otra consecuencia fue la disminucin del gasto en mantencin de equipos mdicos e industriales y en infraestructura, con un deterioro grave en ambos aspectos.

c) En el nivel primario se produjo una insatisfaccin generalizada respecto de la administracin municipalizada, tanto a nivel de usuarios como de profesionales del sector, estos ltimos debido a los bajos salarios ofrecidos.

d) Las reformas segmentaron a la poblacin en el acceso a la salud de acuerdo a su nivel de ingresos. En 1990, el 68.8% de la poblacin era beneficiaria del sistema pblico de salud, pero su gasto per cpita slo corresponda al 33% del efectuado por un afiliado a una Isapre. Ms an, la mayora del 40% de la poblacin ms pobre del pas se concentraba en el sistema de salud pblica. En la prctica, la estructura institucional del sector haba favorecido el ingreso a las Isapres solo de los sectores de ms altos ingresos.

5. Palabras Finales

El 10 de febrero de 1972, el Estado chileno suscribi el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC), siendo uno de los primeros pases en hacerse parte de l. De los treinta y un artculos que conforman el Pacto DESC, quince de ellos se refieren a los derechos de la comunidad para el goce y disfrute de todos los servicios sociales bsicos, es decir, de la Educacin, la Salud y la Vivienda.

Las fundamentos de los DESC figuran en el Artculo 1, Prrafo 1, y en el Articulo 2 del Pacto:

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacin. En virtud de este derecho establecen libremente su condicin poltica y proveen asimismo a su desarrollo econmico, social y cultural.

Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas...hasta el mximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,...la plena efectividad de los derechos aqu reconocidos.

Nada de lo que se planteaba en el Pacto DESC fue respetado por el rgimen militar que gobern en Chile desde 1973 hasta comienzos de 1990. Por el contrario, todos y cada uno de los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales de la mayora de los ciudadanos fueron sistemticamente violentados. Sobre esa base la dictadura impuso el nuevo modelo de desarrollo capitalista neoliberal.

Dictadura poltica y libertad de mercado fue la frmula empleada para disciplinar y subordinar nuevamente a aquellos vastos sectores de trabajadores y capas medias que intentaron ejercer su derecho a establecer libremente su condicin poltica y proveer a su desarrollo econmico, social y cultural.

En el caso chileno, es imposible analizar el patrn de desarrollo neoliberal que ha imperado en los ltimos 33 aos sin referirse a sus espreos e ilegtimos orgenes, a la violencia que se utiliz y el costo social que signific su imposicin. Por ello, la denuncia tiene que ser permanente.

Ms de ochenta aos de desarrollo poltico y social, de profundos avances democrticos, de enormes logros en el campo social, de inversin de esfuerzos de al menos tres generaciones de chilenos, -de los ms lcidos, de los ms comprometidos, de los que levantaron una y otra vez un proyecto de sociedad ms solidaria-, se intentaron -y an se intenta- borrar en aras de la libertad de elegir y el inters del desarrollo del capitalismo. Ante esto, la neutralidad poltica es ticamente inaceptable y, ms an, intolerable.



[1] Arellano, Jos Pablo, Polticas sociales y desarrollo: Chile 1924-1984, Ciepln, Santiago, 1988, pp. 22-23

[2] Arellano, op. cit. p. 28

[3] Hasta 1920, el gasto pblico social (GPS), que en ese ao era equivalente al gasto fiscal social (GFS), ascenda al 1% del PGB. En 1925, el GPS, an idntico al GFS, lleg al 2.1% del PGB. A partir de esa fecha, y a medida que se iban creando diversas instituciones pblicas descentralizadas con el objeto de proveer servicios sociales, el GPS comenz a crecer ms rpidamente que el GFS, llegando en 1945 al 8% del PGB, al 14.9% en 1955 y al 20% en 1965. En el primer ao del gobierno de la Unidad Popular, nuevamente el GPS ascendi, llegando al 25.2 del PGB. y en 1972 lleg a representar el 25.8% del producto. Ver cifras para el GPS y el GFS en Arellano, op. cit. pp. 30 y 33.

[4] Descomposicin capitalista, polarizacin poltica con organizacin popular avanzada, fascistizacin de los sectores medios, abandono de los sectores dominantes de todo escrpulo democrtico pero manteniendo el discurso tomado del centro poltico, deslegitimacin del sistema poltico y crisis de funcionamiento de la sociedad provocada fundamentalmente como parte de la estrategia insurreccional y que se expresa en la desarticulacin de las formas de vida cotidiana. Garretn, M.A., Evolucin poltica y problemas de la transicin a la democracia en el rgimen militar chileno, Flacso, Documento de Trabajo 148, Santiago, p. 14.

[5] Desde un inicio...saltan a la vista los dos aspectos cruciales que definen el rgimen militar: su carcter en extremo represivo y anulador del disenso pblico y, por otra parte, la intencin refundacional que lo anima a perpetuarse.... Ver Correa, S, et. al (2001), Historia del siglo XX chileno, Editorial Sudamericana, Santiago. Pp. 279 y ss

[6] ...estos regmenes...combinan una dimensin puramente destructiva o reactiva frente a los procesos de movilizacin popular del proceso poltico previo con el intento de materializar un nuevo proyecto histrico para la sociedad,.... Garretn, M.A., op. cit. p. 17

[7] Vergara, Pilar Las transformaciones de las funciones econmicas del Estado en Chile bajo el rgimen militar, Cieplan, Santiago, p. 3-5. Tambin, Correa, S. op. cit. pp. 280-282.

[8] En los discursos polticos, la frase por excelencia era, tenemos metas, pero no plazos. Si se recuerda que la eficiencia, concepto tan empleado por el pensamiento econmico neoliberal, es lograr determinados resultados en un determinado plazo, se podra inferir lo contradictorio de ambas formas de pensar.

[9] Qu es lo propiamente indito que se introduce tras el 11 de septiembre de 1973?. Por de pronto, el golpe mismo con todo su impacto fctico, asentado en una brutalidad sistemtica con visos totalitarios nunca antes vistos. En estricto rigor, no se trataba de un mero golpe de Estado militar...sino algo...mucho ms permanente...cuestion toda la institucionalidad heredada hasta ese entonces...el golpe militar no slo se empecin en contra del gobierno de la Unidad Popular, sino que pretendi disciplinar si es que no castigar o incluso anular todo el entramado poltico institucional que se vena gestando desde el siglo XIX...los militares se propusieron...cambiar la conciencia colectiva del pas a partir del ejercicio de la fuerza y de los hechos. Correa, S. op. cit. pp. 286-287.

[10] El razonamiento detrs de estas medidas era simple: las elevadas tasas de inflacin observadas eran consecuencia de presiones de demanda producidas por un exceso de dinero en la economa. Al eliminarse el control de precios automticamente se restablecera el equilibrio entre demanda y oferta globales, haciendo aflorar la inflacin reprimida por los controles de pecios. Las consecuencias fueron dramticas: en octubre de 1973, el ndice de remuneraciones reales de base 1970=100 cay a 33.6 como consecuencia directa e inmediata de la liberacin de precios. En 1974, el ndice alcanz la cifra de 67.5; en 1975 lleg a 65.7 y en 1976 a 72.8. Banco Central de Chile, Indicadores econmicos y sociales 1960-1988, Santiago, 1989.

[11] Con relacin a favorecer el desarrollo del capital financiero se dictaron las normas que liberaban el funcionamiento del mercado de capitales y, respecto del sector externo, se inici un proceso de rebaja unilateral de aranceles y se dict un nuevo estatuto para atraer inversionistas extranjeros. A este perodo corresponde el inicio de las transformaciones destinadas a crear una nueva institucionalidad econmica. Ver Vergara, P. Op. cit.

[12] Al inicio del Gobierno Popular, el Estado posea 46 empresas; hacia septiembre de 1973 se haba constituido un rea de propiedad social con 460 empresas y 19 bancos. En 1980, slo quedaban en poder del Estado 24 empresas, incluyendo 1 banco.

[13] En 1970, el Gasto Pblico ascenda al 40.6% del PGB, cifra que aument fuertemente durante el Gobierno de la Unidad Popular. A partir de 1974, comenz a disminuir rpidamente llegando al 30.7% del PGB en 1976, porcentaje en torno al cual oscil hasta 1979. Por su parte, el empleo en el sector pblico disminuy entre 1974 y 1979 de un 11.3% de la PEA al 8.8%. Vergara, P. Op. cit. p. Cuadro 1.

[14] Dos aos despus del golpe militar, se privatiza la mayor parte de la banca estatizada. La rapidez con que CORFO vende sus acciones en un ao fuertemente recesivo como 1975, da una idea del alto inters de la autoridad de la poca por liberalizar el mercado financiero. Zahler, R, Polticas recientes de liberalizacin y estabilizacin en los pases del Cono Sur: el caso chileno: 1974-1982, en Rodrguez G, Jorge (Editor), Perspectivas econmicas para la Democracia: Balance y lecciones para la experiencia chilena, Instituto Chileno de Estudios Humansticos, Santiago, 1984.

[15] Ver: Bardn, A, Una dcada de cambios econmicos: la experiencia chilena: 1973-1983, Editorial Andrs Bello, Santiago, 1985.

[16] A modo de muestra: en 1975, la produccin global cay en un 12.9 % respecto del ao anterior y la desocupacin lleg prcticamente al 19% de la PEA

[17] En 1972, el GPS ascenda al 25.8% del producto nacional; en 1974 disminuy al 17.6% del PGB, nivel en torno al que fluctu hasta 1978, pues al ao siguiente volvi a caer al 15.4% del producto. En 1981 slo alcanzaba al 14.3% del PGB, es decir, 11.5 puntos porcentuales menos que en 1972.

[18] Rodrguez G., Jorge,. La distribucin del ingreso en la gestin econmica 1973-1984 en Rodrguez G. Jorge (editor), op. cit. p. 57

[19] La redefinicin del Estado es otro de los elementos definitorios del rgimen. La lgica del modelo econmico impone desahuciar el papel que, histricamente, haba cumplido el Estado, no slo en cuanto agente econmico legtimo sino tambin en cuanto instancia socializadora de valores de significacin nacional (solidaridad, etc.) que hicieran de soporte de muchas instituciones y polticas pblicas en los ltimos decenios....La ideologa antiestatista es coherente con el traspaso al mercado de la capacidad asignadora de recursos y slo reservar como mbito de preocupacin estatal a los sectores denominados de extrema pobreza...la poltica general de desarrollo social, al igual que la econmica y la poltica, nacen de una misma columna vertebral: el principio de subsidiariedad. Morales, Eduardo. Polticas pblicas y mbito local: la experiencia chilena, en Borja, Jordi, et al, Descentralizacin del Estado. Movimiento social y gestin local, ICI-FLACSO-CLACSO, Santiago, 1987, pp. 358-359.

[20] Vergara, Pilar. Polticas hacia la extrema pobreza en Chile: 1973-1988, FLACSO, Santiago, 1990, p. 21

[21] Hacia 1980, las escuelas privadas gratuitas educaban a alrededor de un 14% de la poblacin que asista a la educacin bsica y a un 18% de la que asista a educacin media. Ver, Beyer, Harald.,Las reformas de la educacin en Chile, en Larrain, F, y Vergara, R, (editores), La transformacin econmica de Chile, Centro de Estudios Pblicos, Santiago, 2000. p. 661.

[22] Organizaciones privadas sin fines de lucro, vinculadas a instituciones religiosas o fundaciones, venan colaborando con el Estado desde haca dcadas y reciban una subvencin equivalente aproximadamente al 50% del costo implcito de un alumno de una escuela pblica. Beyer, Harald., op. Cit. P.651

[23] Los establecimientos particulares subvencionados poseen una forma de financiamiento mixto, pues combinan los ingresos provenientes del cobro de matriculas y mensualidades a los apoderados con ingresos recibidos por concepto de subvenciones estatales, cuyo pago esta sujeto a las mismas normas que los establecimientos fiscales. En 1980, el nmero de escuelas y colegios privados era de 1.627, con un promedio de 242 alumnos cada uno. En 1985, estas cifras haban aumentado a 2.643 establecimientos con 315 alumnos promedio. Aunque ellas incluyen establecimientos privados pagados, la contribucin a su crecimiento provino principalmente de escuelas y colegios particulares subvencionados. Las cifras de Beyer, H., op. Cit. P.669-670

[24] En este nivel los efectos de la reforma fueron notorios: en 1980, aproximadamente 118.000 alumnos cursaban estudios superiores (7.5% de la poblacin entre 19 y 25 aos); en 1990, la matrcula en la educacin superior haba aumentado a 250.000 estudiantes.

[25] Tomando como 100 el nivel del gasto pblico real en educacin en 1982, este descendi a 87.8 en 1983 y continu descendiendo durante el resto de la dcada de 1980 hasta llegar a 71.8 en 1990. Beyer, Harald, op. cit. P. 668.

[26] Mideplan, Balance de seis ..., op. cit. p. 115

[27] Para una descripcin del sector hasta 1973, ver: Titelman, Daniel, Reformas al sistema de salud en Chile: Desafos pendientes, CEPAL, Serie financiamiento para el desarrollo 104, Santiago, septiembre de 2000, pp. 9-10

[28] La ley estableca cotizaciones de cargo del trabajador y su empleador. Los empleados deban cotizar el 1% de sus sueldos imponibles y sus empleadores el 2.5% de las remuneraciones en el caso de la Caja de Empleados Particulares (EMPART) y el 1.5% en el caso de la Caja Nacional de Empleados Pblicos (CANAEMPU). Las cajas de previsin de los empleados pblicos y particulares deban aportar el 3.75% de sus entradas brutas, el 1% de las remuneraciones de sus afiliados y el 2% de las pensiones pagadas: en 1979 el 88% de los empleados cotizaban en estas dos entidades. Por ltimo, los jubilados cotizaban el 1% de sus pensiones. Idem. p.9

[29] En 1974, el GFS en salud descendi en un 22.4% respecto de 1973. En 1975 volvi a caer en un 27.4% en relacin al ao anterior, acumulando un descenso total de 43.7% sobre el nivel de 1973. En 1976 nuevamente disminuy. En 1975, el Ministerio de Hacienda envi un grupo de economistas en comisin de servicios al Ministerio de Salud con la misin de ordenar las finanzas y contribuir a la reduccin del presupuesto de todo el sector de salud, cumpliendo con los planes de recuperacin econmica. Ellos tambin participaron en las comisiones de reestructuracin, desplazando poco a poco a los mdicos de la poltica de salud. ILPES-MINSAL-OMS/OPS, El sistema de salud en Chile ante la descentralizacin poltica, Santiago, 1995, p.41-42

[30] Idem. Ver: pp. 41-49.

[31] El SNS fue el pilar bsico del sector pblico de salud chileno durante ms de 25 aos. Formalmente dependa del Ministerio de Salud (MINSAL). Su Director General deba ser un mdico funcionario, designado en el cargo por el Presidente de la Repblica en acuerdo con el Senado. Era asesorado por un Consejo Nacional de Salud integrado por representantes del Ejecutivo, Universidades, Colegio Mdico, Servicio de Seguro Social, sindicatos y organizaciones patronales. Su operacin estructur las bases de una atencin de salud organizada y de cobertura universal. Simultneamente, incorpor las actividades de promocin y prevencin de la salud a travs de programas nacionales, determinando un fuerte desarrollo de la Salud Pblica. Idem, pp. 20-21

[32] Idem, p. 42

[33] El D.L N 2763 de 1979 fusiona el SNS con el SERMENA creando el Fondo Nacional de Salud (FONASA), institucin financiera destinada a recaudar, administrar y distribuir los recursos estatales destinados a salud; el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) con una red de 27 servicios de salud de distinta complejidad; el Instituto de Salud Pblica de Chile y la Central de Abastecimiento del SNSS. Titelman, Daniel, op. cit. p.. 11



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