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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-06-2006

El sistema econmico venezolano hacia la constitucin del socialismo del siglo XXI

Alfredo A. Torrealba
Rebelin


La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela de 1999 concibi un marco jurdico dispuesto a hacer realidad todas aquellas expectativas de participacin poltica que la sociedad civil haba deseado por ms de treinta y cinco aos como respuesta necesaria y deseable al sistema de representacin poltica, el cual, se haba desvirtuado por cuanto las acciones acometidas por los representantes polticos ya no defendan o se relacionaban con los intereses y deseos de sus representados sin que formalmente se pudiera hacer algo al respecto. Ese ensanchamiento entre la distancia de los representantes y sus representados orient al sistema poltico a un punto sin retorno, un punto crtico, un punto histrico que se caracterizara por la llegada inminente de no slo un conjunto de reformas sociopolticas, sino mucho ms all, de un proceso revisionista preparado para hacer uso de grandes y significantes rupturas epistemolgicas. Una vez que la nueva Constitucin venezolana entr en vigencia, las inmensas conquistas democrticas y econmicas adquiridas para el beneficio de la sociedad civil prevalecieron con creces sobre las anteriores propuestas constitucionales de la historia del pas, lo cual, en suma medida, tambin indic la superacin de las expectativas de la Asamblea Constituyente, rgano conciente que era el momento propicio para recrear nuevos patrones normativos econmicos y polticos de interrelacin entre el Estado y sus ciudadanos:

el Constituyente de 1999 evit dogmatismos ideolgicos en relacin con los roles que deben jugar el Estado y el mercado en la economa y evitando una visin extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema econmico, establece las bases para la formacin de una economa de respeto a la accin individual En ese sentido, tal y como lo plantea la referida Exposicin de Motivos, lo que se persigue es un equilibrio entre Estado y mercado, en razn de que el problema no es la medida de la intervencin del Estado, sino la calidad de su actuacin. El mercado no es un como tal, no es un fin en si mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; por lo que debe haber un equilibrio los fines y los principios rectores, equilibrio entre productividad y solidaridad, equilibrio entre eficiencia econmica y justicia social, dando libertad y protegiendo la iniciativa privada a la par de que se resguarda el inters colectivo[1].

Las bases rectoras constitucionales de 1999 fundamentaron instrumentos idneos para limitar de manera recproca los intereses antagnicos de la sociedad y el Estado y, asimismo, desplazar la deprimida situacin social del pueblo venezolano hacia innovadoras formas de intervencin poltica y comercio. En este ltimo caso, la carta magna estableci el rgimen econmico a partir de una estructura normativa que permita a los diferentes actores de la vida econmica la adquisicin y el uso de los factores de produccin, de los productos y los servicios[2]. La Constitucin precis la concepcin del Estado frente a la propiedad privada, la libertad contractual, la libertad de comercio y de industria, la naturaleza y grado y mbito de intervencin del Estado dentro de la economa, el grado de iniciativa personal de los particulares en el mercado, la tutela jurdica que se le concede a esa iniciativa y los procedimientos y rganos creados para dar plena instrumentacin al sistema econmico escogido, as como la intervencin coercitiva de los poderes pblicos en la actividad econmica[3].

La Constitucin Econmica[4] venezolana segn Rafael Badell Madrid:

establece ciertos principios de origen marcadamente liberal, principalmente la propiedad y la libertad econmica que, lejos de ser absolutos, encuentran sus limitaciones en la propia Constitucin. Tambin existen otros principios de origen intervencionista que se han ido moderando y acoplando a la realidad econmica venezolana, como ocurre con las normas en materia tributaria, financieras, laborales y de distribucin de recursos y competencias, entre otras. Finalmente, la Constitucin tambin prev unas competencias especializadas en materias tales como poltica comercial, integracin econmica, actividades industriales y Banca Central, entre otras[5].

La estructura socio-econmica del Estado descrita en la Constitucin de 1999 no es definida en forma rgida, es decir, es opuesta al de economa dirigida y consagra los principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad. Igualmente, desarrolla una frmula de conexiones sociales que permite la ingerencia del Estado en los mbitos econmicos lo que es propio de una Constitucin comprometida con el Estado social y democrtico de derecho.

El Estado social y democrtico de derecho enfatiza la relacin del Estado con la sociedad aumentando en la prctica su presencia en la vida social y econmica[6], para corregir las inequidades y desarrollar progresivamente los derechos econmicos, sociales y culturales[7]. En este sentido el Estado (que interviene, plantea pero no impone) goza de legitimidad para regular las relaciones sociales con el fin de lograr que todas las personas puedan tener condiciones de vida dignas. Adicionalmente, en ese modelo poltico existen fuertes garantas (como la accin de tutela, la accin de cumplimiento o la accin popular) para asegurar que el Estado y los particulares respeten los derechos humanos.

En el Estado social y democrtico de derecho propone mecanismos efectivos para que las personas puedan participar en la conformacin, control y ejercicio del poder no slo poltico sino tambin econmico y social. El Estado social y democrtico de derecho tiene una responsabilidad mucho ms ligada a la obtencin de resultados favorables a la satisfaccin del mnimo existencial de las personas que al encasillamiento formal de sus actuaciones a los moldes normativos[8].

Por otro lado, la Constitucin de 1999 indic que las instituciones venezolanas deban adaptarse a los cambios que se implantaban. Desde el punto de vista de las teoras de modernizacin y desarrollo la adaptacin institucional de las instituciones pblicas venezolanas, estructuradas en principios tradicionales, deban acomodarse a las realidades y funciones modernas. Dicho proceso alcanzara su cspide cuando el Estado tuviera relaciones ms directas con la sociedad en cuanto a la solucin de sus demandas y se haya creado bases para el desarrollo econmico, social, intelectual y cultural de la nacin[9].

Venezuela se encuentra desde principios de los aos noventa envuelta con fundamento en un periodo de revisin de su sistema poltico, pero la Constitucin de 1999 marc el propsito del cambio y transformacin de las estructuras polticas, lo cual aceler el proceso de reconstruccin del Estado. Y resulta difcil de obviar que el reto a lo tradicional, la consolidacin del liderazgo modernizador, la transformacin econmica y la integracin de la sociedad bajo nuevos esquemas de normas, no haya sido posible sin la presencia de Hugo Rafael Chvez Fras[10].

La superacin de la estructura organizacional tradicional de las instituciones pblicas venezolanas por esquemas operativos ms modernos necesit de un grupo de leyes propulsoras para la evolucin del sistema. A medida que las leyes eran puestas en vigencia las relaciones sociales de la sociedad civil venezolana fueron encaminadas por los caminos comprometidos a una nueva nacin basada en la apertura de los canales de participacin en las decisiones de polticas pblicas y en la apertura de oportunidades para el desarrollo econmico de la sociedad civil sin desentenderse de los principios democrticos. Sin embargo, la confrontacin de las estructuras tradicionales con los mecanismos impulsores de un nuevo estilo de vida poltica e institucional, result un proceso lento, an latente, que no deja de discutir nuevas ideas, aceptando algunas y rechazando otras, o aceptar estas como validas y propiciar la reorganizacin fundamental de las instituciones de acuerdo a estos nuevos patrones sin dejar de lado a la paz social como directriz prioritaria del proceso de cambio.

El proyecto de nacin propuesto por la Constitucin de 1999 supuso la construccin de varias fases, una de ellas era la econmica. El inicio de la fase econmica del programa de modernizacin pblica de Venezuela insinuaba el establecimiento de un ambiente poltico slido que garantice la tranquilidad poltica y no tuviera tensin social, ya que estas interfieren con la oferta y demanda del mercado, la inversin de capitales y la distribucin de riquezas. Sin embargo, la autenticidad y originalidad del proceso revolucionario venezolano situaba al gobierno en una situacin difcil por cuanto deba crear la historia a seguir en defecto de un modelo a copiar, como haba sido tradicional en la historia venezolana. Cada paso a tomar deba ser acorde con la realidad socio-cultural y econmica del pas, por ello, el establecer mecanismos correctos, en perfecta sincronizacin con la realidad social venezolana, se hizo tema de alta poltica. El temor al fracaso denotaba que una poltica mal concebida sera nociva por las decisiones econmicas del liderazgo emergente quien no podra crear riquezas en un sistema establecido por las oligarquas tradicionales, las cuales, se valdran de la equivocacin para responder al proceso de cambio que se pretenda con mayor ahnco y tesn. No obstante, ante esta situacin de riesgo, el Estado no olvid la meta ms deseable:

Una de las metas ms importantes de todo proceso modernizador, es el establecimiento de un sistema econmico slido, que permita el crecimiento real del ingreso per capita, caracterizado por una mejor utilizacin de la produccin del pas de acuerdo a las realidades culturales de la comunidad. Este incremento de riqueza ser solo el resultado de una mejor distribucin de la fuerza laboral y los recursos econmicos ya existentes, un mejor aprovechamiento de la tecnologa, y de una mejor utilizacin de los recursos naturales. El desarrollo de un plan econmico en Venezuela, basado en su proceso histrico-social, emulara las condiciones de un modelo Bismarkiano de desarrollo, donde la planificacin y acondicionamiento deliberado de la economa es establecido por el estado, y a travs de una clase media tecnocrtica y emprendedora, quienes asumirn un decidido rol en la unin del capitalismo de estado y la economa de mercado[11].

La concrecin de un sistema econmico para Venezuela implicaba la transformacin de la estructura de la sociedad de una relativamente regional-proletaria, a una donde la relacin propia con las redes industriales y urbanas es ms fuerte[12].

Este cambio en la relacin individual permite mayores oportunidades en una sociedad ms flexible, y con mejor distribucin de los recursos en trminos de educacin, salud, consumo y servicios. El ambiente urbano e integrado permite al individuo un mejor y enriquecido estilo de vida, as como produccin masiva para el consumo, un alto ingreso nacional per capita, un alto nivel de educacin y especializacin, mayores previsiones para la seguridad social y adecuada organizacin para el disfrute y placer. Igualmente permitir que un mayor nmero de personas suban o bajen en la escala social sin importar sus orgenes sociales. Con respecto a lo poltico, el ejercicio de poder ser cada vez mas especializado, distribuido y compartido, as como los grupos de poder o partidos polticos crecern y sus lideres dependern ms de su propio mrito que de privilegios familiares. Cuando un alto grado de integracin es alcanzado, la presin por el bien comn es mayor que el bien por grupos particulares, y aunque no se elimina el debate ideolgico de los individuos, se minimiza el grado de controversia y desestabilizacin[13].

Al recoger estas nociones en la Constitucin de 1999 aparece el perfil de economa mixta[14] de nuestra carta magna por cuanto se caracteriza por la intervencin de una pluralidad de sujetos de distinta naturaleza en el mercado econmico: el particular, la Empresa y el Estado que interactan equilibradamente. Por supuesto, en este escenario, el Estado no interviene como un simple coordinador sino como un actor ms[15]. De tal que el rol de este actor se hace determinante para cualquier sistema econmico ya que tendr, por un lado, una suma considerable de bienes y, por otro, el control poltico de la totalidad de bienes presentes en su territorio. Aunque la Constitucin de 1999 se encuentra incursa en la imposibilidad de deducir, de la letra de dicho Texto, modelo econmico alguno o una orientacin poltico-econmica concreta, pues se entiende que stas son tareas que estn encomendadas al legislador, a quien corresponder dar un sentido concreto a los lineamientos establecidos en la Ley Fundamental[16], segn Rafael Badell Madrid, despus de 1999 el papel del Estado Venezolano al menos se identific por ser subsidiario:

El modelo de Estado hacia el cual la nueva Constitucin nos conduce es el del Estado subsidiario. Con dicho trmino no nos refiriendo al Estado paternalista, que mediante polticas de fomento subsidia la actividad privada, sino del Estado que respetando la iniciativa privada, subordina su accin al mantenimiento y al desarrollo de la dignidad de las personas que forman parte de la sociedad civil; del Estado que interviene subsidiariamiente ante la ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada; del Estado que cuando concurre con los particulares en la economa, lo hace en condiciones de libre competencia[17].

A su vez, Oscar Bastidas-Delgado crey que el rol del Estado estuvo en sincrona con la expansin de las ideas de Economa Social a nivel mundial, es decir, que el Estado venezolano era consiente que asuma un nuevo papel nunca antes conocido y que de alguna forma situaba la relacin administrador-contribuyente en un nuevo pedestal de inters nacional:

La crisis del modelo de desarrollo ha dado una nueva vigencia a organizaciones que no pertenecen ni al sector privado tradicional ni al sector pblico. Estas organizaciones reciben diferentes apelaciones, tercer sector, economa solidaria, economa social, economa popular, organizaciones de desarrollo social, etc. () estos trminos () escapan a la lgica capitalista y a la lgica de la administracin pblica.[18].

Debido a la aparicin de estas nuevas organizaciones y a la luz de las polticas macroeconmicas y macroeconmicas del gobierno y otras razones[19], muchos estudios han discutido si el modelo econmico venezolano es socialista o, incluso, si la Constitucin posee preceptos socialistas o de mercado social en el trasfondo de alguno de sus artculos Y si es as, en qu sentido y grado sera?

Ya a cinco aos de la puesta en vigencia de la Constitucin las organizaciones pertenecientes a la Economa Social[20] han madurado en el pas y se han multiplicado. Sin embargo, su llegada y proceso de madurez si bien signific un impulso para las clases sociales ms bajas de la sociedad venezolana, repercuti contra la capacidad de respuesta de las instituciones fiscalizadoras venezolanas debido a que el fenmeno gener un sinnmero de elementos innovadores que dieron un carcter multifactico a la composicin del sistema econmico venezolano cuyo desarrollo acelerado oblig al Estado a crear instrumentos normativos para controlarlos.

A lo largo de este proceso de paulatino desarrollo se han aprobado leyes como las leyes Habilitantes (2000-2001) y sus resultados: la Ley de Tierras, Ley de Pesca, la Ley de Microfinanzas, etc. La estructura normativa originada dio evidencias que la Constitucin de 1999 era, por un lado, flexible para adaptarse al vertiginoso avance de las manifestaciones de la Economa Social o tercer sector y, por otro, desarmada para generar sacrificios a la sociedad civil, no obstante, debi aplicar normas intervencionistas sobre sectores que en la nueva tradicin econmica venezolana se expandan libremente y sin control, es decir, a la deriva segn las fuerzas del mercado.

Los nuevos instrumentos normativos, sin desentenderse de su objetivo y funcin social, configuran y seguirn configurando el semblante, muy original por dems, del Sistema de Estado Social y Democrtico de Derecho del Sistema Poltico venezolano, pero hay preguntas como: Cules han sido las polticas econmicas venezolanas que ms han transformado la concepcin del sistema econmico nacional? Qu nuevos elementos socioeconmicos han aparecido en los ltimos cinco aos en la escena econmica nacional al lado de la emergencia de la Economa social? La Constitucin de 1999, en su parte econmica, abre espacios a la Economa Social? Cada una de estas interrogantes precisa una debida respuesta para as tener una idea ms completa sobre las caractersticas del sistema econmico venezolano y el papel de la Constitucin en ese plano. Ahora bien, partiremos de la premisa que la escena social tiende a un mayor desarrollo de las manifestaciones sociales vinculadas a la Economa Social, lo cual, desembocara en una probable reforma constitucional para dirigir al magno documento hacia principios ms vinculados a un sistema de mercado social y democrtico, pero antes, conozcamos que principios econmicos, sugiere directa e indirectamente, la Constitucin de 1999.

I.- Principios ECONMICOS EN LA CONSTITUCIN DE 1999:

Cuando el texto constitucional se divorciada de las actitudes sociales, expresadas a travs de las distintas actuaciones del Poder Pblico y de los ciudadanos, se podra estar a las puertas de la necesidad de una reforma relacionada con los dispositivos econmico-constitucionales. En ese sentido, la Constitucin de 1999 procur definir sus directrices de manera abierta y moldeable para escapar de aquellas fuerzas sociales probables que pudieran erosionar su carcter legtimo en el futuro, sin embargo, debi establecer ciertos principios irrenunciables de orden econmico para lograr ese cometido.

La Constitucin de 1999 estableci que los recursos son asignados mediante el intercambio voluntario entre agentes econmicos, valindose del asidero jurdico del derecho a la libertad econmica y otros derechos conexos que lo reafirman y hacen viable, como un cierto grado de intervencin del Estado en esta rea. Al respecto, la teora econmica convencional asume que las razones para intervenir se encuentran en las llamadas fallas de mercado, esto es, los supuestos donde el mercado no puede asignar eficientemente los recursos, pues el mecanismo de precios no funciona adecuadamente por razones estructurales. Con todo, es necesario observar que la intervencin en este contexto se impone siempre para corregir las fallas de mercado; no para eliminarlo[21]. No obstante, nuevos enfoques de economa institucional apuntan a una conceptualizacin de las razones que justifican la intervencin pblica en un sentido muy distinto. Bajo estas tesis, no se asume que los mercados fallan, sino ms bien, que el contexto regulatorio puede adolecer de deficiencias que lo llevan a establecer incentivos perversos que inducen a los agentes econmicos a comportarse de manera improductiva y socialmente negativa[22]. Las fallas regulatorias tienen ltimo asidero en la imposibilidad del Estado para recoger y procesar la complejidad de la informacin social, constantemente sujeta a cambio. Incluso, hay quienes afirman que el Estado tiene una debilidad inherente para poder identificar fines pblicos o para ejecutarlos[23].

La intervencin del Estado en la actividad econmica debe ser vista en este doble mbito: Cmo crear instituciones que permitan controlar tanto las tendencias de quienes regentan los poderes pblicos para propiciar por va de coercin transferencias no consentidas de recursos, y cmo limitar las tentaciones de los agentes en el mercado para desarrollar prcticas y conductas que suponen una coercin contra otros agentes econmicos En este contexto, hay tres mbitos en que es posible someter a control el inters privado de aquellos que regentan los poderes pblicos y que actan en el mercado () Primero, se requiere afianzar los procesos de descentralizacin del poder nacional hacia los estados, y de stos hacia los municipios. De esta manera, se pudiera propiciar la competencia- entre los distintos gobiernos, a fin de controlar el monopolio del poder pblico. Con ello, la tendencia natural ser la de competir- a travs de la formulacin de regulaciones y regmenes atractivos a la inversin y la creacin de la riqueza de sus respectivas comunidades () Segundo, se requiere asegurar la separacin efectiva de funciones entre los poderes pblicos. De esta manera, cada rama del poder podr controlar las dems. No hay duda que en Venezuela esta ha sido la causa fundamental por la cual la Constitucin Econmica no ha podido desarrollarse an plenamente () Tercero, se requiere una proteccin efectiva de los derechos individuales a la propiedad y la iniciativa econmica. () En efecto, los controles introducidos por medio de la descentralizacin a los estados y municipios, as como a travs de la separacin de poderes puede ser ocasionalmente insuficiente para prevenir abusos originados en ejercicio del poder local, o en otros casos donde las barreras de defensa contra los posibles excesos derivados de la concentracin de poder monoplico impiden a otros el ejercicio pleno de sus derechos () se trata de impedir tales excesos independientemente de su origen estatal o privado[24].

El punto de equilibrio de la relacin administrador-contribuyente en la Constitucin de 1999 se enfoc en instaurar reglas para combatir los monopolios privados y pblicos: se trata de introducir mecanismos de proteccin de los derechos econmicos frente a la intervencin pblica, () y dar a los agentes la posibilidad de defenderse frente a abusos y excesos en el ejercicio de los derechos privados, por la realizacin de prcticas restrictivas a la competencia[25].

La proteccin y las oportunidades ofrecidas por el administrador a los contribuyentes si bien dieron lmites a la relacin, hubiesen sido insuficientes sin el reconocimiento del Estado de ciertos principios, los cuales fundaran la estabilidad de las bases de esa relacin. Segn Rafael Badell Madrid, en la Constitucin de 1999 se reconocen los siguientes principios:

1.1.- Principios Liberales:

1. Libertad econmica y la proteccin a la iniciativa privada: Los principios de origen liberal estn comprendidos fundamentalmente por el derecho de libertad y a la proteccin de la libre iniciativa privada y el derecho de propiedad. Como extensin de ste ltimo se agrega la garanta de no confiscacin (Art. 112). El derecho de libertad econmica consiste en el reconocimiento a Todas las personas de la libertad para asumir la actividad econmica de su preferencia, sin ms limitaciones que las previstas en el propio Texto Constitucional y en la ley[26].

2. Derecho de propiedad: La Constitucin establece proteccin al derecho de propiedad, la cual estar sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pblica o de inters general y podr ser objeto de expropiacin. En ese sentido, la potestad expropiatoria es refundida en una sola norma junto con el derecho de propiedad. Constituyen igualmente limitaciones al derecho de propiedad las contenidas en los artculos 12 y 13 de la Constitucin de 1999, en cuanto comprenden determinados bienes dentro del dominio pblico nacional y, consecuentemente, los somete a reglas especiales para su trfico jurdico[27].

3. Garanta de no confiscacin: Como una extensin del derecho de propiedad, el artculo 116 de la nueva Constitucin se consagr la garanta de no confiscacin. Sin embargo, en la nueva Constitucin se ampla el alcance del rgimen de excepciones a esa prohibicin al preverse que Por va de excepcin podrn ser objeto de confiscacin, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio pblico, los bienes de quienes se hayan enriquecido al amparo del Poder Pblico y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al trfico ilcito de sustancias psicotrpicas y estupefacientes.

1.2.- Principios De Origen Intervencionista:

1. Prohibicin de los monopolios: El principio de libre competencia es establecido como uno de los postulados rectores del rgimen socio-econmico en el artculo 299 de la Constitucin. Dicho principio es reafirmado en la nueva Constitucin en el artculo 113, una prohibicin de los monopolios. Esta disposicin es complementada por el artculo 114. La prohibicin de monopolios se enmarca dentro de la obligacin general que tiene el Estado de asegurar a los habitantes condiciones ptimas para el libre ejercicio de sus derechos econmicos[28].

2. Derecho a la calidad en los bienes y servicios: Dentro de la misma lnea de equilibrar la libre iniciativa con la proteccin del inters pblico, el artculo 117 establece el derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad[29].

3. Fomento a las asociaciones comunitarias y cooperativas: El artculo 118 de la Constitucin fomenta la formacin de asociaciones comunitarias y cooperativas para el desarrollo de actividades econmicas. En todo caso, es importante tener en cuenta que el fomento de rango constitucional a estas organizaciones propias de la Economa Social no pueden desarrollarse o interpretarse en desmedro de otras formas de creacin de fuentes de trabajo y de riqueza. El fomento a las formas de asociacin cooperativa o comunitaria se manifiesta tambin en el artculo 308[30].

4. La intervencin directa del Estado en la economa: Adems de las facultades para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economa, establecidas en el artculo 112, la Constitucin enfatiza las diversas formas de intervencin del Estado en la economa, sea mediante la expansin de la administracin funcionalmente descentralizada (art. 300), la reserva de actividades (art. 302), otorgando privilegios a sectores econmicos (art. 305-309). La creacin de empresas estatales e institutos autnomos para la gestin de actividades econmicas y servicios, esta prevista en el artculo 300 de la Constitucin[31].

5. Proteccin a la industria nacional: El artculo 301 regula el uso de la poltica comercial para favorecer a los productores nacionales. Adems, el artculo 303 configura una especial forma de proteccionismo respecto del sector privado en general, mediante la prohibicin de venta de las acciones de Petrleos de Venezuela, S.A.[32]

6. Planificacin como medio de accin del Estado: La planificacin es el medio de accin estatal para la consecucin de sus objetivos. La planificacin constituye un medio de intervencin del Estado en la economa, pues los agentes econmicos se vern de una u otra forma en la necesidad de adaptar el ejercicio de sus actividades a lo previsto en el plan. En ese sentido, de manera general, y en materia econmica, el artculo 299 seala la planificacin estratgica, democrtica, participativa y de consulta previa como instrumento para el logro de las finalidades del rgimen socioeconmico. La actividad planificadora no queda circunscrita como tarea atribuida al Poder Nacional (rtculo 236), tambin se prevn medios para que las entidades regionales, a travs del Consejo de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas (artculo 166) y los municipios, a travs el Consejo local de Planificacin Pblica (artculo 182), puedan ejecutar actividades de planificacin[33].

7. Rgimen laboral: A) Derecho al trabajo y derechos conexos: Es indiscutible que el Estado, al regular las relaciones que se derivan entre los trabajadores y sus patrones en virtud de un vnculo laboral, est interviniendo dentro del sistema econmico. As, al Constitucin reconoce al trabajo como un hecho social que goza de la proteccin del Estado; establece la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales; la primaca de la realidad; la irrenunciabilidad de los derechos laborales; el principio in dubio pro operario y la sancin de nulidad de toda medida o acto patronal contraria a la Constitucin. Por igual, se regulan aspectos relacionados con el derecho colectivo del trabajo, tales como, la alternabilidad de los directivos sindicales, la imposicin de sanciones a los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o inters personal y la obligacin de los directivos de las organizaciones sindicales de hacer declaracin jurada de bienes. B) Rgimen de la funcin pblica: La Constitucin de 1999 deleg en el legislador el establecimiento del Estatuto de la funcin pblica Mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensin y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administracin Pblica (Artculo 144). Se establece, igualmente, la prohibicin a los funcionarios de contratar con la Repblica, los estados y los municipios (Artculo 145). No obstante en esta materia, se regulan aspectos que corresponden a la esfera del estatuto cuya elaboracin fue delegada al legislador, tales como el sistema de eleccin a los cargos (Artculo 146), el rgimen de salarios (art. 147), el rgimen de incompatibilidades (Artculo 148) y la prohibicin a los funcionarios de aceptar cargos honores o recompensas (Artculo 149)[34].

8. Rgimen tributario: A) Principios rectores del rgimen tributario: La Constitucin de 1999 consagr los principios de justa distribucin de las cargas pblicas, de progresividad, de legalidad tributaria, la prohibicin de pago con servicios personales, y las garantas de no confiscacin y de irretroactividad tributaria (Artculo. 316-317). Adems, por un lado, se constitucionaliza la Administracin Tributaria y, para apuntalar el principio de eficiencia en la recaudacin, se le confiere autonoma tcnica, funcional y financiera para el ejercicio de sus competencias y, por otro, se dispone que la evasin fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podr ser castigada penalmente y que en el caso de los funcionarios pblicos se establecer el doble de la pena (Artculo 317). B) El principio de la inmunidad tributaria: El artculo 180 de la Constitucin prev la inmunidad de los entes poltico-territoriales y las personas jurdicas estatales creadas por stos frente a la potestad tributaria de los Municipios. C) Rgimen tributario y descentralizacin: La Constitucin de 1999 mantiene el mismo esquema competencial de los Estados y les deja aquellas potestades tributarias que le haban sido transferidas de conformidad con la Ley Orgnica de Descentralizacin, Delimitacin y Transferencia de Competencias de los rganos del Poder Pblico[35].

1.3.- Competencias Especializadas:

1. Se Favorece la integracin econmica: La Constitucin de 1999 enfatiza el rol del Estado en el favorecimiento de la integracin econmica. Dicha disposicin constitucional sirvi de base para que Venezuela se incorporara a la Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena), as como para la conformacin de un ordenamiento jurdico comunitario para la regulacin de materias tales como inversiones extranjeras, marcas, franquicias y propiedad intelectual, entre otras. Ahora bien, en el prembulo de la Constitucin de 1999 expresamente se seal que uno de los fines de la Constitucin es consolidar la integracin latinoamericana, de acuerdo con el principio de no intervencin y autodeterminacin de los pueblos. La disposicin 153 propicia la consolidacin del proceso de integracin de la Comunidad Andina y de los dems acuerdos de integracin econmica de los cuales Venezuela es partcipe. Con la inclusin de esta norma los constituyentes reconocieron que la integracin es un proceso necesario e irreversible ante las nuevas realidades del entorno internacional.

2. Rgimen monetario: La Constitucin elev a rango constitucional al Banco Central de Venezuela. La constitucionalizacin de los bancos centrales ha encontrado su razn de ser en la necesidad de garantizar su autonoma a largo plazo para hacerlo menos vulnerable a presiones externas o cambios a nivel legislativo, que puedan trastocar la autonoma que dichos entes requieren para llevar a cabo eficientemente sus funciones (Artculo 318).

3. Intervencin en la economa del Presidente de la Repblica: La Constitucin prev la posibilidad de que el Presidente de la Repblica pueda dictar actos normativos con rango y fuerza de ley. En ese sentido, el artculo 236 de la nueva Constitucin establece como atribuciones y deberes del Presidente Declarar los estados de excepcin y decretar la restriccin de garantas en los casos previstos por la Constitucin; conforme esta facultad el Presidente de la Repblica se hallara autorizado a dictar decretos-leyes, es decir regular materias originalmente reservadas al legislador. En segundo lugar, el Presidente queda facultado para Dictar, previa autorizacin por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley (Artculo. 236).

Dichos principios aunados a los fines del Estado o del Derecho, revisten un contenido econmico especfico, lo cual sugiere que la Constitucin de 1999 posee, en el fondo, una identidad ideolgica. Pero el logro de dichos fines va a depender de la visin compartida que entre nacionales y extranjeros se tenga sobre la conexin entre los fines del Estado y las relaciones econmicas. Es as como esta relacin tiene carcter sistmico: el entendimiento de los fines del Estado y su contenido, se agregan a las relaciones econmicas para el beneficio de los individuos[36]. De esta forma, procede, en primer lugar, dar contenido a dichos principios y considerarlos a la luz del beneficio de los habitantes del pas, siempre y cuando la Seguridad Jurdica, la Justicia Social y el Bien Comn prevalezcan:

Y si bien la Constitucin tiene ciertas medidas que pueden ser sujetas a conjeturas o vinculaciones dogmticas, esto se debe a que esta es una Constitucin nacida en un pas en emergencia social, econmica y poltica, igual que naci la Constitucin de 1999, de all que se admite en la actualidad que el Estado intervenga en el contexto econmico, bajo el sistema empresarial pblico siempre y cuando tal actividad se desarrolle en concordancia con la libre iniciativa de los ciudadanos y en concordancia con las restricciones normativas.

En definitiva, la intervencin del Estado no constituye un freno al desarrollo de los intereses capitalistas sino un motor de desarrollo[40]. Cuando el Estado concentra nuevos medios de intervencin econmica (inversiones pblicas en las infraestructuras y los sectores econmicos ms sensibles, planificacin, nacionalizaciones, intervenciones financieras y monetarias), la poltica pblica en materia de mercado de trabajo y salarios, permite el desarrollo de frmulas de conciliacin entre los intereses individuales de las empresas y los intereses generales de la economa. La Constitucin de 1999 abre la posibilidad que los ciudadanos estn en un medio lleno de oportunidades producidas por la intervencin del Estado, sin embargo, con la emergencia de la Economa Social el rol de la intervencin del Estado venezolano en materia econmica tiende, ahora, a procurar una redefinicin de fondo para adaptarse a ese nueva realidad, ya que, poco a poco, la intervencin estatal se ve reducida, indefinida, difusa e inoperativa por cuanto su alcance (el cual esta sugerido en la Constitucin de 1999) no llega a controlar estas neo-estructuras sociales. Aunado a esto, hay otros elementos en el contexto econmico venezolano que reclaman una Constitucin sincronizada con los cambios propios de nuestra poca, y no para simplemente darles reconocimiento, sino ms bien impulso y a continuacin analizaremos estos elementos con mayor detenimiento.

II.- REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA REALIDAD SOCIAL DEL SISTEMA ECONMICO VENEZOLANO A CINCO AOS DE LA CONSTITUCIN DE 1999:

En los ltimos cinco aos el sistema econmico venezolano ha cambiado considerablemente. Son muchos los factores que han aparecido no slo a nivel nacional, sino tambin internacional, los cuales le han dado una nueva identidad a las tradicionales relaciones comerciales humanas. El vertiginoso desarrollo y expansin de estos factores, muy lejos de ofrecer estabilidad para las instituciones pblicas, crean espacios sociales inalcanzables, en suma medida, por los instrumentos normativos jurdicos y fiscales propios para estas reas. Y aunque en sentido general la percepcin de su desarrollo y expansin se considera vertiginoso o acelerado, o como se quiera llamar, si hacemos una lectura entre lneas de las cualidades y la naturaleza subyacente de estos fenmenos, es temerario afirmar, desde el punto de vista cientfico, que estos factores se encuentran en las ltimas fases de su evolucin y que ya han logrado conquistar el mximo pice de su pleno perfeccionamiento como su mxima velocidad de progreso.

Los nuevos factores ocupan espacios a todo lo largo de las estructuras sociales venezolanas. No son propios de clases sociales inferiores, medianas o superiores, ni tampoco son propios de asentamientos humanos especficos, ni de estratos sociales marcados por definicin de status. De norte a sur y de este a oeste, estos novedosos factores se encuentran latentes en Venezuela y, en algunos casos, sus caractersticas se han desarrollado tanto que el ejercicio poltico del Estado, lo que en algunas universidades llaman gobernabilidad, se ha visto disminuido por no poseer: a) ni fuerzas efectivas de control; b) ni instrumentos normativos que legitimen y legalicen las precarias acciones de esas fuerzas efectivas de control y c) ni voluntad poltica capaz de crear formas de control social que no pongan en peligro el ordenamiento jurdico y cumplan perfectamente con el objetivo de ejercer fuerzas efectivas de control sobre estos espacios sociales que se manifiestan emancipadamente del poder del Estado.

La crisis del modelo estatal de corte neoliberal; ; las incidencia expectante y directa de los intereses comerciales y financieros transnacionales en el pas; el efervescente vigor latinoamericano por consolidar los proyectos de integracin econmica regional de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR); las nuevas tendencias de los modos de organizacin y produccin industrial en Venezuela; la vulnerabilidad del mercado venezolano; los nuevos centros de conflicto econmico y financiero interestatal e introestatal de Venezuela; la instauracin del control de cambio y otras formas de intervencin moderada del Estado en el rea econmica y, finalmente el ms importante: el surgimiento y expansin de prcticas comerciales propias de la Economa Social, Economa Informal y el Comercio Electrnico, Telefnico e Infocomercial, son algunos de los factores que han caracterizado al sistema econmico de Venezuela en los ltimos aos. Cada uno de estos factores, por su parte y en principio, requerir del estado una poltica macroeconmica o macroeconmica coyuntural para que ste pueda ejercer su control, sin embargo, todas en conjunto debilitan el sistema jurdico y fiscal de la nacin, as como sus instrumentos normativos. En ese sentido, vale recordar la exposicin de Motivos de la Ley de Asociaciones Cooperativas del 2001, la cual ya dejaba entrever la situacin que se viva para la poca:

El desarrollo de las cooperativas en Venezuela rompi los moldes del marco regulatorio existente. Las modalidades de integracin de las cooperativas, de hecho, en algunos casos fueron mucho ms all de lo formalmente establecido y en otros casos, las que se ajustaron a las disposiciones de la ley, se desarrollaron con muchas limitaciones, evidenciando su inadecuacin a la realidad. Experiencias masivas de proteccin social realizadas en forma cooperativa slo se han podido llevar a cabo forzando la interpretacin en pequeos espacios en las disposiciones legales. Las experiencias cooperativas de mayor impacto en la comunidad encontraban caminos y formas organizativas adaptadas a sus procesos, quedando como un hecho simplemente formal, el de cumplir con las estructuras rgidas que indicaba la ley. Igualmente la planificacin en las cooperativas se dio con procesos que superaban lo establecido en la Ley. Por otra parte, muchas comunidades que optaban por organizarse de acuerdo con el concepto cooperativo terminaban no legalizndose o legalizndose bajo la figura de asociaciones civiles, por ser estas ms flexibles y de ms rpida constitucin[41].

Pero mucho ms all de ello, hay otra consecuencia que resaltara a la vista y que an falta por precisar sus verdaderas dimensiones. Nos referimos al hecho que cuando se analiza el entorno social venezolano a la luz de la llegada de estos factores y se reconoce, por igual, las dificultades del Estado por ejercer un verdadero control poltico, lo cual significa en un aumento de la vulnerabilidad de la Seguridad Humana de los ciudadanos venezolanos, no sera inapropiado creer que las razones de esa correlacin de hechos encuentran su origen en el desfase de los planteamientos constitucionales de 1999 y la nueva realidad social que la constitucin pretende normar.

El agotamiento de los principios constitucionales que sugerimos, en este orden de ideas, se vinculara nicamente a lo referente al sistema econmico venezolano, porque despus de todo, y a manera de ejemplo, en las discusiones de la Asamblea Constituyente de 1999 tan slo se tena una idea muy precaria del avance de las prcticas de Economa Social a nivel mundial y nacional.

En aquella ocasin los artculos 184 y 118, fueron los escogidos para nombrar las ideas de Economa Social y Popular y, ahora, cinco aos despus, la multiplicacin masiva por el pas de las organizaciones y prcticas propias de la Economa Social han creado, incluso, el Ministerio de Economa Popular[42]: un ministerio que en 1999 hubiera sido visto como innecesario, inaudito, absurdo e ilgico con el proceso de cambio que se viva en la poca y as la Constitucin de 1999 lo expuso. Hoy el Ministerio de Economa popular concentra sus polticas en desarrollar y fortalecer los medios protagnicos de Economa Popular al servicio del Desarrollo Endgeno, aumentando su crecimiento con respecto a la economa del pas y como una alternativa de la poblacin para elevar su nivel de vida y consolidar su participacin protagnica en los asuntos econmicos. Igualmente, se encarga de la regulacin, formulacin y seguimiento de polticas, la planificacin y realizacin de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participacin ciudadana en el mbito de la Economa Popular[43].

Segn Oscar Bastidas-Delgado, en Venezuela no es frecuente la creacin de <<grupos de autoayuda>>[44], por esa razn suponer el auge de estos grupos en 1999 era algo descabellado y, ms an, hubiese sido plasmarlo en la Constitucin ya que era un tema incompatible con la realidad social de la poca. No obstante, el constituyente reconoci la necesidad de incorporar la Economa Social y Popular con vistas a su desarrollo en el futuro. Lo que no vio el constituyente de 1999 era la gran ola comunitaria que se avecinaba sobre el pas.

Los grupos que surgieron lo hicieron a la par de coyunturas puntuales, es decir, resolvan problemas especficos, y funcionaban por perodos muy cortos. En cada una de sus variantes, estas organizaciones se caracterizaban por ser autogestionarias y de carcter democrtico y, al tiempo, las asociaciones cooperativas, relativamente poco importantes en la economa venezolana[45], al ser apoyadas por ley, se hicieron el sector ms institucionalizado de la economa social[46].

Pero por otro lado, lejos de las frmulas de organizacin de las cooperativas, desde el ao 2001 y a medida que se redefina la complejidad de los problemas en el pas, estos grupos se enfocaron y organizaron en funcin de diversos frentes de accin muy especficos y puntuales. Por ejemplo, con el apoyo de sindicatos y gremios profesionales se crearon cajas de ahorro y otras organizaciones afines como institutos de previsin social (que funcionan como mutuales para la provisin de servicios de salud), las cuales fueron creadas y operadas por los empleados u obreros de empresas privadas e instituciones pblicas y funcionaban con aportes de los patronos a la vez que de los trabajadores. En menor medida, se han creado grupos autogestionarios entre trabajadores autnomos en la agricultura, adems de algunas cooperativas de agricultores, existen otras modalidades organizativas creadas mediante intervenciones de las diversas polticas pblicas con el objetivo de organizar a los productores rurales, como las uniones de prestatarios, las empresas agrarias, las cajas rurales. Igualmente, en menor medida, se han creado grupos autogestionarios en el mbito urbano, algunas asociaciones de vecinos realizan actividades econmicas en el campo de la vivienda y el urbanismo. All se han desarrollado varias experiencias de organizacin comunitaria que hasta se relacionan con el transporte urbano. Tambin existen numerosas empresas familiares y asociaciones culturales (grupos de danzas, teatro, etc.), deportivas y recreativas, bibliotecas populares, comits de salud, etc.

Todas estas organizaciones tanto las creadas en empresas privadas y organismos pblicos, como las de los trabajadores por cuenta propia, no tienen organismos de integracin, y generalmente no participan en las redes creadas por el movimiento cooperativo, asimismo, ellas se caracterizan adems porque no existe informacin fidedigna sobre el nmero de estas organizaciones, el nmero de sus miembros, etc. La razn de esta circunstancia estriba en que dichas formas de interrelacin humana no precisan, cuando mucho, registros administrativos actualizados dado su innata tendencia a lo informal, por ello es difcil reunir informacin cuantitativa sobre estas organizaciones, al existir pocos registros actualizados. En general, son organizaciones muy dependientes de los organismos pblicos, y con un bajo nivel de dinamismo[47].

Por lo dems, las organizaciones de la economa social son las que reconocen explcitamente las dimensiones sociales de las actividades econmicas, a partir de reglas como las que rigen las cooperativas y la mayora de las organizaciones sin fines de lucro: objetivo de servicio a los miembros o a la comunidad, antes que la obtencin de beneficios sobre un capital invertido; autonoma de gestin, primaca de las personas sobre el capital en el reparto de los beneficios, gestin democrtica. La dimensin social de la actividad da origen a la nocin de rentabilidad social, es decir el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de la poblacin. Entonces, an en el caso de organizaciones al servicio de sus miembros, estas organizaciones contribuyen al inters general[48].

El aumento de las posibilidades de adquirir beneficios por parte de los ciudadanos sin tener que delegar el valor de su fuerza de trabajo en la percepcin de un patrono, es la razn bsica del porque estas organizaciones ante tenido tanto xito y aceptacin en la poblacin y es la razn por la cual el Estado se ha interesado por esos fenmenos.

La influencia de la Economa Social en el sistema poltico venezolano ha calado hondo. Inclusive, la Asamblea Nacional de la Repblica ha inscrito entre sus seis objetivos econmicos prioritarios el tema de la Economa Social. Si bien, Alcanzar un crecimiento econmico sostenido; Eliminar la volatilidad econmica; Internalizacin de los hidrocarburos; Alcanzar la sostenibilidad fiscal; Incrementar el ahorro y la inversin; suenan como metas deseables, stas no seran realistas con las necesidades del pueblo venezolano sino se sumara a ellas el Desarrollas la Economa Social:

La economa social es el sector de produccin de bienes y servicios que compagina intereses econmicos y sociales comunes, apoyado en el dinamismo de las comunidades locales y en una participacin importantes de los ciudadanos y de los trabajadores de las llamadas empresas alternativas, como son las empresas asociativas y las microempresas autogestionables. La economa social ser impulsada a travs de dos programas bsicos: Uno dirigido a la democratizacin del capital y la legitimacin del mercado a travs del desarrollo de actividades productivas autogestionarias donde converjan formas de propiedad, distintas tales como microempresas, empresas comunitarias, nuevas cooperativas, pequeas y medianas empresas y empresas campesinas. El otro programa complementario al anterior, se refiere a la organizacin de un sistema de microfinanzas, apoyado en la Ley de Microfinanzas, Ley de Cooperativas, Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer y el Sistema Financiero Pblico, orientado a facilitar el acceso a los recursos financieros y la asistencia tcnica a las comunidades populares y autogestionarias, empresas familiares y microempresas, que facilitar la promocin y desarrollo de los beneficiarios de la economa social[49].

El Estado venezolano concibe esas diversas estrategias de desarrollo econmico, para estimular el desarrollo de procesos de produccin aguas abajo[50], es decir, la creacin de un tejido de relaciones intersectoriales que integre la economa interna y genere crecientes niveles de valor agregado, del ms alto nivel tecnolgico y de la mayor competitividad internacional.

Para lograr ese objetivo se parte del imperativo de la Justicia Social, y as exigir que la diversificacin de la produccin este acompaada de un conjunto de medidas que permitan el desarrollo de una poderosa economa social. Entre ellas, la formacin de microempresas, nuevas formas de cooperativas, empresas campesinas, acompaadas por medidas complementarias en materia financiera, asistencia tcnica, capacitacin, comercializacin y reformas de los mecanismos de regulacin. Este desarrollo productivo favorecer a las actividades econmicas que se vinculen estrechamente a la vocacin productiva de cada una de las regiones del pas. Asimismo, se tomarn especialmente en cuenta los impactos ambientales de las actividades productivas, privilegiando adems una progresiva reordenacin espacial, que garantice el aprovechamiento sustentable de todo el territorio nacional. El nuevo modelo que surgir de la expansin de los sectores productivos y de servicios estar vinculado con el marco general de una gestin pblica dirigida a crear condiciones macroeconmicas propicias, para fortalecer las fuentes de ahorro y promover la inversin pblica y privada en los sectores considerados estratgicos[51].

Si el objetivo del Estado es dar un impulso a la Economa Social, ste pareciera insostenible sin el respaldo de un ordenamiento jurdico y fiscal comprometido con ese fin y sin una Constitucin que exponga elocuentemente ese objetivo y no con tan slo dos acepciones como referentes de la intencin del soberano, tal cual ocurre con nuestra Constitucin en los Artculos 118 y 184. Adaptar la Constitucin de 1999 a la realidad de 2005, en este nico aspecto, es un llamado a la discusin nacional para redefinir un aciago sistema de mercado neoliberal a un a verdadera economa de mercado social[52] y desarrollo sustentable, lo cual, sera entendido, si se procura por el Estado, como un avance hacia la perfectibilidad de la Constitucin y no slo como un mero esfuerzo por adaptarse al ambiente social que la rodea:

Venidos de los ms apartados rincones del territorio venezolano, los Asamblestas aportaron todos sus vivencias y experiencias, sus esperanzas y expectativas, sus preocupaciones y soluciones, y as se fue fraguando una Carta Magna de alto contenido revolucionario, garantista y democratizante. Pero, nada en una revolucin puede quedar petrificado, por definicin la revolucin es la dialctica de la vida, y la normativa tiene que irse amoldando a las necesidades de la sociedad en razn de su perfectibilidad. Por esto hoy estamos bajo la necesidad de introducir pocos pero importantes cambios que garanticen el espritu, propsito y razn que gener aqul maravilloso texto de 1.999, lleg el momento de establecer algunos correctivos para garantizar que la revolucin est en el alma de de la Constitucin. Ese es el debate necesario en esta Venezuela de hoy[53].

Aunque no sabemos cmo sera la redaccin de los artculos constitucionales a proponer, sin duda, ste o estos buscaran:

Fortalecer la economa social, democratizar la propiedad de la tierra, generar empleo productivo, reestructurar el rgimen de remuneraciones en el sentido de vincular la remuneracin a los resultados econmicos y a la rentabilidad de las empresas. La apropiacin de lo pblico como espacio de inters colectivo y construccin ciudadana: incentivar el desarrollo de redes sociales, organizaciones de base, estimular la sociedad controladora de lo pblico, fomentar la corresponsabilidad ciudadana[54].

Si se plantea el desarrollo de una economa social entendida como la democratizacin del capital y la expansin de actividades productivas desarrolladas por los sectores socialmente ms frgiles se avanzara a la compaginacin de la Constitucin y la realidad que pretende legislar. Este escenario exigira que el Estado deba:

intervenir con polticas pblicas que faciliten el acceso a los recursos financieros, fsicos y tcnicos, y que promuevan nuevas formas para fortalecer la economa social, como seran la democratizacin de la propiedad de la tierra, generacin de empleo productivo, reestructuracin del rgimen de remuneraciones en el sentido de vincularlas a los resultados econmicos y a la rentabilidad de las empresas con formas de propiedad distintas (microempresas, empresas comunitarias, campesinas y cooperativas). Se integra as el conjunto de la legitimidad de la democracia, la estabilidad poltica y la eficiencia econmica. Finalmente se expresa la necesidad de darle atencin especial a la poblacin en pobreza extrema[55].

y a la vez deba redirigir algunos programas ya establecidos o sino hacerlos ms intensivos y adecuados:

La formulacin de polticas de reactivacin de la economa, como el impulso a la economa social a travs de la regularizacin de tierras rurales y urbanas, las ruedas de negocios que usan el gasto pblico para fomentar el impulso a cooperativas y pequeas empresas; polticas de financiamiento a microempresas; un plan concebido para combatir el desempleo, pero que fue complejizndose para delinear una especie de economa alternativa que el gobierno llam modelo de desarrollo endgeno. Este plan, conocido como Misin Vuelvan Caras, articula programas de capacitacin para el trabajo, otorgamiento de activos pertenecientes al Estado, asistencia tcnica, vivienda, tierras, etc.[56].

Lograr impulsar las bases de la Economa Social en Venezuela significar, con gran probabilidad, la reduccin de la informalidad en la economa, la cual tiene efectos importantes a nivel agregado, es un generador de producto y de demanda, de importancia sobre todo en periodos de crisis, no obstante, para el pas en su conjunto, la actividad del sector informal impide la utilizacin ms eficaz de los recursos y mejoras de la productividad. Como consecuencia, la economa funciona por debajo de su potencial, lo cual tienen repercusiones negativas en los ndices de crecimiento econmico[57]. Controlar y reducir la informalidad en la economa venezolana traera las siguientes consecuencias:

Una reforma constitucional potenciar, ampliar y fortalecer el modelo constitucional planteado, cuyo sistema productivo, competitivo, abierto hasta los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial; donde la productividad y la eficiencia deben ser la base de la rentabilidad empresarial, podr dar mayor protagonismo a la ciudadana ya que cuando stas se renen o asocian, se considera que constituyen una forma de ejercer los derechos de los ciudadanos y complementan el sano desarrollo de la relacin Administrador-Contribuyente, Estado Ciudadano, sistema-individuo, lo cual, prepondera la democracia a un sitial slido, legtimo, legal y perecedero en beneficio de todos.

La disposicin sobre la proteccin y fomento de la Economa Social, que una vez tuvo el constituyente de 1999, debera ser ms desarrollada y estructurada en la Constitucin hasta conformarse como estrategia vital para la democratizacin del mercado y del capital. Con el desarrollo de la Economa Social, la democracia se ampliar a la esfera del mercado y la economa. En efecto, en ella la solidaridad no es externa, ni se desarrolla despus que la economa ha actuado, sino en el proceso econmico mismo, porque se producen se acumula y se distribuye con solidaridad. En esa misma lnea, y compatible con la estrategia de desarrollo regional, se impulsar la democratizacin de la vida comunitaria[59].

Finalmente, el desarrollo de los principios de la Economa Social promocionara que los derechos econmicos de la gente privilegien lo colectivo sobre los derechos individuales, lo cual, podra desembocar en un proceso <<riesgoso>> de revisin sobre la concepcin del derecho de propiedad en Venezuela; y decimos <<riesgoso>> por cuanto una re-lectura errada del hecho social venezolano y ste derecho podra enrumbar al pas por esquemas colectivistas y grandes consecuencias sociales, ya que se estara sustituyendo un sistema econmico por otro, el cual, necesitara para su funcionamiento un sistema poltico propio an improvisado. Habra que crear o establecer la justa medida en que lo colectivo privilegie sobre lo individual protegiendo la propiedad privada, salvo las excepciones de las leyes. Sin embargo, el diseo de ese sistema econmico no es fcil, y an diseado, ste necesitar un sistema poltico especfico que lo complemente. Aunado a ello, el diseo de ese sistema en Venezuela deber afrontar una realidad sociopoltica ms caracterizada porque los xitos macroeconmicos pugnan continuamente con las derrotas macroeconmicas.

III.- HACIA LA CONSTITUCIN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI:

Qu si se va a preponderar lo colectivo sobre lo particular, si. Qu se dar un paso importante hacia el control de los ndices de pobreza en el pas, si. Qu Venezuela podr disponer de un sistema poltico ms dispuesto a la participacin ciudadana, si. Qu Venezuela tendr una Constitucin Socialista si se da nfasis a la Economa Social, no. El sistema poltico Socialista es una de las llamadas megateoras" de Niko Poutlanzas y por tanto se compone de diversos y casi inabarcables aspectos. El Socialismo no descansa slo en un piso econmico, sino tambin poltico, cultural, histrico y social-estructural, y considerar que a travs de la instalacin constitucional de la Economa Social se alcanzar una Constitucin Socialista, sera inapropiado. Sin embargo, las cualidades inmanentes de los principios que componen las teoras referidas a la Economa Social hacen posible creer que aquella Constitucin que conciba entre sus artculos un profundo desarrollo de sus caractersticas, tutear con una identidad Socialista en todo momento, an que sea sta muy remota.

Curiosamente la Economa Social, y dems referentes tericos vinculados, renen en ltima instancia los elementos ms subyacentes del carcter social, del socialismo:

Al mismo tiempo, en lo que respecta a los pases de Europacentral y del este, los defensores de la economa social declaran que puede ser mirada como <<una forma no gubernamental de socialismo>> : una tercera opcin adems del capitalismo y la economa estatal. En estos trminos, las cooperativas se instrumentan de igual manera que las asociaciones y asociaciones mutuas, lo cual ya no refleja en concepto francs[60].

La Economa Social es un tipo de organizacin tpicamente francs, se define como todas las cooperativas, asociaciones mutuas y dems asociaciones sin fines de lucro propio del sistema capitalista. Los polticos sociales franceses y belgas estn tratando de establecer esta forma de organizacin a nivel europeo y de esta manera difundirla en toda Europa. En Amrica Latina, pases como Argentina, Brasil y Venezuela tambin se han venido interesando por el proceso Europeo, con vista a recrear su propio modelo en base a sus experiencias nacionales. El objeto sigue siendo el mismo en ambos casos: una economa al servicio de la persona y no a la inversa[61], una economa no centralizada carente de un plan econmico establecido por el Estado de manera restrictiva, siendo la comunidad el principal actor econmico, al menos, en el contexto deseado.

La Economa Social participa en la teora Socialista en la medida en que se manifiesta la relacin trabajador empresario, la cual, en el caso de las cooperativas, produce sociedad y no slo utilidades econmicas:

Esta economa es social porque produce sociedad y no slo utilidades econmicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades generalmente de base territorial, tnica, social o cultural- y no est orientada por la ganancia y la acumulacin de capital sin lmites. Porque vuelve a unir produccin y reproduccin, al producir para satisfacer de manera ms directa y mejor las necesidades acordadas como legtimas por la misma sociedad. Pero para ser socialmente eficiente no le alcanza con sostener relaciones de produccin y reproduccin de alta calidad. Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de organizacin, pero la base material de la economa exige contar con medios de produccin, crdito, tener sus propios mercados o competir en los mercados que arma el capital.

Para eso debe competir por las voluntades que orientan las decisiones econmicas individuales y tambin competir con las organizaciones capitalistas en sus mercados, pero sin para ello caer en la objetivacin propia de la empresa capitalista, que ve a las personas como sustituibles y sus necesidades como un <<gancho>> para incentivarlas a contribuir a la eficiencia empresarial. Debe tambin reservar una parte de sus resultados econmicos para reinvertir en s misma o en su entorno. Pero esta no es acumulacin en el sentido capitalista, pues est subordinada a la satisfaccin de necesidades y a la calidad de las relaciones sociales y no se basa en la explotacin del trabajo ajeno[62].

Los servicios que prestan las empresas que se encuentran dentro de la Economa Social son ms importantes que las ganancias econmicas que se obtienen. Las empresas de Economa Social introducen el factor social en la vida econmica. Por medio de ellas se crean instituciones que la economa tradicional no establecera:

Todas las empresas enroladas en la <<economa social>>, tienen en comn lo siguiente: Se han unido voluntariamente; Trabajan para la gente; Por lo general brindan servicios no solamente a sus miembros; Tienen estructuras democrticas; Atribuyen un papel secundario a los intereses de capital; Un mtodo especial para el manejo de las ganancias[63].

Por otro lado, estas organizaciones crean solidaridad y promueven el trabajo voluntario, caractersticas decisivas de estas formas de asociacin. La idea de solidaridad de las empresas de Economa Social se dedica a servir la gran causa del inters pblico, para beneficio de todos. Igualmente, estas organizaciones persiguen el bienestar general del pblico en general y se ven a si mismas como una alternativa, una tercera fuerza, por ese motivo, las empresas de Economa Social constituyen un tercer sector adems del sector capitalista y el pblico[64].

Si el Estado venezolano da un impulso a la Economa Social en su Constitucin estar dando tan slo un humilde paso hacia la jornada que implica subir las escaleras al socialismo, sin embargo, las ventajas y desventajas estn all servidas a la discusin. Habra que poner por un lado de la balanza que el Estado venezolano estara en condiciones de cumplir su misin de proteccin de los necesitados, pues en base al florecimiento de la economa dispone de suficientes ingresos impositivos producido por la Economa Social de Mercado [65]y, por el contrario, habra que colocar el sacrificio de construir un sistema poltico idneo para ello y que sea capaz de armonizar el proceso social donde se reconciliarn las relaciones del mercado con la igualdad social sin olvidar salvaguardar el derecho de propiedad. O en las palabras de Jos Luis Coraggio, el problema sera:

poner lmites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integracin de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera ms igualitaria[66].

Finalmente, Venezuela puede estar a las vsperas de encontrar una forma en que el sistema poltico de democracia participativa sea estrechamente complementado por la Economa Social. Si una vez el principio que exiga que todos los ciudadanos de un pas deban contribuir, en la medida de sus posibilidades y en proporcin directa a su capacidad econmica, al sostenimiento del Estado y a la creacin y mantenimiento de las instituciones de inters colectivo, ahora ste principio a travs de la Economa Social incorpora una extensin en cuanto los grupos sociales ms necesitados podrn acometer hacia ese objetivo sin la suposicin de los sacrificios propios de los sistemas econmicos capitalistas. Asimismo, la Economa Social no ofrece elementos perturbadores al sistema social venezolano debido su origen proviene de las caractersticas inmanentes de la sociedad venezolana. De igual manera, la Economa Social se desentiende de las cualidades sociales apolticas y fragmentadoras y coadyuva una forma propia de relacin entre la sociedad y el Estado que, aparentemente, en teora, ser nica en el sentido de impulsar la participacin ciudadana y el control de la pobreza en marcos sociales beneficiosos:

Las formas de gestin participativa a nivel local, la creacin de foros participativos para definir polticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo o de la planificacin estratgica participativa, as como la organizacin de frentes de accin colectiva para modificar las polticas del Estado a favor de regular la economa y los mercados capitalistas, de fomentar incluso normativamente- la economa social, y de practicar en general la democracia participativa, son recursos que hacen parte fundamental de una economa social que no se plantea ser antipoltica sino pro democracia participativa[67].

FUENTES CONSULTADAS


Fuentes Bibliogrficas.-

  1. Acosta, Jorge Luis. (1999). LA MODERNIZACIN DE VENEZUELA. En: ANALTICA MENSUAL. Caracas, Venezuela. Agosto. Ao 3. Nmero 42.
  2. Bastidas-Delgado, Oscar. (2001). Economa social y economa solidaria: Intento de definicin. En: CAYAPA REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMA SOCIAL. Escuela de Administracin, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. Ao 1. Nmero 1. Mayo.
  3. BADELL MADRID, Rafael. (2000). COMENTARIOS A LA CONSTITUCIN ECONMICA . Universidad Catlica Andrs Bello. Conferencia dictada en el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de Mayo. Caracas, Venezuela.
  4. COMBELLAS LARES, Ricardo. BASES INSTITUCIONALES DE LA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: UN ENSAYO INTRODUCTORIO. Universidad Central de Venezuela. Doctorado de Ciencia mencin Ciencias Polticas. Caracas, Venezuela.
  5. Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (CONAPRI). (1999). La Constitucin Econmica. Propuesta de CONAPRI para la discusin en la Asamblea Nacional Constituyente. Septiembre. Caracas, Venezuela.
  6. CORTE SUPREMA DE COLOMBIA. (1995). SENTENCIA C-566. Corte Constitucional de la Repblica de Colombia.
  7. CORTE SUPREMA DE COLOMBIA. (1995). SENTENCIA T-309. Corte Constitucional de la Repblica de Colombia.
  8. LPEZ MAYA, Margarita. (2004). Venezuela 2001-2004: actores y estrategias. En: CUADERNOS DEL CENDES. Ao 21. Nmero 56. Caracas, Venezuela.
  9. MAINGON, Thais. (2004). Poltica social en Venezuela: 1999-2003. En: CUADERNOS DEL CENDES. Ao 21. Nmero 55. Caracas, Venezuela.
  10. Ministerio para la Economa Popular. (2005). MEMORIA DEL 2004. Repblica Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Economa Popular. Febrero. Caracas, Venezuela.
  11. OCHOA LEN, Sara. (2002). ECONOMIA INFORMAL: Evolucin reciente y perspectivas. Centro de Estudios Sociales y de Opinin Pblica. Cmara de Diputados de Mxico. Ciudad de Mxico, Mxico.
  12. Programa Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (2005). POLITICAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL. Escuela Superior De Administracin Pblica. Universidad De Georgetown. Colombia.
  13. REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). EXPOSICIN DE MOTIVOS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS. Gaceta Oficial Nmero 37285 Del 18 De Septiembre. Caracas, Venezuela.
  14. REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). LNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL DE LA NACIN 2001-2007. Repblica Bolivariana De Venezuela. Ministerio de Planificacin y Desarrollo. Caracas, Venezuela.
  15. Thesing, Josef. (1999). La Economa Social de Mercado en el Proceso de Globalizacin. Instituto de Cooperacin Internacional de la Fundacin Konrad Adenauer.

    Universidad de los Trabajadores de Amrica Latina "Emilio Mspero". Edo. Miranda, Venezuela. Mayo y Junio.

  16. TORREALBA, Alfredo. (2005). SOCIALISMO DE LO PEQUEO, CONSTITUCIN Y SEGURIDAD HUMANA. Direccin Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela.
  17. VELAZQUEZ ALVARAY, Luis. (2004). PROPUESTA DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIN. Asamblea Nacional. Caracas, Venezuela.
  18. Fuentes Electrnicas.-

    1. ASAMBLEA NACIONAL. (2005). OBJETIVO DEL ESTADO. Repblica Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/politicas_estado1.html
    2. Coraggio, Jos Luis. (2002). La Economa Social como va para otro desarrollo social. En: URBARED. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.urbared.ungs.edu.ar/download/documentos/jlc-economia%20social.doc
    3. De Len, Ignacio. (1999). CRITERIOS ORIENTADORES PARA UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIN ECONMICA VENEZOLANA. Extrado en Agosto de 2005: http://www.urru.org/papers/1999_varios/1999_Constituyente_CroteriosOrientadoresConsEconomica_IL.htm
    4. Detlef Wulker, Hans. La economa social y las cooperativas: Una perspectiva alemana. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.neticoop.org.uy/documentos/dc0015.html
    5. IBARZABAL, J. ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO: SOCIALISMO IDENTITARIO VASCO. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.lahaine.org/paisvasco/alternativa_vasco.htm
    6. Rojas Prez, Manuel. (2003). ACTIVIDAD ECONMICA Y COMERCIAL EN LA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE 1999. Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes. Caracas, Venezuela. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyFyZEVyZcSycrctn.php



[1] Estas ideas se pueden confrontar con (CFR.-) BADELL MADRID, Rafael. (2000). COMENTARIOS A LA CONSTITUCIN ECONMICA . Universidad Catlica Andrs Bello. Conferencia dictada en el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de Mayo. Caracas, Venezuela.

[2] dem.

[3] dem.

[4] La Constitucin Econmica comprende el conjunto de normas de rango constitucional que establecen el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad econmica, previendo formas de interrelacin entre la iniciativa econmica de los particulares (individualmente o en grupos, asociaciones o empresas), y la actividad del Estado. VER.- Badell Madrid, Rafael. Op. Cit.

[5]dem.

[6] CFR.- CORTE SUPREMA DE COLOMBIA. (1995). SENTENCIA C-566. Corte Constitucional de la Repblica de Colombia.

[7] CFR.- Programa Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (2005). POLITICAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL. Escuela Superior De Administracin Pblica. Universidad De Georgetown. Colombia.

[8] CFR.- CORTE SUPREMA DE COLOMBIA. (1995). SENTENCIA T-309. Corte Constitucional de la Repblica de Colombia.

[9] CFR.- Acosta, Jorge Luis. (1999). LA MODERNIZACIN DE VENEZUELA. En: ANALTICA MENSUAL. Caracas, Venezuela. Agosto. Ao 3. Nmero 42.

[10] dem.

[11] dem.

[12] dem.

[13] dem.

[14] CFR.- COMBELLAS LARES, Ricardo. BASES INSTITUCIONALES DE LA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: UN ENSAYO INTRODUCTORIO. Universidad Central de Venezuela. Doctorado de Ciencia mencin Ciencias Polticas. Caracas, Venezuela. Pg. 9.

[15] CFR.- Rojas Prez, Manuel. (2003). ACTIVIDAD ECONMICA Y COMERCIAL EN LA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE 1999. Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes. Caracas, Venezuela.

Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyFyZEVyZcSycrctn.php

[16] CFR.- Badell Madrid, Rafael. Op. Cit.

[17] dem.

[18] Bastidas-Delgado, Oscar. (2001). Economa social y economa solidaria: Intento de definicin. En: CAYAPA REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMA SOCIAL. Escuela de Administracin, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. Ao 1. Nmero 1. Mayo.

[19] VER.- TORREALBA, Alfredo. (2005). SOCIALISMO DE LO PEQUEO, CONSTITUCIN Y SEGURIDAD HUMANA. Direccin Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela.

[20] El trmino Economa Social es poco conocido en Venezuela. Sin embargo, ha sido introducido en la Constitucin Bolivariana. El artculo 184 establece que se promover <<la participacin en los procesos econmicos estimulando las expresiones de la economa social tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas>>. Este mismo artculo reconoce la economa popular al afirmar que <<El Estado promover y proteger estas asociaciones destinadas a mejorar la economa popular y alternativa>>. A pesar de la poca difusin del trmino economa social, las organizaciones que lo conforman, cooperativas, mutuales, cajas de ahorro, institutos de previsin, y otras organizaciones autogestionarias, asociaciones sin fines de lucro prestatarias de servicios o, como son llamadas en el Noveno Plan de la Nacin <<organizaciones civiles de desarrollo social>>, tienen una importancia creciente, formando un tercer sector, entre la economa pblica y la economa privada. Pero fuera de las cooperativas, que son regidas por una Ley y un organismo pblico de control, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, adscrita al Ministerio de Produccin y Comercio, las dems organizaciones de la economa social forman un conjunto con lmites poco precisos, y sobre el cual existe poca informacin. VER - Bastidas-Delgado, Oscar. Op.Cit.

[21] De Len, Ignacio. (1999). CRITERIOS ORIENTADORES PARA UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIN ECONMICA VENEZOLANA. Extrado en Agosto de 2005: http://www.urru.org/papers/1999_varios/1999_Constituyente_CroteriosOrientadoresConsEconomica_IL.htm

[22] dem.

[23] dem.

[24] dem.

[25] dem.

[26] CFR.- Badell Madrid, Rafael. Op. Cit.

[27] dem.

[28] dem.

[29] dem.

[30] dem.

[31] dem.

[32] dem.

[33] dem.

[34] dem.

[35] dem.

[36] CFR.- Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (CONAPRI). (1999). La Constitucin Econmica. Propuesta de CONAPRI para la discusin en la Asamblea Nacional Constituyente. Septiembre. Caracas, Venezuela.

[37] dem.

[38] dem.

[39] dem.

[40] Bastidas-Delgado, Oscar. Op. Cit.

[41] REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). EXPOSICIN DE MOTIVOS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS. Gaceta Oficial Nmero 37285 Del 18 De Septiembre. Caracas, Venezuela.

[42] El Ministerio para la Economa Popular (MINEP) fue creado por Decreto Presidencial Nmero 3.118, publicado en Gaceta Oficial Nmero 38.024 de fecha 16 de septiembre del ao 2004.

[43] Ministerio para la Economa Popular. (2005). MEMORIA DEL 2004. Repblica Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Economa Popular. Febrero. Caracas, Venezuela.

[44] CFR.- Bastidas-Delgado, Oscar. Op. Cit.

[45] dem.

[46] dem.

[47] dem.

[48] dem.

[49] ASAMBLEA NACIONAL. (2005). OBJETIVO DEL ESTADO. Repblica Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/politicas_estado1.html

[50] dem.

[51] dem.

[52] Ludwig Erhard, desarroll la concepcin de la Economa Social de Mercado, en la cual se plantean los fundamentos econmicos de un Estado democrtico, que debe basarse en el principio de la libertad y del libre desplazamiento, y el deber del Estado es atender a que estos derechos fundamentales del hombre, parte activa de la economa, no se vean desvirtuados por asociaciones y acuerdos colectivos de tipo privado. Ver: Thesing, Josef. (1999). La Economa Social de Mercado en el Proceso de Globalizacin. Instituto de Cooperacin Internacional de la Fundacin Konrad Adenauer.

Universidad de los Trabajadores de Amrica Latina "Emilio Mspero". Edo. Miranda, Venezuela. Mayo y Junio.

[53] VELAZQUEZ ALVARAY, Luis. (2004). PROPUESTA DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIN. Asamblea Nacional. Caracas, Venezuela.

[54] MAINGON, Thais. (2004). Poltica social en Venezuela: 1999-2003. En: CUADERNOS DEL CENDES. Ao 21. Nmero 55. Caracas, Venezuela. Pg. 47-73.

[55] dem.

[56] LPEZ MAYA, Margarita. (2004). Venezuela 2001-2004: actores y estrategias. En: CUADERNOS DEL CENDES. Ao 21. Nmero 56. Caracas, Venezuela. Pg. 105-128.

[57] OCHOA LEN, Sara. (2002). ECONOMIA INFORMAL: Evolucin reciente y perspectivas. Centro de Estudios Sociales y de Opinin Pblica. Cmara de Diputados de Mxico. Ciudad de Mxico, Mxico.

[58] dem.

[59] REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). LNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL DE LA NACIN 2001-2007. Repblica Bolivariana De Venezuela. Ministerio de Planificacin y Desarrollo. Caracas, Venezuela.

[60] Detlef Wulker, Hans. La economa social y las cooperativas: Una perspectiva alemana. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.neticoop.org.uy/documentos/dc0015.html

[61] CFR.- IBARZABAL, J. ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO: SOCIALISMO IDENTITARIO VASCO. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.lahaine.org/paisvasco/alternativa_vasco.htm

[62] CFR.- Coraggio, Jos Luis. (2002). La Economa Social como va para otro desarrollo social. En: URBARED. Extrado en Agosto de 2005 de: http://www.urbared.ungs.edu.ar/download/documentos/jlc-economia%20social.doc

[63] Detlef Wulker, Hans. Op. Cit.

[64] dem.

[65] Vale mencionar que fue slo en el ao 2004 en que las Cooperativas comenzaron a pagar impuestos en Venezuela.

[66] CFR.- Coraggio, Jos Luis. Op. Cit.

[67] dem.




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