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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-06-2006

El nuevo Estatuto de la Funcin pblica no mejorar los servicios prestados a los ciudadanos y generar inseguridad jurdica a los trabajadores

Rebelin

Comunicado del Sector Crtico de CCOO


Tras un largo proceso de negociacin el pasado 24 de mayo los sindicatos mayoritarios en la funcin pblica han pactado con el Gobierno un Estatuto Bsico del Empleado Pblico que modificar de forma radical el actual marco normativo sin que los empleados y empleadas del sector pblico hayan tenido ocasin de conocer y debatir su contenido.

Importantes son las reformas que se configuran en el nuevo sistema pero entendemos que hay que destacar la ntida tendencia a la flexibilizacin de las relaciones laborales en las Administraciones Pblicas. La exposicin de motivos es clara al respecto, entiende que la actual preferencia a la contratacin de personal laboral en muchas Administraciones lo es por la flexibilidad que este rgimen legal introduce en el empleo pblico y su mayor proximidad a los criterios de gestin de la empresa privada, y si no se avanza ms en esa lnea es porque por imperativo constitucional no puede ser ste el rgimen general del empleo pblico en nuestro pas. En consecuencia, no se avanza en la figura nica de empleado pblico, tantas veces reclamada desde el mbito sindical, sino que se opta por mantener la dualidad de regmenes, desapareciendo adems la actual regulacin sobre promocin cruzada.

Adems se introduce la evaluacin al desempeo como procedimiento para valorar la conducta profesional, el rendimiento o el logro de resultados que afectar a las retribuciones, a la carrera profesional, a la formacin y a la provisin de puestos. Si con el modelo de funcin pblica de la Ley 30/84 basado en el puesto de trabajo los gestores de las administraciones hacan juegos malabares, con el nuevo sistema el personal directivo y los gestores van, sin duda, a sorprendernos.

Esta tendencia nos lleva a plantearnos si con el modelo propuesto lo que se intenta es, desbordando el marco constitucional, someter a los empleados pblicos a exigencias empresariales en este caso no slo econmicas sino tambin polticas- atacando la independencia de stos en la prestacin del servicio. Quiz lo que se quiere vender como modernizacin no sea ms que la frmula para conseguir unos empleados pblicos sumisos al poder poltico. Generando inseguridad jurdica a los empleados de las administraciones se perjudica claramente a los ciudadanos que a partir de ahora podrn quedar sometidos a criterios clientelares cuando accedan a un servicio pblico.

Se afirma, por otro lado, que, como contrapartida, hay un reconocimiento a la negociacin colectiva de los empleados pblicos. No es cierto, hay una clarificacin de criterios, pero el derecho a la negociacin no es plena, por cuanto est sujeta a principios de legalidad y cobertura presupuestaria competencias ambas del Parlamento-, adems de contemplarse los incumplimientos por parte de los rganos de gobierno de las Administraciones Pblicas para salvaguardar el inters pblico, sin que exista clusula alguna de resarcimiento en ese caso. Lejos queda, por lo dems, la demandada clusula de revisin salarial.

El proceso de negociacin, aunque largo, ha carecido de la suficiente participacin de los afiliados y afiliadas, mxime cuando el Gobierno ha manejado los tiempos de tal forma que no ha facilitado ms que un borrador durante todo el proceso para presentar el texto definitivo en el ltimo momento. Esta falta de concrecin de cmo avanzaban las negociaciones ha pervertido sustancialmente las mismas, pero ello no puede ser excusa para que CC.OO. no articule la participacin de los afiliados y afiliadas, al menos, en la toma de decisin.

Quiz el Gobierno slo tenga que dar cuentas de su gestin en el marco parlamentario, pero las organizaciones sindicales cometen un grave error si suscriben este anteproyecto sin someterlo previamente al debate entre los empleados de las administraciones. Despus de tantos aos sin que se haya dado cumplimiento al mandato constitucional de elaboracin de un Estatuto de la Funcin Pblica el anteproyecto debe pasar por los centros de trabajo, de lo contrario nacer con un importante dficit democrtico.

Citaremos algunos, entre los ms destacados aspectos profundamente negativos que se establecen en el texto del Estatuto y que nuestro sindicato debe rechazar. En primer lugar, aquellos que atacan derechos esenciales de los ee.pp. y a su carrera profesional:

- La prdida del puesto de trabajo obtenido mediante concurso, que significa el establecimiento del inaceptable principio de remocin. (artculo 20)

- El establecimiento de la movilidad geogrfica, sin lmites, por razones del servicio. (art. 81.2)

- La no inclusin de la inamovilidad en el puesto de trabajo entre los derechos de carcter individual. (artculo 14)

- La falta de establecimiento de las plazas que se reservan para promocin interna y la ausencia de la sustitucin del requisito de titulacin. Tampoco se concreta la periodicidad de la convocatoria de la Oferta de Empleo quedando sta a la decisin unilateral de las Administraciones. (artculos 18 y 70)

- La exclusin de las organizaciones sindicales de los procesos selectivos, tambin en la promocin interna. (artculo 60)

- La prohibicin expresa de la rehabilitacin para quienes hayan perdido la condicin de funcionario. (artculo 68)

Los siguiente cuatro aspectos son claros instrumentos del Gobierno para fomentar el clientelismo poltico, por mucho que se hayan querido presentar por el Ministro demaggicamente ante la opinin pblica, y los sindicatos estn contribuyendo de forma totalmente irresponsable a fortalecer esa falsa imagen de empleados pblicos incontrolables que desde el Gobierno se ha pretendido dar:

- La introduccin de la figura del personal directivo, pues sus condiciones de empleo estn excluidas de las materias objeto de negociacin. (art. 13)

- La inclusin de la figura del personal eventual, sobre la que no existe ningn control sindical en sus nombramientos y ceses. Y sobre la que no se establece un lmite sobre la plantilla total. (art. 12)

- La utilizacin del procedimiento de libre designacin como sistema ordinario de provisin de puestos de trabajo, que tanta perversin en la cobertura de puestos de trabajo ha creado en las Administraciones Pblicas. (art. 80)

- Las consecuencias profundamente negativas de la llamada evaluacin del desempeo, en la carrera profesional, en la provisin de puestos de trabajo y en la percepcin de las retribuciones complementarias, para los trabajadores y trabajadoras, sin que medie siquiera el principio de contradiccin. Se elimina hasta el derecho del trabajador a la impugnacin. (art. 20)

Estos otros son una abandono inexplicable de reivindicaciones esenciales de CCOO para la culminacin de un Estatuto con garantas para todos los empleados pblicos:

- La prohibicin de acordar incrementos retributivos superiores a los fijados en la LPGE, lo que implica la falta de validez de las clusulas de los convenios colectivos, y de todos los acuerdos derivados de la Mesa de negociacin de las Administraciones Pblicas, que los superen. (art. 21) Y no existe mecanismo de resarcimiento para el incumplimiento de los Pactos por la Administracin. (art.38)

- La no inclusin de la clusula de revisin salarial, recordando al PSOE que era uno de los puntos de su programa electoral. Y llamando a los responsables de nuestro sindicato a la coherencia, pues constituy la base fundamental de la campaa de CCOO con la presentacin de la ILP y que se encuentra pendiente de resolucin ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- La exclusin como materias de negociacin colectiva de los sistemas, criterios, rganos y procedimientos de acceso al empleo pblico y la promocin profesional. (art. 37.2)

- La limitacin del derecho de huelga en una norma bsica, al restringirlo con la expresin genrica del mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad, cuando numerosas sentencias discuten cules son esos servicios. (art. 15)

- El mantenimiento de la doble figura de personal funcionario y laboral, sin que ni siquiera se establezcan avances claros para un proceso general de funcionarizacin. Y la falta de promocin cruzada de personal laboral a funcionario.

- La inclusin de la libre asociacin profesional como derecho individual, a pesar de su cambio de ubicacin en la ltima redaccin. (art.14)



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