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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-06-2006

Entrevista con un abogado de DDHH colombiano
En Colombia, la ley de Justicia y Paz slo permite el perdn de los crmenes paramilitares

Franck Gaudichaud y Rocio Gajardo
www.franceameriquelatine.org


Durante el mes de mayo, un abogado miembro de una importante Corporacin de derechos humanos colombiana realiz una gira por toda Europa. Como todos los defensores de DDHH que decidieron apoyar a las victimas de los paramilitares y denunciar la poltica del Presidente Alvaro Uribe, esta organizacin como sus miembros son regularmente amenazados [i] . Por esta razn, hemos preferido no mencionar el nombre del entrevistado. Esta conversacin se llev a cabo unas semanas antes de la reeleccin de Alvaro Uribe [ii] . La situacin que describe permite entender la situacin actual de Colombia y la poltica del - ahora reelecto - Presidente Uribe.



Nos puedes presentar el trabajo de tu organizacin?


Yo soy un abogado que representa a una ONG encargada de velar por la denuncia y promocin de los derechos humanos. Esta corporacin surge cuando varios abogados de diferentes universidades ven la necesidad y la importancia de implementar un trabajo jurdico en pos de garantizar el debido proceso a personas que estn privadas de la libertad por razones polticas. En un comienzo la corporacin es un colectivo de abogados encargado de la defensa penal de personas detenidas por sus convicciones o su militancia poltica. Como la situacin de derechos humanos en nuestro pas viene en franco deterioro, la dinmica de la corporacin fue creciendo y fue as como a la tarea inicial de defensa de los presos polticos, empezamos a realizar trabajos de acompaamiento a comunidades que venan siendo atacadas - o de alguna manera venan vulnerndose sus derechos - por accin u omisin de agentes estatales o para-estatales. Este acompaamiento lo venimos realizando en varias regiones. Es de notar que la corporacin en sus inicios tuvo un papel protagnico apoyando a un comit local de derechos humanos, pero por la represin oficial que implic el asesinato de uno de sus lideres, consideramos que no haban condiciones y nos tuvimos que retirar del trabajo que se venia realizando.

En la actualidad nuestro trabajo es de acompaamiento a comunidades, donde hemos ido ampliando el espectro. Toda vez que all por accin del conflicto que vive nuestro pas se presentan fenmenos de no slo desplazamiento masivo de poblacin, de masacres, que son asesinatos colectivos a campesinos y a lideres de la comunidad, sino tambin bloqueos, bloqueos de tipo alimenticio, y bloqueos en el rea de salud, pues los agentes estatales - fundamentalmente el ejercito nacional y en algunos casos grupos paramilitares en connivencia con los anteriores - impiden que a estas comunidades rurales muy alejadas, lleguen asistencias en salud y en alimentacin.

La corporacin ha tratado de oponerse a este bloqueo haciendo acompaamientos que a su vez son respaldados por misiones internacionales, como las brigadas de paz o la cruz roja internacional o la oficina permanente de Naciones Unidas. Adicionalmente, otro eje de trabajo desarrollado es adelantar demandas administrativas, es decir demandar a la nacin colombiana ante instancias nacionales e internacionales en aras de obtener para las victimas verdad, justicia y reparacin. A grosso modo esta es la actividad de nuestra ONG, la cual depende del financiamiento internacional, que nos brindan los recursos para realizar nuestro trabajo.


Hablemos ahora del contexto en el cual se desarrolla esta actividad: ltimamente, se ha hablado de una nueva ley que implement el presidente lvaro Uribe, la Ley de Justicia y Paz. De qu se trata esta ley?

Para hablar de la ley de Justicia y Paz, hay que hablar un poco del fenmeno del paramilitarismo. Este surge en Colombia muy ligado al narcotrfico entre finales de los 70 y principios de los 80, donde grandes barones, terratenientes y personas de la burguesa consideraban amenazados sus bienes y sus riquezas, por el accionar de los grupos insurgentes. Es as como se comienzan a generar fenmenos de autodefensas como mecanismos para contrarrestar el accionar insurgente. Esto debido al fracaso total del Estado colombiano en procurar la derrota militar de la insurgencia, pues en el desarrollo de un conflicto de mas de 40 aos, no ha habido resultados en el plano militar, y se ide el mecanismo de establecer y crear estos grupos paraestatales para poder realizar un trabajo mucho ms frontal y radical contra la insurgencia. Resulta que este accionar, que no tiene control porque no hace parte del Estado, empez a realizar un trabajo sucio en contra de las comunidades y las poblaciones donde haba presencia insurgente. Es as que la confrontacin se dio no slo contra la insurgencia, sino tambin y fundamentalmente contra la poblacin donde haba influencia y/o presencia insurgente. Esto conllevo un deterioro absoluto en los derechos humanos y fundamentales de vastos sectores de la poblacin colombiana, porque por el accionar de los paramilitares empezaron a haber crmenes de lesa humanidad sin precedente en el conflicto colombiano. Es as como en vastas regiones se cometieron masacres a pobladores que no tenan un vnculo directo con la insurgencia, sino que su pecado era habitar en regiones donde haba algn tipo de influencia guerrillera. Los crmenes se cometieron de diferentes maneras, no solamente asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros; crmenes de lesa humanidad de todo tipo que agudizaron el conflicto colombiano. Adicionalmente los grupos paramilitares, en algunas zonas, operaban en connivencia con grupos de militares y policiales estatales. Estos grupos tienen mucho respaldo de sectores de la burguesa, de terratenientes, de sectores ganaderos e industriales.

En la actualidad, el presidente Uribe esta adelantando un proceso de negociacin con estos grupos. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones populares consideramos que es un proceso que se est dando de manera bastante irregular, me explico: a los grupos paramilitares se les est dando estatus de grupo poltico beligerante, esto termina siendo un desacierto porque los grupos paramilitares no pueden tener estatus poltico en el entendido de que no son organizaciones que confrontan al Estado, ya que trabajan al lado de l. As, bajo muchas presiones y mucha corrupcin, se adelant en el Congreso una ley denominada ley de Justicia y Paz, a travs de la cual se pretende realizar un proceso de negociacin con estos grupos, reconocindolos como un actor armado. Esta negociacin se ha hecho con mucha critica de la comunidad internacional porque a un proyecto inicial se le realizaron innumerables modificaciones y terminamos con la actual Ley de Justicia y Paz, que permite no slo el perdn y el olvido de los crmenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, sino tambin se les desconoce el derecho a las victimas a que se haga justicia, verdad y reparacin por los crmenes que estos actores han cometido a lo largo de su existencia.

Porque decimos esto, por que la ley que reglamenta estas negociaciones no establece como requisito para el perdn al paramilitar, que este haga confesiones de todos sus crmenes: el puede hacer una confesin parcial u omitir informacin sobre los crmenes que cometi y, no obstante eso, obtener los beneficios. Si se constata que este paramilitar omiti informacin importante simplemente se dice que se le olvid, y que esto no lo hace perder los beneficios. La justicia se ve deteriorada, porque en un pas donde crmenes mucho menores son juzgados con penas de 30 o 40 aos, a los actores paramilitares, tanto a la base como a los comandantes, se les impone una sancin de entre 5 u 8 aos que finalmente termina siendo irrisoria. Y nos es que consideremos que la reparacin deba pasar por penas de muchos aos de prisin, pero si consideramos que deben haber unos mnimos derroteros para garantizar el postulado de justicia. Y con respecto a la reparacin, esta es aun mas menguada, pues los paramilitares no estn obligados a restituir los bienes y las riquezas que han conseguido a lo largo de su accionar delictivo, que se han hecho de grandes extensiones de tierra muy ricas y productivas.

Entonces consideramos que los criterios mnimos de derecho internacional de reparacin, con esta Ley de Justicia y Paz no son cumplidos. Cabe notar que no es una oposicin en si para una negociacin con los grupos paramilitares, ya que para un pas como Colombia tan desangrado y tan victima de la violencia, se le podra dar la bienvenida sin ningn problema, porque ms que el reconocimiento del paramilitarismo como un actor poltico o el anhelo de justicia en un proceso de negociacin, es ver que estos grupos queden realmente desmantelados. Y con mucha preocupacin vemos que no obstante el gobierno se ufana al decir que ha desmovilizados a 30.000 paramilitares: esta es una cifra absurda, porque el paramilitarismo nunca lleg a esos niveles. Es cifra slo quiere decir que estn aprovechando para blanquear el narcotrfico, porque el vinculo entre paramilitares y narcotrfico es absolutamente claro, ya que los mismos paramilitares reconocen que es su forma de financiacin. Estos reconocen que el financiamiento del narcotrfico es del orden del 70%. Entonces la cantidad de personas que el gobierno esta mostrando como desmovilizadas, muestra que el narcotrfico est aprovechando este proceso para blanquear sus dineros y sus crmenes, ante Colombia y los Estados Unidos.

Cabe notar que si bien durante el Gobierno de Uribe, es cuando ms colombianos han sido extraditados a Estados Unidos, ningn paramilitar ha sido extraditado, a pesar de ser reconocidos sus vnculos e incluso ser verdaderos narcotraficantes, y adems ser solicitados en extradicin por Estados Unidos. No obstante, si se han entregado algunos comandantes guerrilleros como es el caso de Simn Trinidad. Es por esta razn que las organizaciones sociales en Colombia y tambin las organizaciones internacionales que hacen monitoreos de manera constante en nuestro pas, afirman que el fenmeno del paramilitarismo no ha desaparecido. Sino que continua bajo otras denominaciones, como compaas de vigilancia, organizaciones de convivir, etc. Por ejemplo en Medelln, existen estas organizaciones que se llaman de convivir, que no es otra cosa que el paramilitarismo renombrado.

Esto es bastante grave ya que el proceso de desmovilizacin gener mucha expectativa no slo en Colombia, sino en la comunidad internacional, ya que la comunidad europea no slo le est apostando desde un punto de vista poltico sino tambin econmico. Por lo tanto creemos que una exigencia mnima debe ser que este fenmeno desaparezca de la esfera colombiana.



Sabemos que vienen elecciones presidenciales a fines de mayo y se avizora una posible reeleccin de Uribe [iii] : si esto sucediera cual sera el panorama de una eventual negociacin poltica de paz en Colombia?

Vemos con mucha preocupacin las prximas elecciones presidenciales, y las que acaban de pasar para renovar el legislativo del pas, pues constatamos que la abstencin sigue creciendo, ya es del orden del 60%. De todas maneras Uribe es un hombre muy hbil poltica y electoralmente. Es un barn electoral de toda la vida, primero en la regin de Antioquia y en la ciudad de Medelln, ocup un puesto en el senado y posee mucha experiencia poltico electoral. Entonces vemos con mucha preocupacin que durante su gobierno se modific la constitucin para permitir una reeleccin presidencial. Esta figura haba desaparecido de la constitucin para evitar los casos de corrupcin, porque no se consideraba sano que en un pas con tantos ndices de corrupcin como Colombia, el gobierno en curso tuviera la posibilidad de participar en las prximas elecciones. Sin embargo este gobierno con mucha habilidad poltica y bajo muchas denuncias de corrupcin, implement una reforma a la constitucin para permitir una reeleccin presidencial inmediata. Con mucha presin al poder judicial y al legislativo, incluso se sabe perfectamente el caso de corrupcin y soborno a dos congresistas para que el da de la votacin no estuvieran presentes en la votacin y as la ley pasara.

Frente a esto pensamos que habr un triunfo arrollador de Uribe, ya que muchos partidos de derecha hacen su campaa, no obstante denuncias serias de corrupcin por parte de un ex jefe de inteligencia del departamento administrativo de seguridad de la polica, donde se seala que en las elecciones pasadas, en la costa atlntica se presentaron 300 mil votos adulterados a favor de Uribe, para permitir que este ganara en la primera vuelta. No obstante esto y la situacin de derechos humanos en el pas, su imagen se mantiene en apariencia bastante limpia pues los medios de comunicacin lo apoyan, adems de ser un buen candidato de la derecha y la ultraderecha colombiana. Vemos un panorama bastante oscuro, pues ser un periodo de continuidad en materia de seguridad, de derechos humanos, de poltica econmica. Se ve venir ms guerra, ms seguridad democrtica, que es su adalid, incrementar ms las relaciones con EE.UU. en el plan militar y todo esto en desmedro de los derechos fundamentales, de enrarecer ms las relaciones con los pases vecinos, alejarse ms la posibilidad de acuerdo con los grupos insurgentes. Pues mientras de un lado la relacin con el paramilitarismo ha sido de connivencia y generosidad, con la insurgencia ha existido un total rechazo de acercamiento o negociacin, al punto que Uribe ha dicho que en Colombia no existe un conflicto armado.

Ante la posible reeleccin tememos la intensificacin del conflicto por la reticencia del gobierno a cualquier tipo de negociacin. Adicionalmente, las FARC han dicho que mientras el gobierno contine en manos de Uribe Vlez, no realizarn negociaciones con este. Entonces los secuestrados por las FARC probablemente no van a recobrar su libertad porque este gobierno no quiere ni siquiera considerar el intercambio humanitario de presos polticos por retenidos de la insurgencia.



En Francia, el caso de Ingrid Betancourt ha sido muy mediatizado por los medios de comunicacin. La presentacin de este caso ha ido a la par de una condena muy fuerte hacia las FARC como principales responsables de esta situacin de atentados a los derechos humanos. Cul es tu visin?

El caso de Ingrid Betancourt es bastante conocido no slo en Europa sino tambin en Colombia, ha sido un caso bastante emblemtico y significativo. Ella es una figura pblica y su detencin y retencin por las FARC han tenido un impacto bastante importante. De todas maneras no podemos olvidar que los nicos que secuestran en Colombia no son las FARC. Las Autodefensas, el Ejrcito de Liberacin Nacional, otros actores armados tambin hacen retenciones o secuestros, al igual que la delincuencia comn. Obviamente la retencin de Ingrid Betancourt por parte de las FARC tiene todo un componente a nivel del derecho penal y de la criminalidad, pero nos encontramos en contraposicin con la actitud tozuda y testaruda del gobierno que se niega a abrir la posibilidad de acuerdos y acercamientos para menguar en algo el sufrimiento de las victimas y de los familiares, que estn en la actualidad en las crceles del sistema, sindicados de pertenecer a organizaciones insurgentes, secuestrados por los grupos armados y que no han podido volver a sus hogares.

Entonces hay distintas aristas, ya que no slo est el hecho de la retencin de Betancourt y de otras personalidades o de soldados, pero tambin es una realidad la existencia de una propuesta de intercambio humanitario de parte de los insurgentes, que muchos sectores, incluso de la derecha colombiana avalan, y que el gobierno de Uribe ha querido desconocer tajantemente.



Como militante de derechos humanos, que en estos momentos realizas una gira por Europa: Qu esperas de la comunidad internacional, especficamente de las asociaciones de derechos humanos altermundialistas, para ayudar a la situacin en Colombia?

Como defensor de derechos humanos hemos visto que una de las cosas que ms impacto tienen, y que se traducen en resultados ms concretos es la presin internacional, no slo de gobiernos extranjeros sino de organizaciones internacionales que reclaman y demandan del gobierno compromiso en materia de derechos humanos. Por eso es muy importante que a nivel internacional se concientizen que en Colombia el problema no son slo las FARC o una coyuntura electoral determinada, sino un problema mucho ms complejo, mucho ms endmico y mucho ms estructural. Necesitamos un mejor conocimiento de la problemtica colombiana para que se puedan hacer pedidos ms concretos en materia de derechos humanos, por ms compromiso y ms responsabilidad del gobierno. Porque el gobierno - que necesita tanto de la cooperacin internacional - es muy sensible a la critica y a la exigencia internacional cuando se trata de derechos humanos. Cuando la comisin interamericana de derechos humanos hace requerimientos al gobierno este da respuestas, porque es la comunidad internacional la que est realizando la peticin. Es muy importante el apoyo internacional, porque es una de las pocas posibilidades que tenemos para que haya un verdadero compromiso en materia de derechos humanos.



[i] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=33209

[ii] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32301

[iii] El 28 de mayo 2006, los electores colombianos reeligieron a lvaro Uribe, con 7.363.297 votos (62% de electores), pero con una histrica abstencin, 55%. Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrtico Alternativo, obtuvo la segunda votacin con 2.608.914 sufragios (ms del 22%) rompiendo el rcord histrico de la izquierda en unas elecciones presidenciales.



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