Cuando la guerra toma forma de hambre y pandillas
IPS
Ciudad Bolívar y los Altos de Cazuca forman un paisaje infinito, de humildes
viviendas al costado de calles y aceras de tierra o cemento, sobre las colinas
yermas al sur de la capital colombiana. El andar tranquilo de personas y
autobuses no puede disimular que aquí la guerra continúa.
Bajo otras
formas, María Clemencia Alvarado, de 30 años y con cinco hijos, el mayor de 15 y
el más chico en sus brazos, huyó hace un año de los choques entre ejército y la
guerrilla en el occidental departamento del Tolima. Ahora sólo quiere un
"subsidio, como el almuerzo diario" que espera junto a otras 30 madres con
decenas de niños en la sede de la asociación de familias desplazadas.
También por esas calles transita E.L., presidente de la junta comunal en
uno de los 38 barrios de Cazuca, habitado casi íntegramente por desplazados ex
militante de la izquierdista Unión Patriótica, quien denuncia que fue asaltado
por individuos, lo apuñalaron y le advirtieron que debía escoger entre marcharse
o perder la vida.
Ellos son apenas dos ejemplos del hambre, el desempleo
y la exclusión que golpean a las decenas de miles de desplazados de sus hogares
por el conflicto interno que afronta Colombia desde hace medio siglo.
Pero los desplazados del interior del país no son los únicos que llegan
al más populoso suburbio de la capital.
Lo mismo hacen los llamados
"actores armados", en este caso los paramilitares de derecha, cuyas redes en
Cazuca, por ejemplo, han mutado en pandillas de delincuentes que cobran viejas
facturas, roban o cobran "vacuna" (pago forzoso) a pequeños comerciantes,
conductores de autobuses y a taxistas.
Esa realidad pudo ser observada
por un grupo de periodistas de países andinos que participaron en un taller
organizado por la agencia internacional de noticias IPS (Inter Press Service)
con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para
hacer un seguimiento de las llamadas metas del milenio, aprobadas en 2000 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Unos 20 periodistas de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela participaron el jueves y el viernes
en Bogotá del taller titulado "Buscando en las noticias: pobreza, desarrollo y
ambiente. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la cobertura periodística
de la región andina".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que alrededor de 2,5 millones
permanecen fuera de sus zonas originarias de residencia a causa de la guerra
civil en Colombia.
Los desplazados que llegan a Ciudad Bolívar, donde se
hacinan casi un millón de los ocho millones de habitantes de la capital
colombiana, y Altos de Cazuca, en el municipio adyacente de Soacha, cargan casi
todos los indicadores de pobreza, porque para salvar la vida debieron dejar
atrás casa, cultivos, terruño y afectos.
"Yo no regreso. Cualquiera
añora su tierra, pero el gobierno no da garantías para regresar. Allá en Montes
de María, Sucre (en el noroeste del país) asesinaron a mi esposa, y por eso me
vine con mis dos hijos", relató Germán Luna, de 40 años, zapatero a ratos y
presidente de la asociación de desplazados "Semillas de Esperanza".
"El
gobierno no nos apoya y si una persona declara que es desplazado la ayuda de
urgencia se demora dos meses", añadió Luna.
Su vecino, Miguel Saogal, de
la junta comunal, deplora que no puedan acceder a servicios de agua potable,
alcantarillados o teléfono, porque el sector, Santa Viviana, habitado desde hace
13 años, "no se ha legalizado", es decir que no existe reconocimiento oficial de
la ocupación de los terrenos.
El Programa Mundial de Alimentos colabora
con "Semillas de Esperanza" a través del Departamento de Bienestar Social de la
Alcaldía Mayor de Bogotá. Les envía suministros para una comida diaria a 417
niños, que los colaboradores de Luna entre las 350 familias de la asociación
cuecen en una cocina de tres hornillas.
Mientras esperan la llegada de
los alimentos en un local de paredes sin friso con una vista panorámica que casi
alcanza el pujante centro de Bogotá, Luna, Alvarado y otros llegados de
distantes departamentos desgranan historias cercanas de tan parecidas:
familiares muertos, el hijo reclutado a la fuerza, la decisión de huir y la
finca abandonada.
También se lamentan de estar en la ciudad de los
servicios sin casa ni comida y sin empleo.
En la zona ha irrumpido el
programa de la alcaldía mayor "Bogotá sin hambre", que pretende "llevar un
suplemento nutricional a 625.000 de los 1,1 millones de bogotanos que padecen
hambre, y que sumado al esfuerzo del gobierno nacional y de entidades privadas
puede totalizar 925.000 atendidos el año próximo", explicó el coordinador del
proyecto, Eduardo Díaz.
En otro sector de Ciudad Bolívar, un comedor
popular hecho por la comunidad hace 15 años y que cocinaba con leña fue
transformado por "Bogotá sin hambre" en establecimiento sumamente pulcro, al
punto de los periodistas no pudieron acceder a la cocina por carecer de las
batas, mascarillas y guantes higiénicos correspondientes.
Este comedor
entrega 200 desayunos y 300 almuerzos a escolares, madres lactantes o gestantes,
y a personas discapacitadas.
"Las listas de beneficiarios son parte de
una discusión pública en 'Mesas de Alimentación' con las comunidades, y entre
los atendidos con preferencia están las personas más vulnerables y los
desplazados", informó Díaz.
Los comedores, unos 220 en toda la ciudad,
acompañados de otros programas de educación y salud, "lograrán entregar a cada
persona del segmento más necesitado 40 por ciento de sus requerimientos
nutricionales diarios. El resto dependerá de complementos que puedan alcanzarse
en el hogar", señaló.
Consuelo Corredor, directora de Bienestar Social
de la alcaldía, dijo que todas las fuentes concuerdan en la imposibilidad de
calcular en qué proporción los problemas de alimentación, salud o educación de
la ciudad se agravan con la presencia de los desplazados en la urbe y, cambio,
sostienen que su peso es innegable.
Menos dudas aún hay en materia de
seguridad y derecho a la vida, pues "los desplazados en primer lugar no llegan a
una zona precisamente tranquila y las redes de informantes de los actores
armados del conflicto devienen en pandillas de delincuentes", indicó Michael
Jordan, de la organización humanitaria Diakonie, de iglesias alemanas, que
trabaja con comunidades afectadas por la guerra.
Como dijo Jordan en una
rueda de prensa junto a responsables de la Unión Europea, "a pesar del supuesto
fin del paramilitarismo en Colombia, presenciamos cada día el aumento de su
actividad en el sur de Bogotá".
"Están reclutando masivamente jóvenes
para las filas de las AUC (las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia),
que acordaron con el gobierno oficialmente hacer la paz", aseguró.
Jordan agregó que las AUC "pagan mensualmente 100.000 pesos (unos 40
dólares al cambio actual) al niño que se convierte en informante y 400.000 a los
que participan en las operaciones de la llamada limpieza social". "Somos
testigos de esta realidad", apuntó.
Colaboradores en Cazuca de casas
establecidas allí por entidades de la ONU y la Defensoría del Pueblo de Colombia
dijeron que en la zona actúan hasta ocho redes armadas ilegales, de las cuales
tres serían "hijas" o divisiones del llamado Bloque Central-Santander, de las
AUC.
"En una ocasión, dos mujeres denunciaron que fueron violadas por
individuos de piel negra. Pocos días después aparecieron los cadáveres de dos
afrodescendientes en un callejón. Es una de las maneras que tienen todos estos
grupos de marcar sus territorios", dijo una de las fuentes.
Pero a
diferencia de lo que ocurre en los escenarios rurales del conflicto, aquí el
reclutamiento no es forzoso, sino más bien voluntario. Jóvenes desocupados, sin
perspectivas de empleo o de adquirir estudios superiores, sin programas
deportivos, culturales o de interés comunitario, fácilmente entran a las redes
de violencia.
"Es una manera de tener plata, una novia bonita y un
aparato de música", indicaron jóvenes que dialogaron con los periodistas en la
frontera invisible entre los municipios de Bogotá y Soacha. "Pero lo peor es
decirle a un empleador que vives en Altos de Cazuca: no tienes ninguna
oportunidad, eres basura, nadie te quiere", indicaron.
Para Jordan, "el
asesino ilegal que mata donde el Estado no lo hace, los paramilitares, se está
reorganizando". "También la guerrilla vuelve a mostrar que no está derrotada en
regiones como Caquetá y Cauca (en el sur de Colombia). Ninguno respeta la
neutralidad de la población civil y el conflicto, en realidad, está muy lejos de
un final.
