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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-06-2006

Doce ciudadanos vascos arrestados en una operacin policial contra ETA ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska
Es sta la aportacin de Madrid y Pars?

Gara


Las policas espaola y francesa detuvieron ayer a doce ciudadanos vascos, nueve de ellos con edades superiores a los 50 aos, a los que relaciona presuntamente con el denominado aparato financiero de ETA. La operacin tendra su origen en una investigacin que data de 1998, en el caso de la Audiencia Nacional espaola, y de 2005, en el de la XIV Seccin Antiterrorista de Pars. La redada, que se desarroll en varias localidades de Lapurdi y Gipuzkoa, y que se extendi a la poblacin de Santa Pola (Alicante), dio lugar al embargo de diversos bienes y cuentas corrientes.

La prctica totalidad de los agentes polticos vascos remarcaron la gravedad de esta nueva incursin policial, que interpretaron en clave de obstculo cuando no de abierto sabotaje al proceso poltico abierto en Euskal Herria. Esa valoracin generalizada contrastaba con la afirmacin del Gobierno espaol de que la operacin ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska no afectara de modo alguno al plan de dilogo con ETA.

La lgica y la experiencia de otros pases, como hicieron patente recientemente en sendos comunicados el ANC sudafricano y el Sinn Fin irlands, indican, sin embargo, que la detencin de personas vinculadas a una de las partes implicadas en cualquier proceso de negociacin supone lanzar un torpedo contra la lnea de flotacin del mismo.

En la entrevista con ETA publicada por GARA el pasado 14 de mayo, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, controles policiales o el mantenimiento de la ilegalizacin de organismos abertzales, la organizacin armada afirmaba tajantemente que si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen ser imposible seguir adelante con el proceso. En otro momento de la primera entrevista concedida por ETA desde que anunciara el pasado 22 de marzo su alto el fuego permanente, estos portavoces respondan que Espaa y Francia deben tomar y cumplir sus compromisos de tregua para que el proceso pueda desarrollarse. Conocida esa posicin, y a la luz de la vasta operacin policial desarrollada ayer, cabe plantear algunos interrogantes: qu buscan Madrid y Pars? es sta su aportacin al proceso? a qu objetivo sirve y a qu responde esta actuacin?

Ayer, el Ejecutivo espaol ni tan siquiera se escud en el manido y falaz argumento de la actuacin independiente de los jueces, sino que asumi con claridad la paternidad de la actuacin policial y, sin ningn rubor, agreg a rengln seguido que esto no altera en lo ms mnimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histrica.

Pese a tal afirmacin, nadie puede abstraerse del hecho de que el proceso poltico abierto atravesar por gravsimas dificultades si alguien, en este caso los estados espaol y francs, pretende continuar por la senda represiva, a sabiendas de que esa dinmica no se corresponde en absoluto con los parmetros de un proceso de paz y resolucin del conflicto. (Ante cualquier accin atribuida a ETA, gobiernos y medios hablaran sin duda de sabotaje al proceso. Por tanto, qu consideracin habra que dar a las detenciones llevadas a cabo ayer?).

Cuando estn a punto de cumplirse tres meses de la declaracin de alto el fuego permanente de ETA, Madrid y Pars continan sin dar los pasos ni adoptar los compromisos acordes al momento. Hechos como los de ayer, unidos a precedentes operativos, o al mantenimiento del juicio por el macrosumario 18/98, entre otros ataques, deben ser valorados como lo que son, un obstculo para el dilogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. Por ello, se hace ms imperiosa cada da la necesidad de que los agentes y ciudadanos de este pas trabajen para evitar que los estados puedan condicionar el proceso democrtico, fijando definitivamente en Euskal Herria su centro de gravedad.



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