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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-06-2006

El proceso de Marlaska

Javier Ortiz
javierortiz.net


Se est produciendo en las ltimas semanas un interesante debate sobre cmo deben encarar los jueces y tribunales el tan mentado proceso de paz vasco. Han de tenerlo en cuenta para no entorpecerlo, o incluso para favorecerlo? Quienes defienden esa opcin argumentan que la justicia no puede impartirse sin considerar el entorno social en el que se produce y sobre el que puede repercutir en uno u otro sentido. Apuntan que, si la ley prev que los jueces y magistrados evalen a la hora de tomar determinadas decisiones la concurrencia de factores ambientales tales como la alarma social, no hay razn para que desdeen la realidad de otros estados de nimo generalizados, como podra ser el ansia colectiva de paz. Otros consideran, por el contrario, que el poder judicial est para aplicar y hacer cumplir las leyes en vigor, aplicndolas en su literalidad tanto cuanto sea posible, sin dejarse influir por consideraciones polticas cuya pertinencia o impertinencia no le corresponde a l dictaminar. Aaden que, si la representacin poltica de la mayora ciudadana considera negativos los efectos de unas u otras leyes, no tiene ms que reformarlas, que para eso est el poder legislativo.

El titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 5, Fernando Grande Marlaska, no est ni con los unos ni con los otros. l sigue su propio criterio, que le lleva a tomar resoluciones que sean cuales sean sus intenciones interfieren de hecho en los planes de paz defendidos por la mayora poltica, cosa que l consigue recurriendo de manera sistemtica, de entre todas las interpretaciones posibles de la ley, o de entre todas las actuaciones anteriores de la propia Audiencia Nacional que puedan tomarse como precedentes, las ms conflictivas.

Vase la orden que ha dado de detener a dos empresarios navarros que, al parecer, pagaron a ETA una cierta cantidad de dinero que la organizacin terrorista les exigi en 2001. Tanto la orden de arrestar a personas que no hay ninguna razn para imaginar que quieran eludir la accin de la justicia como la voluntad inicial de imputarles un delito de allegamiento de fondos a una organizacin terrorista pueden estar en sintona con lo que hizo el juez Garzn en abril de 2004 con varios directivos de la empresa Azkoyen, pero choca con lo decidido en casos semejantes por los jueces Bueren y Andreu, que optaron por no actuar contra los extorsionados que pagaron, considerando que el razonable pnico que les produjo las amenazas de ETA, tantas veces cumplidas, les exima de responsabilidad criminal, conforme a lo dispuesto en el art. 20 del Cdigo Penal.

Menos grave por sus consecuencias, pero no menos ilustrativo del modus operandi de Grande-Marlaska, es el auto que dict ayer prohibiendo una conferencia que iba a pronunciar Arnaldo Otegi en Barcelona dentro de un foro organizado por El Peridico. Otegi tena previsto participar en ese foro en su calidad de miembro prominente de la izquierda abertzale, que no es ninguna organizacin, ni legal ni ilegal, sino una corriente social. Los organizadores hicieron constar que Otegi en ningn momento sugiri que se le presentara como dirigente de Batasuna. Grande-Marlaska obvi esos argumentos y procedi a prohibir la conferencia, desconsiderando lo argumentado por el fiscal, cuyo informe ni siquiera lleg a leer porque resolvi antes de recibirlo, pese a que estaba en sus manos apenas una hora despus de haberlo solicitado. Est claro que a Marlaska se le podr acusar de muchas cosas, pero no, desde luego, de excederse en sus afanes garantistas.

Se ve que el hombre tiene sus fijaciones. Lo cual carecera de especial trascendencia si no fuera porque el Estado ha puesto en sus manos un poder enorme. Un poder que no es genuinamente poltico, pero que puede tener ms peso poltico que est teniendo ms peso poltico que la mayora de las actuaciones de los polticos no togados.



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