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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-06-2006

La mercantilizacin de la Administracin pblica
Menos evaluacin, mas participacin

Jose Arturo Val del Olmo
Rebelin



Hace aos que poderosos factores polticos, administrativos y tcnicos impulsan una continua reforma y reorganizacin de la Administracin. Un cambio bajo el cual late la tendencia a mercantilizar el sector pblico en beneficio del inters particular y los intentos de lograr la eficiencia a travs de tcnicas de gestin similares a las que se aplican en el sector privado.

En ese contexto se acaba de firmar el proyecto de Estatuto del Empleado Pblico que materializar, tres dcadas despus, el mandato constitucional de 1978. Un tiempo en el que se han completado transferencias de competencias y empleados pblicos a las Comunidades Autnomas, se ha profundizado la integracin en la Unin Europea, las administraciones pblicas estn siendo sujeto de importantes transformaciones y las reestructuraciones internas en cada administracin se suceden, sin orden ni concierto aparentes. Son cambios que han multiplicado la burocracia administrativa, a pesar de las mejoras tecnolgicas, y generado una realidad confusa respecto de la administracin responsable de gestionar cada materia, con el consiguiente aqu no es y la procesin del ciudadano de ventanilla en ventanilla, hasta conseguir resolver su problema.

Los empleados pblicos somos los primeros que padecemos y denunciamos esta situacin y por ello reclamamos una reforma integral de la misma, empezando por nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, el proyecto de Estatuto recin aprobado, mas all de agrupar la normativa existente y recoger la jurisprudencia mas reciente, no cumple las expectativas creadas, mantiene la actual diferenciacin entre personal laboral y funcionarial -sometidos a regmenes jurdicos distintos- y refuerza la tendencia al aumento de la discrecionalidad en las administraciones y a la profundizacin de las diferencias entre ellas.

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es el establecimiento de sistemas objetivos que evalen a los empleados pblicos cada ao y determinen sus complementos salariales, aunque actualmente ya existe un complemento de productividad que retribuye el especial rendimiento y el inters e iniciativa en el desempeo del trabajo, si bien se aplica arbitrariamente y slo a los cargos mas altos. Pues bien, la nueva medida parte de considerar a los trabajadores responsables del bajo nivel de productividad y eficacia de las administraciones pblicas, a pesar de que todos los expertos en psicologa laboral sealan que cuando algo no sale como se esperaba, dentro de un equipo de trabajo, debe ser siempre el jefe el que se responsabilice del resultado final, siendo esto mucho mas cierto en una administracin totalmente jerarquizada.

Precisamente estas ltimas semanas miles de ciudadanos vascos, en su inmensa mayora pensionistas, han recibido en su domicilio una carta del Departamento de Sanidad comunicando que su tarjeta sanitaria estaba caducada y deban pasarse por su centro de salud para renovarla. Desde sus ambulatorios les han enviado al INSS o a la Tesorera Territorial de la Seguridad Social, cuyos servicios se han colapsado, para solicitar un documento que acredite que siguen siendo pensionistas, dato que ya tiene el Departamento de Sanidad al estar directamente conectado con las bases de datos de la Seguridad Social. Lgicamente, el enfado se proyecta en el empleado pblico, de Osakidetza, del INSS o del Gobierno Vasco, que nos limitamos, lo mejor que podemos, a cumplir las instrucciones que se nos dan.

El problema, especialmente en nuestras administraciones, es que una parte importante de los jefes estn designados digitalmente, directamente en los niveles altos, por pertenecer o simpatizar con los partidos gobernantes, o bien indirectamente entre quienes se adaptan a los que han sido designados a dedo. Por eso, la introduccin en el Estatuto del Empleado Pblico de la figura del personal directivo, cuyas condiciones de empleo se excluyen de la negociacin colectiva, o del personal eventual, en funciones de confianza o asesoramiento especial, agravarn el clientelsmo poltico actualmente existente. Habra que aadir el procedimiento de libre designacin como sistema ordinario de provisin de puestos, que incluir los de mayor importancia y jerarqua, y el concurso, en los dems puestos, que permite una prefiguracin del candidato a travs de los mritos, adaptados a la persona que se desea elegir.

En una reciente encuesta realizada entre funcionarios un 89% contest que considerara positivamente un sistema que realmente retribuyera el rendimiento y la calidad del trabajo realizado. Sin embargo, ese sistema no existe en la actualidad y el hecho de que cada administracin pblica pueda configurar su propio mecanismo de evaluacin conducir indefectiblemente a agravar la discriminacin salarial y laboral actualmente existente entre personas que hacen un mismo trabajo. Dado que ya hay experiencias en Europa, con el sistema REC (Rapport d'Evaluation de carrire), o en nuestro pas en el mbito universitario, podemos aadir el aumento de papeleo, encuestas a rellenar, baremos poco claros, lucha anual entre compaeros para demostrar que eres mejor que el de al lado, culpabilidad de los que no consigan superar la evaluacin y aumento de la burocracia para establecer criterios o para evaluar. Respecto del requisito de negociar el nuevo sistema con los agentes sindicales slo hay que ver lo que hace actualmente el Gobierno Vasco imponiendo sus modificaciones en base a la potestad organizativa de la administracin o a la legitimacin que le proporciona un nico sindicato cuya representacin no llega al 20% de la plantilla.

Siendo la mayor virtualidad del Estatuto del Empleado Pblico su propia existencia, y siendo cierto que mejora los contenidos de la negociacin colectiva, ampla el mbito de aplicacin o facilita la movilidad entre administraciones, no es menos cierto que mantiene la prohibicin de acordar incrementos retributivos superiores a los fijados en la LPGE, lo que implica falta de validez de las clusulas de los convenios colectivos y de todos los acuerdos que los superen, y no recoge la clusula de revisin salarial. Tampoco reconoce la jubilacin voluntaria establecida en el sistema general de la seguridad social, manteniendo los agravios con la normativa reguladora del personal laboral, Muface y otros colectivos, excluye como materia de negociacin colectiva los sistemas, criterios, rganos y procedimientos de acceso al empleo pblico y la promocin profesional, establece la movilidad geogrfica sin lmites por razones de servicio, y excluye a las organizaciones sindicales de los procesos selectivos. Respecto de la disposicin transitoria relativa a reducir la temporalidad basta recordar que los sindicatos pactaron esta reduccin en 2000 con el Gobierno del PP, volvieron a pactar la misma reduccin en 2004 con el Gobierno Socialista y acuerdan ahora una nueva declaracin de intenciones frente a una precariedad absolutamente injustificable que exige hechos y no palabras.

El nuevo Estatuto de la Funcin pblica nacer con un importante dficit democrtico si no se impulsa el debate entre los afectados antes de su conversin en Ley, y no mejorarn los servicios prestados a los ciudadanos si no se consideran sus necesidades, se disea una organizacin pblica mas participativa, se amplan las partidas presupuestarias y se mejoran las condiciones de trabajo de los empleados pblicos.

 

 


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