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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-07-2006

Entrevista a Soraya Gutirrez, presidente del Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo
"La ley de Justicia y Paz y el llamado proceso de desmovilizacin paramilitar han sido instrumentos para la legalizacin de miles de crmenes de lesa humanidad en Colombia"

Agencia Prensa Rural


Agencia Prensa Rural, (APR): Soraya, cuntenos, De dnde proviene usted? Cmo se vincula al Colectivo de abogados?

Soraya Gutirrez Argello, (SGA): Nac en Sogamoso, una pequea ciudad, ubicada en el Departamento de Boyac, conocida como la ciudad del sol y del Acero, all, curse mis primeros estudios, en el colegio Instituto Integrado Joaqun Gonzlez Camargo. Posteriormente ingrese a la Universidad Nacional en Bogot, a estudiar Derecho, y me hice abogada en el ao de 1992, y fue precisamente all, en la Universidad publica mas grande del pas, donde hice mis primeros pinitos como defensora de derechos humanos, claro motivada por las enseanzas que mi padres me haban inculcado, ya que mi madre fue una aguerrida dirigente sindical de la Federacin Colombiana de Educadores (FECODE), emprendedora y echada para adelante en la defensa de los derechos de los maestros, incluso recuerdo, que la sede de este Sindicato funcion durante muchos aos en la casa donde vivamos, y mi padre por su parte, pese a que no tuvo acceso sino a la educacin bsica, se form a punta de esfuerzo, disciplina y constancia , y desde las toldas liberales demcratas, alcanz un escao en el Concejo Municipal de Sogamoso y posteriormente como Diputado en la Asamblea Departamental de Boyac, donde hasta el da de su muerte luch por la defensa de los intereses del pueblo sogamoseo y boyacense. Hoy, 20 aos despus de su fallecimiento muchos lo recuerdan por su apodo El Buchigay, y a quien le debo el mayor de los homenajes; siempre es importante, hacer memoria de donde se viene, porque al final todos somos el resultado de una mezcla de historias que es fundamental rescatar como parte del derecho a no olvidar!

Fue en la Universidad Nacional, donde empec a vincularme en actividades estudiantiles, claro perteneca a esa generacin de estudiantes que ingres despus del proceso de privatizacin que se converta en la punta de lanza para negarle el derecho a los estudiantes de provincia de escasos recursos de acceder a la U a la Universidad publica; no era para menos, se haban desmontado la cafetera y residencias estudiantiles, y esto origin la organizacin de los estudiantes en grupos de trabajo y comits que empezaron a trabajar en la defensa de los intereses estudiantiles y la educacin publica, y nosotros un grupo de estudiantes de derecho, decidimos fundar el Comit de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, y desde este espacio, contribuir a denunciar y visibilizar ante la comunidad universitaria la grave situacin de derechos humanos que enfrentaba el pas, fue en este periodo, donde nuevos y ms sanguinarios mtodos de represin se instauraron como parte del terrorismo de Estado: las masacres de campesinos, la desaparicin forzada, la tortura, el genocidio en contra de la Unin Patritica, fueron los aos de los asesinatos de Jaime Pardo Leal, profesor de la Facultad de derecho de la UN, Jos Antequera, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo en fin de la persecucin y asesinatos de miles de lideres sociales, populares y defensores de derechos humanos; como jvenes, creamos que tenamos un compromiso de construir propuestas en la defensa de la vida, frente a un pas que se estaba desmoronado ante la indiferencia de un grueso sector de la poblacin, y fue a travs del trabajo en el Comit, donde establecimos alianzas con muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos quienes nos apoyaron y aportaron en nuestro proceso de formacin, entre ellos el Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, que con Eduardo Umaa Mendoza, nos aport con su experiencia en la defensa de los derechos humanos Hoy no puedo dejar de reconocer que fue el Colectivo de Abogados, la organizacin que nos motiv a colocar la profesin al servicio de los intereses populares, y por ello, cuando termin mi carrera, mi mayor anhelo era trabajar en esta institucin. No era fcil, pero no ces en mi empeo, pero tuve que esperar mas de un ao, tiempo durante el cual regres a mi tierra y trabaje en la Personera Municipal en el rea de derechos humanos, hasta cuando finalmente abrieron la posibilidad de recibir abogados e inmediatamente me present, y fui vinculada en septiembre del ao 1993, al lugar donde hoy permanezco, porque ha sido uno de los espacios que me ha aportado en lo que hoy soy y ha aportado en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparacin integral

APR: Usted ha sido nominada por la Fundacin Internacional para la Proteccin de los Defensores de Derechos Humanos, Front Line, como posible galardonada con el premio a los Defensores de los Derechos Humanos en Riesgo. Cuntenos que significa para su labor este reconocimiento?

SG: Front Line es una organizacin de derechos humanos que acta a nivel nacional frente a defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo en razn al ejercicio de su trabajo. A principios del ao 2005, Front Line, inaugur un galardn anual o premio que se otorga a un defensor de derechos humanos que, mediante su labor no violenta, ha contribuido a la promocin de los derechos humanos. El objetivo del premio es exaltar la imagen internacional del defensor y as contribuir a su proteccin y apoyar su trabajo. En el ao 2005 el premio fue otorgado al Dr. Mudawi Ibrahim Adam, Presidente de la Organizacin para el desarrollo social de Sudn, y en el ao 2006, fueron nominados cuatro defensores de derechos humanos del mundo: de Tnez, Uzbekistn, Somalia y Colombia, y por Colombia yo fui nominada, pero ms que un reconocimiento personal, es un reconocimiento al trabajo que da a da desarrollan las y los defensores de derechos humanos que en condiciones adversas de represin y persecucin persisten en su trabajo por la defensa de la vida y los derechos de las victimas.

Tambin esta nominacin demuestra la preocupacin de la comunidad internacional por la situacin de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, la cual es la ms critica en todo el continente: durante este gobierno se han asesinado ms defensores que en el periodo del presidente Andrs Pastrana, ms de 45 han sido asesinados o desaparecidos, entre ellos ms de diez mujeres; los defensores de los derechos colectivos, como son los sindicalistas, tambin han sido blanco de ataques. Segn la Escuela Nacional Sindical (ENS), desde enero del 2002 a diciembre del 2005 han sido asesinados 339 sindicalistas, en solo el ao 2005 fueron asesinados 70 y se han incrementado las amenazas y hostigamientos particularmente contra las mujeres sindicalizadas, y esta situacin se ha agravado por los pronunciamientos oficiales que desde el alto gobierno se han efectuado para estigmatizar la labor que desarrollamos y vincularla con actividades terroristas y comunismo disfrazado, sealamientos estos que han hecho eco en los grupos paramilitares, quienes pese al llamado proceso de desmovilizacin que estn adelantando, hoy es evidente la consolidacin y control en los campos econmico, poltico y social, y siguen cometiendo crmenes y violaciones a los derechos humanos contra la poblacin civil, y emulando las palabras presidenciales vienen amenazando a lideres sociales y defensores de derechos humanos bajo el rotulo de nuevas generaciones.

Por estas, entre otras razones, esta nominacin, as como el premio de abogada defensora de derechos humanos, otorgado en abril pasado por la Asociacin Americana de letrados ABA, la ms grande asociacin de abogados de los EEUU, con ms de 400 mil asociados y que provee entre otros aspectos la acreditacin profesional, se constituyen en llamados de alerta de la comunidad internacional al gobierno nacional para que se pronuncie sobre la legitimidad y legalidad de nuestro trabajo y brinde las garantas para que podamos desarrollar nuestro trabajo que se constituye en fundamental y necesario para la construccin de la democracia y el Estado social de derecho.

APR: Usted ha recibido amenazas contra su vida?

SG: Si, he recibido amenazas contra mi vida, en febrero del ao 2002, cuando me movilizaba en uno de los vehculos asignados por el Programa de proteccin a defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior, fui interceptada por un vehculo rojo del que descendieron varios hombres, quienes portando subametralladoras, me gritaban que bajara del carro, fue un momento muy difcil, en un minuto toda mi vida paso por mi mente, sin embargo, en una actitud que hoy no puedo explicar, acelere el carro y logre huir de los agresores, no sin antes recibir un impacto en el vidrio izquierdo del vehculo. Posteriormente recib llamadas a mi casa y seguimientos a mi pequea hija, lo que me oblig a abandonar el lugar donde viva.

Las amenazas contra el Colectivo de Abogados han sido reiteradas: en slo este gobierno se han presentado ms de treinta actos de agresin contra miembros de la institucin que van desde hostigamientos, seguimientos, robo de informacin, amenazas, las ltimas a travs de correo electrnico por las llamadas autodefensas de nueva generacin.

En mayo del 2005, recib nuevas amenazas: un paquete enviado a travs de una empresa de mensajeria, lleg a mi residencia, en su interior haba una caja envuelta en papel de regalo que contena una mueca descuartizada y quemada en su partes intimas y pintada con esmalte rojo en diferentes partes, incluida una cruz en su estomago y una nota que deca usted tiene una familia muy linda no la sacrifique. Esto me oblig a incrementar las medidas de seguridad, con las consecuencias que esta situacin genera en el mbito familiar y personal, y sobre todo el miedo y el terror, somos humanos, y somos vulnerables... trabajamos y luchamos por nuestros hijos, porque las futuras generaciones no crezcan en el olvido que quieren imponer los victimarios, porque las voces de las victimas a la memoria, a la verdad y a la justicia no sea acalladas en el terror autoritario que hoy pretende desarticular y condicionar cualquier opcin de organizacin y reivindicacin de los derechos. Sin embargo, el valor, la lucha y resistencia de las comunidades en las regiones, nos llenan de energas para no renunciar a nuestros sueos, a nuestra utopa de aportar a una Colombia donde impere la igualdad y el respeto por los derechos humanos.

APR: Actualmente se debate en el pas las implicaciones de la ley 975 o de Justicia y Paz, conocida entre las organizaciones sociales como la Ley de Impunidad. Cul es la lectura que hace el colectivo de abogados de las implicaciones de la implementacin de esta ley?

SG: Nosotros hemos sealado que la ley y en general el marco jurdico que ha sustentado el llamado proceso de desmovilizacin, han sido instrumentos mediante los cuales se ha legalizado miles de crmenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Un aspecto que es importante resaltar, es que este proceso no se puede llamar de negociacin, porque la negociacin se hace entre contradictores polticos y el paramilitarismo en Colombia, tal y como los demuestran innumerables procesos judiciales, informes de rganos interestatales de proteccin como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Comisin Interamericana de derechos humanos, as como organizaciones internaciones de derechos humanos, ha sido una estrategia de terror y un instrumento de barbarie utilizado para cometer una guerra sucia y encubierta contra miles de colombianos, contando con ello con la complicidad de funcionarios del Estado, tanto civiles como militares a diferente nivel, tanto por accin, complicidad, tolerancia, aquiescencia, y omisin, y un aparato de justicia que ha garantizado la impunidad de sus crmenes.

Entonces desde esta perspectiva hemos cuestionado este proceso llamado desmovilizacin; porque no es un proceso que busca garantizar los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia y la reparacin integral, porque no es un proceso que est contribuyendo al desmonte de las estructuras paramilitares, por el contrario, la consolidacin y fortalecimiento que hoy pasa por las alianzas electorales y el copamiento de espacios locales, regionales y nacionales es indudable, porque continan intactos sus nexos con la Fuerza publica y poderes econmicos, y porque hoy estn legalizando sus fortunas y bienes arrebatado a miles de familias desplazadas, porque este proceso est contribuyendo al surgimiento de un nuevo poder mafioso y paramilitar en Colombia.

Ahora la llamada ley de Justicia y paz es el punto culminante del proceso de impunidad que se inici desde el ao 2002. La gran mayora de paramilitares, ms de 35 mil tienen resulta su situacin legal, y gozando de los beneficios econmicos, ms de 498 mil millones de pesos ha invertido el gobierno nacional, mientras las victimas siguen sometidas al olvido y la exclusin. Si la mayora de paramilitares ya se han acogido a los beneficios judiciales y econmicos establecidos en la ley 782/02 y el decreto 128/03, y la llamada ley de justicia y paz, y/o ley 975/05 y su decreto reglamentario 4760/05, se aplicar a un 7% de los paramilitares, ms o menos 2180 segn el listado enviado por el Alto Comisionado para la Paz y 1690 que se encuentran privados de la libertad y que los cabecillas militares han presentado para que sean beneficiados de la ley. Y nosotros preguntamos donde estn los responsables de los mas de 14 mil crmenes cometidos por los paramilitares entre 1988 y el 2003? O los ms de tres mil crmenes que han cometido desde que se iniciaron las negociaciones?. Dnde estn las ms de tres millones de hectreas que han arrebatado a miles a millones de desplazados? Donde estn? En fin, todo esto, para indicar que en reiteradas oportunidades hemos manifestado, esta ley es complementaria y cierra un ciclo de impunidad, sin garantizar los derechos de las victimas, pese a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que declar inexequibles algunos de sus artculos.

Frente a este panorama de impunidad, junto con muchas organizaciones de victimas, sociales y de derechos humanos, entre otras hemos venido apoyando la construccin y el fortalecimiento de los procesos organizativos desde las victimas, construyendo propuestas jurdicas, polticas, de movilizacin, recuperacin de la memoria en torno a la verdad, la justicia y la reparacin. Hoy le lleg la hora al Movimiento de Victimas de Crmenes de Estado. Hoy, ellos y ellas estn dignificando la memoria y las luchas de los asesinados, de los torturados, de los desaparecidos, de los desplazados Hoy estn defendiendo sus derechos el derecho de la sociedad colombiana a saber por qu se cometieron esos crmenes, cuales fueron los intereses polticos y econmicos que los motivaron, quines fueron los responsables intelectuales y materiales, quines se beneficiaron de los crmenes Cules fueron los daos que se ocasionaron a las familias, al tejido social y comunitario, en fin. Esa es la verdad que hoy claman a gritos los sectores victimizados por el accionar paramilitar para as desarticular esas estructuras de muerte y terror que promovieron los crmenes y garantizar que estos hechos nunca jams se vuelvan a repetir Este es el compromiso tico de todas y todos: aportar en la construccin de caminos de unidad y resistencia contra un rgimen de olvido e impunidad que hoy se nos quiere imponer.



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