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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-07-2006

Transnacionales espaolas en Bolivia: crnica de un saqueo

Alberto Montero Soler
Viento Sur


La llegada de las empresas transnacionales espaolas a Bolivia a partir de la dcada de los noventa se orient, esencialmente, hacia los sectores estratgicos de su economa y la compra, total o parcial, de las empresas pblicas que operaban en los mismos. Unos sectores en los que la capacidad instalada era suficiente como para no requerir de unos excesivos niveles de inversin de cara a la continuidad de la provisin del bien o servicio pblico en cuestin y que, al eliminarse la regulacin sobre los precios pblicos, ofrecan perspectivas de obtencin de una elevada rentabilidad.

Pero, adems, esa inversin tambin se orient hacia otro tipo de sector estratgico: el de la produccin/extraccin de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente hidrocarburos.

En este sector concreto, las elevadas tasas de rentabilidad dependan de una demanda internacional en continua expansin y con expectativas de precios al alza; de una reducida fiscalidad, excesivamente generosa en su intento por atraer inversin exterior; y de su posicin estratgica en el centro del continente y, consiguientemente, de la facilidad para la exportacin, sobre todo de energa, tanto hacia los miembros del MERCOSUR como de la Comunidad Andina de Naciones.

En este artculo se har un breve repaso de cules son los intereses de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente espaol en Bolivia y de algunas de sus oprobiosas actuaciones que, sin lugar a duda, han repercutido negativamente sobre el bienestar del pueblo boliviano.

Los apagones del sector elctrico

Una de las primeras transnacionales espaolas en llegar a Bolivia fue Unin Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte elctrico de alta tensin al comprar, junto a una empresa estadounidense, la empresa pblica Transportadora de Electricidad (TDE) en 1997 por 39,9 millones de dlares a pesar de que TDE tena entonces en el pas activos fijos por valor de 124 millones de dlares .

De esa forma, y gracias a las presiones de las empresas privadas que entraron en los sectores de generacin y distribucin de electricidad, Unin Fenosa pudo adquirir el 69% del capital de TDE, mientras que el Banco Central Hispano compr otro 10%. Varios aos despus, en 2002, la participacin de Unin Fenosa se haba revalorizado a tal nivel que pudo venderla a otra transnacional espaola, Red Elctrica Internacional, filial del Grupo Red Elctrica de Espaa, por 90 millones de euros, lo que la convierte en su principal accionista.

Lo sorprendent es que esa revalorizacin no se justificaba en ningn caso por el nivel de inversin realizado, con slo 11 millones de dlares invertidos en todo el sector de transporte elctrico hasta el ao 2003. De hecho, es esa falta de inversin la razn que subyace tras los graves apagones que, en julio de 2003, dejaron sin electricidad a La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potos y que, a pesar de que TDE lo calific como una simple falla, pudo ser demostrada su responsabilidad y se le impuso una multa de 360.000 dlares. Una sancin que, en cualquier caso, no provoc los efectos deseados en trminos de solucin de los problemas por parte de la empresa porque los apagones volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en septiembre de 2005.

Por otro lado, las transnacionales espaolas tambin intervienen en el sector de distribucin elctrica al por menor con la presencia mayoritaria del Grupo Iberdrola en dos importantes empresas distribuidoras como son Electropaz -que suministra electricidad a La Paz- y Elfeo -lo hace a Oruro. Ambas compaas, cuyas participaciones fueron adquiridas por un monto de poco ms de 65 millones de dlares a finales de 1995, surten actualmente de energa elctrica, segn consta en la memoria del grupo empresarial, a ms de 400.000 bolivianos, lo que supone un 37% de la energa distribuida en el pas y su facturacin en 2005 fue de 65 millones de euros.

Lo que no consta en esa memoria es que la empresa Electropaz tuvo que devolver en 2005 ms de 22,5 millones de bolivianos a diferentes municipios de la zona de La Paz por los importes cobrados en exceso en el consumo de electricidad para alumbrado pblico.

Y es que el dominio de estas y otras empresas transnacionales sobre el sector elctrico en sus ramas de generacin, transporte y distribucin buscando la mxima rentabilidad obvia la consideracin del acceso a la electricidad como un derecho esencial de todos los bolivianos. Y, as, se da la triste paradoja de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de generacin elctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el doble de un pobre consumo mximo nacional que no supera los 750 millones, sin embargo, el pas cuenta con el ndice ms bajo de Sudamrica de instalacin elctrica en los hogares: la cobertura nacional no llegaba en 2003 al 65% de la poblacin, reducindose dramticamente hasta un 28,3% en las reas rurales.

Y todo ello en un contexto marcado por unas tarifas que, tras la privatizacin, fueron indexadas al dlar; en donde la mayor parte de los ingresos de las empresas posee una clusula de mantenimiento del valor; y en donde se descartan proyectos de electrificacin que no son rentables, a pesar de la existencia de demanda social al respecto.

Aeropuertos: cuando slo interesa lo rentable

La intensidad del proceso privatizador llev tambin a otorgar en concesin diferentes empresas de servicios que, por su naturaleza, no podan ser transferidas al sector privado por la va de la capitalizacin.

De esa forma, buscando la presunta mayor eficiencia que la gestin privada pudiera aportar a la prestacin de determinados servicios, en 1996 se otorgaron concesiones por 25 aos para la administracin de los servicios en tierra de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a la empresa estadounidense Airport Group International que, a su vez, cre un ao ms tarde SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos). Ambas empresas entraron a formar parte del Grupo TBI que, a su vez, gestiona ACDL cuyo capital es propiedad de dos transnacionales espaolas, Abertis y AENA Internacional con el 90% y el 10% de dicho capital, respectivamente.

En este caso el problema radica en que el capital privado slo puj por la prestacin de servicios en aquellos aeropuertos que ofrecan una cierta rentabilidad -los tres mencionados- dejando la gestin de los otros casi 50 aeropuertos medianos y pequeos del pas a AASANA (Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area).

Esta situacin tiene visos de revertirse porque el gobierno boliviano ha anunciado la revisin de esas concesiones y su voluntad de recuperar su gestin en aras a la integracin de toda la estructura aeroportuaria en sus diferentes niveles si, tras una auditora, las empresas concesionarias no realizaron las inversiones a las que en su momento se comprometieron.

El negocio de la educacin

El grupo PRISA tambin tiene intereses en Bolivia en dos sectores de crucial importancia como son el educativo, a travs del Grupo Editorial Santillana, y el de los medios de comunicacin. En este segundo mbito, PRISA es el principal accionista de la mayor cadena televisiva de Bolivia, ATB, y edita tres diarios: La Razn, en La Paz; El Nuevo Da, en Santa Cruz; y Extra.

El acceso de Santillana a su posicin dominante en el sector de los libros de texto en Bolivia, tras ganar frente a otras editoriales nacionales, varias de las licitaciones internacionales realizadas en el marco del proceso de Reforma Educativa iniciado en Bolivia en 1994 no ha estado plagado de importantes claroscuros.

Y es que tres de esos procesos de licitacin fueron adjudicados al grupo Santillana entre 1997 y 2000, durante el mandato del ministro de Educacin, Tito Hoz de Vila,.

Hasta aqu nada que cuestionar si no fuera porque, curiosamente, la hija de dicho ex-ministro, Mara Cristina Hoz de Vila, junto con la hija del ministro boliviano bajo cuyo mandato comenz el proceso de reforma educativa, Enrique Ipia Melgar, disfrutaron de una pasanta de un ao para realizar prcticas en la sede del grupo Santillana en Madrid. Siendo, tambin curiosamente y segn declaraba el propio Hoz de Vila, las dos nicas pasantes aceptadas en su momento en dicha empresa. Al finalizar la pasanta, la hija de ste fue contratada por Santillana y sigue desempeando su trabajo en el departamento de Recursos Humanos de dicha empresa.

Junto a estas singulares coincidencias, existe otra va por la que Santillana podra ver incrementada su presencia en Bolivia en un futuro prximo. As,no deja de ser tambin curioso que en la primera visita a Espaa de Evo Morales como Presidente electo, el presidente del gobierno espaol, Rodrguez Zapatero, le ofreciera canjear la deuda que Espaa mantiene con Bolivia por un monto equivalente en proyectos de inversin en educacin en aquel pas; canje que se vehiculizara a travs de los denominados crditos FAD [1].

En este sentido, hay que advertir, ante todo, que estos crditos no dejan de seguir siendo un emprstito y, por lo tanto, deben ser reembolsados, es decir, no implican, en ningn caso, la condonacin o perdn de la deuda. Pero, adems, esos crditos constituyen un mecanismo indirecto de expansin comercial de las empresas espaolas en los pases beneficiarios dado que su concesin est indisolublemente vinculada a que el pas beneficiario gaste su importe en la adquisicin de material educativo ofertado por las empresas del pas acreedor[2].

A partir de aqu, las conclusiones -a las que, por otra parte, no es muy difcil llegar- puede extraerlas cada cual de lo ledo hasta el momento; sobre todo si se tiene en cuenta que en Bolivia hay tantas necesidades cuyo alivio tambin poda haber entrado en la oferta del presidente Zapatero. Y, adems, cabe tambin la amplia posibilidad de que esas las conclusiones no se distancien demasiado de lo que ocurra finalmente si se recuerda el precedente que supuso la empresa Eductrade, del grupo PRISA y dedicada al campo del equipamiento de material educativo, en tiempos de los gobiernos de Felipe Gnzalez, cuando recibi miles de millones de pesetas en crditos FAD[3].

Ni al agua tienen derecho

La conversin del agua en un bien econmico susceptible de apropiacin privada y mercantilizacin pero, adems, de decisiva influencia en la geopoltica del futuro han acrecentado el inters de las grandes corporaciones por acceder cuanto antes al control de los recursos hdricos de Bolivia. Ese inters obedece a que, por ejemplo, en 2001 la industria que proporciona servicios de agua alcanz unos beneficios cercanos al billn de dlares, sensiblemente superiores a los de la industria farmacutica y casi el 40% de los que se obtienen de la industria del petrleo y que, por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en volumen de reservas de agua declaradas y protegidas, con importantsimos potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterrneas.

As, a instancias del Banco Mundial y bajo su consideracin de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratndola como un recurso ms y no como un bien comn cuyo acceso en las mejores condiciones posibles es un derecho humano esencial, se procedi a entregar la concesin para la distribucin del agua potable de la ciudad de Cochabamba durante 40 aos a la firma Aguas del Tunari en rgimen de monopolio. El capital de esta empresa corresponda en un 80% a la empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una empresa espaola del sector, Abengoa.

Las consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se incrementaron en algunos casos en un 200%; se ajustaron a la evolucin del dlar y se transfiri hacia los usuarios los gastos de instalacin de las conexiones[4]. Ese aumento golpe duramente las economas domsticas de la zona que vieron como su factura de agua llegaba a suponer en torno al 22% de los menos de 100$ al mes que cobra un trabajador medio y provoc una revuelta popular, la denominada guerra del agua, que acab con la rescisin de la concesin a Aguas del Tunari tras varios meses de lucha y un joven de 17 aos muerto por un disparo de bala.

Al producirse la rescisin del contrato, Aguas del Tunari demand al Estado una indemnizacin de 50 millones de dlares, que posteriormente redujo a la mitad y, ante la negativa del gobierno boliviano a satisfacerla, lo ha demandado ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial.

De esta forma ahora se produc la paradoja de que resulta que la institucin que promovi la privatizacin del servicio, el Banco Mundial, es la que debe resolver el conflicto entre la empresa y el Estado.

Y tambin resulta muy revelador saber que la empresa en cuestin ha podido acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambi su domicilio fiscal inicial en las Islas Caimn, esto es, uno de los principales parasos fiscales del Caribe a Holanda. Este pas s tiene un acuerdo bilateral de proteccin de inversiones con Bolivia y, por lo tanto, permita que la empresa pudiera acogerse al tribunal de arbitrajes del Banco Mundial tal y como efectivamente ha hecho.

La otra empresa con capital espaol tambin presente en el sector hidrolgico en Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa es propiedad del grupo francs Suez, que controla el 51% del capital de Agbar, y del grupo financiero cataln La Caixa.

El grupo Suez es la transnacional del agua dominante en Amrica Latina en donde controla cientos de empresas relacionadas con la gestin del agua. En Bolivia, participan con una filial, Aguas de Illimani, a quien se le otorg en 1997 la concesin de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.

Desde ese momento, los vecinos han denunciado el constante deterioro de la calidad del servicio, la continua elevacin de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los costes de conexin y, sobre todo, el incumplimiento de sus compromisos de ampliacin del servicio a los hogares pobres de El Alto como parte de la poltica pblica estatal en materia de agua.

Ante este ltimo incumplimiento, la argumentacin que ofreca la empresa era que esos consumidores no eran clientes rentables porque consuman muy poco dado que acostumbrados a la vida campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el agua, sin desperdiciar nunca una gota y, as siguieron despus de que se instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno para conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la compaa se sinti decepcionada por los rendimientos de la inversin[5].

Todo ello gener que la Federacin de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) iniciara una serie de protestas sociales a partir de 2004 solicitando la revisin del contrato y, posteriormente, su expulsin. Las movilizaciones de enero de 2005, motivaron que el presidente boliviano, Carlos Mesa, acabara firmando un decreto de suspensin negociada del contrato. Sin embargo, las presiones de organizaciones internacionales -entre las que destac las que realiz la agencia de cooperacin tcnica alemana GTZ- para que el agua fuera gestionada, en el peor de los casos, por una empresa mixta provocaron que Mesa incumpliera su compromiso. La resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor, Eduardo Rodrguez, solicit una auditora integral de la compaa que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la calidad del servicio que an no ha concluido.

Con la llegada a la presidencia de Evo Morales, la situacin parece haber dado un giro radical; sntoma inequvoco de que, hasta ese momento, la resolucin del problema dependa de una voluntad poltica que haba sido secuestrada por las empresas transnacionales del sector.

Y, as, Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organizacin Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de agua de dichos acuerdos. Pero, adems, se ha iniciado el proceso para que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pblica en donde Estado y organizaciones sociales participen en la definicin de las polticas del sector, la toma de decisiones y la fiscalizacin de la actividad.

La gestin privada de las pensiones

En cuanto al sistema financiero, en Bolivia est presente en estos momentos el grupo BBVA y, hasta hace unos meses, el BSCH. Este ltimo vendi a finales de 2005 su participacin en el Banco de Santa Cruz, uno de los mayores grupos financieros bolivianos y ha dejado de tener intereses en el pas.

Por su parte, el grupo BBVA ha centrado su actividad en la gestin de los fondos de pensiones privados creados tras el proceso de desmantelamiento del sistema pblico de reparto que, tras varias reformas parciales, fue transformado con la Ley de Pensiones de noviembre de 1996 en un sistema de capitalizacin individual con administracin privada.

En la actualidad, el grupo Previsin BBVA gestiona las pensiones de ms del 54% de los afiliados al sistema de pensiones y, hasta hace apenas unos das, tambin gestionaba el Fondo de Capitalizacin Colectiva que es un fondo integrado por el 50% de las acciones de las empresas capitalizadas. Esas acciones se distribuyeron entre la poblacin boliviana con mayora de edad (21 aos) a diciembre de 1995 y sus dividendos permite el pago de un beneficio social denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 aos de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de la dcada de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 aos para mujeres y hombres, respectivamente[6].

En estos momentos, el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el Estado boliviano la gestin de esas acciones.

El sangrante expolio del gas

En cualquier caso, la ominosa presencia de las transnacionales espaolas en Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de los hidrocarburos: Repsol-YPF[7].

La transnacional tiene presencia en el pas desde 1995, cuando firm un contrato de riesgo compartido con YPFB para la explotacin del Bloque Secur. Le sigui la asociacin con Prez Companc, Petrobras y Pluspetrol -asociaciones, con estas dos ltimas, que sigue manteniendo- para la explotacin de nuevos bloques gasferos. Posteriormente, con la adquisicin de YPF a principios de 1999, tambin pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc.

Pero, la joya de la corona de Repsol-YPF en Bolivia es la compaa ANDINA S.A. Esta compaa fue creada con la capitalizacin de una de las dos unidades de produccin de YPFB y adquirida inicialmente por tres empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Prez Companc. En 2001, y tras la absorcin de YPF, Repsol adquirira sus participaciones a las otras dos compaas y pasara a controlar el 50% del capital y su consejo de administracin.

ANDINA es la empresa ms importante de exploracin y produccin de hidrocarburos en Bolivia, alcanzando un 32% de la produccin de petrleo y un 43% de la de gas natural del pas, mayoritariamente exportado a Brasil. Sus reservas probadas de gas natural, a 31 de diciembre de 2005, son de 665,7 millones de barriles equivalentes de petrleo, explota un total de 22 bloques petroleros que abarcan un total de 4.973.511 hectreas.

Pero, adems, Repsol-YPF tambin est presente en el sector de la comercializacin del gas licuado en el mercado interno a travs de la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51% de su capital. Esa empresa produce el 45% de la produccin total de Gas Licuado de Petrleo (GLP) del pas, con la que abastece el 40% del mercado domstico de GLP envasado y el 60% de GLP a granel.

De lo anterior, cabe deducir intuitivamente que la presencia de Repsol-YPF en Bolivia es muy elevada, no slo por su implantacin en sectores claves para su economa y el bienestar de su pueblo el de la produccin de hidrocarburos, por un lado, y el de la comercializacin de una de sus principales fuentes de energa domstica, por otro- sino tambin por la magnitud de los recursos que controla.

Desde esa posicin de predominio, Repsol-YPF podra haber optado por una estrategia de explotacin de los recursos que hubiera repercutido directamente sobre el desarrollo del pas y el bienestar de su poblacin, legal y legtima propietaria de los recursos que constituyen la fuente del negocio de dicha compaa. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y, avalada por el hecho incontestable de que el valor de capitalizacin burstil de la compaa es equivalente al doble del PIB boliviano lo que, a su entender, es ya de por s un factor capaz de legitimar cualquier actuacin- y de que los anteriores gobiernos de Bolivia han favorecido la explotacin irrestricta de los recursos an a costa de la destruccin del medio ambiente y en menoscabo de los modos de vida y de la propia supervivencia de los pueblos originarios, la compaa emprendi, desde su aparicin en el pas, una estrategia expoliadora que en nada desmerece la de nuestros insignes conquistadores del siglo XVI o la de sus herederos.

Las tropelas, desmanes y abusos de Repsol-YPF han afectado a diferentes mbitos de la realidad fsica y social boliviana y se encuentran ampliamente documentadas en numerosos informes y publicaciones.

Sin nimo de ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero con clara intencin ejemplificadora, se exponen a continuacin a algunas de las denuncias y consecuencias de las actuaciones de esta compaa en Bolivia.

As, aprovechando que los estndares sociales y medioambientales bolivianos se encuentran por debajo de los reconocidos internacionalmente producto, por otra parte, de la presin a la que se han visto sometidos sus gobiernos por las mismas transnacionales cuya actividad deba ser objeto de regulacin-, Repsol-YPF ha podido explotar bloques gasferos en territorios indgenas (las denominadas Tierras Comunitarias de Origen en 17 de las cuales posee explotaciones) y en espacios que, necesariamente, deberan encontrarse protegidos por su inestimable riqueza ecolgica[8].

La actividad que Repsol-YPF tiene en esos territorios atenta contra los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios que han habitado milenariamente esas zonas y est causando un impacto cultural devastador, imponiendo su lgica cultural y afectando a las tradiciones ancestrales de esos pueblos. Un comportamiento que puede calificarse casi de etnocidio. Pero, adems, vulnera la legislacin boliviana sobre cul debe ser su comportamiento en tales territorios; no respeta su obligacin de consulta a dichos pueblos sobre las tareas de exploracin y explotacin que realiza en ellos (protegida por Convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo); e incumple la obligatoriedad de realizar anlisis de impacto medioambiental y, cuando los efecta, desatiende los compromisos adquiridos en los mismos, siendo mltiples las denuncias de contaminacin de ros, bosques y cultivos o la tala masiva de rboles[9].

Todo ello se combina con un desprecio similar hacia las instituciones pblicas bolivianas si bien muchas de sus actuaciones han pasado a ser objeto de investigacin judicial.

As, Repsol-YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y fraude tras registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el total de las reservas de gas que explota en el pas esto es, casi el 30% de las reservas totales de gas boliviano- sin que mediara ningn contrato de venta del gas o existiera un mercado asegurado para el mismo. Una decisin que tom aun sabiendo que el art. 139 de la Constitucin Boliviana atribuye taxativamente la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos al Estado y que la legislacin boliviana slo permite la inscripcin como propia de las reservas cuando media un contrato de venta del gas o existe ya un mercado asegurado. Esa denuncia provoc que la empresa tuviera que reajustar sus reservas mundiales en ms de un 25%, de las cuales un 52% del ajuste corresponda a las reservas declaradas en Bolivia, con el consiguiente reajuste en su cotizacin burstil (cercana al 8%). Pero, adems, que un grupo de accionistas que compraron sus acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, cuando presuntamente realizaron esa inscripcin, presentara una demanda en Nueva York contra la compaa por ocultar informacin adversa sobre sus actividades en Bolivia.

A ello se le suma el que la Aduana Nacional de Bolivia tambin demandara a la emprea por un presunto delito de contrabando de ms de 230 mil barriles crudo cuyo valor superara los 9 millones de dlares hacia Chile y Argentina[10]. De hecho, el presidente de la compaa, Antoni Brufau, lleg incluso a reconocer que se haban cometido algunos errores en la exportacin de esos barriles. Un bonito eufemismo para ocultar lo que siempre se ha denominado como contrabando.

Pero no todo ha sido moverse en el delicado mbito de la presunta ilegalidad, Repsol-YPF tambin ha utilizado todos los mecanismos que le confera la debilidad del Estado boliviano en el marco de globalizacin de las operaciones transnacionales para realizar determinadas actividades ms que reprobables.

Y, as, no deja de sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa firmara un convenio de aumento del volumen de exportacin de gas hacia Argentina a un precio solidario (0,98$/Millones de pies cuadrados) porque, presuntamente, el pas vecino sufra de desabastecimiento. Un dbil argumento para reclamar una reduccin del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera reserva gasfera de la regin y posee un volumen de produccin efectiva superior al de Bolivia.

Ese acuerdo que, en principio, revesta la forma de una transaccin entre Estados encubra una va para que las filiales de Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a sus filiales en Argentina. All, el destino del gas era doble. Por un lado, un mercado nacional mucho ms grande y con mayor capacidad adquisitiva; de tal suerte, el gas que se transfera a 0,98$/Mpc se venda al consumidor argentino a 7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir que se interrumpieran las exportaciones de gas hacia el mercado chileno, altamente dependiente de dicho recurso energtico.

La resultante era, como no es difcil deducir, un negocio altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros pases a precios internacionales. Y, por otro lado, una reduccin del valor de las exportaciones con lo que Bolivia, no slo dejaba de ingresar por el menor precio de venta, sino tambin por el menor volumen de la recaudacin impositiva fijada sobre dicho valor.

Pero, adems, tambin constituye una absoluta aberracin que el gas que se comercializa a nivel interno se cotice segn los estndares internacionales y deba ser pagado a los mismos precios que si en el pas no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.

En este caso, las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco boliviano que tiene que subvencionar un precio ms bajo para los consumidores permitiendo que las empresas petroleras disminuyan sus pagos a las arcas pblicas y, por lo tanto, desviando esos fondos de otros usos alternativos que podran contribuir en mayor medida a paliar la situacin de miseria en la que vive la mayor parte de la poblacin.

Y todo ello en un pas donde las empresas petroleras tienen los costes de produccin ms bajos del mundo; no tuvieron que pagar por las empresas que adquirieron sino que bast, simplemente, con unos compromisos de inversin que en numerosos casos no han satisfecho; venan pagando impuestos casi simblicos, los ms bajos de todo el continente; y venden su produccin en los mercados interno e internacionales a los precios de este ltimo.

En definitiva, un negocio redondo para Repsol-YPF en Bolivia sobre el que hay pocas cifras, gracias a la mproba tarea de la compaa por ocultar sus estados financieros, pero sobre el que sus directivos, cuando se renen con sus colegas de gremio, no pueden dejar de pavonearse[11].

En cualquier caso, parece que ahora, por fin, las cosas estn cambiando en Bolivia gracias a la decidida estrategia de nacionalizacin de los hidrocarburos emprendida por el nuevo gobierno y cuyos detalles escapan a la intencin de este artculo.

Conclusin

A modo de sinttica conclusin general y tras esta revisin de cul ha sido el comportamiento de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente espaol en Bolivia, no es de extraar que desde aquel pas se siga reivindicando el resarcimiento por los siglos de colonizacin que vivi bajo el yugo del imperio espaol.

Para ellos, durante los ltimos aos, slo han cambiado los actores ahora ms difusos en cuanto a nacionalidad, pero fcilmente identificables y asimilables en cuanto a rapacidad-, porque las dinmicas siguen siendo las mismas y los resultados, la miseria ms atroz para la mayor parte de la poblacin, casi idnticos.

Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economa Aplicada de la Universidad de Mlaga y colaborador habitual de Rebelin

NOTAS

[1] Una propuesta sobre la que, por otra parte, viene insistiendo el actual gobierno espaol en cuantas oportunidades se le presentan. De hecho, ha alcanzado acuerdos al respecto con Argentina, por valor de 60 millones de euros, y Brasil.

[2] De hecho, Espaa es el pas de la OCDE que mayor porcentaje de su ayuda al desarrollo vincula, a travs de estos crditos, a los intereses comerciales de sus empresas.

[3] Fue singularmente llamativa la operacin que concedi a Eductrade tres contratos por importe de cerca de 2.000 millones de pesetas en el marco de un proyecto de cooperacin con el ministerio de Educacin chileno para la venta de materiales educativos. La prensa chilena revel, aos ms tarde, que el material escolar adquirido a Eductrasa con cargo a crditos FAD haba sido adquirido un 70% de lo que hubiera costado a precios de mercado.

[4] Hall y Lobina (2002)

[5] Hall y Lobina (2002).

[6] Un anlisis ms detallado en Montero (2006).

[7] Para un anlisis exhaustivo de la actividad de REPSOL-YPF en Bolivia es imprescindible el libro de Gavald (2003).

[8] Sirva como ejemplo el que Medicos Mundi realiz anlisis de muestras de agua en dos explotaciones petroleras de Repsol-YPF sin que en ninguna de ellas se alcanzaran los lmites mnimos de potabilidad exigidos por la normativa espaola y europea. Sin embargo, segn la normativa boliviana, el 70% de esas muestras se consideran aptas para su consumo y esta legislacin la que Repsol-YPF aplica en sus campos. Un resumen detallado de los efectos que la extraccin de hidrocarburos tiene sobre la salud de las comunidades vecinas puede encontrarse en el estudio de Intermon-Oxfam (2004).

[9] Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indgenas de Bolivia, Monitoreo Indgena Independiente - Asamblea del Pueblo Guaran. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28625

[10] Puede encontrarse ms informacin al respecto en Montero (2006).

[11] No otro puede ser el sentido de las palabras de Roberto Mallea, uno de sus ejecutivos, en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad cuando afirmaba, sin ningn pudor, que la rentabilidad en la industria del gas en Bolivia es sumamente alta; por cada dlar invertido, la empresa petrolera gana 10 dlares. En el sector hidrocarburfero, la rentabilidad es buena cuando es tres a uno, qu decir entonces de una rentabilidad de 10 a uno dentro de la industria petrolera que se da en Bolivia. Intermon-Oxfam (2004, p.27).

BIBLIOGRAFA

Hall, D. y Lobina, E. (2002): Privatizacin del agua en Amrica Latina, 2002. www.psiru.org.

Gavald, M. (2003): La recolonizacin. Repsol en Amrica Latina: invasin y resistencias. Icaria Editorial. Barcelona.

Intermon-Oxfam (2004): Repsol-YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza. www.intermonoxfam.org.

Montero Soler, A. (2006): Pero pensaban que Evo Morales no iba en serio?, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31588.

Montero Soler, A. (2006): Un tro incmodo: Repsol, el gobierno espaol y la democracia en Bolivia, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28416

Poupeau, F. (2002): Abusos de Aguas del Illimani, http://www.voltairenet.org/article120518.html





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