“Sin exagerar el peligro”, Raúl Castro advirtió sobre la posibilidad cierta de una agresión militar contra Cuba y pidió a la comunidad internacional que exija a Washington el destape de un “anexo secreto” que complementa el plan de George W. Bush para la “transición a la democracia” en la isla. Según el gobierno norteamericano, el anexo permanece secreto “por razones de seguridad nacional” y para “asegurar su efectiva realización”. Según Raúl Castro, no revelan el contenido de ese anexo “porque es ilegal”. Fiel a su costumbre de “no comparecer con frecuencia en público, salvo en los momentos en que se requiera”, el dirigente que debió asumir transitoriamente la conducción del estado cubano reveló al diario Gramma que en la madrugada del 1o de agosto, “dando cumplimiento a los planes aprobados y firmados desde el 13 de enero del 2005 por el compañero Fidel y después de hacer las consultas establecidas, decidí elevar de manera sustancial nuestra capacidad y disposición combativas, mediante el cumplimiento de las medidas previstas, entre ellas la movilización de varias decenas de miles de reservistas y milicianos.” “No podíamos –subrayó Raúl– descartar el peligro de que alguien se volviera loco, o más loco todavía, dentro del gobierno norteamericano”. El hombre que ha conducido durante décadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias piensa que el plan intervencionista que Washington denomina “transición” no puede llevarse a cabo sin agresión militar.

Según la retórica imperial, la transición sería hacia “la democracia”; según los cuadros dirigentes de la revolución cubana significaría una restauración lisa y llana del capitalismo neocolonial, que no podría ejecutarse sin un descomunal baño de sangre. Desde hace más de una década, pero de manera muy especial en los últimos tres años, los diversos gobiernos de Estados Unidos han pretendido imponer en Cuba una transición “rápida y pacífica hacia la democracia”. Así surgieron las leyes Torricelli y Helms Burton; así pasó con administraciones tanto republicanas como demócratas; ambas igualmente indiferentes a principios internacionales consagrados como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero esta visión prepotente e ilegal llegó al desborde con el gobierno de George W. Bush.

El 10 de octubre de 2003, Bush jr. anuncia la creación de una “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, porque “el régimen cubano no va a cambiar por su propia iniciativa”. El 5 de diciembre de ese año, el entonces secretario adjunto de Estado para Asuntos Hemisféricos, el ultramontano Roger Noriega, establece que la “transición puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que estar preparados para actuar de manera decisiva y ágil”. En enero del 2004, Otto Reich, un cubano-americano de talante troglodítico, afirma que son importantes “los días y aún las horas de la transición”.

A esa altura queda claro que para estos personajes la “transición” debe comenzar tan pronto Fidel Castro deje de existir. Así lo dirá sin ambages la secretaria de Estado Condoleezza Rice: (hay que) “prepararse para cuando llegue la Cuba post Castro, la cual será democrática”. Para que la propuesta intervencionista no quede en declaraciones, en mayo de 2004 George W. Bush hace público un mamotreto de 458 páginas: el informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, donde deja establecido que los Estados Unidos se oponen a la continuación de un gobierno comunista”. Y pocos meses después declara: “Creo que el pueblo cubano debería ser liberado del tirano”.

Pero el afán colonial alcanza ribetes pornográficos el 28 de julio de 2005, cuando Condoleezza Rice anuncia la designación oficial de un procónsul de la “transición”, el señor Caleb McCarry, asesor republicano del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.

Por último, el 20 de junio último, de manera sigilosa, el Departamento de Estado inserta en su sitio de Internet un documento complementario del Plan Bush, que “descubren” como borrador algunos medios de Miami y empiezan a difundir rápidamente. El 10 de julio, Bush se hace cargo oficialmente del engendro y de su curioso anexo secreto.

El “anexo secreto” provocó la reacción inmediata de más de doce mil personalidades mundiales de la cultura, la política y los derechos humanos, incluyendo varios Premios Nobel.

El manifiesto de los Doce Mil (que sigue juntando firmas) advierte sobre esta “amenaza contra la integridad de una nación, la paz y la seguridad en América latina y el mundo” y exige que Estados Unidos respete la soberanía de Cuba. Mientras tanto, en Washington, el secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, descartaba en tono sarcástico la vía militar, pero insistía en la “transición” y el procónsul Caleb McCarry, que tiene pleno apoyo de Bush, emplazaba a los cubanos a “elecciones libres y justas” en “no más de 18 meses”. Lo cual demuestra que no han sabido leer lo ocurrido en la sociedad cubana en estos dramáticos días de agosto. No leyeron la respetuosa ansiedad por la salud del líder, ni esa forma superior del coraje que es la serenidad, ni la articulación de la comunidad en una disciplina autoasumida. Tampoco parecen haberse percatado de que hay instituciones y el pueblo las respeta.