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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-08-2006

Repsol-YPF en Bolivia: el cuento de nunca acabar

Alberto Montero Soler
Rebelin


Los problemas de Repsol-YPF con la justicia boliviana llevan camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. Pero es que difcilmente podra ser de otra forma.

Acostumbrada a la ms absoluta impunidad en sus actuaciones, la empresa transnacional se ha encontrado, desde la llegada al poder de Evo Morales, con un cambio de escenario radical si se tiene en cuenta aqul en el que estaba habituada a operar. Ese cambio, pernicioso para la compaa pero lgico en un contexto de normalidad democrtica, no es ms que el derivado de la demanda de aplicacin de la ley hasta sus ltimas consecuencias por parte del actual gobierno boliviano ante las actuaciones de cualquier empresa que desarrolle su actividad en el pas, siempre que existan sospechas fundadas de que sta hubiera cometido algn delito y, tanto ms, cuanto que el mismo pudiera afectar al inters general.

Y es que, hasta ahora, las tropelas de las empresas transnacionales haban escapado a la persecucin de la ley como consecuencia de la sangrante dejacin de funciones y la manifiesta corrupcin en la que incurran algunos de los anteriores gobernantes de Bolivia.

Para no hablar en el vaco, valga recordar, por ejemplo, que tanto gobernantes bolivianos del ms alto nivel como empresas transnacionales del sector de hidrocarburos presentes en el pas actuaban en connivencia para beneficio mutuo y en perjuicio del pas.

Me estoy refiriendo, claro est, al ex-presidente Gonzalo Snchez de Losada -obligado a renunciar por una revuelta popular en octubre de 2003 y reclamado actualmente por la justicia de su pas- y su intento de que el gobierno boliviano firmara un contrato con la Pacific LNG, un consorcio de tres grandes transnacionales de los hidrocarburos (la British Gas, la Panamerican Energy y, cmo no!, Repsol-YPF) para la exportacin del gas boliviano hacia los Estados Unidos a travs de Chile y Mxico.

De ese proyecto, las referidas transnacionales esperaban ganancias multimillonarias, mientras que el Estado boliviano percibira meras migajas.

As, Edward Miller, presidente de British Gas, llegaba a afirmar que los ingresos previstos para las compaas seran cercanos a los 1400 millones de dlares anuales, mientras que las arcas pblicas bolivianas slo ingresaran entre 40 y 80 millones de dlares anuales. Por su parte, Repsol-YPF catalogaba esa inversin como la ms ambiciosa que la compaa emprendera durante los prximos aos en toda Latinoamrica.

De hecho, segn las estimaciones empresariales, por cada dlar pagado al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalas, el consorcio obtendra unos 24 dlares. Adems, el negocio era redondo si se tiene en cuenta que el gas pretenda venderse a Estados Unidos a 70 centavos de dlar (lo que significaba una regala para Bolivia de tan slo 12 centavos), en tanto que el precio del gas en boca de pozo en Estados Unidos ascenda, en esos momentos, a cinco dlares.

Puede alguien en su sano juicio plantear que la firma de un contrato de esa naturaleza era beneficiosa para el Estado boliviano? Y, si no lo era, cmo poda su mximo mandatario firmar un contrato as si no se introduce en escena la sospecha de comportamientos manifiestamente corruptos? Y, si el presidente de un Estado firma un contrato que atenta contra los intereses del mismo y tras su actuacin existe la sospecha de corrupcin, no hay tambin alguien que se encarga de corromperlo?

Porque, sorprendentemente, la atencin suele fijarse en el corrupto, en quien recibe dinero y/o prebendas a cambio de contratos, licitaciones y oportunidades de lucro en menoscabo del bienestar colectivo pero, sin embargo, se suele olvidar al corruptor, al que paga el precio que fija el corrupto o incluso se lo impone- y recoge posteriormente, y ya limpios tras su paso por los mecanismos del mercado, los beneficios de su actuacin ilegal. O es que ste carece de responsabilidades y slo merece la reprobacin moral?

Y, cuando estas sospechas aparecen, dnde se encuentran los gobiernos que ahora defienden a las compaas transnacionales haciendo de ello razn de estado? Por qu entonces no hablan de las razones, ocultas o manifiestas, que llevan a un gobierno a firmar contratos contra los intereses de su pueblo y s saltan rpidamente a la escena pblica cuando se inician investigaciones para determinar si alguna de ellas incurri en uno de esos delitos? En qu lugar se ubican nuestros gobiernos en esos momentos? En el de los pueblos vctimas del latrocinio, quizs? O, en el mucho ms cmodo de las transnacionales corruptoras frente a las que, como nica reaccin, alzan su vergonzoso silencio?

El Pas no muerde la mano que le da de comer

Pues bien, afortunadamente, el escenario boliviano ha cambiado en los ltimos meses. El cambio no es ms que, por fin, el gobierno de ese pas ha decidido actuar en beneficio de su pueblo y anteponer los intereses de ste a los de las empresas transnacionales que venan campando por sus respetos en el pas.

Esto, que ni siquiera puede considerarse un cambio revolucionario y que no es ms que lo que en cualquier manual de ciencia poltica se considera como una virtud del funcionamiento de las democracias y se ejemplifica aludiendo a las occidentales, es algo que sigue sin admitirse. Y no lo admiten ni las empresas transnacionales que operan en el pas ni los gobiernos que, confundiendo los intereses de aqullas con los nacionales, niegan al gobierno boliviano la posibilidad de acometer lo que estn obligados a hacer en su propio pas.

Porque lo que el gobierno de Evo Morales ha hecho no es ms que recurrir al Ministerio Fiscal, a travs de una denuncia promovida desde el Ministerio de Hidrocarburos, para que investigue una presunta estafa por venta irregular de gas entre Andina, la filial de Repsol-YPF en Bolivia, y Petrobras en el ao 2002 y que habra generado un dao econmico para el Estado de unos 150 millones de euros tras ajustar el precio del gas exportado a Brasil.

En el curso de la investigacin judicial, -semejante a la que se hubiera emprendido en cualquier pas en el que el Ministerio Fiscal recibiera una denuncia y, tras estudiarla, comprobara que existen motivos fundados para investigarla-, se procedi al registro de las oficinas de Andina, se incaut la documentacin relacionada con dicho contrato, se arrest provisionalmente al auditor de la compaa y, horas ms tarde, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario.

Evidentemente, el hecho del allanamiento ha sido denunciado por la propia compaa y por los medios de comunicacin internacionales como una operacin irregular y desproporcionada. Como muestra, baste con leer la cobertura que le ha dado a la noticia el diario El Pas, fiel defensor de quien paga ingentes cantidades de dinero en insertar publicidad entre sus pginas, desde el pasado domingo 27 de agosto.

En efecto, el diario dedicaba dos portadas y, lo que es ms significativo, un editorial (De nuevo, Repsol. El Pas, 28 de agosto) a la actuacin de la justicia boliviana. En este ltimo se alertaba sobre la persecucin a la que era sometida la compaa en aquel pas y se resaltaba el carcter conciliador del discurso del presidente Evo Morales aunque se contrapona a la referida persecucin judicial, sealando la discrepancia entre el discurso de aqul y la actuacin de la justicia boliviana.

En cualquier caso, lo ms destacable de dicho editorial era el reconocimiento al gobierno boliviano de su derecho a tomar las decisiones econmicas que considerara oportunas -faltara ms!- pero, al mismo tiempo, su advertencia de que esas decisiones deben respetar los contratos en vigor y, en su caso, que el Estado deber satisfacer las indemnizaciones dictadas eventualmente por los tribunales.

No me negarn que resulta curioso el hecho de que El Pas reconozca la capacidad y soberana de los tribunales para dictar sentencias que establezcan indemnizaciones pero, al mismo tiempo, les niegue la potestad para investigar las denuncias contra la compaa.

Pero, igualmente, tambin resulta sorprendente el silencio de El Pas sobre el hecho de que el registro de la sede de Andina obedeci a que, como sealaron los fiscales que llevan el caso, la compaa se haba negado a entregarles la documentacin que se les haba solicitado.

Y este silencio hay que calificarlo de sorprendente, cuando no de malintencionado, si se tiene en cuenta que ese pequeo detalle s que haba sido publicado en La Razn, peridico boliviano perteneciente, al igual que El Pas, al grupo PRISA (Fiscales allanan las oficinas de la petrolera Andina. La Razn, 26 de agosto). Falla la comunicacin entre empresas de un mismo grupo y dedicadas a una misma actividad: la informacin veraz? O ser que interesaba tergiversar la realidad para, as, respaldar la imagen mantenida por los responsables de la compaa de que la actuacin de la justicia boliviana fue desproporcionada?

Qu pretendan esos directivos que hiciera la justicia boliviana? Arrodillarse ante las puertas de la empresa y suplicar que les entregaran los documentos solicitados? Acta as la justicia espaola, por ejemplo, cuando reclama documentos a una empresa para iniciar una investigacin? Y, si acta al igual que la justicia boliviana, por qu aqu se aceptan esas acciones como un episodio normal en el curso de una investigacin en la que el investigado se niega a colaborar y, sin embargo, con respecto a aqulla se tacha su actuacin de desproporcionada?

Es ms, si no hay nada que ocultar y todo se ajusta a derecho, como afirma la compaa, por qu Andina no colabora con la justicia? Por qu los nicos casos de registro se han producido han tenido como protagonista a esta compaa cuando existen otras transnacionales que tambin operan en el pas? No ser que, por alguna razn ignota, su grado de impunidad era proporcional a la magnitud de su importancia en el sector de hidrocarburos?

El comunicado de Repsol-YPF: entre amenazas y silencios interesados

Ante todas esas preguntas, la respuesta de la empresa transnacional ha sido la emisin de un comunicado que raya en lo esperpntico habida cuenta del historial de denuncias que carga a sus espaldas en Bolivia.

De entrada, califica el registro del Ministerio Fiscal de injustificado y, convirtindose en juez y parte, no duda en afirmar que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurdico constitucional. Pero, casualmente, este juicio se sustenta sobre el ocultamiento de la misma circunstancia que silenci El Pas: que previamente la empresa se haba negado a aportar la documentacin y slo lo hizo cuando el registro ya era efectivo. Singular coincidencia en los silencios, no les parece?

Pero, adems, hubiera calificado la opinin pblica de injustificado un registro tras conocer que la empresa se neg a entregar los documentos requeridos en tiempo y forma?

A continuacin, y en un tono amenazador intolerable, advierte de su disposicin a emprender acciones legales si contina la sistemtica persecucin de la Fiscala de Bolivia contra la compaa. Y por qu si considera que se han vulnerado sus derechos no las emprende ya? Por qu no denuncia ante los tribunales bolivianos la persecucin a la que, presuntamente, se ve sometida por el gobierno si considera que sta existe y tiene pruebas para argumentarla? O, lo que es ms curioso: si desconfa de la imparcialidad de la justicia boliviana, por qu amenaza con ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados?

Finalmente, no termina ah el desbarre del comunicado, sino que Repsol-YPF tambin se permite afirmar que estas medidas, ejecutadas por el poder judicial boliviano en el absoluto ejercicio de su independencia respecto al resto de poderes del Estado, en nada coadyuvan a las negociaciones que desarrollan gobierno y empresas del sector en el marco del proceso de nacionalizacin.

En este caso, Repsol-YPF confunde los planos de la realidad y considera que, por el hecho de estar inmersos en ese proceso de negociacin, goza de impunidad retroactiva y que, en consecuencia, las autoridades judiciales deberan cesar cualquier investigacin sobre los delitos que la empresa hubiera cometido en el pasado. Se puede plantear mayor desfachatez?

Evo Morales vuelve a dar lecciones de democracia

En definitiva, lo que est ocurriendo en Bolivia con Repsol-YPF no es ms que la consecuencia lgica de la vergonzosa actuacin que la compaa ha tenido durante los aos que lleva operando en el pas.

El clima de impunidad en el que se haba desenvuelto hasta la llegada al poder de Evo Morales se ha quebrado definitivamente y est sacando a la luz los platos rotos que yacan bajo la alfombra y los atropellos que hasta ahora se resolvan con el silencio.

Al mismo tiempo, nuestros gobernantes -los que an no han comprendido que una empresa transnacional carece, por definicin, de nacionalidad-, se convierten en cmplices de las tropelas cuando acuden, cual serviles lacayos, a presionar al gobierno boliviano para que cesen con lo que ellos consideran como un comportamiento hostil y poco conciliador.

Y es ah cuando se encuentran frente al hombre que, con palabras mesuradas, les ofrece la nica respuesta que cualquier gobernante realmente demcrata puede ofrecer: la justicia boliviana es independiente y el gobierno no puede ni debe interferir en su actividad. A ver si vamos aprendiendo!

Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economa Aplicada de la Universidad de Mlaga y colaborador habitual de Rebelin.

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