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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2006

El gobierno de Ruanda proyecta la abolicin de la pena de muerte, con el fin de facilitar la extradicin desde Europa de los supuestos responsables del genocidio de 1994.
Se aproxima la abolicin

Aimable Twahirwa
IPS


La iniciativa fue aplaudida por gobiernos extranjeros, la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones de la sociedad civil, pero caus malestar en amplios sectores de la poblacin ruandesa, que quieren ver a los genocidas en la horca.

La masacre registrada entre abril y junio de 1994 acab con 800.000 vidas, dej miles de heridos y muchas mujeres portadoras del virus del sida a causa de las violaciones masivas.

El ministro de Justicia, Tharcisse Karugarama, record que la mayora de los ciudadanos refrendaron una Constitucin que no descarta la pena capital, dada la magnitud del sufrimiento causado por el genocidio.

Los responsables fueron combatientes extremistas de la etnia hutu, mayoritaria en el pas, que atacaron con saa a integrantes de la minoritaria comunidad tutsi, tradicionalmente en el poder, y a hutus moderados.

Entrevistado por IPS, Karugarama consider que la abolicin de la pena de muerte es necesaria para cerrar una etapa oscura de la historia de Ruanda, pues, de lo contrario, ser imposible juzgar a los autores del genocidio en los tribunales del pas.

El gobierno pidi hace ms de un decenio la estradicin de los sospechosos residentes en el extranjero. Algunos pases, en especial Blgica, Dinamarca, Holanda y Suiza, se negaron a entregar a los acusados por temor a su ejecucin.

Esos pases prefieren juzgarlos en su propio territorio. Slo Estados Unidos, uno de los pases donde con ms ejecuciones, extradit a Ruanda a un supuesto genocida a Ruanda, Enos Kagaba, capturado en el septentrional estado de Minnesota en 2005 donde se lo proces por haber ingresado ilegalmente al pas.

La Corte Penal Internacional para Ruanda revisa el caso de 57 acusados, detenidos en una prisin construida especialmente en Tanzania. Ruanda quiere repatriarlos o, si llegan a ser culpables, encarcelarlos en su territorio.

La ONU tambin rechaz la solicitud de Ruanda por temor de que los sospechosos sean ejecutados, violando los principios del foro internacional.

Si Ruanda suprime la pena de muerte podr lograr con rapidez la extradicin de los acusados, sostuvo el ministro Karugarama.

"Estamos satisfechos con la rapidez de las negociaciones con los funcionarios del Corte Penal Internacional para Ruanda. Todos los requisitos necesarios para la transferencia de los procesos se han cumplido, excepto la abolicin de la pena de muerte", aadi.

El mandato de la Corte Penal Internacional para Ruanda establece como plazo para su mandato diciembre de 2008, pero los funcionarios en Tanzania creen que no cumplirn con ese plazo.

Desde que comenz su trabajo en 1996, el tribunal proceso a 28 sospechosos, de los cuales 25 fueron condenados a cadena perpetua por crmenes contra la humanidad.

El tribunal internacional en Tanzania comenz a negociar la reclusin de los condenados con pases en los que se derog la pena de muerte y cuentan con crceles modernas.

"Ruanda es uno de los dos pases que han expresado su deseo de recibir los casos en manos de la Corte Penal Internacional. Aceptamos la propuesta, pero debemos establecer un sistema de control riguroso para asegurar que se cumpla con la ley", dijo a IPS el fiscal del tribunal en Tanzania, Hassan Bubacar Jallow.

Ruanda debe garantizar que ningn responsable del genocidio ser condenado a muerte, indic Jallow.

Unos 650 condenados languidecen en los pabellones de la muerte en las atestadas crceles ruandesas, segn el Ministerio de Justicia.

Cuarenta personas fueron condenadas en 2002 a la pena capital por su participacin en el genocidio. En 2003, fueron 18. Todas ellas esperan en los pabellones de la muerte. Los 22 condenados en 1998 fueron ejecutados.

Desde entonces, funcionarios del gobierno parecen haber evolucionado hacia la defensa de la abolicin de la pena de muerte.

"A pesar de las secuelas dejadas por el genocidio, Ruanda sigue siendo un pas que necesita reconstruirse e integrarse a los principios de justicia predominantes en el mundo", dijo Karugarama.

Pero la inminente abolicin de la pena de muerte es una noticia dolorosa para los sobrevivientes de la matanza.

"Los responsables del genocidio deben ser ejecutados para erradicar por siempre la cultura de impunidad que ha perjudicado a Ruanda. La nica solucin es imponerles un castigo grave", sostuvo Franois Ngarambe, presidente de la organizacin de sobrevivientes Ibuka (Recuerda, en idioma kinyarwanda).

Adems, esa organizacin sostiene que personas muy cercanas a los responsables, cuando no ellos mismos, siguen amenazndolos.

"Abolir la pena de muerte sera una nueva humillacin para los sobrevivientes. Motivara a los asesinos a terminar su plan de exterminio", sostuvo el editor Jean Glauber Burasa de la independiente revista quincenal Rushyashya, de Kigali.

"Es lamentable que la gran mayora de los genocidas mantengan su ideologa extremista luego de 10 aos en prisin", aadi.

Un abogado de Kigali que pidi reserva de su identidad no comparte esa opinin.

"El genocidio tuvo consecuencias desastrosas para la estructura social del pas. Aunque haya que cumplir con la justicia, tenemos que admitir las ventajas que la reforma supone para la justicia ruandesa, al ponerla a tono con los principios internacionales", sostuvo.

Un informe de mayo de 2005 de la organizacin Abogados Sin Fronteras, con sede en Estados Unidos, considera ineludible no slo abolir la pena capital sino tambin indemnizar a las vctimas para que se haga justicia.

"Difcilmente haya vctimas indemnizadas por el genocidio de 1994. Las autoridades ruandesas deben asumir su responsabilidad y resolver este problema inmediatamente", dijo a IPS Hugo Jombwe Moudiki, director de la oficina en Ruanda de esa organizacin.


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